Las comunidades indígenas y campesinas de los corregimientos de: El Nogal, La Fría, La Feria, Bolo Blanco, La Carbonera, El Líbano, San Antonio, San Isidro, y del Resguardo Indígena Kwet Wala del municipio de Pradera, declaramos nuestra oposición a la realización de obras de infraestructura vial por parte de las fuerzas militares, en tanto que dicha acción vincula a la población civil en el conflicto armado, representando ésta una infracción al Derecho Internacional Humanitario, DIH, poniendo en riesgo la vida, la integridad, los bienes y el patrimonio económico y cultural de las comunidades.

Por esta razón nos desplazamos quinientas quince personas desde nuestros territorios hasta el casco urbano del municipio de Pradera, entre los días 24 a 27 de Octubre del presente año, para exigir a las autoridades competentes, que se proceda de acuerdo a los protocolos y normas del DIH, ratificados por el Estado colombiano.

En el marco de este desplazamiento, se realizaron reuniones con presencia de representantes de: el Batallón de Ingenieros No 3 “Coronel Agustín Codazzi” de Palmira, que fue definido por el Ministerio de Defensa y el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), como el ente ejecutor del proyecto en mención, la Secretaría de Paz y Convivencia de la Gobernación del Valle, CCAI, la Alcaldía Municipal, Bienestar Familiar, Acción Social, la Personería Municipal de Pradera, la Secretaría de Gobierno, delegados del hospital San Roque y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA).

En estas reuniones les solicitamos a los delegados de las instituciones Estatales presentes, que teniendo en cuenta el riesgo que padecemos las comunidades, el proyecto de infraestructura vial debe ser contratado con entidades privadas civiles, como se ha hecho en varias oportunidades en años anteriores.

Si bien nuestra solicitud aun no se ha resuelto, la interlocución generada con las instituciones estatales el día 26 de Octubre, produjo como resultado la constitución de un acta de voluntades firmada por las partes, fundamentada en la suspensión de las obras en la vía, la generación de nuevos espacios para acordar el manejo que se debe dar a la ejecución del proyecto en respeto de la autonomía de las comunidades, para lo cual se realizará una reunión en Noviembre 2 del presente año, y garantías por el respeto de los derechos humanos, entre otros.

Ratificamos que NO ESTAMOS EN CONTRA DEL PROGRESO, NI DE LA INVERSIÓN DE RECURSOS, pues consideramos que hemos sido objeto del abandono Estatal; sin embargo, dicho pasivo de histórico desconocimiento de nuestra problemática, no puede pretender ser “solucionado” a través del atropello sistemático de nuestros derechos y de nuestra autonomía.

Las comunidades indígenas y campesinas retornamos a nuestros territorios el día 27 de Octubre, NOS DECLARAMOS EN ASAMBLEA PERMANENTE HASTA QUE SE RESUELVAN EN NUESTRO FAVOR LAS SOLICITUDES QUE LE HACEMOS AL ESTADO; por esta razón, hacemos un llamado a la opinión pública, como a los diferentes organismos relacionados con la protección y defensa de los derechos humanos, del nivel nacional e internacional, para que exijan el cumplimiento efectivo de los protocolos firmados por el Gobierno Colombiano, se solidaricen con las comunidades en torno a la solución de la problemática generada, y propendan por asegurar garantías para el retorno exitoso de las comunidades desplazadas hasta nuestro territorio.

Hacemos un llamado a la unidad de las organizaciones indígenas, campesinas y del movimiento popular de Pradera y el Valle del Cauca, por la defensa del territorio, los derechos y la vida.

Comunidades indígenas y campesinas desplazadas
Pradera, Octubre 27 de 2.011