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Comunidad de Paz de San José de Apartadó: El crimen oficial continúa implacable … los abusos se multiplican sin fin
Comunidad de Paz de San José de Apartadó / Martes 6 de marzo de 2012
 

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó deja constancia ante el país y ante el mundo de los hechos que recientemente nos han agredido y han golpeado a la población campesina de nuestro entorno. Casi no hay semana en que no haya que denunciar abusos de los agentes del Estado y de sus brazos paramilitares.

Hace pocas semanas el Comandante de la Brigada 17 del Ejército le respondía a delegaciones internacionales que le reclamaban por la cantidad de crímenes que ellos cometen contra nosotros, afirmando que todo lo que nosotros denunciamos es mentira, pero que lo hacemos porque necesitamos hacerlo para no perder jugosas ayudas financieras internacionales. Sobra todo comentario, pues esas palabras lo que hacen es destacar la vileza y suciedad de quienes reciben la investidura del Gobierno para representarlo en esta zona bañada en sangre. Su Comandante en jefe les ha tolerado siempre y les sigue tolerando esas bajezas, sin pedirles cuenta de sus calumnias y sin obligarlos a demostrar sus mentiras. Pero el país y el mundo conocen ya su podredumbre moral.

Para el Gobierno y su Fuerza Pública el paramilitarismo “no existe”, pues es tan estrecha su connivencia y su identificación con él, que ya no lo pueden dstinguir de sí mismos. Para el Gobierno y su Fuerza Pública, los muertos civiles “son guerrilleros”, aunque sean discapacitados e impedidos para moverse. Para el Gobierno y su Fuerza Pública los abusos que cometen “son lo normal”, pues han afirmado infinidad de veces que para ellos no existe Ley, ni Constitución, ni Cortes, ni Derecho Internacional, puesto que hacen “lo que les da la gana” y “la ley son ellos mismos”. Ellos saben que actúan bajo el amparo de la impunidad, pues la impunidad ha sido el paraguas de sus crímenes por varias décadas, y se enfurecen cuando las constancias aparecen y revelan la verdad de las víctimas, porque saben que algún día la humanidad los juzgará.

Los hechos que hoy entregamos a la memoria de la humanidad son:

El martes 7 de febrero de 2012, a las 16:30 horas, en la vereda La Cristalina un grupo de policías que al parecer perseguía a guerrilleros, disparó indiscriminadamente contra las casas de la población civil. Dos granadas que lanzaron cayeron a 50 metros de la vivienda de un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz y su familia, quienes se encontraban en la vivienda en el momento. Cabe recordar que allí mismo fue asesinada por miembros del Ejército, en 2003, su hija de tan solo tres años de edad. El viernes 10 de febrero de 2012, entre las veredas La Hoz y Mulatos fue detenido el campesino Argemiro Velásquez por un grupo de militares, quienes se presentaron como “jaguares adscritos la Brigada XI de Montería”. El campesino se dirigía hacia San José de Apartadó transportando maíz, allí lo insultaron y le bajaron las cargas, lo amenazaron y le manifestaron que agradeciera que se había encontrado con ellos, pues con los paramilitares las cosas eran distintas.

El mismo viernes 10 de febrero de 2012, tropas del Ejército que se encontraban en el sitio conocido como Chontalito y El Barro, cerca de la vereda Mulatos, realizaron algunos disparos con las armas de dotación. Después de ello, el campesino Héctor Emilio Guerra, quien se desplazaba desde Cabecera Mulatos hacia su vivienda, fue abordado y retenido por los uniformados quienes se encontraban en El Barro; después de someterlo a un largo interrogatorio y de señalarlo de guerrillero, los uniformados le retuvieron los documentos de identidad, supuestamente como medida de seguridad para investigar los antecedentes debido a que era considerado como “sospechoso”. Después de varias horas lo dejaron en libertad, quedándose ellos con los documentos. Ese mismo día, un grupo de militares allanaron sin ninguna orden judicial la vivienda de la señora Myriam Tuberquia, ubicada en el sitio El Barro. Una hija de ella que se encontraba en la vivienda fue insultada, amenazada y obligada a salir de la casa mientras realizaban el registro ilegal. Horas más tarde tres campesinos que transitaban por ese lugar fueron abordados y retenidos por los militares, los cuales los insultaron y los señalaron de “guerrilleros”, dejándolos horas después en libertad.

