En la actualidad es evidente la crisis del mundo contemporáneo. El modelo de producción imperante, dada su lógica del lucro y particularismo, ha degenerado el ideal ilustrado de libertad, fraternidad e igualdad, en justificación criminal de la voracidad del capital. El cambio climático, las convulsiones sociales y políticas, el desplome de las grandes economías, las guerras geopolíticas, la creciente desigualdad social y política (inocultable tanto entre ciudadanos como entre estados), ponen en tela de juicio el status quo.

La incapacidad de un planeta finito para soportar un modo lineal y depredador, ha sido visibilizada incluso por los poderes empresariales transnacionales, quienes tratando de “mitigar” con la nueva cosmovisión de la “economía verde”, no hacen más que disimular su ambición, y revestirla con un manto de responsabilidad y ambientalismo. Este cinismo los hace aún más perversos, pues es evidente que tienen la conciencia de que las cosas no pueden seguir en la misma dirección, pero les falta humanismo para prescindir de su cómoda situación privilegiada (a costa de los demás), y para encaminar su rumbo sobre la base de una reformulación critica del contenido y no solo de la forma.

Colombia —país que nos tocó en suerte— no es la excepción en el panorama mundial. La tradición con la cual se ha gobernado (desde hace más de 200 años) y se sigue gobernando en nuestro país, ha abonado el terreno para que todas las consecuencias perjudiciales del sistema, encuentren un panorama favorable. El discurso y las prácticas neoliberales han tocado nuestras raíces, a un punto tal, que los crímenes más aberrantes contra lo público —entiéndase por ello: La soberanía, el territorio, los recursos estatales, los derechos fundamentales y colectivos, nuestro subsuelo, etc. — son vistos por muchos de sus nacionales, como el ser innato, normal, inmodificable e indiscutible de la forma de hacer las cosas.

Tal situación, ha permitido que los gobiernos de turno pasen por encima del interés general “como Pedro por su casa”. Para la mayoría de los ciudadanos, el que mejor carisma, títulos, y corbatas tenga, es el de mayor favorabilidad y popularidad, sin importar cuán corrupto este sea. De ahí, que en este momento más de la mitad del país, este siendo entregado en concesión minera para minería de cielo abierto, que se acabe con numerosas hectáreas de biodiversidad para construir mega proyectos que sólo favorecen al capital extranjero, y que todo lo que conocíamos como derechos públicos, se conviertan en servicios privados que hay que pagar a un alto costo.
En la maquinaria de lo mundial y de lo nacional, Marinilla (Antioquia) es un pequeñísimo engranaje que se mueve al ritmo impuesto por el sistema. No son ajenas a la realidad de este pequeño territorio del oriente antioqueño, las dinámicas nefastas y mil veces reprochables, del mencionado modo de vida. A continuación compartimos de manera breve con la opinión pública nacional e internacional, un suceso que está causando agitación social y que parece ser el inicio del desmantelamiento de un modo de administrar congruente con la tradición nacional facinerosa.

La ley 388 de 1997 con el fin de dar continuidad a los planes de desarrollo de los entes territoriales, establece la necesidad de construir un “Plan Básico de Ordenamiento Territorial” (PBOT), a corto, mediano y largo plazo, que se fundamente en los siguientes principios:

• La función social y ecológica de la propiedad.

• La prevalencia del interés general sobre el particular.

• La distribución equitativa de las cargas y los beneficios.

Para cumplir con tal disposición legislativa, en Marinilla se sanciona en el año 2000, por el acuerdo 075 el primer PBOT para el municipio. Inicialmente el PBOT contempló la visión de la comunidad, que se encontraba organizada en el Concejo Territorial de Planeación; sin embargo, con el pasar del tiempo los gobernantes de turno, realizaron irresponsables modificaciones, dejando múltiples vacios que dan lugar a diversas interpretaciones y permiten hechos como los siguientes:

La empresa NOPCO COLOMBIANA S.A, fabricante de todo tipo de químicos para Colombia y el exterior, clasificada según el RUT Registro Único Tributario dentro del CIIU (Código internacional Uniforme Como i1 (industria mayor), que se traduce en alto riesgo ambiental y urbanístico, solicita en el año 2010 licencia para asentarse en Marinilla. Su licencia de construcción, de acuerdo a lo estipulado por los usos del suelo dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, debía haber sido negada. Sin embargo, para permitir el asentamiento de la empresa en el Municipio, ésta se auto clasificó con ayuda de los funcionarios de la anterior administración dentro del CIIU i: 2(Industria Pesada), sin tener en cuenta que tal clasificación es proporcionada con base en estándares internacionales y nunca en un criterio subjetivo.

Lo más cuestionable de tal asunto, es que la resolución por medio de la cual se otorga la licencia de construcción a la empresa, data del 9 de junio de 2011, fecha en la que ni siquiera había presentado la certificación de las actividades a desarrollar, y que por ende, no permitía siquiera proyectar el asentamiento de la empresa, pues a no ser de que ya la trampa estuviera planeada, para ese momento no se conocían las actividades que permitieron al señor EDDIER AGUALIMPIA (Ex Secretario de planeación), clasificarlos según su criterio dentro del i: 2 a la empresa. De esta manera NOPCO COLOMBIANA SA, en el presente año finalizó la construcción de la planta, sin siquiera tener la licencia ambiental, requisito indispensable (según el artículo 28 del decreto 2820 de 2010 ), para iniciar cualquier proyecto.
Otro de los asuntos cuestionables, es que la empresa no desarrolló de manera adecuada la socialización del proyecto con los vecinos del predio, y es por esto, que la comunidad solo pudo enterarse pasado más de 1 año, del asentamiento de la empresa en el Municipio.

Vale decir que NOPCO estuvo instalada en el municipio de Bello, y dadas las quejas de la comunidad por malos olores, y el uso de químicos sumamente tóxicos como el Naftaleno , la contraloría de esa localidad, impuso un sinnúmero de controles, que en ultimas terminaron con la negativa de renovar la licencia de funcionamiento de la planta química. Con este antecedente inmediato, la empresa Leonisa —quien provee la mayor producción para una cooperativa de confección de prendas íntimas muy cercana a las instalaciones de NOPCO en Marinilla— afirmó, que si la empresa química empieza a funcionar, se vería obligada a no requerir más los servicios de la cooperativa, pues no asumiría el riesgo de exportar productos contaminados con químicos peligrosos. Esta situación dejaría sin empleo de manera inmediata alrededor de 700 familias. Por otro lado, las tierras circundantes en su mayoría de carácter agrícola, podrían resultar contaminadas perdiendo su función social, y a su vez entrando en una grave minusvalía.

Estos sucesos narrados, y otros proyectos desarrollados de manera cuestionable en Marinilla, como la construcción de una urbanización que destruyó una reserva forestal, la canalización de la quebrada de manera irresponsable y sin tener los predios comprados, el silencio de la actual administración, etc. han llevado a la ciudadanía del municipio a tomar cartas en el asunto. En el ejercicio de la ciudadanía activa, se realizó una conferencia sobre “impactos ambientales y su mitigación” y una movilización masiva con más de 3500 ciudadanos en rechazo a las políticas administrativas imperantes en el municipio. Por ahora se están adelantando trámites para la realización de una audiencia pública, se está recopilando información para posibles acciones legales contra las políticas irresponsables, se están realizando investigaciones sobre la producción de la empresa con apoyo de profesionales de la química, y continua el proceso de movilización, con plantones, cine al barrio y propaganda virtual.