Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
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La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra
Una comunidad rural en resistencia pacífica frente al Estado victimario
Luis Alberto Matta / Domingo 21 de octubre de 2007 / English / français
 

Dedicado a la memoria indeleble de Leonardo Posada, congresista de la Unión Patriótica asesinado en Barrancabermeja el 30 de agosto de 1986.

El 31 de octubre de 2001, en campaña presidencial, Álvaro Uribe Vélez se reunió con “Fremio Sánchez Carreño, alias Esteban”, un jefe paramilitar de Barrancabermeja. En esa y otras reuniones, el futuro presidente Uribe arregló compromisos ocultos con terratenientes, comerciantes y políticos locales de dudosa reputación.

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Uribe with paramlitary leader Fremio Sánchez Carreño in Barrancabermeja.

Aunque más del 75% de los Barranqueños se abstuvo de votar en esas turbias elecciones, la derecha fascista celebró el triunfo de Uribe, anunciando que había llegado el momento de extender su dominio a las áreas rurales. Poco después, en la primera semana de Diciembre del 2002, el presidente ordenó una descomunal operación militar contra la región agraria del Valle del río Cimitarra. Dicha ofensiva, aún en marcha, tiene un objetivo específico: desarticular y/o destruir la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra.

Desde entonces, la ACVC ha padecido un escandaloso cerco criminal, que incluye la destrucción de sus proyectos productivos, fumigación con glifosato de los cultivos de pancoger, molinos y cooperativas incendiadas, viviendas saqueadas, detenciones arbitrarias, crímenes selectivos, bloqueo alimentario, violaciones, hurto de ganado y otras clases de pillaje y violencia.

Sin embargo, Uribe lo que hizo fue profundizar una estrategia iniciada por su antecesor Pastrana, quien asesorado por mercenarios del Plan Colombia, ya había ordenado la “Operación Bolívar” en Abril de 2001. Aquella agresión fue diseñada en la V Brigada del Ejército, y liderada por el general Martín Orlando Carreño Sandoval, a quien se acusa de haber seguido los pasos del general Harold Bedoya, consolidando la expansión narco-paramilitar en todo el Magdalena Medio, incluyendo San Vicente de Chucurí, El Carmen, Sabana de Torres, Simití, Puerto Wilches, y extender sus dominios al Norte de Santander, principalmente a la ciudad de Cúcuta y la región del Catatumbo, escenario de pavorosas masacres.

No se borra fácilmente de la memoria otros episodios de gran tristeza para los Barranqueños, como lo fueron las masacres del 23 de septiembre de 1999 y el 22 de enero del 2000, escandalosamente justificadas por el comandante de la policía, coronel Martínez Santamaría.

Así fue como el área urbana de Barrancabermeja, considerada la capital política del Magdalena Medio, cuna de la izquierda y de memorables luchas obreras y populares, quedó bajo el dominio paramilitar. Los sindicatos y organismos de ddhh se opusieron valientemente, destacándose la USO, la Organización Femenina Popular y Credhos. No obstante, esas y otras organizaciones perdieron influencia entre la población civil amenazada, y casi todos los esfuerzos fueron inútiles para impedir el avance paraco, pese al acompañamiento internacional, semejante al que ofrecen en áreas vecinas los Equipos Cristianos de Acción por la Paz.

En medio de la tragedia, otros proyectos sociales, obviamente no ligados a la izquierda, han logrado avanzar casi sin contratiempos. Uno de ellos, es el ‘Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio’, que recibe financiación del Banco Mundial y es controlado por sectores de la iglesia. El pdpmm se desarrolla en 30 municipios de la región hace casi dos décadas, incluyendo el sur de los departamentos de Bolívar y Cesár.

Si bien es cierto que durante el gobierno de Pastrana, y el primer periodo de Uribe se consolidó el dominio paramilitar de Barranca, también lo es, que el proceso fue iniciado en el gobierno de Ernesto Samper. Recordemos como el 16 de mayo de 1998, burlando “misteriosamente” retenes policiales y militares, tres camionadas de paramilitares ingresaron Al casco urbano, y con toda libertad torturaron y asesinaron siete personas, y secuestraron otras 35 en su mayoría jóvenes, los cuales fueron desaparecidos. Esta carnicería, aún en la impunidad, fue ejecutada por los mismos ahora pretenden consolidar el proceso en la región campesina.

