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Temores y riesgos de las victimas y sus organizaciones en el departamento del Atlántico
Documento elaborado por el programa de formación y fortalecimiento de las victimas y sus organizaciones en el departamento del Atlántico.
 

Capítulo Atlántico.

Del movimiento hacemos parte mujeres y hombres, comunidades de diverso origen étnico, cultural y generacional, organizaciones sociales, sindicales y políticas que hemos vivido el impacto de la violencia generada por el estado colombiano, a través de violaciones masivas y sistemáticas de nuestros derechos individuales y colectivos, políticos, económicos, sociales, culturales.

Quizas este escrito no abarque el sentir y el pensar de la totalidad de las víctimas, ni de sus organizaciones; pero sí intenta hacerlo, sobre aquellas más representativas, no sólo por su capacidad de convocatoria, sino también por su labor en la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Muchas de las organizaciones y las víctimas a las que nos referimos pertenecen al Movimiento de Víctimas de Crimenes de Estado, otras no; sin embargo con ellas hemos compartido multiples espacios, que nos han permitido conocer su opinión y su lectura, del panorama actual que se vive en el departamento del Atlántico.

Inicialmente, se ha identificado que la estrategía paramilitar ha golpeado mayoritariamente a la población civil, a sus organizaciones sociales y populares y ha deteriorado sustancialmente el tejido social de la misma; consecuencia de ello son los asesinatos y desplazamientos forzados, el alto grado de esposas viudas, niños huerfanos, el desarraigo por dejar sus familias, sus vecinos, su entorno, su tierra, parte de su historia; y el debilitamiento de los procesos organizativos y las luchas sociales en unos casos; en otros el exterminio total de procesos comunitarios y sociales, bajo el silenciamiento de los líderes de las comunidades. El reconocimiento de este aspecto ha provocado temores, uno de ellos es el de reunirse, asociarse, el de intentar construir procesos colectivos. En el imaginario se ha fijado el pensamiento de que el organizarse, es un paso para ser nuevamente afectados violentamente, razón por la cual el temor impide en muchas ocasiones que las reivindicaciones y procesos populares cobren fuerza nuevamente. Lastimosamente no solo es un presentimiento, sino que en el departamento del Atlántico, los agentes estatales han venido amenazando y judicializando precisamente a quienes después de su afectación se agruparon para defender sus derechos, entre los casos más recientes está el de Javier Mena Mendoza, representante de la población en situación de desplazamiento organizada en ANDAS – Atlántico (sin detallar que de las víctimas que han asistido a las versiones libres en el tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, ha sido amenazadas más de una docena de ellas).

El temor por ser renocidos y ubicados por sus victimarios, y además el hecho de que los victimarios y beneficiarios de los crimenes conozcan el proceso de reconstrucción del fortalecimiento organizativo en defensa de los derechos de la víctimas, genera perocupación no sólo para las mismas víctimas, sino también para sus organizaciones y principalmente para sus líderes. Hay que señalar que no todo es homogéneo y que en ocasiones se encuentra a víctimas que desean hacer revivir sus reivindicaciones y compromisos sociales, que desean denunciar, hacerse visibles, asumir compromisos y desarrollar acciones concretas en defensa de los Derechos Humanos; pero encuentran por parte de las organizaciones y sus líderes, objeciones por consideraciones de protección, algunas muy válidas, dado el dificil contexto que tienen que enfrentar cotidianamente. Sin embargo, al final se constata una situación de inmovilidad en algunos sectores, los cuales muy acertadamente reclaman y sugieren medidas que disminuyan los riesgos para la promoción de los Derechos Humanos. En algunas actividades desarrolladas, la participación mayoritaria ha sido de las víctimas de base, frente a las organizaciones y sus direcciones tanto regionales como nacionales.

Otro importante aspecto identificado en toda la región Caribe es que las estructuras militares y políticas de los paramilitares están intactas, muchas de ellas en el campo, otras en las ciudades capitales; a lo cual se agrega de manera preocupante, la nueva etapa de la estrategía paramilitar, que consiste en la realización de labores de inteligencia, de hostigamiento e intimidación, para ubicar a líderes sociales y populares; que luego terminan en ejecuciones extrajudiciales selectivas. Por tanto se impone en el nuevo escenario priorizar el trabajo colectivo, las direcciones colegiadas y no solo eso, sino también la formación y promoción de nuevos dirigentes, que hagan de la lucha social y popular no una responsabilidad de pocos, sino un compromiso de muchos, asunto no tan facil, luego de venir de todo un periodo de persecución, desplazamiento y la pérdida de hombres y mujeres valiosas en el movimiento social y popular. La hegemonía de la elite política en toda la región Caribe se mantiene, muy a pesar de las importantes acciones juridicas de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. Hoy los familiares y más cercanos aliados de los congresistas detenidos continuan con las misma políticas, con el control y el manejo mafioso del poder en los distintos departamentos de la región Caribe y en el departamento del Atlántico. Aunque algunos paramilitares han declarado que contaron con las autoridades militares y civiles para lo que han llamado su "guerra", por el momento no han sido mencionadas claramente las resposansabilidades de los políticos, de las autoridades militares y judiciales y de los beneficiarios (comerciantes, ganaderos, terratenientes, entre otros) en los graves hechos de violación a los Derechos Humanos que día a día se incrementan en todo el departamento.

El mes de agosto de 2007 transcurrió en medio de un grueso número de encuentros, talleres de capacitación y actividades de lectura de analisis de contexto y coordinación del trabajo de las víctimas y las organizaciones que las acompañan y apoyan; en el transcurso del mes se constata, que muy a pesar de los temores y de los riesgos que se ha decido enfrentar, sigue viva la esperanza que alimenta las fuerzas por trabajar en la promoción y defensa de los derechos de las víctimas de los crimenes de Estado. Iniciativas como la Escuela Permanente de Promotores en Derechos Humanos, que ya se está desarrollando en el departamento del Atlántico, muy a pesar de no contar con presupuesto, son una muestra de que el compromiso, el esfuerzo y la entrega por la defensa de los derechos de las comunidades está más viva que nunca, y de que quedan aún líderes y procesos sociales que unen sus fuerzas y posibilidades en función de avanzar en la meta de recomponer el tejido social y la capacidad de organización y lucha del movimiento social y popular.