El 1º de junio de 2012 comenzará el juicio oral por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, que produjo 38 muertos y más de 4500 detenidos en todo el país en apenas 24 horas. En Capital Federal, 5 muertos y unos 200 heridos. Un vago intento por saldar una gran deuda de la democracia.

Cuando se trata de juzgar a los verdaderos culpables del crimen político en plena democracia, el poder político parece ponerse de acuerdo para iniciar un mecanismo perverso de encubrimiento. Presidentes, ministros, secretarios, tanto radicales como justicialistas o conversos, acomodan las piezas a la perfección para evitar que se manche el nombre de la sagrada democracia argentina.

El 19 de diciembre de 2001, tras un aumento acelerado de la conflictividad y con el precedente de las puebladas anteriores, el el entonces presidente, Fernando De la Rúa, no dudó en declarar el Estado de Sitio, a expensas del Congreso de la Nación. En apenas 24 horas se produjeron 38 muertos y más de 4.500 detenidos en todo el país. En Capital Federal, 5 muertos y unos 200 heridos.

El enorme operativo represivo desplegado en aquella oportunidad, pero sobre todo su desborde y descontrol, dan cuenta de la magnitud de la revuelta. Desde la tarde del 19, más de 800 mil personas salieron de sus casas en la Capital Federal, armando barricadas en las esquinas de los barrios porteños, haciendo sonar las cacerolas y escrachando casas de funcionarios. Los garantes de la seguridad nacional ya estaban reunidos, analizando qué leyes podían olvidar para aplacar la bronca popular. El ministro del Interior, Ramón Mestre, se había reunido con el secretario de Seguridad, Enrique Mathov, el jefe de la Policía Federal Argentina, Rubén Santos y el comisario general, Raúl Andreotti, entre otros, para definir los alcances de la represión.

Unas 200 mil personas se concentraron en el Congreso, logrando la renuncia del ministro de Economía, Domingo Cavallo. Sin embargo, este gesto político no alcanzó para dispersar a las masas. Fue allí cuando surgió la orden, una de esas órdenes que no se emiten con papeles firmados ni con teléfonos oficiales. Una decisión que no podía dejar de tener en cuenta el vacío institucional que le estaban propinando las demás fuerzas políticas. En 2002, la Cámara Nacional de Apelaciones reconoció que la orden provenía del gobierno nacional y no de la Policía Federal.

Los primeros heridos de bala de plomo se registraron en torno al Congreso, ya que los manifestantes habían logrado atravesar las vallas que lo resguardaban. Si bien el grueso de la gente, descompuesta y asustada, se había alejado del lugar, un grupo considerable, unas 30 mil personas, continuaron resistiendo hasta las 6 de la mañana del 20, atacando símbolos del modelo económico como bancos, Mc´Donalds y empresas privatizadas.

El 20 por la mañana, a eso de las 9, las Madres de Plaza de Mayo decidieron adelantar su ronda, previo llamado a grupos sociales y políticos combativos para organizar una especie de aguante. Pero el poder político necesitaba mantener la plaza despejada. Fue la represión a las Madres la que provocó el primer gran detonante de la pueblada porteña. Miles de personas se autoconvocaron y emprendieron una gran resistencia que duró casi todo el día. Unas 150 mil personas habrían resistido aquel día, tratando de recuperar la plaza desde las tres vías principales, en combinación con un sinnúmero de acciones aisladas en todo el microcentro, en un radio circular de 600 cuadras, con una movilidad que impidió a las fuerzas de seguridad lograr el control total de la situación. El operativo fue conducido por la Dirección General de Operaciones, a cargo del comisario Norberto Gaudiero, e incluyó a la policía motorizada, la caballería montada, todos los patrulleros de las Comisarías 2ª, 3ª y 4ª y las fuerzas de Infantería y Asuntos Internos, entre otras divisiones. Las granadas de gases lacrimógenos llevaban una fecha de vencimiento paradójica: 1983.

En el momento más crítico de la represión, a las cuatro de la tarde, y ya con varios muertos sobre sus espaldas, el líder radical realizó un intento frustrado de negociación con el PJ. Pero los muertos no desalentaron a los manifestantes que, para esos momentos, demostraban una gran disposición a la lucha y aportaban el germen de conciencia revolucionaria que se mantendría encendido en el calor de las asambleas populares, los piquetes y las fábricas recuperadas. El presidente renunció a las 19 horas y hasta el día de hoy no se hace cargo de responsabilidad alguna por los muertos y los heridos.

El juicio oral

Más de 10 años después, el próximo 1º de junio se realizará el juicio oral que tendrá como querellantes a los dres. Rodrigo Borda (CELS) y Rodolfo Yansón (Liga Argentina por los Derechos Humanos), en el Tribunal Oral en lo Federal 6 integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Miguel Pons y José Martínez Sobrino.

Yansón aportó datos sobre la querella: “Vamos a poder juzgar por un lado a los policías que dispararon sobre la 9 de julio y que mataron a Alberto Márquez e hirieron a Martín Galli y Paula Simonetti y vamos a poder juzgar a Enrique Mathov, a Rubén Santos y a los comisarios Norberto Gaudiero y Raúl Andreotti, responsables de no haber controlado debidamente cómo se hizo el operativo, lo que se dice las responsabilidades más políticas. Y por otro lado estamos esperando que la Cámara de Casación resuelva el recurso que presentamos por el sobreseimiento de De la Rúa”. El abogado de la Liga se muestra preocupado por la complejidad de la causa, pero cree que se van a lograr algunas detenciones: “El tema es que por la multiplicidad de crímenes que se cometieron, las condenas van a ser por unos pocos casos… Lo importante es que todos los que van a ser juzgados en su responsabilidad superior van a tener que responder por la totalidad de los casos.”

El juicio será por las 5 muertes y los 177 lesionados de la Capital Federal. Si bien fue muy difícil determinar a los autores materiales, se juzgará al responsable directo de la muerte de Márquez, el comisario inspector Orlando Juan Oliverio; a los autores materiales o imputados por la muerte de Benedetto, el teniente coronel retirado Jorge Varando, ubicado ese día en el hall del HSBC; el oficial Belloni, imputado por tentativa de homicidio; y a otros policías acusados de golpes y maltratos.

Pero la apuesta de los abogados será demostrar la responsabilidad principal de De la Rúa en la represión. Según Yansón, “el Juez (Claudio) Bonadío, en su momento evitó su procesamiento y la Cámara Federal lo sobreseyó, pero fueron dos votos contra uno. El voto de la minoría, que es del Juez (Horacio) Cattani, sostuvo el procesamiento de Fernando De la Rúa. Y ahora estamos esperando que la Cámara de Casación resuelva si lo va a sobreseer o lo va a procesar. Para nosotros está probada su responsabilidad por una serie de elementos. Porque habiendo dictado el Estado de Sitio, no hizo absolutamente nada para impedir el desmanejo (y estoy utilizando las palabras que lo pueden beneficiar) de la fuerza como en definitiva sucedió. De la Rúa debió haber analizado e intervenido mucho más activamente, en cambio se desentendió y dejó que los episodios sucedieran y alegremente dijo que no se enteró de los homicidios porque nadie le había dicho. Bueno, justamente ahí está su responsabilidad como Presidente, que dispuso del Estado de Sitio y no hizo nada para evitar que la policía actuara de la manera en que actuó. Tenía la obligación, en razón de su cargo, de exigirle a sus subalternos que accionaran conforme a la ley e hicieron todo lo contrario, y él mirando para otro lado”.

Martín Azcurra*
* Integrante de Revista Sudestada, especial para Marcha