Sin ningún asomo de vergüenza para con las miles de víctimas y sus familiares, el flamante vicepresidente de la República, Angelino Garzón, pidió que los colombianos perdonen a los políticos, militares y policías, inmersos en crímenes, muchos de ellos de lesa humanidad.

“El país debe entrar en una tónica de perdón y reconciliación integral con políticos, militares y policías que en el marco del conflicto armado hayan cometido errores”, dijo entre otras barbaridades Garzón, agregando que “se les permita obtener algún beneficio."

Sin mencionar a las víctimas y a sus familiares, el vicepresidente argumentó tamaña monstruosidad, aduciendo que “esta iniciativa que yo lanzo la dejo en manos del Congreso de la República y del ministro de Justicia para que el país avance en una perspectiva de perdón y reconciliación”.

Al Gobierno, especialmente a Garzón, se le olvida que sus responsabilidades en la conducción del Estado es el acato a la Constitución y las leyes y propender porque estas estén de parte de la justicia, no de la impunidad y de lado de las víctimas, no de los victimarios.

Cerca de 3.000 jóvenes cuyo único delito fue haber nacido pobres y excluidos por el mismo régimen de cualquier oportunidad en educación y trabajo, fueron asesinados a sangre fría por militares.

Según informó la Fiscalía a principios de 2011, en los últimos años del régimen de Uribe, fueron asesinadas más de 173.000 personas y al menos otras 34.000 fueron desaparecidas. El propio Uribe ha sido acusado por varios exparamilitares de haber sido determinador de varias masacres.

Del mismo modo, cerca de un centenar de “políticos ‘paras’, que no “parapolíticos”, la mayoría aliados de Uribe, están en las cárceles o están siendo investigados y procesados por alianzas con la estrategia paramilitar del régimen, mecanismo diabólico mediante el cual fueron desplazados más de cinco millones de personas a quienes les robaron al menos siete millones de hectáreas de tierras.

Esos crímenes no pueden ser catalogados olímpicamente como simples “errores” de políticos, militares y policías, que se pueden perdonar y olvidar fácilmente. En realidad esos crímenes son horrores que ofenden a la humanidad y los responsables deben ser, investigados, procesados y castigados ejemplarmente para garantizar que no se vuelvan a repetir.

No se trata de perseguir o condenar a miembros de la Fuerza Pública inocentes que en la función de su servicio han respetado los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la Constitución y las leyes, que sin duda lo son la mayoría, sino de quienes han hecho todo lo contrario.

Al vicepresidente se le olvida, a pesar de su largo recorrido político, que para conseguir la paz es fundamental que se conozca la verdad, que haya justicia, que las víctimas sean reparadas integralmente y que haya garantía de no repetición.

Garzón debiera preocuparse porque haya justicia para las víctimas y evitar que los victimarios procesados y condenados paguen sus delitos en cárceles comunes y no en sus mansiones o en centros vacacionales como el “Tolemaida Resort”, que no es otra cosa que impunidad simulada.