Documento leido por César Jerez, miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC y del equipo operativo de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos de organizaciones defensoras de derechos humanos CCEEU, en representación del Nodo Nororiente, durante la primera jornada de la asamblea nacional de la CCEEU.

Contexto

En Santander

Los últimos años el Gobierno departamental ha venido en la dinámica de la negación del conflicto y de sus consecuencias, pero se fue más allá con la negación de la existencia de grupos armados ilegales por parte de las autoridades de policía y militares y del propio Gobernador de entonces quien manifestó la no presencia de estos grupos en el departamento, lo cual es mantenido hasta el día de hoy por la fuerza publica, dejando en el aire que tal vez las múltiples amenazas y agresiones a los defensores de derechos humanos, provenientes de estos grupos, sean producto, de la imaginación de los defensores.

Pero la propia realidad se encarga de desmentirlos y el propio registro de los positivos por parte de los organismos policiales, que públicamente reivindican estas capturas, denota la existencia de estas estructuras funcionando en el Departamento y su relación con paramilitares, supuestamente desmovilizados que dan ordenes desde establecimientos carcelarios de la región, como se denuncio en el 2007 con lo sucedido con alias Julian Bolivar y sus huestes concentradas dentro y fuera de las cárceles bumanguesas, o como versiones periodísticas señalan en el caso de los Urabeños.

La dinámica social y de movilización social en el departamento, con la irrupción de megaproyectos de minería y explotación de aguas, y su oposición por parte de importantes sectores de la ciudadanía, plantean los retos a las autoridades frente al legitimo ejercicio de la protesta social, la cual ha sido repetidamente estigmatizada y reprimida, incluida la agresión a defensores de derechos humanos acompañantes de las mismas, por lo que hoy preocupa sobremanera la aplicación de la ley de seguridad ciudadana en tales contextos.

En el Magdalena Medio, Arauca y el Catatumbo

Tierra y Paz en el Magdalena Medio: Lo que reclaman las víctimas
Teniendo en cuenta la aplicación de la ley de víctimas y de restitución de tierras, el proyecto de ley general de tierras y desarrollo rural, la eventual reforma a la justicia que busca imponer el fuero militar y garantizar la impunidad para los criminales, queremos expresar el contexto en el que se ventilan estas iniciativas.

1.- Quiénes son las víctimas? En el nororiente de colombia hay una deuda pendiente con las víctimas de despojo, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones, reclutamiento forzado y demás atropellos cometidos por las partes del conflicto armado. La victimización de sindicatos, movimiento estudiantil, campesinado y organizaciones de mujeres, es un obstáculo que sigue impidiendo la construcción de la paz. El estado sigue teniendo el reto de recuperar su legitimidad, perdida por la integración y promoción de grupos paramilitares desde los años 80, por la aplicación insuficiente de justicia en los crímenes de lesa humanidad cometidos por estos grupos y agentes estatales y por la promesa incumplida de su desmantelamiento definitivo.

2.- Víctimas y modelo de desarrollo: Por otra parte, las políticas gubernamentales han venido fomentando un modelo económico extractivo y acumulador, que propicia la explotación intensiva de nuestra tierra y recursos naturales, por favorecer a las empresas transnacionales y grupos económicos locales, que a su vez financian las campañas electorales. En la región, este modelo acentúa los conflictos por la tierra, estimula nuevos procesos de expropiación, despojo y desplazamiento forzado, deteriorando el tejido social y poniendo en peligro las fuentes de agua, la biodiversidad y la soberanía y seguridad alimentaria. Este modelo económico está destruyendo la economía campesina, el territorio de los pescadores y empobrece a los habitantes de los centros poblados en la región. En este marco, la victimización se hace más agobiante, y la diferencia de poderes entre víctimas y victimarios, perpetua la impunidad.

3.- Ordenamiento territorial para la paz: Aunque hay una política ministerial de reactivación de las Zonas de Reserva Campesina en el Magdalena Medio y el de constitución de nuevas zonas en el Catatumbo y en el resto del país, esta se ha encontrado con múltiples obstáculos que impiden su real implementación.

