La providencia habla de un montaje de los campesinos para hacerse aparecer como víctimas de desplazamiento forzado, apoyados por el Programa de Paz y Desarrollo que creó Pacho De Roux —hoy provincial de los jesuitas— y apoyado por la Universidad Javeriana y por las embajadas de Suiza e Inglaterra. En dos palabras: falsas víctimas. Por tanto, archivo del proceso. El caso tiene su historia, los campesinos la cuentan. Confío en ellos y en el Programa de Paz y Desarrollo.

Como muchas tierras del sur de Bolívar, las de la hacienda Las Pavas fueron abiertas a mediados del siglo pasado por colonos para cultivar maíz, yuca y plátano. Los ganaderos llegaron después con sus vacas, sus vaqueros y sus cercas. Hay quejas. A los ganaderos les salía más barato comprar derechos que pagar daños y se quedaron. De un día para otro apareció un tal Jesús Emilio Escobar Fernández reclamando la propiedad sobre los 15 predios que componen la hacienda. No explotó directamente la tierra, pero construyó una pista de aterrizaje. Pasaron días. Los campesinos entraron a cultivar plátano y a plantar cacao asumiendo que la finca había sido abandonada. Años después, el Bloque Central Bolívar de las Auc creó una base de operaciones en Papayal, no lejos de Las Pavas, al mando de alias Rapidito y ordenó a los campesinos en febrero de 2003 salir de la hacienda. Los paras repitieron la orden en 2006 y dejaron encargados armados. Tres años más tarde, dos empresas, Tequendama y San Isidro, entraron a cultivar palma y sacaron a los ocupantes con la fuerza pública, cumpliendo una orden de un juez de segunda instancia que había negado el primer fallo a favor de los campesinos, organizados ya en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab). Peleas, heridos, cambuches, ollas comunales. La Corte Constitucional determinó que la orden de desalojo y el reconocimiento que hizo el Incoder, en tiempos de Campo Soto —el mismo de AIS—, de los derechos de Escobar no eran válidos porque sobre Las Pavas se había iniciado un proceso de extinción de dominio. Por tanto, reconoció a los campesinos afectados como víctimas y ordenó al Incoder continuar la extinción de dominio sobre tres predios de la hacienda y clarificar los títulos de los 12 restantes al presumirlos baldíos, investigaciones que están vigentes y que son ahora aceleradas por Juan Manuel Ospina, gerente del instituto. Los reclamantes de los títulos sobre Las Pavas son de las familias Macías y Dávila Abondano, esta última muy nombrada en Santa Marta —Parque Tayrona, Agro Ingreso Seguro, Marina de Bahía—, y la otra, ibídem en Puerto Wilches.

La decisión de la Fiscalía de Cartagena se basa en la retractación de un exmiembro de Asocab y fundador de otra organización, Nuevo Liderazgo Campesino, quien sostiene que sus antiguos compañeros eran invasores organizados. Miembros de la comunidad sostienen que su giro en redondo se debe a los vínculos con las empresas palmeras. Un indicio que se debería investigar a fondo.

Si se asocia el caso de Las Pavas con el caso de Mapiripán, como lo hace Vargas Lleras, y se agregan las dudas que la ONG Defensoría Militar ha comenzado a sembrar en la opinión pública sobre la masacre de El Salado, uno terminaría por preguntarse si la doctrina de las falsas víctimas, sin duda craneada por los que no se rinden, no será un morterazo contra la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y contra los procesos que se adelantan en tribunales civiles por falsos positivos cometidos por el Ejército. Hay coincidencias en tiempo, modo y lugar para la duda.