Asociación Campesina del Catatumbo
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El valle del Catatumbo clama para que a sus habitantes les dejen vivir en paz
Actualidad Étnica / Lunes 1ro de octubre de 2007
 

Majestuosas montañas y esplendorosos paisajes conforman la región del Catatumbo, habitada por campesinos e indígenas motilón bari, que a lo largo de la historia han sido sometidos a una brutal represión en su contra, ya sea por la fuerza colonizadora, los actores armados y hasta por la fuerza pública, según denuncia reciente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat). Hoy ven, con mucha nostalgia cómo sus derechos son vulnerados y desconocidos por una sociedad capitalista demasiado ensimismada en sus ansias de poder como para darse cuenta que también valen y cuentan las costumbres, los principios, los valores y el territorio, pues éstos conforman la identidad y la esencia de un pueblo.

La región del Catatumbo está ubicada en Norte de Santander al noroccidente del país y se extiende hasta Maracaibo en la República de Venezuela. En está región no cesan los atropellos contra sus habitantes, quienes decidieron no callar más las injusticias que en su contra y a diario se cometen.

La exploración y explotación de recurso naturales, la incursión de actores armados ilegales: paramilitares y guerrilla, las codicia de los capitalistas por tierras fértiles aptas para la ganadería y la intimidación de la fuerza pública poco a poco han ido desplazando a los bari y campesinos de la región no sólo haciéndoles sentir extraños en su propia tierra, sino también convirtiéndoles en víctimas de: “masacres; tratos crueles, inhumanos y degradantes; detenciones arbitrarias; empadronamientos a la población civil; falsos positivos; ejecuciones extrajudiciales; desplazamiento forzado; bloqueos económicos; señalamientos hacia la población civil por supuestos “reinsertados”; estigmatización del movimiento popular; pillaje; bombardeos indiscriminados, fumigaciones etc.”, denunció en un comunicado reciente la Asociación Campesina del Catatumbo.

Según el Observatorio de DDHH de la Vicepresidencia de la República, “el principal factor generador de violencia en la actualidad, que ha incidido de manera determinante en la degradación del conflicto armado, lo constituye la disputa entre organizaciones armadas al margen de la ley por el control de la zona que representa grandes ventajas estratégicas para los grupos armados ilegales por su localización en la frontera con Venezuela, así como por el paso del oleoducto Caño Limón Coveñas; la producción coquera, las explotaciones carboníferas, de oro, mármol y caliza, la existencia de corredores que comunican el oriente con el norte del país y la cercanía en el norte con la Serranía del Perijá que provee una salida hacia los departamentos de La Guajira, Bolívar y César” [1].

Al Catatumbo le conforman zonas planas, montañosas y selváticas alrededor del río Catatumbo y los municipios de Convención, El Carmen, Hacarí, El Tarra, Tibú, San Calixto, Sardinata, La Playa y Teorama. Estos pueblos hacen parte de esta vasta región hoy asediada por un conflicto armado que cada día se intensifica y arremete contra la población inerme de una Colombia hermosa y cruel al mismo tiempo.

Allí sus habitantes han visto florecer sus esperanzas, esta es su tierra y su alma; porque allí está las bases profundas de su espiritualidad, su legado cultural y su cosmogonía. Allí las mujeres ven crecer sus hijos con la esperanza de que ellos puedan vivir en paz, los hombres forjan su futuro cultivando la tierra, sus frutos se convierten en le sustento y la alegría; a cambio le retribuyen a la Madre Naturaleza sus ofrendas rituales y su compromiso de cuidarla y protegerla.

Paralelo a sus sueños campesinos e indígenas de está región han vivido una “historia marcada por la violencia, la agresión y la usurpación; que en distintos periodos de la historia ha contado con la aprobación del gobierno de turno, ejemplo de ello ha sido la nefasta concesión Barco, firmada el 16 de octubre de 1905 por el presidente Rafael Reyes, en donde se favorecía inicialmente al general Virgilio Barco Martínez y posteriormente a las empresas norteamericanas Mobil Texas y la Tropical Oil Company, con la autorización para usufructuar el petróleo de alrededor de 200 mil hectáreas baldías del Catatumbo por un plazo de 50 años, exento de impuestos y con unas ganancias para el Estado de un paupérrimo 15% de las utilidades líquidas”, recuerda la organización campesina Ascamcat.

