Todo parece indicar que la ley de tierras y desarrollo rural anunciada para la próxima legislatura se quedará en titulares y ni siquiera llegará a la fase de ’micos’ y ’orangutanes’ que han merecido las reformas de la justicia o del autodenominado "marco de justicia transicional para la paz".

El Presidente ha presentado sus iniciativas de tierras como parte de una "revolución agraria", pero lo cierto es que en materia de restitución la locomotora no arranca y solo se esperan realizaciones para mediados del 2013. Al Ministro le fracasó el llamado Plan de Choque, que pretendía restituir predios antes de la aprobación de la Ley 1448 de 2011 y, como anunció en el debate en el Senado, las cuentas comenzaron de nuevo en cero y solo se comprometen a ir tramitando las solicitudes inscritas desde la sanción de la Ley. Esto significa que desconocen las metas del Plan de Desarrollo y los 358.937 registros de predios abandonados que inscribieron las familias obligadas a dejar sus bienes, equivalentes a 8’348.366 hectáreas, en diciembre del 2010, según cifras del Programa de Protección de Tierras, adscrito ahora al Minagricultura (ver documento en www.indepaz.org.co). A la fecha, se puede hablar de una lista en poder del gobierno de 400.000 predios, con identificación del reclamante, correspondientes a más de nueve millones de hectáreas. Y en los enredos de la tramitología y el borrón y cuenta nueva anunciado por Juan Camilo Restrepo, en este gobierno no se llegará al 15 por ciento de ese universo en restitución de los derechos y tampoco pasará del 5 por ciento el retorno efectivo de los desterrados a la producción en sus predios sin ningún pleito pendiente.

La respuesta en trámites, según demandas nuevas, está acompañada de muchos mecanismos de desestímulo, especialmente para ese 85 por ciento de desterrados que son microfundistas o pequeños propietarios. A la inoperancia administrativa y la lentitud judicial se le agregan las realidades de violencia, testaferros, grupos armados; tenedores disfrazados de buena fe que pululan en los territorios reclamados.

El proyecto de ley de tierras y desarrollo rural fue entregado solo en borrador hace unos meses para iniciar las consultas previas con los grupos étnicos, tal como ordena la Constitución. Pero esas consultas no han arrancado en buena parte por la pretensión del gobierno de hacer procesos rápidos y de cúpula, retrocediendo incluso frente al método que se practicó con éxito en la consulta del decreto ley sobre derecho de las víctimas indígenas, afro y rom. Además de estos líos por evasión de los procedimientos democráticos, el proyecto está lejos de ser revolución o reforma agraria. La gran paradoja es que, en lugar de enfocarse al acceso de los campesinos a buenas tierras y recursos productivos, esa ley busca facilitar la concentración del uso de la tierra por la vía de facilitar la formación de megapredios, por compra o arriendo. En esta línea se introdujeron los contratos de uso en la Ley 1448 de 2011 y se propone ahora consagrar el "derecho real de superficie", que acaba con el derecho a la propiedad del suelo. Con la reforma a la Unidad Agrícola Familiar, aprobada en el Plan de Desarrollo, ya se avanzó en esa dirección para permitir el lavado o saneamiento de grandes predios basados en compra u ocupación de buena fe de fincas entregadas a colonos en las últimas dos décadas. Así se anima la reconquista de la Orinoquia.

Para el 35 por ciento de población rural, la oferta real es migrar a los centros urbanos a cambio de algunos subsidios, incluidos los de vivienda, y para una minoría la salida ofrecida es asociarse con los megaproyectos o quedarse como asalariados estacionales. El TLC, con el ingreso masivo de productos agropecuarios subsidiados en Estados Unidos, se encargará del grueso de la política de quiebra de pequeños y medianos productores de alimentos y la desesperanza y la violencia harán el resto.

Los artículos sobre acceso a tierras y garantías a la propiedad colectiva son de alcance limitado en el proyecto. Pero ni estas líneas ni otras que puedan mitigar la crisis de las economías campesinas podrán pasar el filtro de un Congreso dominado por una mezcla de herederos de los ’parapolíticos’ (20 por ciento), maquinarias corruptas de clientela y representantes orgánicos de los latifundistas, agroindustriales y mineros. El ministro Juan Camilo Restrepo no ha podido contrarrestar la ofensiva minera en contra de la agricultura. Así que el futuro de la revolución rural de Santos está más crudo que la reforma de la justicia, que terminó al servicio de la ’parapolítica’ y la impunidad. Y se le está acabando el tiempo a la prosperidad santista.