En esta sección se pretende presentar una panorámica general de los procesos de ocupación del territorio nacional dentro de los cuales se enmarca la colonización de la serranía de La Macarena, objeto específico de este estudio.

Como lo testimonia un creciente número de trabajos, la colonización de las selvas y llanuras subtropicales y tropicales de América tiende a convertirse en un área especializada de lo que podría llamarse las "sociologías de la colonización". E n estos estudios, que muestran con profundidad cada vez mayor las especificidades de este proceso en nuestras latitudes, se plantean distintos temas, como son las tecnologías de uso de los recursos, los choques culturales (los cuales han conducido por ejemplo a la liquidación de comunidades indígenas), las relaciones con el Estado, etc. En el caso colombiano tienden a configurarse unas peculiaridades que vale resaltar desde ahora: el ciclo "migración - colonización - conflicto - migración", que traslada a muchos de sus actores, inclusive, a través del tiempo y el espacio, como elementos constantes en el proceso de la colonización y que detrás de ellos lleva y reproduce las estructuras agrarias y las contradicciones propias de ellas, prácticamente a todos los rincones de la frontera agrícola. Una segunda particularidad que se va haciendo visible en esta historia es la presencia de la organización de los colonos, fenómeno que en cierta medida rompe con la tradición -prácticamente universal- del individualismo como rasgo de las sociedades de frontera.

El lector de este ensayo encontrará que este último elemento no constituye propiamente una generalidad en todo el proceso; surge, según los testimonios, en unas regiones de origen (sur y oriente del Tolima), en forma determinada de condiciones gremiales y políticas, y de allí se expande gradualmente hacia zonas en donde se proyectan las sucesivas corrientes de colonos, expulsados por los continuos conflictos agrarios y políticos. En esta expansión, la práctica de la organización deviene, podríamos decirlo, en parte de una cultura de la colonización.

Un aspecto que amerita necesariamente mayor estudio y reflexión, es el referido a la configuración social de los espacios en la colonización. Generalmente, en nuestro caso, las apreciaciones sobre la ocupación del espacio en las fronteras reseñan la configuración de núcleos preurbanos o urbanos, la estructuración de la tenencia y uso de la tierra, la aplicación o construcción de infraestructura, etc., pero está ausente "una visión de conjunto" sobre el espacio, sus articulaciones y sus dinámicas. Como se verá más adelante, la ocupación de ese "medio país" que son la Orinoquia y la Amazonia colombianas, configura gradualmente la prospectiva de integración de un vasto espacio, con características ecológicas, económicas, sociales, políticas y culturales marcadamente diferentes de las que previamente han estado presentes en la integración del país andino o del "país" de las sabanas y litorales caribeños.

Estos "nuevos" elementos lo son solamente en las proporciones en que intervienen, en su mezcla. El "capitalismo rapaz" que hoy actúa en el narcotráfico y actividades asociadas, es nuevo solamente en sus alcances y dimensiones: las tradiciones del campesinado andino hunden sus raíces en las sociedades coloniales y postcoloniales del siglo XIX, pintadas por Eugenio Díaz o Medardo Rivas, pero ahora se encuentran en nuevos espacios y disponen de mayores recursos. Pero hay también esos elementos novedosos que antes se señalaban: la organización político-gremial como elemento de la cultura colonizadora y, con ella, las proyecciones militares que plantean las experiencias guerrilleras. Esto es lo "viejo" y lo "nuevo" que entra a configurar e integrar a esta nueva Colombia de las selvas y llanuras orientales.

A continuación se examinan los aspectos históricos de la colonización que se han considerado más relevantes, junto con algunos rasgos de la ocupación de La Macarena.

El proceso de la colonización en Colombia

Se ha caracterizado como colonización al proceso de apertura de la frontera agrícola, a través de distintos tipos de trabajadores del campo. Las tierras que han delimitado esta frontera han estado varias veces bajo títulos de uno u otro tipo (mercedes reales, concesiones, haciendas) que son finalmente impugnados pero sin dejar de constituir un condicionante para el usufructo de las mismas.

La ocupación del territorio colombiano por parte de los conquistadores europeos se extendió fundamentalmente por los valles y cordilleras andinos y la llanura del Caribe, buscando el acceso de los recursos minerales (oro y plata), a la mano de obra (y subsecuentemente a la tributación indígena) y posteriormente a las tierras que permitían la producción de los alimentos y otros bienes requeridos para los asentamientos e igualmente el control de la misma mano de obra.

Las características económicas, políticas y culturales de la Conquista definieron una rápida concentración de la propiedad territorial, afectando negativamente a las comunidades indígenas pero también a las capas de mestizos y "blancos pobres" que comenzaban a configurar las vertientes de la formación del campesinado.

Las diferentes regiones que hacia la terminación del período colonial (finales del siglo XVIII) componían el entonces territorio de la Nueva Granada, sirvieron de marco para la estructuración de sociedades diferenciadas, en las cuales, al parecer, el patrón común lo constituyó la concentración de la propiedad territorial1 si bien con matices de ocurrencia local, según lo señala Marco Palacios en su estudio sobre la propiedad agraria en Cundinamarca2.

La densificación demográfica ocurrida en las regiones centrales del país a partir de la segundad mitad del siglo XIII3 estimuló el desbordamiento de las fronteras agrícolas de entonces. Previamente algunas zonas habían escenificado procesos puntuales de colonización, esto es, de asentamientos estables en el interior de medios selváticos para desarrollar economías de base agrícola, recolectora y cazadora, como lo fueron los "palenques", de esclavos cimarrones. No obstante, las colonizaciones de este tipo que se sostuvieron durante más tiempo, no trascendieron los límites microrregionales, restringiéndose a constituir un componente de la configuración étnica regional. A diferencia de estos últimos movimientos, las colonizaciones desarrolladas en las vertientes andinas entre finales del siglo XVIII y comienzos del XX trascendieron las esferas locales y proporcionaron productos para la articulación de Colombia con los mercados internacionales en diferentes coyunturas del período4.