Según la organización “esta concesión no sólo favoreció los intereses extranjeros sino también la ocupación y usurpación del territorio y por ende el etnocidio del pueblo barí, pues la estrategia militar auspiciada por el gobierno de Reyes generó la creación de cuadrillas especiales del ejército para contener la fuerza y la resistencia de los indígenas barí y así facilitar la entrada de dichas empresas a regiones inhóspitas y “salvajes” donde se podrían encontrar reservas de petróleo”.

Los hechos que han dejado una huella y que marcaron un cambio en la conformación de nuestra nación, para bien o para mal, muy poco colombianos los recuerdan y por eso somos un pueblo que no aprende de sus errores. Simplemente porque no aplicamos el principio de “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”, en palabras de la historiadora colombiana Diana Uribe.

Otros pueblos aprendieron la lección y han logrado sobrevivir a hecatombes terribles, porque saben que los hechos que hace varios siglos les fueron funestos hoy son la base para conformar la unidad y aferrarse a la vida, a su tierra y a su cultura sólo con el fin evitar que estos hechos sucedan.

Hiroshima y Nagazaki son un ejemplo loable de retomar; estas dos poblaciones fueron exterminadas en el fragor de la segunda guerra mundial, más de 180 mil personas fueron vilmente masacradas al estallar allí las dos bombas atómicas que arrojó Estados Unidos. En un acto de valor y dignidad el emperador de Japón le dijo a su pueblo: “no nos humillaremos ante la derrota y la barbarie; el sol naciente nos iluminara el camino para volver a empezar”. Sin embargo a ellos no se les olvida tan dramática situación; si bien han perdonado no admiten que estos hechos vuelvan a suceder.

Afortunadamente muchos colombianos valerosos y admirables trabajan hoy por la defensa de los derechos humanos y por una vida más digna para todos; entre ellos se encuentran los campesinos, indígenas y afrocolombianos que hoy luchan por reivindicar su derechos por tanto tiempo vulnerados. Gran numero de académicos, activistas sociales, funcionarios honrados, intelectuales, artistas y ciudadanos comprometidos se suman a esta causa.

Los campesinos e indígenas del Catatumbo tampoco han olvidado su historia. Esto les ha permitido “aunar esfuerzos, como sujetos históricos comprometidos en la defensa del territorio y la vida digna, para impedir el saqueo de nuestras riquezas como hace cinco siglos”, manifiestan.

Sin embargo son concientes que no es una tarea fácil, porque: “hoy en día, luego de 100 años, la historia se repite, pero ésta vez, los intereses no sólo se centran en los yacimientos petroleros sino también en las grandes riquezas carboníferas de la región. Actualmente la explotación de carbón representa uno de los mayores intereses en el Catatumbo, ya que se pretende en la zona realizar actividades de exploración y explotación del mineral a cielo abierto, pues las reservas son superiores a las del Cerrejón (Guajira). Las empresas que se encuentran tras este megaproyecto en el Catatumbo son aparentemente dos empresas canadienses, una mexicana y cinco colombianas [2]: Compañía Minera Río de Oro, Compañía Minera La Esmeralda, Promexco, Sopromin, Carbo Fuels and Minerals, Geofisin EU, Prominorte, y, Mora y Mora Multiinversiones Mineras. Las empresas impactarían una zona superior a 25 mil hectáreas, en los municipios de Convención, Teorama, Tibú y El Tarra”.

A la par de la violencia, la incursión paramilitar y guerrillera en su territorios, la militarización e intimidación de la fuerza pública, la exploración y explotación de sus recursos naturales indígenas y campesinos del Catatumbo padecen también los daños que causa la fumigación que destruye sus cultivos. Otro aspecto que denuncia la organización campesina es que se les niega el derecho constitucional a la consulta previa y se tergiversa la información al respecto.

