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Los “Pactos” de la parapolítica en la Costa Caribe
El CTI de la Fiscalía espera la captura de por lo menos 70 personas por la suscripción de los Pactos con paramilitares
Martha Martínez / Martes 15 de mayo de 2012
 

Los nexos de algunos dirigentes políticos de la costa con grupos paramilitares tienen hoy bajo la mira del CTI a no menos de 70 personas que podrían ser capturadas en las próximas horas. La firma en el año 2000 del pacto de “Chivolo” y en el 2001 del pacto de “Pivijay”, hacen parte de un capitulo del conflicto del país que no termina de escribirse. Ambos acuerdos buscaron favorecer a funcionarios públicos, políticos y particulares para acceder a cargos de elección popular a comienzos de la década pasada.

Sorpresivamente el Cuerpo de Investigaciones de la fiscalía (CTI) inició desde este domingo una redada en la que busca capturar a un grupo de dirigentes políticos de la costa a quienes se les acusa de haber tenido nexos con los paramilitares. En las últimas horas se logró la detención de seis exconcejales de Algarrobo y Salamina, mientras que otro grupo logró huir de las autoridades.

La mayoría de políticos investigados se encuentran en los municipios de Chivolo, Plato, Nueva Granada, Tenerife, Pedraza, Ariguaní, Sabanas de San Ángel, Zapayan, Salamina y Pivijay en el departamento del Magdalena.

El pacto de Chivolo

El 28 de septiembre de 2000 en el corregimiento de La Estrella municipio de Chivolo, se realizó la primera reunión política organizada por el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, hoy extraditado, para oficializar el apoyo a la candidatura a la gobernación del dirigente liberal José Domingo Dávila Armenta. Al encuentro fueron citados políticos del orden departamental y municipal entre ellos concejales y 13 candidatos a las alcaldías. Cifras de las autoridades dan cuenta que en total asistieron cerca de 400 personas.

En dicha reunión se escogió como candidato a la gobernación del Magdalena a quien meses después resultó electo. También a los aspirantes a la Asamblea y a las Alcaldías y Concejos municipales de Plato, Tenerife, Pedraza, Chivolo, Nueva Granada, Ariguaní, Remolino, Sabanas de San Ángel, Zapayán, Salamina, Pivijay, Concordia, Cerro de San Antonio, Algarrobo y El Piñón, que también fueron los ganadores en las los comicios de octubre de 2000.

En el documento “Pacto de Chivolo”, los asistentes afirmaron hacer parte de “La Gran Convención del Movimiento de la Provincia Unida para una mejor opción de vida”, orientado a definir el candidato a la gobernación a través de una amplia política de integración departamental.

El Pacto de Pivijay

Fue en el 2006 a través de la incautación de un computador portátil en la finca Nueva Roma, en el municipio de San Ángel en el departamento del Magdalena, que la Fiscalía pudo conocer del Pacto de Pivijay, suscrito en el 2001. La información que se extrajo de la PC dio cuenta del acuerdo político firmado por aspirantes al Congreso con diputados y alcaldes del Magdalena, para hacer una especie de preacuerdo electoral que les garantizaría las curules en el Congreso de la República a los amigos del entonces paramilitar “Jorge 40”.

El texto de cinco páginas estaba firmado por los congresistas Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra Sierra y Gustavo Orozco; el diputado Fernando Mozo Ortiz y seis alcaldes, además de la firma de “Jorge 40”. El documento establecía que los dineros obtenidos por la reposición de votos de los candidatos elegidos debían destinarse a la construcción de una obra del municipio que saliera elegido por sorteo.

El poder de Jorge 40

Por esa época, los paramilitares eran la fuerza política de la región, tanto así que nadie se negaba a cumplir las citas que convocaba “Jorge 40”, comandante del bloque Norte, siempre a través de su delegada conocida con el alias de “Sonia”.

El poder de Jorge 40 fue de largo aliento, pasaba revista a cada uno de los acuerdos políticos y establecía las sanciones que consideraba oportunas a quienes no le cumplieran.

Hasta julio pasado, las investigaciones sobre la firma de los pactos de Chivolo y Pivijay parecían haber quedado en el archivo de la Fiscalía, pese a los campanazos que en su momento dio la entonces senadora de La U Gina Parody.

En el 2008 Parody envió una carta al fiscal de la época, Mario Iguarán en la que llamaba la atención sobre la falta de gestión de la Fiscalía en la materia, y aunque en principio generó una fuerte controversia con el Fiscal, poco después ordenó la recomposición de los equipos investigadores y activó los expedientes que estaban paralizados.

Hoy el CTI vuelve a tomar las riendas del proceso luego de que el nuevo fiscal, Eduardo Montealegre anunciara la reapertura de las investigaciones.