¿Cuáles fueron los acuerdos que Uribe pactó en aquellas misteriosas reuniones electorales? ¿Por qué tanta furia del presidente contra esa región agraria? Por ahora, en la violenta arremetida terrorista contra la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, encontramos algunas respuestas.

Compuesta por colonos, perseguidos políticos, sobrevivientes de la Unión Patriótica, expropiados y desplazados por la violencia paramilitar en regiones vecinas, la ACVC fue fundada en Diciembre de 1996, y hoy constituye un reducto de resistencia pacífica y popular, contra la estrategia terrateniente y paramilitar del régimen.

Fue fundada poco después de las extraordinarias marchas campesinas e indígenas que estremecieron a Colombia en Agosto y Septiembre del 96. Siete regiones, desde la Amazonía y los llanos orientales hasta la zona Andina, incluyendo el Sur de Bolívar y el Magdalena Medio, fueron escenario de aquellas protestas. La represión estatal fue feroz, y se ignoraron los reclamos de tierra, inversión rural, protección de la economía campesina y alimentaria, educación y salud pública, substitución concertada de cultivos de coca, y solución política del conflicto social armado interno.

Ante la negativa del gobierno, la ACVC inició por su cuenta la búsqueda de alternativas, echando mano a la creatividad, a la relación con organismos de cooperación para el desarrollo, y poniendo en marcha un brillante proceso organizativo, que incluye un elevado nivel de educación política.

La primera vez que encontré personalmente a campesinos de la ACVC, fue a comienzos del año 2000 de camino a una reunión política. Un grupo bullicioso de lugareños, entre los que iba un dirigente de la USO, llegaron a contratar un viaje expreso en el lugar donde esperaba transporte, y espontáneamente me invitaron a completar el cupo de la camioneta.

Uno de ellos no alcanzó espacio en la doble cabina, y en medio de burlas alegres se acomodó a mi lado en la parte trasera del auto. Pasados 20 minutos, y luego que cruzamos el retén militar de rigor, el compañero de viaje comenzó a entonar trovas populares a pulmón entero, incluyendo una que otra canción de protesta. Me hizo algunas preguntas, y cuando descubrió que íbamos al mismo evento, en palabras sencillas me compartió varias opiniones fundamentadas sobre la situación del país, revelando de inmediato una asombrosa lucidez política. Supe que se llamaba Miguel Huepa, y que hacían parte de una delegación campesina del Cimitarra.

Según el testimonio de César Jerez, uno de sus integrantes, y cofundador de la agencia de noticias “Prensa Rural”, la ACVC nació al calor de las luchas campesinas. La ACVC está compuesta por más de un centenar de juntas comunales y agrarias distribuidas en cinco municipios: Yondó (departamento de Antioquia), Cantagallo y San Pablo (departamento de Bolivar), Remedios (departamento de Antioquia), y el puerto petrolero de Barrancabermeja (departamento de Santander).

En palabras de Miguel Cifuentes, uno de sus líderes y agrónomo de profesión, “en la asociación anida una profunda iniciativa política y una extraordinaria capacidad humana”. “Su territorio es codiciado y estratégico” agrega sin rodeos. Y la verdad es que su territorio está circundado por fuentes de agua, zonas de explotación de petróleo y oro, bosques y selvas ricas en biodiversidad, ríos, y numerosas quebradas de gran riqueza pesquera, zonas de ladera fértiles para la agricultura tradicional y alimentaria, y cerca de 27.000 pobladores vigorosamente cohesionados por su propuesta de organización popular y democrática. Su propósito central es trabajar por un desarrollo social y ambiental sostenible, y por la defensa integral de los derechos humanos.

Quienes integran la ACVC expresan con orgullo un bellísimo sentido de pertenencia. En un par de ocasiones tuve la fortuna de compartir algunas semanas con gente de la asociación, y entre las propuestas más sorprendentes e imaginativas que conocí, está el proyecto de “preparación y alistamiento del recurso humano y logístico, para el manejo de proyectos productivos en el Valle del río Cimitarra”. Por algo sus líderes son visionarios, saben vivir y aplicar la solidaridad, son alegres y disciplinados, y siempre piensan más allá de su región. Alguna vez en Bogotá, vi como Andrés Gil seleccionaba y comparaba libros de sociología, movimiento agrario, cuestiones ambientales y literatura, mientras comentaba feliz acerca de la posibilidad de ampliar el plan de estudio para sus comunidades.

