Ya son muy numerosos nuestros clamores durante estos 15 años de existencia y de horror. Hemos reclamado a los jefes de Estado que respeten la Constitución y las leyes que han jurado defender; que respeten la más elemental dignidad humana. Pero todo ha sido en vano. Hemos acudido a la comunidad internacional, pero la diplomacia ahoga muchas veces los principios éticos. Sólo comunidades y personas por el mundo, que aún viven la solidaridad humana, nos acompañan moralmente y reclaman con nosotros sin descanso.

Si pedimos al Estado respeto por nuestra dignidad y por nuestros derechos, nos manda huestes paramilitares que nos rodeen día y noche con amenazas de muerte y exterminio. Si pedimos justicia, nos regala impunidad a granel. Va siempre en contravía de nuestros clamores.

De todos modos seguiremos dejando constancias históricas de los horrores a que nos tienen sometidos, con la confianza en que la historia un día le pedirá cuenta de sus crímenes a quienes han ejercido el poder con fines tan perversos.

 El martes 10 de abril de 2012, el despacho del Procurador General de la Nación remitió a nuestra Comunidad de Paz el Auto Inhibitorio proferido el 12 de octubre de 2011 por el jefe del Ministerio Público ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO, en respuesta a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República (OFI11-000643113/JMSC-33020), de donde se le remitió, al parecer en consulta, la petición que se le hizo al Presidente de no remitir a otros despachos del Estado nuestras peticiones de que el Presidente actúe de acuerdo a sus obligaciones constitucionales y tome medidas administrativas que pongan fin a las cadenas horrendas de crímenes de agentes del Estado contra nuestra Comunidad de Paz. El Procurador Ordóñez se inhibe incluso de asumir investigaciones disciplinarias, pues considera nuestros derechos de petición como escritos “cuyo contenido material no ofrece garantía ni certeza de veracidad y objetividad para desplegar la potestad disciplinaria del Estado (…) quejas presentadas en forma ambigua y difusa [a las cuales] ni siquiera se anexa prueba sumaria”. No le extraña a nuestra Comunidad que para el Procurador Ordóñez nuestras constancias, siempre referidas a hechos concretos verificables, con fechas, sitios, víctimas y circunstancias precisas y con victimarios fáciles de identificar para quien tenga facultades investigativas, sean apreciadas como “ambiguas”, “difusas” y “carentes de veracidad y objetividad”, y que atribuya la carga de la prueba a las víctimas que no tienen facultades investigativas y sufren la amenaza permanente de las retaliaciones de los victimarios, quienes manejan listas enormes de gente que debe ser asesinada, mientras gozan de la tolerancia y protección de todas las instituciones oficiales. Ya el país conoce de sobra el sesgo ideológico del Procurador Ordóñez Maldonado, especialmente pronunciado cuando se trata de investigar o sancionar a miembros de la fuerza pública, verdadera niña de sus ojos, disfrazando sus inhibitorios de argumentos legales insostenibles. Ello explica que nuestra Comunidad haya dejado de recurrir desde hace varios años a la Procuraduría, al comprobar la ineficacia total de sus procesos disciplinarios, sin contar el respaldo dado a los procuradores de la zona, quienes llegaron a extremos de complicidad increíbles, limpiándole la hoja de vida a altos oficiales del ejército, ocultando sus crímenes de tortura con declaraciones remuneradas de sus mismas víctimas.

 El viernes 11 de mayo de 2012, un grupo de paramilitares llegó a la casa del joven Oscar Mario Graciano, en la vereda El Porvenir, del corregimiento de San José de Apartadó. Según le dijeron a su familia, al no encontrarlo en el momento, llevaban orden de asesinarlo y anunciaron, además, que tenían una lista de personas para asesinar. Este hecho obligó a que algunos miembros de la familia se desplazaran de la vereda por temor a las amenazas. Cabe recordar que varios miembros de esta familia ya habían sido detenidos ilegalmente, pocas semanas antes, por los mismos paramilitares, y conducidos a la vereda Playa Larga. A raíz de las denuncias públicas que entonces se hicieron, hubo alguna presencia esporádica de la fuerza pública en las veredas El Porvenir, la Esperanza y Playa Larga, pero la misma sólo ha servido para proteger a los paramilitares y para blindar su accionar
criminal.

