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El martes se discutirá la problemática de El Quimbo
Carlos Valbuena / Lunes 16 de enero de 2012
 

Luego de un paro que empezó el día 3 de enero y sobre el cual la administración Santos se había mantenido indiferente, la lucha persistente logró acordar la primera reunión con el Gobierno para el próximo martes 17 de enero a las 11 de la mañana en el Ministerio del Medio Ambiente. A esa reunión están citados los representantes de la protesta, algunos senadores, la Contraloría, la Procuraduría y los Ministerios del Medio Ambiente, Interior, Agricultura, Trabajo y Minas. Miller Dussán, unos de los representantes de la protesta, comentó: “Están listas las comisiones que viajarán a dialogar en Bogotá, pero este primer diálogo no significa que el paro se detenga”. Además, denunció que la empresa Endesa Engesa está poniendo a los trabajadores en peligro al obligarlos a que busquen otras entradas por el río y se suban por barrancos y piedras para burlar el bloqueo que los manifestantes tienen sobre la entrada a la Represa El Quimbo.

Lucha por el territorio

Recordemos que esta protesta se ha denominado “Paro Regional por la Defensa del Territorio” y se fundamenta en tres puntos principales: primero, que se realice una audiencia pública ambiental que demuestre la inviabilidad del megaproyecto; segundo, que la transnacional Endesa Engesa construya el puente de El Paso del Colegio, que por efecto de las obras se averió desde agosto; y tercero, que se arreglen las vías. Estas vías son afectadas por El Quimbo, las fallas geológicas, el invierno, el abandono y la petrolera Emerald Energy, empresa que obtuvo nuevas licencias para extraer hidrocarburos en el Páramo de Miraflores.

Este paro involucra principalmente a la región centro y occidente del Huila. Su epicentro ha sido el Puente Paso del Colegio, sobre el río Magdalena, en el municipio de Garzón y a la entrada de El Quimbo. Se ha desarrollado con bloqueos complementarios en diferentes puntos y momentos. El tipo de problemática ha hecho que los promotores del paro sean diferentes actores territoriales, como Asoquimbo, el Movimiento Colombiano por la Defensa de los Territorios Afectados, Ríos Vivos, el Consejo Regional del Huila (CRIHU), las Comunidades de Puerto Seco, la Asociación de Aserradores, la Asociación de Pescadores de El Hobo, la Junta de Acción Comunal Matambo, los Municipios del Macizo Colombiano adscritos a Asomac, la Comunidad de La Plata, la Asociación intersectorial de Gigante, Garzón Páramo de Miraflores, la Asociación de Cafeteros, la Asociación de Tabacaleros de Garzón (Asotagar), el Gremio de Transportadores de La Plata, el Comité Cívico por la Defensa del Occidente del Huila, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila, entre otros.

La inundación se comerá un valle con su gente

Si logran imponer el megaproyecto, será un éxito para la locomotora minero-energética de Santos y para las multinacionales que se lleven las ganancias, mientras que para el pueblo del Huila significará la inundación: desaparecerá un valle con toda su riqueza geográfica, de flora y fauna, arqueológica, agrícola, ganadera, pesquera, de infraestructura, social, cultural y poblacional; desaparecerá un pueblo con su territorio. Será inevitable la destrucción de la estructura económica y social, y el desplazamiento de la población configurará un nuevo mapa del territorio que habrá de caracterizarse por la marginación, como les sucedió a los municipios vecinos cuando se impuso el plan de Betania. Este megaproyecto está ubicado sobre el río Magdalena y al sur de la Represa de Betania, tendrá 55 kilómetros de extensión y un área de embalse de 8.250 hectáreas que afectará directamente a los siguientes municipios: Gigante, 43,91 por ciento; Garzón, 16,76; Altamira, 0,21; Agrado, 37,83; Paicol, 0,04; y Tesalia, 1,25.

Además del gran daño que implica este megaproyecto, la tramitación de su licencia fue propiciada por el ex presidente Álvaro Uribe, violando la legislación de una manera muy descarada. La Defensoría del Pueblo tiene reparos sobre la licencia ambiental, la Contraloría está iniciando investigaciones preliminares y cursa una demanda ante el Consejo de Estado, además de otras iniciativas. Miller Dussán ha dicho que la gente no cree mucho en la palabra del Gobierno y que, si éste no cumple, podrán venir nuevos momentos de la protesta, como marchas hacia y Bogotá.