La fundación defensora de los derechos humanos Joel Sierra denunció que a la escalofriante cifra de personas asesinadas en el presente año por la fuerza pública, y que luego son presentados como guerrilleros dados de baja en combates en el departamento de Arauca, se sumó la ejecución de Samuel Navia Moreno, de 27 años, estudiante de noveno grado en el Colegio Técnico José Eustacio Rivera y de John Carlos Nocua Rueda, de 18 años, quien era un conocido empleado de establecimientos de comercio de este municipio.

Los dos jóvenes fueron asesinados por miembros del Ejército Nacional adscritos al Batallón Especial Energético y Vial No. 1 General Juan José Neira, en zona rural de la vereda El Silencio, en el municipio de Saravena, entre la vía que del Róyota conduce a Cubará, jurisdicción del departamento de Boyacá, la noche del 26 de noviembre del presente año.

Los cuerpos fueron trasladados por el ejército hacia la morgue del municipio de Saravena, luego de que el Juzgado 47 de Instrucción Penal Militar efectuara la diligencia de inspección de los cadáveres. La Brigada 18 del ejército informó a través de los medios de comunicación que el día 28 de noviembre habían sido dados de baja dos terroristas del ELN, refiriéndose a los dos jóvenes asesinados.

Los familiares y vecinos de las víctimas manifestaron enfáticamente que las dos víctimas no eran guerrilleros, sino trabajadores y estudiantes muy conocidos en el municipio. Testigos afirman que los jóvenes fueron fueron vistos por conocidos en horas de la noche, departiendo en un establecimiento público en el casco urbano de Saravena. Igualmente informaron que los cuerpos presentaban signos de tortura.

El 20 de noviembre fue asesinado Diver López, de 19 años, en el barrio El Prado, de Saravena; de igual manera en el municipio de Fortul fue ultimado José Libardo López el 24 del mismo mes; y el mismo día perdió la vida a manos de asesinos estatales Ezequiel Jaimes, de 27 años, quien trabajaba en una funeraria del municipio. Los anteriores crímenes están ligados a la política de “seguridad democrática” del presidente Uribe, manifiestan las comunidades.