Tal vez el más conocido de estos procesos de colonización de vertiente ha sido el antioqueño, analizado inicialmente por James Parsons5 y revaluado posteriormente por Álvaro López Toro6. Independientemente de la ideologización elaborada sobre este fenómeno, centrada en una imagen democrática e igualitaria de un proceso que en realidad estuvo alejado de tales características7, sus alcances sociales, económicos y espaciales le otorgan un lugar preponderante en la formación de la Colombia rural.

Estas características están cimentadas en las relaciones sociales desde las cuales se proyectó la colonización antioqueña, generadas sobre una economía minera de explotaciones pequeñas e inestables, realizada por trabajadores libres, y de la cual estaban completamente ausentes los vínculos propios de las sociedades hacendarias que primaron en otras regiones del país, así como otras formas de sujeción entre los mineros y los comerciantes que tuvieron ocurrencia por ejemplo en el Brasil8. Una peculiaridad de la colonización antioqueña consistió en la vinculación que tempranamente ocurrió entre empresarios capitalistas de la región con los pioneros de la colonización. Esta vinculación, dado el poder de los pioneros y en virtud de su interés por valorizar las tierras que respaldaban los bonos de deuda pública que habían adquirido, se tradujo en la asignación de fondos para construcción de infraestructura y legalización de la tenencia de las tierras colonizadas en las primeras etapas de la ampliación de esta frontera. De esta manera, las primeras fases de esta colonización actuaron sobre tierras en concesión (tal como ocurriera desde la providencia del oidor Mon y Velarde a finales del siglo XVIII). En otros términos, era una colonización que contaba con la anuencia del Estado y de los empresarios locales, factor que facilitó la dinamización del proceso a través del apoyo con infraestructuras, el cual permitió una más rápida integración económica de la frontera. Los flujos posteriores de la colonización se proyectaron ya sobre tierras baldías9; en este caso, sin embargo, las particularidades de la organización social y la ideología de estos núcleos de colonos, enfáticamente colectivistas y organizados, dieron vía a una pronta articulación con la administración estatal10.

El modelo inicial de la colonización antioqueña se modificó posteriormente dando paso a procesos de concentración de la propiedad. En estas condiciones los nuevos emigrados no pudieron constituir las pequeñas y medianas empresas agrícolas de la primera etapa y configuraron la base de una población dependiente. El papel de esta última, en su carácter de asalariada dentro del proceso de acumulación que dio base a la industrialización del noroccidente colombiano, ha sido estudiado por Mariano Arango, quien, sin embargo, desestima las etapas de mayor equilibrio social y económico que sirvieron de sólido fundamento al posterior desarrollo de la colonización antioqueña11.

El proceso colonizador antioqueño, por su significado económico y social y por su prolongación temporal, que se extiende desde finales del siglo XVIII prácticamente hasta el presente, si se tiene en cuenta la incorporación de tierras en Urabá y el Magdalena Medio, ha opacado en alguna medida fenómenos similares ocurridos en otras regiones del país. Jorge Villegas, en sus estudios sobre la propiedad agraria en Colombia enmarcó estas historias en el conjunto por él denominado "la colonización de vertiente" y en ella englobó tanto la expansión antioqueña como los procesos que tuvieron lugar en el centro y oriente del país, originados en contextos diferentes del primero12.

Los testimonios sobre la colonización de occidente insisten en señalar la génesis de la misma en la pobreza de los suelos y la inestabilidad de las explotaciones de la minería del oro. En el oriente, particularmente en Santander, Villegas, con base en las cifras de población, considera los efectos de la crisis artesanal, resultantes de la política librecambista asumida por los gobiernos nacionales, como factor desencadenante de la expansión sobre las tierras de vertiente en el oriente Colombiano. A este respecto es importante considerar cómo determinadas condiciones externas se han constituido en factores de presión para los procesos de ampliación de la frontera agrícola del país, con una recurrencia como la que hoy se advierte, cuando diversos frentes de colonización reflejan la impronta tanto de la crisis de las economías occidentales y sus secuelas de deterioro en las estructuras productivas del Tercer Mundo y empobrecimiento de sectores sociales que buscan salidas en la aventura colonizadora, como el floreciente mercado de narcóticos.

Villegas, en sus estudios, explora, además de las etapas iniciales de la colonización antioqueña, su extensión hacia el oriente (Manizales, Pereira y el norte del Tolima) y los procesos ocurridos en Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes. La colonización del Viejo Caldas tal como la revela el autor, con base en las evidencias documentales, definitivamente se aparta de la imagen idílica de la conquista democrática de la frontera. El proceso, ya visto en sus desarrollos e implicaciones legales y jurídicas, estuvo desde sus inicios sacudido por conflictos sociales de distinta índole. En un principio es evidente la diferenciación entre aquellos que disponían de recursos económicos para afrontar la colonización con recuas de mulas, bastimentos y herramientas, además de fondos para costear aperturas de caminos, etc., y aquellos que solamente contaban con su fuerza de trabajo y la de sus familiares, quienes eran frecuentemente contratados como taladores y posteriormente se convertirían en arrendatarios de los poseedores de la tierra. Pero las mayores contradicciones se habían de desarrollar, a lo largo de todo el siglo XIX y a principios del presente, entre los colonos independientes y los favorecidos por concesiones, ampliadas de manera fraudulenta a medida que los peones abrían perspectivas a las selvas de vertiente.

