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La guerra del Putumayo
Continúa irresuelta la grave situación humanitaria de la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica
 

Durante las últimos meses se han recrudecido las acciones militares en el bajo Putumayo, en el marco de la operación conjunta “Espada de Honor”, en la que participan efectivos del ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía nacional.

La operación “Espada de Honor” se implementó aquí, porque según los análisis del gobierno el 92,8% de las acciones guerrilleras se ha concentrado en 10 zonas del país, una de ellas, el bajo Putumayo. El propósito de los estrategas militares, según lo han expresado, es reducir la capacidad de las Farc en un 50% en los próximos dos años. Algunos funcionarios militares han manifestado que es necesario dejar atrás el triunfalismo del “fin del fin de las Farc ”, en boga durante la “seguridad democrática” de Uribe y que “resultó contraproducente porque creó falsas expectativas”.

Según las Fuerzas Armadas ,para las Farc siguen siendo prioritarias las acciones de los bloques Oriental y Sur, por lo que habrían decidido sostener la ofensiva contra los frentes guerrilleros en el Putumayo. La ofensiva también se mantiene en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela; en Arauca, también en la frontera y en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño, donde se han recrudecido los enfrentamientos.

Lo cierto es que la operación “Espada de honor” en la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica, en Puerto Asís, Putumayo ha significado la llegada inconsulta de los escuadrones de erradicadores de coca, el arribo de la exploración sísmica de las empresas petroleras y de las perforaciones de pozos exploratorios. Los funcionarios de estas empresas se han dedicado a dividir con ofertas e intrigas a los miembros de la comunidad. El alcalde de Puerto Asís Jorge Coral, por su parte, se ha opuesto a las iniciativas de la Zona de Reserva Campesina y a la organización que la promueve, la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amázonica – ADISPA.

Con la militarización desproporcionada del territorio, la guerrilla de las FARC ha optado por el uso masivo de las minas antipersonal, hasta el momento van 9 personas fallecidas, al caer en las minas en el bajo Putumayo. Según denuncias de los campesinos, se han dado casos en los que el ejército cambia de ubicación las minas que localiza. El caso más dramático, tal vez lo representa la muerte de una señora y de su nieto en Piñuña Blanco, ellos fueron a recoger semillas de coca a un cultivo que había sido erradicado previamente por el ejército, en el sitio resultó una mina antipersonal, que finalmente los mató.

El uso desproporcionado de minas antipersonal suscitó el desplazamiento de centenares de personas hacia espacios temporales humanitarios y escuelas de las veredas.

La situación actual

Todavía hay campesinos desplazados en los espacios temporales humanitarios, unas 476 familias, que no pueden trabajar en el campo por el peligro de las minas, que están sin alimentación y sin atención médica. La misma situación se vive en el Corregimiento de Piñuña Blanco de Puerto Asís y en el vecino Municipio de Puerto Leguízamo.

La situación empeoró con la inundación por la creciente del Río Putumayo, del pasado 19 de Julio, el río se desbordó a las 3 de la madrugada, dejando a la población de la Zona de Reserva Campesina en una situación mucho más precaria, se perdieron muchos cultivos y animales, 172 reses, 2.600 aves de corral, 13 caballos, 123 marranos, 22 cabros, 11.200 cachamas, 301 hectáreas de pasto, 77 hectáreas de arroz, 99 hectáreas de plátano, 5 hectáreas de caña,143 hectáreas de maíz, 34 hectáreas de yuca, 96 hectáreas de plátano, 23 hectáreas de cacao, 2 hectáreas de pimienta. 9 humildes casas campesinas fueron arrastradas por las aguas del Río Putumayo.

Hasta el momento la única atención humanitaria recibida fueron 480 mercados, suministrados por “Acción contra el hambre” y algunos mercados entregados por la oficina de gestión de riesgos en Puerto Asís a los afectados por las inundaciones, por los que la situación alimentaria y sanitaria sigue siendo extremadamente grave.

La operación militar trajo consigo la práctica de señalamientos, hostigamientos y allanamientos ilegales de casas campesinas y de un espacio temporal humanitario, como el ocurrido el pasado en la vivienda de la representante legal de ADISPA, Jani Silva el pasado 27 de Julio, cuando militares y policías encañonaron y maltrataron a mujeres y niños, buscando supuestamente a una guerrillera herida, empadronaron, esculcaron, desordenaron y tomaron fotografías durante toda la acción ilegal.

Los miles de millones de pesos gastados en la operación “Espada de Honor” para acabar con las FARC en el Putumayo, con pocos resultados, deberían ser utilizados en la financiación de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica, recientemente actualizado, y para el cual el gobierno no ha destinado un solo peso.

La lógica de la guerra y sus beneficiarios se siguen imponiendo sobre las necesidades y los anhelos de justicia, desarrollo y paz del campesinado. Las Zonas de Reserva Campesina podrían ser el inicio del camino para garantizar el acceso a la tierra y su formalización, la inversión en el campo a través de políticas públicas, la vigencia de los derechos humanos, el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos y el logro de la paz.

El gobierno debe pasar de los anuncios mediáticos a la acción en materia de política de tierras. Las Zonas de Reserva Campesina requieren de garantías políticas y de presupuesto. Sin lo uno ni lo otro en los campos de Colombia se seguirán multiplicando las causas que originan el conflicto político, social y armado. Las Zonas de Reserva Campesina, que cuentan ya con el respaldo político de la comunidad internacional, son iniciativas que requieren de manera urgente el cumplimiento de los acuerdos y de la atención urgente del Gobierno.