Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Se abre esperanza para el acuerdo humanitario
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz / Lunes 2 de octubre de 2006
 

Dos comunicados, uno del Presidente de la República, el miércoles
pasado, y otro del Secretariado de las FARC-EP a través de su página
de internet, abren paso a la posibilidad de un encuentro en los
municipios de Pradera y Florida para discutir, abordar, acordar los
aspectos procedimentales y de fondo respecto a un acuerdo especial.

Atrapado en el clientelismo y la politiquería, la institucionalización
paramilitar y los evidentes vínculos de esta con el poder político en
el norte de Colombia y en el Senado de la República; en medio, además,
de los conflictos entre la policía y el ejército por la protección y al mismo tiempo combate al tráfico de drogas; envuelto en el descrédito inicial por los famosos falsos "positivos" que fueron tema del New York Times, cuestionado en su política de "seguridad democrática" ante el estancamiento -crisis- del Plan Patriota; con interrogantes de fondo frente al cuestionado desbalance de corazón pleno con criminales, traficantes de drogas de la estrategia paramilitar del estado y su indolencia con los secuestrados.

En medio de estos escándalos que comprometen directamente al estado, por fin, después de cuatro años, se abre un signo de esperanza para los retenidos o secuestrados por las FARC-EP y para los presos políticos de esta organización. Nada de esta esperanza sería posible sin la persistencia, la tozudez de los familiares de los retenidos o
secuestrados, en particular, la de policías y militares asociados en
Asfamipaz, los secuestrados más olvidados, quiénes han participado en
diversas actividades con el Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado. La esperanza no significa que todo lo que continúa
vaya a ser fácil. La desmilitarización para constituir una zona de
encuentro abre la posibilidad de un espacio físico de diálogo con la
guerrilla de las FARC-EP para el acuerdo humanitario.

A nivel del gobierno, paradójicamente, Uribe, militarista de primera, se enfrenta ya a las expresiones castrenses que se resisten a la posibilidad del despeje, a la desmilitarización de los municipios de Pradera y Florida por un espacio determinado de tiempo. Por encima de consideraciones humanitarias, usan el imaginario del proceso de negociación del gobierno de Pastrana, para obstaculizar este espacio de definición de un acuerdo especial. Los militares quieren olvidar que el despeje no es para un proceso de negociación de la paz. Igualmente tendrá que saber sortear las manifestaciones de Washington que interpretará el gesto como una concesión en la cruzada mundial antiterrorista. En el proceso, complejo y difícil del acuerdo humanitario, se abordarán temas espinosos como los procedimientos para la libertad de los secuestrados y de los presos políticos que se encuentran en las cárceles de Colombia y Estados Unidos, que sólo serán posibles de abordar previa concesión y generosidad en la definición del tiempo, más allá de si son 30 ó 45 días. A este aspecto se suma la desconfianza evidente y natural de las FARC-EP en materia de seguridad. Frente al tipo de seguridad que requieren los voceros de la guerrilla, la comunidad internacional, en particular los acompañantes del proceso, los gobiernos de España, Suiza y Francia, a los que la guerrilla suma a Venezuela y Cuba, jugarán un papel fundamental. La ventanilla abierta es un primer paso, para posibilitar el encuentro cara a cara entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, en un proceso complejo y difícil, lo que es en sí mismo una
esperanza en la "humanización" de la guerra, y ojalá si todo sale
bien, sea la posibilidad del comienzo de la búsqueda negociada del
conflicto armado, es decir de la paz con justicia social.

Adjuntamos comunicados de prensa del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC y del Gobierno de Colombia.

Carta abierta a los integrantes de las tres ramas del poder público

"El futuro de Colombia no puede ser el de la guerra civil". Jacobo Arenas.

La paz, la solución política del conflicto, sigue siendo el más caro anhelo en el alma colectiva de los colombianos. No ha sido posible porque los de arriba no quieren ceder a sus privilegios, ni desean compartir, atrincherados en su democracia excluyente y tras las garras del águila imperial.

La Uribe, Caracas, Tlaxcala y San Vicente, fueron oportunidades perdidas porque las oligarquías en el poder solo querían la desmovilización de la insurgencia sin cambios en las estructuras.