Estos conflictos los ilustra el autor en torno a las concesiones de Villegas y Aranzazu y a las sociedades de González Salazar y Burila. Allí se aprecia cómo el esfuerzo de los concesionarios por extender sus dominios y aprovechar la valorización creada por el trabajo de los colonos, tropezó continuamente con la resistencia de estos últimos y cómo la retaliación de los acaparadores se dio entonces bajo la forma de amenazas, incendios de casas y destrucción de enseres, formas de violencia que habrían de repetirse un siglo más tarde en el marco de la crisis política y social que consumió al país por más de una década y en la cual la mayor parte de las víctimas fueron igualmente campesinos y colonos.

La ampliación de la frontera agrícola en el centro-oriente y el oriente del país, esto es, Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes, la documenta Villegas únicamente con las memorias de Medardo Rivas y Manuel Ancízar. Ese proceso ocurrió, según las referencias, dentro de las líneas trazadas por la política de asignación de baldíos, que, en particular desde la Desamortización de Bienes de Manos Muertas, afianzó y fortaleció la formación del latifundio. En esta modalidad, la población campesina que se desplazó de los antiguos resguardos indígenas y de otros núcleos humanos hacia la frontera agrícola, desmontó las tierras en los bordes de las haciendas, abriendo paso a la expansión de las mismas sobre los baldíos de la nación13

Marco Palacios examina este mismo proceso y reconstruye las etapas de la ocupación del territorio en las zonas aledañas a los altiplanos centro-andinos, considerando, en primer término, la significación de los viejos asentamientos campesinos de Boyacá, que se proyectan posteriormente hacia el occidente de Cundinamarca; de otro lado resalta la importancia que desde mediados del siglo XIX tomó esta sociedad aldeana en la ocupación de las tierras medias, dinamizando los mercados de capital y dejando sin piso la apreciación de Medardo Rivas, según la cual, la conquista de estos territorios había sido obra de sus amigos, los "terratenientes de nuevo cuño"14.

El estudio de Palacios, sustentado en fuentes como los censos de población (1843,1870,1912), los estudios geográficos de Alfred Hettner, Agustín Codazzi, J. Holton y, primordialmente, el Catastro de Cundinamarca, pone en evidencia, además, la particular regionalización de la estratificación social de este arraigado asentamiento, en la cual se definían -con gran persistencia hasta el presente- nítidas subzonas de pequeña, de mediana y de gran propiedad. Esta red social proyectó "puntas" de colonización hacia tierras templadas y aun frías (Alto Sumapaz), algunas de las cuales fueron protagonistas de los conflictos que posteriormente habrían de configurar los desarrollos centrales de este estudio; este fue el caso de Sumapaz, precisamente, y del Tequendama, zonas en las cuales se configuraron dos tipos de conflictos (el no reconocimiento de la propiedad de las haciendas sobre los baldíos, en el primer caso, y la lucha por el derecho a la siembra de café, en el segundo), que fueron afrontados organizadamente por los colonos y campesinos.

En esta etapa de la historia de la colonización, correspondió también a otras dos zonas de la región central del país -el oriente y el sur del Tolima-, una participación de especial relevancia, por su significa do en la posterior ocupación del pie de monte oriental y la llanura de la Orinoquia. A ellas se hará referencia en el siguiente texto.

La política agraria y la colonización a partir de los años 20

Prácticamente sin excepción, las decisiones del Estado en torno a la problemática agraria se orientaron, hasta la reforma constitucional de 1936, hacia la titulación de baldíos, dejando intocadas las peculiares estructuras configuradas en el interior de la frontera. Sus rasgos generales los sintetiza Juan Sebastián Betancur al examinar el desarrollo histórico de las políticas agrarias: "El siglo XIX termina con un balance de guerras civiles, colonización antioqueña, concentración de la propiedad y cantidades de campesinos sin tierras"15.

Estas condiciones, dinamizadas por el proceso de desarrollo industrial y la profundización de los vínculos de Colombia con la economía mundial, generaron nuevas presiones sobre las estructuras productivas agrarias; algunas de ellas habrían de expresarse en leyes relativas a la importación de alimentos, política que implícitamente induciría cambios en las condiciones productivas de los bienes básicos (Ley de Emergencia de 1927)16.

Este contexto, en el cual se hacían evidentes contradicciones entre el gobierno y los grupos terratenientes que previamente hegemonizaban el control del poder político, enmarcó conflictos masivos en determinadas regiones del país17, en donde chocaba la incesante expansión de las haciendas sobre las tierras baldías con el avance de los asentamientos campesinos en los bordes de los latifundios. Tal situación, en la cual se mezclaba la crisis de las formas de producción, sustentadas en gran medida en las rentas de trabajo, con la pugna entre la usurpación de los baldíos por las haciendas y el no reconocimiento de esta propiedad por los colonos, sirvió a su vez como catalizador para acelerar la descomposición de las haciendas como organización económica y social18.