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Andrés Gil. Photo: D.R. 2007 International Peace Observatory

Durante una gira escuché a Andrés Gil y Luis Carlos Ariza, cuando exponían con absoluta sencillez los interesantes avances y dificultades en proyectos como el acueducto veredal de Puerto Matilde, el mejoramiento de vivienda en zona rural de Yondó y Remedios, la ganadería multipropósito de búfalos, cultivos de caña e implementación de trapiches artesanales para producir panela, cultivos de arroz e implementación de una trilladora, la cooperativa comercializadora, y el programa médico sanitario, entre otros. Estos proyectos han sido financiados por programas de Naciones Unidas y préstamos bancarios, y algunas veces con recursos municipales, como parte de pliegos campesinos.

El éxito organizativo y económico, y la consolidación de la red de derechos humanos del Valle del río Cimitarra, así como la implementación del sistema de alertas tempranas, han desatado el odio de la ultraderecha. Las huestes paramilitares no toleran la existencia de semejante ejemplo de desarrollo rural, y menos, que la ACVC haya propuesto crear en su territorio una Zona de Reserva Campesina. Saben que aunque de tiempo atrás han ultrajado las bases sociales de la ACVC, y han asesinado a numerosos líderes como Diómedes Playonero, Orlando Triana Moncada, Carlos Ramírez, y Nelcy Cuesta, entre otros, la dignidad y las iniciativas de la asociación se mantienen.

Sin arredrarse, en los tres últimos años la ACVC ha estrechado vínculo con diversas facultades universitarias, estimulando el interés de los estudiantes en las problemáticas del campo. Hoy están en curso iniciativas interesantes y novedosas, como la campaña de protección de las babillas y tortugas del río Cimitarra, el proyecto integral de protección de bosques, y la anunciada campaña internacional contra la multinacional Monsanto.

El gobierno de Uribe, visiblemente enojado, desata una nueva ola de atropellos, y el pasado 29 de septiembre de 2007, previo a la movilización convocada por la Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares de Colombia, ordena detener a varios de sus líderes. El DAS y comandos del Ejército proceden en Cantagallo y Barrancabermeja contra la ACVC. No olvidemos que el DAS es la policía política del gobierno, cuyo jefe anterior está acusado de coordinar crímenes de sindicalistas.

La detención de Andrés Gil, Oscar Duque y Evaristo Mena, sucedió en la vereda El Cagüí, Ciénaga de San Lorenzo del municipio de Cantagallo, cuando participaban en una reunión con la comunidad. Los agentes del gobierno hicieron disparos para amedrentar a los asistentes. Posteriormente, los dirigentes campesinos fueron transportados en helicópteros a diferentes instalaciones militares, y son tratados como prisioneros de guerra. El mismo día, un comando de asalto allanó la oficina regional de la ACVC en Barrancabermeja, mientras en otro lugar de la ciudad detenían a Mario Martínez, otro de los líderes agrarios de esa región del Magdalena Medio.

Es la venganza del gobierno y sus seguidores contra una organización civil y pacifista. Marca el avance de los acuerdos que Uribe firmó con los políticos corrompidos del Magdalena Medio, y tal vez con paramilitares como “Fremio Sánchez Carreño, alias Esteban”, subalterno de Ramón Isaza, que buscan copar el área rural, como ya lo hicieron en la parte urbana de Barrancabermeja y municipios aledaños.

El espíritu de resistencia de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, su filosofía progresista y favorable a la paz, el abierto respaldo al acuerdo humanitario, y los principios político-organizativos que la fundan, son factores abiertamente contrarios al proyecto neoliberal y guerrerista de Uribe Vélez.

Debemos alertar a la comunidad internacional, y denunciar al gobierno fascista, victimario y mafioso, hasta que detenga su dispositivo de terror y muerte. Libertad inmediata para los compañeros de la ACVC.