Cinco décadas perdidas, cientos de miles de muertos, miseria, soberanía mancillada, dependencia y falsa democracia, han sido el resultado del terco empeño de aniquilar por la vía de las armas la inconformidad del pueblo. Todas las operaciones militares, del 64 al 2006, desde el Plan LASO hasta el Patriota de los gringos, terminaron en el fracaso. Todos los presidentes desde Guillermo León Valencia hasta Álvaro Uribe se fijaron plazos breves para la derrota militar de la guerrilla, y terminaron más distantes de ese objetivo.

Si el gobierno actual decide otorgar las plenas garantías para adelantar el canje de prisioneros de guerra, desmilitarizando por 45 días los municipios de Florida y Pradera en el Valle del Cauca, una vez liberados todos ellos, quedará al orden del día la búsqueda de acuerdos para superar el conflicto social y armado que azota al país.

Ustedes bien saben que nuestra lucha no busca privilegios personales
para quienes conformamos las FARC sino el bienestar del conjunto de la
sociedad y, en primer lugar, de los sectores mayoritarios de la
población. Es nuestro juramento, compromiso de vida e hilo conductor
de cualquier aproximación que intentemos mancomunadamente hacia la
reconciliación nacional. Por ello, le proponemos al estado colombiano
que una vez realizado el canje y frente a la imperiosa necesidad del
país por encontrar la solución política del conflicto:

1. Desmilitarice los departamentos de Caquetá y Putumayo para iniciar
conversaciones de paz.

2. Suspenda las órdenes de captura para los integrantes del Estado
Mayor Central de las FARC.

3. Solicite a la comunidad internacional suspender la calificación
como organización terrorista a las FARC. Resuelto este problema,
quedan abiertas las puertas para que los distintos países, si lo
estiman conveniente, jueguen su rol como mediadores, o facilitadores,
etc.

4. Reconozca la existencia del conflicto social y armado.

5. Suspenda los operativos militares a escala nacional y regrese las
tropas a sus cuarteles, divisiones, brigadas y batallones.

6. Otorgue plenas garantías para el desplazamiento de miembros del
Estado Mayor Central en los dos departamentos donde se efectuaran los diálogos Gobierno- FARC.

7. Los encuentros Gobierno- FARC serán de cara al país.

8. Bajo estas condiciones las FARC, en acuerdo con el gobierno nacional, entrarían de inmediato a explorar caminos que conduzcan a un cese bilateral del fuego y a analizar la solución política al conflicto social y armado llevando a la mesa los siguientes materiales para su discusión:

a) Agenda Común del Caguán y Plataforma para un Nuevo Gobierno de
Reconciliación y Reconstrucción Nacional.

b) Paramilitarismo de estado.

c) Depuración de las fuerzas armadas ligadas al paramilitarismo.

d) Libertad inmediata para la población civil sindicada de nexos con
la guerrilla.

e) Reparación económica por parte del estado a todos los afectados por
el conflicto interno.

f) El TLC con los Estados Unidos.

g) Reforma agraria inmediata que incluya la restitución de propiedad
sobre fincas y parcelas al campesinado afectado por el conflicto.

h) Retorno de los desplazados a sus áreas con plenas garantías
personales, económicas, sociales y políticas por parte del estado.

i) Reforma urbana inmediata.

j) Política de estupefacientes.

k) Tratado de extradición.

l) Asamblea constituyente.

ll) Política energética.

Sobre estas bases, los invitamos a trabajar conjuntamente por la
construcción de caminos de entendimiento,

Compatriotas,

Secretariado del Estado Mayor Central, FARC-EP
Montañas de Colombia,
Octubre 1 de 2006

Comunicado del Gobierno Colombiano

El gobierno tiene la voluntad de aceptar una zona de encuentro con las
Farc, con condiciones propicias para la eficacia del acuerdo
humanitario y de la paz; condiciones que se pueden acordar. No podrá
ser una zona de refugio del delito, no podrá ser un campo de
recuperación militar para el terrorismo, presionado por guerra
política. Debe ser una zona de encuentro que pruebe a nacionales y a
la comunidad internacional que existe buena fe para la paz.

Publicación: El Espectador, 28 de septiembre de 2006