Los cambios de la economía y la sociedad nacionales, ya ampliamente estudiados por varios autores, significaron modificaciones y "reacomodamientos" de las economías campesinas, pues comenzaron a romperse sus ligaduras con las haciendas, se hicieron más directos sus nexos con los mercados regionales, proyectaron sus "excedentes" de fuerza de trabajo a la producción capitalista y, en fin, se amplió en alguna medida la oferta de tierras -independientemente de sus costos-. A través de la política de asignación de baldíos, principalmente, pero también de las parcelaciones financiadas por el Banco Agrícola Hipotecario, se amplió extraordinariamente la disponibilidad de tierras para la agricultura campesina, J. A. Bejarano estableció que entre 1910 y 1937 fueron adjudicadas 1.013.466 hectáreas, si bien la mayor parte de ellas lo fueron en grandes globos, ya que solamente el 8.8% de las adjudicaciones correspondieron a promedios de 20 hectáreas o menos. Valle, 1.429 adjudicaciones con 15.6 hectáreas en promedio; Caldas, 999 adjudicaciones con 13 hectáreas en promedio19 . Por otra parte, ya entonces comenzó a expresarse un matiz recurrente en la política agraria colombiana, como ha sido el de apelar a la colonización como alternativa frente a la inviolabilidad de la estructura agraria en el interior de la frontera. Dentro de esta política, y a partir de 1930, el Estado comenzó a estimular la colonización en el Magdalena Medio, Catatumbo, Putumayo, Caquetá, Urabá y Bahía Solano, para posteriormente dirigirla hacia los Llanos Orientales.

Esta tendencia se hizo evidente cuando comenzaba a manifestarse la crisis que condujo a la "violencia". Precisamente, en 1941 fue creado el Instituto de Parcelaciones, Colonización e Inmigración20. Vale seña lar que en los archivos del INCORA, sucesor en alguna línea de los anteriores institutos de tierras, reposa documentación de los mismos, dentro de la cual figuran algunas recomendaciones políticas de Directorios Conservadores locales, para facilitar el asentamiento de militantes de esa colectividad en programas desarrollados por el gobierno, precisamente en torno a las colonizaciones campesinas que habían surgido en el Sumapaz en la lucha contra las haciendas por las tierras baldías.

La reversión de la Ley 200 de 1936, a través de la Ley 100 de 1944, que reimplantaba la legalidad de los contratos de aparcería y ampliaba los plazos para la exclusión de afectación de los predios inexplotados, se conjugó con las tendencias políticas en el gobierno, favorables a la liquidación de las organizaciones campesinas. Esta nueva coyuntura, de signo "restaurador" para las estructuras agrarias, congeló las posibilidades de ampliación de las economías campesinas en el interior de la frontera agrícola y con acceso a los mercados locales regionales, dejando nuevamente, como válvula de escape, a la inamovible estructura de la propiedad agraria las tierras marginales de la frontera,

En este contexto fue muy significativo lo ocurrido con la comunidad indígena de Yaguará, en el municipio de Ortega, Tolima. En esta época se desarrolló una fuerte movilización de sus miembros en defensa de las tierras que les estaban siendo arrebatadas con mayor brutalidad entonces; la acción del gobierno consistió en enviar un avión militar, en el que fue trasladada una parte de la comunidad al Caquetá, en donde se les trató de reimplantar en el asentamiento que fue denominado Yaguará II, en recuerdo de su lugar de origen.

Una parte del escenario la configuraron las recomendaciones de la Misión Currie, consignadas en la propuesta Operación Colombia, las cuales partían de un modelo de desarrollo agrario basado en la "modernización" de la gran propiedad.

Dentro de este esquema estaba excluida, obviamente, la participación de la economía campesina y se trataba solamente de presionar a los grandes latifundistas, mediante instrumentos tributarios, para lograr un aprovechamiento de las tierras adecuado a los requerimientos del desarrollo. Pero, según lo expresaba la Sociedad de Agricultores de Colombia, ni siquiera este tipo de intervención podía ser tolerada por los terratenientes21. Más aún, la contrapropuesta ante la Operación Colombia, fue la solicitud de ampliación de los recursos de crédito para los sectores que ya disponían de acceso al mismo, el mejoramiento del transporte regional y; obviamente, el incremento de la colonización22.

Giraldo y Ladrón de Guevara, en su estudio ya citado, destacan la realidad de esta última política, anotando cómo "no obstante la carencia de información que dé cuenta de la magnitud de la colonización espontánea en ese período, su importancia relativa se puede estimar a partir del hecho de que los programas del Incora en la década siguiente intentaron darle cauce a focos de colonización pre-existentes, debido al reforzamiento de corrientes migratorias hacia las diferentes áreas de colonización que ya estaban abiertas, inmediatamente después del desencadenamiento de la violencia rural, es decir, a partir de 1948". Sin embargo, una medida de la magnitud de la colonización en ese período es el caso del Caquetá, cuya población en 1951 era de 40.950 habitantes, según datos censales, en tanto que en 1964 alcanzó la cifra de 103.718 habitantes, lo que representó casi su triplicación en trece años.

Pero las cifras referidas a las ejecuciones del Incora durante los años de mayor vigor de su acción, son aún más indicativas en la alternativa escogida por el Estado colombiano para afrontar la crisis de las estructuras agrarias. Absalón Machado señala de manera concluyente: "En el período 1962-1982 se titularon 6.534.472 hectáreas y se otorgaron 225.125 títulos, 5.4 veces más que los adjudicados por el Fondo Nacional Agrario, lo cual muestra que esta actividad de titulación fue mucho más importante que la misma Reforma Agraria". Esta afirmación se sustenta en las siguientes cifras: "Hasta 1972 más del 90% de las tierras entregadas, lo fueron por titulación de baldíos en áreas de colonización básicamente; entre 1973-1979, el 85% y entre 1979-1982, más del 90%. En síntesis, sólo un máximo de 15% de las tierras otorgadas provinieron de acción de reforma agraria entre 1973-1979 y en todo el período 19621982, sólo un 7.9% en promedio, provinieron del Fondo Nacional Agrario; es decir, la acción del INCORA estuvo más orientada a la colonización que a la redistribución de la propiedad en el interior de la Frontera Agrícola".

