Puerto Gaitán es un municipio del departamento del Meta que se encuentra a unos 187 kilómetros al oriente de su capital, Villavicencio, llegando a la frontera con el departamento de Vichada en lo que se conoce en Colombia como los Llanos Orientales. Hace 13 años empezó la explotación petrolera en esa región y desde el 20 de junio de 2011 Puerto Gaitán ha salido con frecuencia en la prensa del país. Las razones: trabajadoras y trabajadores tercerizados de dos multinacionales —la Compañía Española de Petróleos (Cepsa), multinacional cuya filial en Colombia es Cepsa Colombiana S. A. (Cepcolsa); y la empresa canadiense Pacific Rubiales Energy— decidieron exigir derechos laborales fundamentales ante las condiciones de trabajo que denunciaban.

En Puerto Gaitán hay unas 12.000 personas laborando en la industria del petróleo para las multinacionales señaladas. Los contratos con estas personas se firman mediante empresas contratistas que finalmente se encargan de todos los trámites laborales. El pasado 20 de junio, 1.100 trabajadores de la empresa Montajes JM, contratista de Cepcolsa, deciden acudir a la huelga con el objetivo de denunciar violación a sus derechos laborales, sociales y sindicales. Las principales reclamaciones obreras tienen que ver con las jornadas laborales, con el tipo de contratos, con la sobreexplotación, con las condiciones de trabajo y con un ambiente amenazante si hay organización.

Del 10 al 14 de octubre de 2011, varias organizaciones sociales colombianas e internacionales realizarán lo que llaman una acción humanitaria a Puerto Gaitán con el fin de solidarizarse con la lucha adelantada por los trabajadores y las trabajadoras petroleras y las comunidades asentadas en la región. La iniciativa fue propuesta por la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La caravana partirá de la ciudad de Bogotá hoy lunes 10 de octubre y realizará en Villavicencio un acto de solidaridad; el martes tiene lugar un foro en el municipio de Puerto Gaitán y el 12 de octubre tendrá lugar otro acto en Campo Rubiales. Según la USO, hay más de 230 personas delegadas de diferentes organizaciones que participarán en la caravana hacia Puerto Gaitán en donde destacan la presencia de la Confederación Internacional Sindical (CSI).

Las condiciones laborales en Pacific Rubiales

Según información proporcionada por la USO, los horarios de trabajo oscilan entre las 14 y 18 horas y Montajes JM no reconoce horas extras a los trabajadores; establece contratos de trabajo a término fijo por sólo 21 días continuos, no paga salario a los trabajadores que están en período de prueba. Según Francisco Castillo, director de la Corporación Aury Sara, «las empresas imponen condiciones infrahumanas en los campamentos, con ausencia total de elementos o campos de recreación, que convierten estos sitios en verdaderas cárceles, donde se van afectando psicológicamente los trabajadores; por otra parte, se impide el derecho de afiliación a un sindicato, pues hay amenazas de despido si esto ocurre».

Jorge Enrique Robledo, senador de la República, en su intervención en el debate de Comisión Quinta sobre Pacific Rubiales del 17 de agosto de 2011, afirma: «Camarotes y cambuches peores que los de las cárceles y carreteras intransitables. (…) Pacific Rubiales coarta los derechos sindicales. Pacific Rubiales le impone a la comunidad relaciones inaceptables. Mínima higiene en los campamentos y otras peticiones elementales, más del siglo XIX que del XXI». Tal situación no es ajena al resto de trabajadores de la zona petrolera que tiene Pacific Rubiales y el 18 de julio se declararon en huelga entre 5.000 y 6.000 obreros de Montajes JM, y de Ismocol, otra empresa contratista.

También hay versiones opuestas con respecto al trato que se da a quienes trabajan en la región. Directivos de la empresa, el Ministerio de Minas y Energía y el presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) advierten que las voces de queja por el régimen laboral son exageradas y malintencionadas.

La huelga y la negociación

Ante la situación de conflictividad laboral, las movilizaciones y la presión de sindicatos como la USO, los gobiernos departamental y nacional acceden a montar unas mesas de trabajo el día 3 de agosto del 2011 a las que las empresas no acuden rechazando la representación que hace la USO de los trabajadores. Incluso, Cepcolsa y Pacific Rubiales han impedido a la USO entrar a hablar con sus afiliados bloqueando las vías de acceso ya que para llegar desde Puerto Gaitán hasta los pozos petroleros hay 180 kilómetros.

Parte de la población de Puerto Gaitán se unió a las movilizaciones obreras ya que, según Francisco Castillo, la industria petrolera acaba con las fuentes de agua, no utiliza la mano de obra local con lo que no resuelve la falta de empleo, estimula la prostitución, aumenta los precios de los arriendos y de los alimentos, cambia la vocación agrícola y ganadera del campesinado y deteriora las pocas vías de acceso por el paso de grandes camiones y maquinaria pesada.

El conflicto tomó tal repercusión que el 5 de octubre la Comisión Quinta del Senado de la República decidió sesionar en Puerto Gaitán para observar directamente lo que ocurría en Campo Rubiales. La USO denunció en su momento que días antes de la visita de la Comisión del Senado, «Pacific Rubiales dio la orden a sus empresas contratistas de sacar a la mayoría de trabajadores con el fin de impedir el contacto directo de los parlamentarios con los trabajadores afectados y pasear a los senadores por las cómodas instalaciones de Arrayanes en las cuales duermen los funcionarios directos de Pacific Rubiales».

Acuerdos incompletos

El 6 octubre, la USO emitió un comunicado público en el que afirma que «Pacific Rubiales le juega sucio a la USO y al país». En él denuncia que la multinacional «viene incumpliendo los acuerdos que permitieron establecer una mesa de negociación para tratar la grave problemática de los trabajadores de Campo Rubiales». Recientemente, se ha hecho público un acuerdo en materia laboral que firman dos sindicatos —SINTRAPACIFIC y la Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional (UTEN)— que, según fuentes de las USO, han estado ajenos a las movilizaciones obreras.

Aunque ese acuerdo publicitado habla de aumentos salariales, aumento de días de descanso, eliminación de contratos de trabajo que afecten la calidad de vida y normas para la contratación de empresas contratistas, contratación de mano de obra local y adecuación de las instalaciones para que existan actividades recreativas, para la USO, hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo en la mesa de negociación, «por la intransigencia y dilación que a ésta le ha dado la multinacional; por lo cual pretenden mostrar decisiones unilaterales de Pacific Rubiales a manera de logros y acuerdos, tal como el presunto nuevo salario mínimo de mano de obra no calificada».

A finales de septiembre, trabajadores del campo Rubiales volvieron a exigir que se adelanten las soluciones a las condiciones de trabajo y de vida que entiende como adversas e injustas y advirtieron que, de no cambiar nada otra vez, el 14 de octubre habrá nueva movilización. Igualmente el sindicato petrolero advierte que «existe una campaña de desinformación, difamación y estigmatización en contra de la USO, intentando ligar la protesta de los trabajadores con hechos de violencia y con supuestos actos terroristas, acudiendo a la vieja práctica de ligar la protesta social a las acciones de la guerrilla, para luego golpear y judicializar a los protestantes».