Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
:: Magdalena Medio, Colombia ::
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Defensores de derechos humanos en Barrancabermeja declarados objetivo militar por paramilitares
Corporación Reiniciar / Miércoles 8 de agosto de 2007
 

La Corporación Reiniciar, como Peticionaria de las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) y la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), rechaza y condena las amenazas de muerte que recaen sobre directivos y funcionarios de estas organizaciones, emitidas por escuadrones paramilitares que operan en la región del Magdalena Medio.

En el comunicado de muerte, recibido vía correo electrónico, el Bloque Central de las “Águilas Negras” señala a un grupo de personas de Credhos y la ACVC, como también de otras organizaciones sociales, de tener nexos con grupos guerrilleros, y que por tal motivo, son declarados objetivo militar.

Los paramilitares aseguran además, que en los próximos días darán a conocer el nombre de más personas a quien amenazarán, pertenecientes a distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que trabajan en Barrancabermeja.

Este grupo de paramilitares -que no es nada nuevo, y que son los mismos que han actuado antes de la “desmovilización”- en su afán de “limpieza social” como ellos denominan a su proceder violento, han amenazado en las últimas semanas, a diversas organizaciones sociales y comunidad universitaria en otras regiones del país, fenómeno que ratifica la idea de que las autodefensas no se han desmovilizado.

La Corporación Reiniciar alerta a la comunidad internacional, al Sistema de Naciones Unidas y a al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sobre la reactivación de amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos por parte de grupos paramilitares que se creían desmovilizados, y exige al Gobierno Nacional le aclare al país el porqué continúan en actividad estos escuadrones de autodefensas. Así mismo, que le brinde protección efectiva a los miembros de las organizaciones amenazadas y que se garantice la legitimidad del trabajo que vienen desarrollando los defensores de derechos humanos en distintas regiones del país.