A pesar de las drásticas limitaciones que se ejercieron sobre la Reforma Agraria, particularmente luego del Acuerdo de Chicoral, la presión política de los terratenientes no cesó, hasta prácticamente enterrar al Incora y a las políticas de tierras que pudieran debilitar la estructura vigente de la propiedad. Tres años después de promulgada la Ley 4a. de 1973, que dio origen legal al Acuerdo de Chicoral, con el que se neutralizó la acción expropiatoria de la Reforma Agraria, se comenzó a dar aplicación a los Programas de Desarrollo Rural Integrado, los cuales excluían de plano cualquier intervención de carácter redistributivo de la propiedad rural.

Pero el fantasma era obstinado; a poco de iniciarse la administración Betancur, se hizo explícito su propósito de buscar la paz con los movimientos guerrilleros, y el tema de la reforma agraria se colocó de nuevo sobre el tapete, planteándose en su base el punto de la redistribución de las tierras. Dentro de los planteamientos suscitados por la coyuntura, se destaca el de uno de los más hábiles contradictores de la Reforma, el ex presidente Alfonso López Michelsen, quien advirtió, nada menos que en el XIX Congreso Ganadero: "No reside en la Reforma Agraria la totalidad del problema del campo colombiano, pero tampoco puede concebirse una solución de paz y salvo de productividad sin adelantar una reforma agraria en donde ella sea necesaria"23.

Todo lo anterior puede entonces sintetizarse en lo siguiente: Las estructuras agrarias en el interior de la frontera agrícola se han caracterizado por un patrón de concentración de la propiedad que solamente ha cedido ante la racionalización exigida por los procesos mismos de modernización, que desplazan a los grandes latifundios de más de 2.500 hectáreas a zonas marginales; no obstante, en los escenarios de la "modernización agrícola" tampoco hay democratización o siquiera una agilización de los mercados de tierras, como lo evidencia la elevada participación de la renta territorial en los costos de producción24. El resultado de la vigencia de esta estructura y de las opciones tecnológicas adoptadas para el desarrollo agropecuario, es el volumen de "excedentes" laborales, para los cuales la única solución visualizada por las clases dominantes colombianas y por su Estado es la colonización. A pesar de ello, la atención para las zonas en donde ella ha cristalizado una alternativa para los desplazados, tampoco ha implicado la asignación de recursos ni el tipo de intervenciones requeridas para constituir una solución efectiva. Lo anterior, no obstante la significación que el proceso de apertura fronteriza ha tenido para la expansión de las superficies destinadas a la agricultura y a la ganadería vinculadas al mercado nacional y aun al internacional.

Esta significación se da en un sentido doble y complementario: de una parte el volumen de población incorporado actualmente a la colonización en las distintas regiones de frontera, calculado en más de un millón doscientas mil personas, según lo ilustra el cuadro 1; por otra, la expansión de la superficie agrícola y de la producción agropecuaria del país. En cuanto al segundo aspecto, el Incora -según referencia de M. Jimeno-, ha calculado en 3.4 millones de hectáreas la superficie incorporada por colonizaciones entre 1960 y 198025, a lo cual se adiciona la participación de estas tierras en la producción.

A pesar del significado que ofrece la colonización para el modelo de desarrollo agrario, cuyas contradicciones aminora en una y otra forma, la asignación de los recursos del Estado pareciera sin embargo dirigir se a reproducir los conflictos generados en el interior de la frontera agrícola. Los indicadores de esta tendencia son los siguientes: En primer lugar, y a pesar de privilegiarse la titulación de baldíos frente a otras acciones de reforma agraria, en las zonas de mayor atención del Estado (Arauca, Meta y Caquetá) en 1980, solamente se habían otorgado títulos sobre menos de la mitad de las tierras colonizadas (se titularon 1.353.000 hectáreas de 3.400.000 colonizadas26); teniendo en cuenta que el título constituye requisito indispensable para el otorgamiento de los créditos es fácil suponer que estos recursos se han orientado hacia el desarrollo de la agricultura comercial, y en proporciones inferiores a las del interior de la frontera, para la agricultura tradicional, según se desprende de las cifras sobre producción y la participación en ellas de cada subsector. Así, en las áreas de colonización, la agricultura moderna participa en un 75.8% dentro de la producción y los cultivos tradicionales en un 16.1%, proporciones que para el resto del país son del 45.1% y el 31.8% respectivamente27.

No deja de ser inquietante que, al menos hasta mediados del decenio pasado, el 70% de los recursos aplicados a la colonización, que superaba los 68 millones de dólares, provenían de fuentes externas (AID, BID, BIRF), según datos del Incora28. Teniendo en cuenta el efecto disruptivo que estos recursos tienen en la débil estructuración de la política sectorial colombiana, por las limitaciones institucionales de las entidades responsables del diseño, dirección y coordinación de la misma, es comprensible la falta de coherencia entre los múltiples diagnósticos elaborados sobre los problemas de la estructura agraria y las acciones establecidas para corregirlos.

Considerando la estrecha relación existente entre las dinámicas generadas dentro de tales estructuras agrarias, y específicamente entre la violencia de las décadas de 1950 y 1960 y los procesos de ampliación de la frontera, se presenta a continuación una reseña de los principales hitos de la epopeya colonizadora durante ese período.