 En la segunda semana de mayo de 2012, un soldado que había terminado de prestar su servicio militar en la zona de Nuevo Antioquia, buscó a miembros del Consejo Interno de nuestra Comunidad para compartirles su preocupación, sustentada en su propia experiencia, de que los operativos del ejército estuvieran ya sistemáticamente realizados en compañía de grupos paramilitares, en una proporción de 50% militares y 50% paramilitares. Por supuesto, el ex soldado pidió reserva de su nombre. Sus relatos coinciden con la afirmación de militares que patrullaban en la vereda Mulatos y con la percepción directa de los pobladores de las veredas cercanas a Nuevo Antioquia, que en los últimos meses han visto contingentes de varios centenares de paramilitares que se desplazan por la zona sin preocupación alguna por el control del ejército.

 El domingo 13 de mayo de 2012, hacia las 20 horas, John Freddy Úsuga, miembro de nuestra Comunidad de Paz, quien se dirigía de San Josecito a la vereda La Unión, entrando de paso al casco urbano de San José a comprar algunos alimentos, luego de subir éstos a la bestia los militares lo obligaron a bajar nuevamente los alimentos para requisarlos. Él se negó a dejarse requisar porque al momento de la compra los militares estaban presentes. En medio de la discusión con los militares, uno de ellos disparó el arma de dotación a los pies de John Freddy.

 El domingo 27 de mayo de 2012, hacia las 10:00 horas, llegaron dos paramilitares al casco urbano de San José en un taxi, allí entraron a un establecimiento público, bebieron licor y luego de dos horas sacaron sus armas y las colocaron sobre una mesa, y dijeron ante los
allí presentes que asesinarían a personas de la zona, pues tenían lista en mano y habían coordinado todo con la fuerza pública. En esta ocasión los sujetos confesaron haber participado en varias ocasiones en incursiones y masacres contra la Comunidad de Paz en años anteriores, y afirmaron que ellos asumían, a partir de la fecha, el control del corregimiento de san José de Apartadó, tal como lo hacen en nueva Antioquia. Algunas personas del caserío, atemorizadas por lo que estaban viendo y oyendo, dieron aviso a la fuerza pública, la cual hizo presencia en el establecimiento y sometió a requisa a los paramilitares, encontrándoles las armas cortas que habían exhibido y una tula con armas largas, uniformes de camuflado y botas. Después de esto, militares y policías fueron vistos departiendo amigablemente con los dos paramilitares en un pequeño restaurante de la localidad. Al fin, fueron puestos en libertad y enviados de regreso a Apartadó en el mismo taxi en que habían llegado.

 El lunes 28 de mayo de 2012, hacia las 11:00 horas, subieron de nuevo al caserío de San José, en un taxi de servicio público, los dos paramilitares que habían sido vistos el día anterior bajo la protección de la fuerza pública, recorrieron el caserío en varias ocasiones y se
encontraron nuevamente con la fuerza pública acantonada allí en ese casco urbano. Después de esto, regresaron de nuevo a Apartadó sin que la fuerza pública hiciera nada. Los días martes 29 y miércoles 30 de mayo, subieron al mismo caserío cuatro paramilitares motorizados quienes estuvieron allí por varias horas sin que fueran retenidos por la fuerza pública.

 El viernes 1 de Junio de 2012, fue visto por los campesinos un grupo paramilitar de 20 personas fuertemente armadas en el corregimiento de Piedras Blancas, al parecer procedentes del Chocó, quienes recorrieron las veredas Belencito, Unión-Carepa, Miramar, Cristalina, La Linda y luego el caserío de San José de Apartado el sábado 2 de Junio, donde fueron recogidos por los militares y transportados en un camión hacia el corregimiento de Nuevo Antioquia (Turbo), donde existe una muy antigua y enorme base paramilitar.

 El miércoles 4 de junio de 2012, un grupo de paramilitares que patrullaban cerca al asentamiento de San Josecito, abordaron a un miembro de la Comunidad de Paz con un álbum de fotos de personas de la zona; allí le preguntaron si era de la Comunidad de Paz y si en ella había muchos milicianos; dijeron que ellos tenían información de que la Comunidad era una manada de guerrilleros y milicianos.