“No se han adelantado procesos de consulta previa ni con indígenas ni con campesinos, todo lo contrario han desinformado y mencionado que las comunidades han autorizado dichas actividades o han recibido dineros. El pueblo indígena narí no participó en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y del Plan de Manejo, toda la información que dan sobre las características de la población indígena son mentiras, desconocen la organización de las comunidades ancestrales, su ubicación, su cultura, sus usos y costumbres”, denuncia la Ascamcat.

Los campesinos e indígenas de esta región del país - tan rica en recursos naturales y forestales, hídricos y gran diversidad de fauna y flora – han dicho que las fumigaciones y el impacto ambiental que genera la explotación carbonífera afecta su vida y su salud. “Afectan también las zonas de reserva forestal, el parque natural binacional, los resguardos indígenas y el territorio tradicional. (Como estrategia para generar desplazamiento y dejarle la vía libre a los intereses de las multinacionales sin importar la vida y dignidad humana del pueblo catatumbero”, manifiesta la organización campesina.

También la naturaleza es vida y también hay que defenderla y respetarla. Indígenas y campesinos del Catatumbo claman para que miles de especies de fauna y flora se conserven ya que el impacto que genera la explotación de carbón está causando destrucción al medio ambiente.

Para los habitantes del Catatumbo “sólo la unidad de acción en los diferentes escenarios que se planteen (sociales, políticos, jurídicos, etc.) podrá impedir que la zona se convierta en un socavón bordeado uniformemente de palma, custodiado por militares y paramilitares, donde todos los recursos y riquezas marchen sobre rieles hacia el extranjero en la repetición sin fin de la historia de nuestro continente: tener la riqueza y no disfrutar de ella, porque así funcionan las estructuras contemporáneas del despojo, ese es el destino que el capitalismo tiene para el campesino y para el pueblo indígena barí”.

Precisamente el fenómeno del paramilitarismo, según la Ascamcat “ha marcado la historia de la violencia en la región con más de cien mil desplazados, más de diez mil muertos y más de 600 desaparecidos. La estrategia paramilitar ha permitido a las transnacionales un control territorial en la región y ha generado el desplazamiento de las comunidades que allí habitan facilitando sus actividades de exploración y explotación de los recursos naturales”. Los anteriores datos los corrobora el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez en igual número estadístico. También la organización jurídica ha entregado varias investigaciones en donde muestran la magnitud del conflicto y las precarias condiciones de vida de los habitantes de esta zona del país a falta de compromiso del estado colombiano en sus programas de atención a la población.

La situación que afrontan los habitantes del Catatumbo la padecen muchas comunidades en otras regiones colombianas. Pero esas situaciones “jamás califican para aparecer en los medios de comunicación”, revela la ultima publicación de la revista Semana. Los grandes noticieros abruman a los ciudadanos con los pormenores de los políticos nacionales y amplias franjas de farándula. La revista Semana en un recorrido por el país nos muestra la Colombia desconocida: “la idea es mostrar una idea mucho más rica y completa de Colombia, de sus problemas que jamás califican para aparecer en los medios, de su riqueza étnica, cultural y natural, que en gran parte explica por qué sigue adelante a pesar del peso de la guerra, la pobreza y la injusticia social que agobian a la mayor parte de sus habitantes” [3].

Los campesinos e indígenas del Catatumbo hacen un llamado a los colombianos para que “creemos una conciencia colectiva en torno a la explotación racional y de beneficio general de nuestros recursos naturales, entendiéndolos como un patrimonio nacional que debe contribuir al desarrollo y del bienestar social colombiano”. El temor crece porque “los fuertes intereses que se proyectan en el Catatumbo hacen creer que se recurrirá nuevamente al terror como mecanismo que permita la implementación de los megaproyectos, las fumigaciones indiscriminadas, la fuerte militarización y los altos niveles de crecimiento de los grupos paramilitares en la zona son un síntoma de lo que se puede presentar y que ya en épocas anteriores vivimos los catatumberos”, manifestaron organizaciones indígenas y campesinos de la región.

[2Estas últimas integran el consorcio Carbofising Ltda.

[3Revista Semana, edición 1330. Edición especial 25 años, Colombia desconocida