La violencia y las colonizaciones campesinas

La transición de la sociedad colombiana hacia el desarrollo capitalista afrontó la adecuación de un conjunto de estructuras políticas, económicas y sociales a las exigencias del nuevo ordenamiento. Ello hacía referencia a la propiedad territorial, las formas de trabajo y la organización de la producción y las estructuras del poder a nivel local, regional y nacional. Con ellas se encontraban vinculadas las relaciones internacionales del país, nivel que también incidió en las peculiaridades de la transformación capitalista de Colombia.

Las estructuras agrarias, sacudidas por décadas de conflictos, se adecuaron en un lento proceso con grandes diferenciaciones regionales, pero sin alterar el patrón de predominancia de la gran propiedad. Ciertamente en muchas zonas desaparecieron las extensas haciendas que habían dominado hasta la primera mitad del siglo, pero ellas dieron paso a explotaciones de tipo agroindustrial, ya no poseídas por "un señor de la tierra", sino por una sociedad de empresarios en los que, de todas maneras, estaban representados los primeros o sus descendientes.

Según un estudio reciente de CEGA (Corporación de Estudios Ganaderos y Agrícolas), la tendencia de la estructura de la propiedad ha sido la del desplazamiento de las grandes unidades (mayores de 2.500 hectáreas) hacia las zonas marginales y con deficiente calidad de suelos. Sin embargo, no puede decirse que las zonas en donde antes primara una gran hacienda, fueran escenario de una redistribución de la misma: por efectos tributarios, de racionalidad económica y a veces por la presión campesina, los antiguos latifundios de miles de hectáreas fueron divididos, dando lugar a la organización de explotaciones más reducidas, pero sin que por ello concluyera el control monopolístico de la propiedad territorial. Este proceso, muy diferenciado regionalmente de acuerdo con la dinámica de los mercados, el comportamiento de los epicentros locales, etc., no significó entonces un cambio sostenido a favor de las economías campesinas. En algunos lugares, como en el sur del Tolima, o en la vertiente occidental de la cordillera Central, a raíz de la Ley 200 de 1936 y de procesos anteriores de colonizaciones aldeanas, se habían configurado importantes núcleos campesinos que dieron lugar inclusive al surgimiento de mercados locales de cierta importancia (Barragán, Ceilán, Versalles, en la cordillera Central, por ejemplo). Sin embargo, la profundización de los conflictos condujo en muchas zonas a la liquidación de estos núcleos campesinos; en otros casos, se produjeron emigraciones masivas, quedando algunos asentamientos que posteriormente lograron alguna recuperación.

En el tráfago de la guerra, algunos grupos campesinos se desplazaron hacia zonas marginales del interior de la frontera, estableciendo colonizaciones como la de El Davis y Marquetalia en el Tolima, o el Alto Duda y Alto Ariari en el Meta, el Magdalena Medio y el Urabá principalmente antioqueño. Otras, se orientaron propiamente hacia las fronteras, como ocurrió con Arauca, Caquetá, el Guaviare, etc., iniciando procesos como el que ocupa este estudio, en los pliegues de la serranía de La Macarena.

Varias de estas últimas aventuras colonizadoras, en especial las de El Davis, Marquetalia, el Alto Ariari y el Alto Duda, principalmente, ofrecen una particularidad de gran importancia como es su organización político-gremial, rasgo que aparentemente le ha proporcionado a estos asentamientos una estabilidad comparativa, frente a otros casos de colonización campesina. Este rasgo tuvo mucho que ver con la experiencia política de los campesinos que participaron en los conflictos de los años 20 y 30 en las regiones del Tequendama, Sumapaz, oriente y sur del Tolima, al lado de la UNIR (Unión Nacional Independiente Revolucionaria), del Partido Socialista Revolucionario, y finalmente, del Partido Comunista, con el cual se desarrollaron experiencias de autodefensa y de guerra irregular.

En este rasgo también han confluido otros elementos de carácter cultural. Marco Palacios en su estudio ya citado, menciona la persistencia de los lazos familiares en los asentamientos campesinos, lazos que viabilizan el apoyo a las empresas de colonización y que dieron continuidad a los "linajes" en los núcleos de la resistencia armada y en las nuevas colonizaciones. A este respecto, es necesario decir que la organización, ya asumiera funciones políticas, militares, gremiales o familiares, ha constituido definitivamente la clave para comprender la continuidad de un movimiento colonizador que a lo largo de casi un siglo, y partiendo de Nuevo Colón o Ramiriquí, en Boyacá, transmontó una y otra vez la cordillera para llegar a asentarse -por ahora- en las márgenes del Ariari o del Güejar. Esta misma organización, que asimiló el aporte del "servicio militar obligatorio... para los de ruana", ha sido capaz de dar una respuesta militar, tanto en las épocas de "la violencia", como en las de la "Seguridad Nacional" a los cuerpos armados del Estado y a las formaciones paramilitares; sin embargo, esta capacidad no puede calificar al conjunto de esta vertiente de colonización campesina, como no la pueden calificar de manera exclusiva otras facetas organizativas que ha debido asumir en su historia.

La colonización de La Macarena

Al comparar los rasgos del proceso de colonización de las vertientes y pie de montes colombianos con los testimonios recogidos en el trabajo de campo, surge la épica de estos campesinos como una historia cien veces contada. No obstante, la riqueza de las memorias personales pone en evidencia ciertos matices que bien vale la pena resaltar.

Según vimos, el proceso colonizador que ha expandido la frontera agrícola del país, resulta de las condiciones de la apropiación territorial en el interior de la misma, esto es el de la estructura agraria. A su vez, este proceso de colonización, estimulado por el propio Estado a través de las políticas sobre baldíos y por sus "colonizaciones dirigidas", se convierte en la "válvula" de escape para las presiones generadas en el interior de la frontera, resultantes de la concentración de la propiedad y de las limitantes para la expansión del empleo urbano.