 El martes 5 de junio de 2012, la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de Antioquia, mediante Acta No. 38 aprobada en la fecha, confirmó parcialmente la sentencia absolutoria emitida por la Jueza Segunda del Circuito Especializado de Antioquia, CATALINA RENDÓN HENAO, el 4 de agosto de 2010, en favor de 10 militares que habían participado en la horrenda masacre de las veredas Mulatos y Resbalosa, el 21 de febrero de 2005, en la cual fueron asesinados con extremos grados de sevicia 4 menores de edad y 4 adultos, entre ellos el líder histórico de nuestra Comunidad de Paz, Luis Eduardo Guerra. La Magistrada YAMIL CYLENIA MARTÍNEZ RUIZ, quien hizo sala con los magistrados EDILBERTO ANTONIO ARENAS CORREA y NANCY ÁVILA DE MIRANDA, modificó en parte la sentencia de primera instancia y condenó a 34 años de prisión a 4 de los militares implicados –dos tenientes, un subteniente y un sargento- quienes comandaban algunas de las compañías o pelotones participantes en el crimen, pero absolvió a los más altos oficiales del Batallón Vélez, alegando que no estaba plenamente probado su conocimiento y asentimiento a la actuación conjunta con los paramilitares, así como a los soldados que no tenían mando, supuestamente por no poder oponerse al crimen. Tanto la Jueza como la Magistrada seleccionaron arbitrariamente los testimonios que quisieron tener en cuenta y desecharon los no quisieron, sin atender a lo que la lógica más elemental de los hechos mismos evidenciaba. La Magistrada corrigió la aberrante postura de la Jueza, quien había sostenido que exigirle a los militares enfrentarse con los paramilitares, ya fuera deteniéndolos, ya atacándolos militarmente, equivalía a exigirles poner en riesgo sus vidas mediante actos heroicos que no son exigibles. En contra de estos conceptos, la Magistrada sostuvo que la sola decisión de actuar conjuntamente con grupos de por sí dedicados al crimen, constituye una aceptación anticipada de coparticipación en los crímenes. Sin embargo, la sentencia de segunda instancia exonera a los comandantes del Batallón Vélez, a pesar de estar probada la coordinación a alto nivel con las estructuras paramilitares de la zona y la inclusión de elementos paramilitares en el operativo, seleccionados y enviados desde la Brigada. El manejo selectivo y amañado del testimonio, que constituye el más generalizado “talón de Aquiles” del putrefacto sistema judicial colombiano, brilla escandalosamente en este proceso, al igual que la aceptación del ardid que combina documentos escritos legalmente impecables con órdenes y comunicaciones verbales y clandestinas que garantizan la efectividad impune de los actos criminales. Tanto las Jueza como la Magistrada se negaron a involucrar a quienes tenían el control operacional al más alto nivel, como los generales Fandiño y Zapata, quienes se alternaron por esos días en la comandancia de la Brigada 17; el General Mario Montoya, Comandante de División, quien ordenó incluir a los paramilitares bajo la fachada de “guías”; el Coronel Néstor Iván Duque, quien según el testimonio de sus mismos compañeros de armas fue el hombre clave de la operación, tanto por delegación explícita como por ser el mejor conocedor de la zona; el General Carlos Alberto Ospina, quien junto con el Ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe y el Vicepresidente Francisco Santos, hicieron los más grandes esfuerzos por encubrir la masacre, buscando testigos falsos para atribuírsela a las FARC, utilizando incluso dineros de reconocidos narco-paramilitares. Esta sentencia ingresa, pues, en la galería de los monumentos más atrevidos a la impunidad. Por ello fue apelada en casación ante la Corte Suprema y remitida a la Corte Penal Internacional, como un testimonio más entre millares, que evidencian que el Estado colombiano no quiere hacer justicia frente a los centenares de crímenes de lesa humanidad perpetrados contra nuestra Comunidad de Paz.