El domingo 19 de febrero de 2012, hacia las 11 horas, tropas del Ejército ubicadas en El Barro abordaron a campesinos que se movilizaban por la zona a quienes les preguntaron por lo que hacía la Comunidad de Paz, ya que según ellos, la Comunidad es una comunidad de guerrilla interna que tienen que exterminar.

El día lunes 20 de febrero de 2012, hacia las 12:30 horas, un grupo de militares adscritos a la Brigada XVII combatió con un grupo guerrillero que se encontraba en la vereda Arenas Bajas, del corregimiento de San José. En esos hechos resultó muerto un guerrillero y la joven civil Marlobe David Sánchez, de 21 años de edad, madre de familia quien tenía una niña de 22 meses la cual quedó huérfana. Marlobe residía con su familia en una casa ubicada en la vereda la Unión y ese día había salido de su casa en la mañana rumbo a Apartadó, según le comentó a su madre antes de salir. La joven tenía problemas de motricidad desde su nacimiento y caminaba con dificultad, pues un lado de su cuerpo (brazo y pierna) no se había desarrollado normalmente. La información que la Brigada entregó a los medios y fue difundida por éstos, presentaba a Marlobe como “guerrillera muerta en combate”, reproduciendo así toda la tramoya del FALSO POSITIVO, a pesar de que el Gobierno asegura que ha erradicado ese método criminal. Incluso existen dudas sobre las verdaderas circunstancias de la muerte del guerrillero, ya que al parecer fue baleado por la espalda y no propiamente en actitud bélica.

Este mismo lunes 20 de febrero de 2012, hacia las 15:00 horas, miembros de la Comunidad de Paz se desplazaban en compañía de una delegación internacional procedentes de varios países hacia la vereda Mulatos, con el fin de participar en los actos conmemorativos de la masacre del 21 de febrero de 2005. Por petición del campesino Héctor Emilio Guerra Tuberquia a quien los militares le habían retenido ilegalmente sus documentos de identidad el día 10 de febrero, la delegación se acercó a un grupo de militares que se encontraban en el sitio El Barro, para solicitarles la devolución de los documentos del señor Héctor Emilio. Los militares manifestaron reconocer el error de retener los documentos, sin embargo afirmaban que “lo hacían por seguridad”. Después de varios minutos de espera, llegó el Capitán a cargo de la tropa, enfurecido contra la Comunidad y no se quiso identificar como tenía que hacerlo por ley; afirmaba que él hacía lo que quería y le hizo tomar fotografías, en forma ilegal, a los que estaban allí de la comunidad. Después de varios minutos hicieron entrega al señor Héctor de los documentos de identidad. El Capitán se negó a discutir con la delegación allí presente y le dio la espalda cuando le recordaron que si estaban allí era para conmemorar la horrenda masacre que el Ejército había perpetrado siete años antes, en las veredas Mulatos y la Resbalosa, en unión con paramilitares. Enfurecido porque la memoria aún estaba viva, se retiró de la escena.

El día jueves 23 de febrero de 2012, un paramilitar en traje de civil y con arma corta, quien se movilizaba en motocicleta, entró al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda las Claras, allí pregunto por el paradero de algunos líderes de la comunidad quienes no se encontraban en el momento, después de esto el paramilitar se fue hacia la vereda La Osa, lugar donde hacen una fuerte presencia permanente.

Nuevamente agradecemos la solidaridad de tanta gente en muchas regiones de Colombia y en otros países del mundo, quienes no se cansan de reclamar justicia frente a la multitud de crímenes con los que el Estado colombiano ha tratado de aniquilarnos. Sabemos que sus principios éticos son insobornables y que no descansarán hasta que la humanidad haga justicia frente tanta perversidad.