Esta constante del proceso colonizador está presente en cada episodio de la expansión sobre el territorio. No obstante, existe un conjunto de particularidades, presente en cada región colonizada, todas las cuales, curiosamente, tienden a concurrir en la colonización de La Macarena; ella se convierte entonces en la "suma" de nuestro proceso de expansión territorial y por tanto no es de extrañar la inquietud del Estado ante el proceso, pero también ante la convergencia de fuerzas adversas dentro de un contexto que aparece cada vez más articulado con la dinámica política y económica del conjunto de la nación.

El círculo migración-colonización-conflicto-migración

Tal vez es en esta región en donde con mayor nitidez se aprecia esta constante del proceso colonizador del país. El proceso se inició, en no pocos casos y según el testimonio de varios de los viejos pobladores, en el Tolima y en el Valle. Con respecto a La Macarena, los hechos más recientes, asociados con el surgimiento de los cultivos ilegales, con la implantación del movimiento guerrillero y con la consolidación de la organización gremial y política de oposición entre buena parte de los colonos (sindicatos agrarios, Partido Comunista-Unión Patriótica) configuran el contexto actual de la movilización campesina. Sin embargo, afloran aquí algunas particularidades que es preciso considerar.

En primer lugar, al examinar las zonas de origen, que como se verá corresponden en algunos casos al Tolima pero también al Valle y al Magdalena Medio, se destaca cómo ellas corresponden a "fronteras cerradas", esto es, bolsones de baldíos incrustados en el interior de la frontera agrícola. En todos estos casos, el proceso colonizador y la posterior expansión latifundista ganadera sobre las "mejoras" conduce a la expulsión de los colonos contra los "bordes" de estas regiones y de allí hacia las "fronteras abiertas". En los asentamientos de esta región se han hecho presentes ciertas modalidades, ligadas estrechamente con la configuración histórica de esta corriente colonizadora. En la generación de los conflictos han intervenido con mayor fuerza los componentes políticos y militares, lo cual compromete más profundamente al Estado en la dinámica que allí se genera. Por otra parte, la vinculación relativamente temprana de los cultivos ilegales (marihuana, coca) ha estimulado procesos económicos y sociales (acumulación de base para la diversificación económica), todo lo cual, aunado al carácter "abierto" de esta frontera, ha significado la gradual articulación de una "macro-región" integrada a los mercados cordilleranos aledaños pero poseedora de dinámicas propias en su interior.

La dinámica regional de la colonización

La perspectiva de la "macro-región", correspondiente a la Orinoquia y la Amazonia, ha sido incluso percibida por algunos políticos, temerosos de la erosión de su poder regional, quienes creen advertir la supuesta amenaza de secesión de una "república amazónica". En esta hipótesis converge como antecedente, la vieja idea de las "repúblicas independientes", como fueron calificadas las zonas de autodefensa campesina, constituidas por colonos de "fronteras internas" en los comienzos de los años 60. Tal idea fue esgrimida por dirigentes políticos adversos al movimiento agrario y sirvió de base para una compleja estrategia militar y política que apuntó hacia la "reincorporación" de estas zonas al dominio político tradicional liberal-conservador.

Independientemente de estos antecedentes, la hipótesis de la "república amazónica" corresponde a una interpretación particular de la configuración de este nuevo espacio en el cual la característica de una "frontera abierta", de un gran espacio, equivalente a más del 40% del territorio nacional, converge con un caudaloso y heterogéneo torrente social, compuesto por individuos, familias y comunidades, quede una u otra forma se han constituido en herederos de las anteriores experiencias de colonización.

Este último punto da cabida a un contenido aún más complejo, por cuanto el fenómeno colonizador colombiano está estrechamente ligado al conjunto de las sociedades agrarias del país. Remite a los sistemas de relaciones familiares, sociales y políticas del mundo rural colombiano, los cuales han actuado como vehículo en distintos procesos de movilización, como las migraciones y la colonización, la autodefensa, los desplazamientos hacia las ciudades y los asentamientos en las mismas, y la misma participación electoral.

Estos elementos, articulados dentro de esa gran "frontera abierta" permiten reproducir un amplio espectro de procesos sociales, culturales y políticos; allí están, entonces, las tradiciones de los "sindicatos agrarios" de los años 30 y 40 y la disciplina que hizo posible las marchas de La Galilea, el Sumapaz y el Duda; también los "compadrazgos" y clientelas de los "mineros" de Muzo y Cozcuez, entroncados con la organización del narcotráfico, así como las tradiciones de las "guerrillas de paz" y las vindictas "anti-cachiporros", que continúan entrelazadas en guerra a muerte contra los herederos de los viejos guerrilleros comunistas. Pero al lado de estos componentes viajan y se asientan en estos territorios otros elementos de las culturas campesinas andinas, como las prácticas agrícolas y, ganaderas, con resultados poco favorables para el hábitat amazónico, restos de las tradiciones alimentarias, etc.

Por otra parte, la estructuración regional en el largo plazo ha seguido un patrón tradicional, si bien enriquecido con nuevas dinámicas. En esta estructuración se ubica el surgimiento de los epicentros y su jerarquización de acuerdo con las funciones que cumplen tales epicentros: Villavicencio, proveedor de mercancías (herramientas, medicinas, pólvora, anzuelos, etc.) y centro para la temprana comercialización de la balata y las pieles, de la "marimba" y la coca más tarde; Granada, posteriormente, Vistahermosa y Piñalito, en la medida en que se retiraba la frontera y, más abajo, una multitud de caseríos (La Carpa, El Silencio, Puerto Nuevo, Cachicamo, Nueva Colombia) cuyo destino depende ahora no solamente de la ventura de los colonizadores sino de la incógnita de guerra o paz que pende sobre toda la república pero particularmente sobre estos territorios.