 El miércoles 13 de Junio de 2012, un grupo de 200 paramilitares llegó a la vereda El Porvenir, amanecieron allí, y luego se distribuyeron entre las veredas El Porvenir y La Esperanza. Campesinos de estas veredas han visto aterrizar helicópteros que llevan provisiones a los paramilitares. Este grupo paramilitar aún se encuentra acantonado en la vereda La Esperanza donde fue visto por observadores internacionales en el momento en que abordaron a un miembro de la Comunidad de Paz, quien se encontraba participando de una actividad familiar. Allí le preguntaron sobre las actividades de la Comunidad y de los
acompañantes internacionales. En tono burlón los paramilitares decían que si la Comunidad iba a denunciar ante la Brigada militar y ante el General de la Brigada la presencia de ellos allí en la Esperanza, para tratar de echarlos de allí, que no se equivocaran, ya que ellos tienen todo coordinado con la fuerza pública para quedarse en la zona y les estarían viendo la cara constantemente a los pobladores. También preguntaron por los límites de la zona humanitaria de la Comunidad de Paz y que por qué no está cercada con alambre, como la de Cacarica en el Chocó. Este día, varios campesinos de la zona fueron fotografiados ilegalmente por los paramilitares, entre ellos, el joven John Jairo Cardona Graciano. Dentro de este grupo paramilitar han sido reconocidos algunos paramilitares que son de la zona, como alias “Tribilín”, alias “Chibirico”, alias “Majute”, alias “Tierra”, alias “Fabio”, desmovilizados de las FARC, los cuales estuvieron domiciliados en la Brigada XVII y
ahora aparecen integrados a las tropas paramilitares.

 El lunes 18 de junio de 2012 se comenzó a apreciar un enorme incremento de presencia paramilitar en las veredas El Porvenir y La Esperanza. Según los cálculos de los pobladores, el número de paramilitares puede ascender a 400. En la vereda La Esperanza se ha asentado un grupo de 100 de ellos, quienes acampan actualmente en los terrenos de nuestra Comunidad de Paz desde el 13 de junio. Desde allí salieron 3 paramilitares hacia la casa de un miembro de nuestra Comunidad en búsqueda de un campesino de la zona para asesinarlo. No damos su nombre porque lo buscan para matarlo en cualquier parte. El 17 de junio lo estuvieron buscando en otras viviendas y luego lo esperaron durante varias horas en su propia vivienda, conminando a los vecinos a que no fueran a denunciar la presencia paramilitar. En el área se encontraban acompañantes internacionales quienes tuvieron conocimiento de los hechos.

 El miércoles 20 de junio de 2012, hacia las 16:30 horas, un grupo paramilitar ocupó la finca de la familia Graciano en la vereda El Porvenir. Al llegar a la casa de Don Fabio Graciano, preguntaron por las personas que unas semanas antes ellos habían raptado y llevado hasta la vereda de Playa Larga. Al no encontrarlas allí, insultaron a Don Fabio y lo amenazaron conminándolo a desplazarse, afirmando que, si no lo hacía, en la próxima visita serían asesinados él y su familia.

 En los últimos días ha habido varios enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla, entre ellos un hostigamiento guerrillero contra la base militar de San José el día miércoles 13 de junio de 2012. Dicha base y la de la policía están en medio de la población civil, desacatando las prescripciones de la Corte Constitucional en su Sentencia T-1206/01 al poner en alto riesgo el derecho a la vida, a la integridad y a la propiedad de los pobladores civiles y acarreando sobre ellos formas de violencia sobrevinientes. Se dieron también enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros el día sábado16 de junio de 2012 en la vereda La Cristalina del corregimiento de San José, según información de campesinos residentes de la vereda. Si se tiene en cuenta toda la protección y unidad de acción entre militares y paramilitares que se denuncia en los párrafos anteriores y que se ha denunciado sin interrupción durante los últimos 15 años, se configura el mismo desacato a la sentencia citada de la Corte Constitucional.

Nuevamente agradecemos a las numerosas personas y grupos de diversos países que nos brindan su apoyo moral insobornable y manifestamos nuestra decisión de continuar defendiendo nuestros principios y denunciando la barbarie de este Estado, violador de los más elementales derechos del ser humano.