4.- Aplicación de la justicia transicional: Los proyectos gubernamentales de Ley general de tierras y de desarrollo rural, la ley de víctimas y de restitución de tierras y el Plan Nacional de desarrollo, anuncian una interesante transición hacia el reconocimiento de derechos de las víctimas y ciudadanos. Por esta razón, su aplicación real exige la participación activa de comunidades y organizaciones sociales, organizaciones de base de las víctimas y de campesinos. Sin embargo, el manejo mediático en contra de las víctimas, como en los recientes casos de Garzal y Las Pavas, al que se sumaron altos funcionarios del Estado, deja a comunidades campesinas en la mira de los violentos y muestra el camino que tomarán los testaferros y despojadores.

4.- Conflicto armado y víctimas. Pese al reconocimiento formal del conflicto colombiano por parte del gobierno actual en la redacción de la ley de víctimas y en declaraciones de sus funcionarios, es evidente que la pretensión de la solución militar se encuentra en el primer lugar de la agenda gubernamental y responde a un equivocado concepto de "paz de vencedores y vencidos”. La historia del conflicto colombiano nos muestra que las soluciones militares no conducen a la paz. Por tanto, no podemos continuar atrapados por la perspectiva de un escalamiento de la guerra y de una creciente intervención militar extranjera. La solución política se constituye en una necesidad y la única garantía de NO REPETICION de las atrocidades de la violencia, que tantas víctimas ha dejado en el nororiente de Colombia y el país.

Las propuestas de las organizaciones campesinas y sociales del Nororiente:

1.- La solución inmediata favorable a las familias campesinas involucradas en conflictos de tierras en Las Pavas, el Garzal y Bellacruz como una prueba de voluntad política del Estado a favor de las víctimas.

2.- Superar, si hay voluntad por parte del gobierno, de manera compartida y concertada, los obstáculos que impiden la implementación de las dos Zonas de Reserva Campesina del Magdalena Medio (Morales y Arenal y valle del Rio Cimitarra) y del catatumbo como parte de la política pública de tierras para la paz.

3. Respaldar desde el gobierno nacional el proyecto de Ley de Reforma agraria integral, presentado por las organizaciones campesinas, construido por la Mesa de Unidad Agraria, por considerar que él recoge en gran medida las aspiraciones de la población rural colombiana.

4.- La democracia en nuestro país y la generación de mejores condiciones para hacer efectivos y garantizar nuestros derechos demanda un nuevo modelo que posibilite el uso de nuestros recursos y riquezas, superando las profundas desigualdades económicas y sociales, en función del buen vivir de nuestra población. Ese modelo está contenido en las iniciativas de reivindicación de derechos humanos, desarrollo y paz de las organizaciones campesinas y sociales, el gobierno debe cumplir los múltiples acuerdos incumplidos hasta el momento con la sociedad civil organizada.

5.- Avanzar en la concepción y materialización de una ruta de la paz, que tenga como próxima meta la conformación de un movimiento de alcance nacional, con garantías plenas por parte del Estado, con apoyo internacional bajo el mandato expreso de promover la construcción de la paz con justicia social y la solución política al conflicto político, social y armado. Caminar en esa dirección demanda la generación de un clima favorable. Es urgente trabajar todos juntos para consolidar una cultura de la paz. Consideramos que las partes comprometidas de manera directa en la confrontación deberían contemplar como gesto mutuo frente a la sociedad colombiana, un cese bilateral de hostilidades, que abra la posibilidad del diálogo. Igualmente, la consideración de compromisos y acuerdos humanitarios que permitan parar la violencia contra la población civil y todos los crímenes atroces.

6.- Respaldar y proteger la realización de constituyentes regionales de paz como mecanismos de construcción de paz y justicia social y por la solución política. Su diseño, debe posibilitar la consideración de la problemática general del conflicto y sus salidas, así como el abordaje de las respectivas especificidades regionales. En el nororiente nos comprometemos a promover la participación activa y directa de los más amplios sectores sociales, económicos y políticos, con miras a construir una apuesta que integre el desarrollo y la paz desde el territorio.

7.- Garantía de no repetición a través de CESACION DEL CONFLICTO ARMADO por vía del dialogo y la negociacion política, que articule una política nacional de paz, con las constituyentes regionales de aclimatación de la paz y avance en acuerdos de derecho internacional humanitario.

6.- Garantía de no repetición a favor de las víctimas mediante la aplicación de medidas profundas de transformación institucional, especialmente en lo relacionado con la FUERZA PÚBLICA e instituciones judiciales en la región. Pasar la página de la persecución a líderes y la relación de informes de inteligencia contra opositores políticos.