Esta circunstancia enmarca buena parte de los rasgos de la colonización, particularmente en la "macro-región" que nos ocupa. Se trata ahora de un fenómeno vivido anteriormente pero con magnitudes nunca alcanzadas previamente: las contradicciones económicas y sociales han llevado a la formación de una nueva sociedad en una frontera en la cual está ausente el Estado. Pero su vacío comienza a ser llenado por el desarrollo de los gérmenes de organización que traen los colonos, y con los cuales buscan soluciones a sus necesidades de educación, de salud, vías, etc. Es la magnitud del germen de un nuevo Estado.

Así, el escenario de esta colonización es, definitivamente, el del otro capítulo de la sociedad colombiana, en el cual se proyectan los resultados de la inflexibilidad de las estructuras productivas y políticas de la "frontera interna", pero en la cual se comienza a construir un espacio y una colectividad, con aprendizajes duramente logrados al conquistar y esculpir este nuevo mundo.

Notas:

1. Ver, por ejemplo: Orlando Fals Borda, Historia Doble de la Costa: Mompós y Loba, Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1979; Germán Colmenares, Cali: Terratenientes, Mineros y Comerciantes, U. del Valle, Cali, 1975; Álvaro López Toro, Migración y Cambio Social en Antioquia durante el Siglo XIX. CEDE, U. de los Andes, Bogotá. 1970.

2. Marco Palacios, "La propiedad agraria en Cundinamarca 1880-1970: un esbozo sobre la sociedad de las tierras templadas". Trabajo presentado ante el Simposio sobre el Mundo Rural Colombiano, FAES, Medellín, 1981.

3. Ver Jesús Antonio Bejarano, "Campesinado, Luchas Agrarias e Historia Social en Colombia notas para un balance historiográfico", en: Pablo González Casanova (Coordinador), Historia Política de los Campesinos Latinoamericanos, Tomo 3. Siglo XXI Editores, México, 1985, pp. 15-16.

4. Ver José Antonio Ocampo, Colombia y la Economía Mundial 1830-1910, Siglo XXI Editores, Bogotá, 1984.

5. James J. Parsons, Antioqueño Colonization in western Colombia, University of California Press, Berkeley, 1949.

6. Álvaro López Toro, Migración y cambio social en Antioquia durante el siglo diecinueve, CEDE, Uniandes, Bogotá, 1970.

7. Mariano Arango, Café, e Industria, Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1977. También Keith Christie, Oligarcas, Campesinos y Políticos en Colombia, U. Nacional, Bogotá, 1986.

8. A. López Toro, Op. cit., p. 19.

9. Ibídem, p. 37 y siguientes.

10. Comentando la relación que entonces se dio entre las instituciones estatales y las comunidades de colonos, López Toro advertía con una premonición plenamente válida para las condiciones actuales de la colonización: "Si las expectativas de aquellos pioneros hubiesen auspiciado la consolidación del latifundio en las nuevas colonias, es presumible que la vigencia de la ley, la preservación de orden público y el control de los conflictos sociales se hubieran convertido en problemas insolubles para una administración pública tan inestable como la de Colombia durante el siglo pasado", Op. cit., p. 43.

11. Mariano Arango, Op. cit.

12. Jorge Villegas, "La Colonización de vertiente del siglo XIX en Colombia", Estudios Rurales Latinoamericanos, Vol. 1, No. 2, Bogotá, 1978.

13. Un caso ilustrativo lo constituyó la hacienda de El Hato, al suroriente de Bogotá: luego de haber pertenecido a una comunidad religiosa, fue adquirida por un laico, cuando apenas contaba con 300 hectáreas; su extensión abarcaba en los años 30, poco más de 12.000 hectáreas.

14. Marco Palacios, La propiedad agraria en Cundinamarca, 1880-1970: Un esbozo sobre la sociedad de las tierras templadas, FAES, Medellín, 1981.

15. Juan Sebastián Betancur, El debate sobre Reforma Agraria, FEDESARROLLO, Bogotá, 1986.

16. Ver: Absalón Machado. Políticas Agrarias en Colombia. CID, U. Nacional, Bogotá, 1986.

17. Ver: Gloria Gaitán, Las luchas por la tierra en Colombia, Tercer Mundo, Bogotá, 1975.

18. Ver: Marcos Palacios, Op. cit.

19. Jesús Antonio Bejarano "Orígenes del Problema Agrario", en varios, La Agricultura Colombiana en cl siglo XIX, Colcultura, Bogotá, 1976.

20. Diego L. Giraldo, Laureano Ladrón de Guevara, Desarrollo y Colonización. El Caso Colombiano, Universidad de Santo Tomás, Bogotá, 1981, p. 56.

21. Absalón Machado, Políticas Agrarias en Colombia, 1900-1960, CID, Universidad Nacional, Bogotá, 1986, p. 114 y siguientes.

22. Ibídem.

23. Economía Colombiana, Nos. 160-161, agosto-septiembre, 1984, Bogotá.

24. Ver: Banco Ganadero, informe anual, Bogotá, diciembre, 1985.

25. Myriam Jimeno, "La descomposición de la colonización campesina en Colombia", Estudios Rurales Latinoamericanos. Vol. 6, No. 1, Bogotá, 1983, p. 66.

26. Ibídem, p. 73.

27. D. Giraldo y L. Ladrón de Guevara, Op. cit., p. 101.

28. M. Jimeno, Op. cit., p. 72.