5 de julio: reunión de interlocución entre voceros campesinos y autoridades estatales. Se firma un acta de acuerdos que contempla cuatro puntos: el primero hace relación al establecimiento de una agenda de trabajo para darle vía al proceso de restablecimiento de la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra, atendiendo al pedido de la ACVC de que sea levantada la suspensión. El segundo punto, sobre derechos humanos, establece llevar a cabo la comisión de verificación al nordeste antioqueño, postergada en dos ocasiones. A su vez, las Fuerzas Militares reiterarán instrucciones a la tropa sobre comportamiento debido y respeto a los civiles; el programa presidencial de derechos humanos establecerá un funcionario en la zona por seis meses; y los organismos de control tomarán una serie de medidas para darle seguimiento a las denuncias realizadas y verificar la situación humanitaria regional. El tercer punto, sobre fumigaciones, establece la realización de una reunión con Acción Social en Bogotá para abordar soluciones a los daños perpetrados por las fumigaciones en los cultivos lícitos. El gobierno reitera que no se suspenderán las aspersiones, a pesar de su comprobado fracaso. El cuarto aspecto hace referencia a las garantías para el retorno.

12 de julio: retornan a sus hogares los campesinos del nordeste antioqueño, el sur de Bolívar y el valle del río Cimitarra al levantarse el campamento de refugio humanitario, luego de formalizarse el acuerdo con el gobierno nacional.

17 de julio: Pedro Nel Canole Polo, de 50 años, habitante de la región desde hace más de dos décadas, fue retenido por dos integrantes del Ejército de Liberación Nacional en la vereda Santo Domingo, de Cantagallo, a las 12:30 pm, cuando aserraba madera en su finca. Una hora después, fue encontrado su cadáver en el sitio El Perillo, sobre el camino real que comunica a Santo Domingo con Puerto Matilde. Este hecho luctuoso constituye una violación al derecho internacional humanitario que la organización guerrillera asegura obedecer y que protege a quienes no participan directamente de las hostilidades.

20 de julio: el señor José Nelson Ramírez López, alias Arturo, paramilitar desmovilizado, envió una lista de seis personas que, según él, serán asesinadas por los paramilitares. Estas personas son: Álvaro Manzano, José Manuel Atencio, Nury Cárcamo, Raúl Guerrero, Rubén Guerrero y Telésforo Bonilla. Según Ramírez, el motivo para asesinar a estos campesinos es que su labor en defensa de los derechos humanos es trabajo encubierto de la guerrilla.

27 de julio: en la vereda Alto San Juan, zona rural de San Pablo (sur de Bolívar) fue asesinado un joven raspachín (jornalero recolector), conocido como Jonathan. Según informan los habitantes de esa vereda, un grupo guerrillero fue el que lo asesinó, dejando con el cuerpo un comunicado que contenía los motivos por el cual fue ejecutado. En el documento se afirma que fue por vicioso, ladrón y ser informante de los grupos paramilitares. Jonathan llevaba un año de estar trabajando como raspachín en las diferentes fincas de la región. La comunidad manifiesta que no se sabía su procedencia ni tenia familiares en la zona. Tampoco portaba documentos, sólo se le conoció el nombre de Jonathan.

4 de agosto: el señor Rodolfo Triana Rodríguez, alias “Galloparado”, desmovilizado de los grupos paramilitares, junto a los reinsertados conocidos con los alias de “Bombillo” y “Culeco”, dieron a un campesino de la vereda Notepases (municipio de Yondó), una lista con los nombres de varios campesinos de la vereda, diciéndole que a partir del 20 de agosto se comenzaría a asesinar a esas personas. Añadieron que ya tienen las personas encargadas de hacer los asesinatos: Bombillo, Bleyner, Culeco y dos paramilitares nuevos. Estos desmovilizados permanecen en el casco urbano de Yondó, donde amenazan a los campesinos sin ningún inconveniente.

8 de agosto: En una amenaza de muerte, recibida vía correo electrónico, el Bloque Central de las “Águilas Negras” señala a un grupo de personas de Credhos y la ACVC, como también de otras organizaciones sociales, de tener nexos con grupos guerrilleros, y que por tal motivo, son declarados objetivo militar. Los paramilitares aseguraron además, que en los próximos días darían a conocer el nombre de más personas a quien amenazarían, pertenecientes a distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que trabajan en Barrancabermeja.

20 de agosto: dos civiles armados arribaron a la finca del campesino Hernán Darío Gallego en la vereda Tamar, preguntando por su paradero. Al no encontrarse, los dos hombres la emprendieron a golpes contra su hijo, Álvaro Andrés, de 25 años, quien en este momento se encuentra en la vereda San Francisco reponiéndose de la golpiza. En la zona se encuentran tropas del Batallón Calibío, adscrito a la 14a. Brigada del Ejército Nacional, comandadas por el sargento Ruiz.

24 de agosto: En la vereda La Unión, jurisdicción del municipio de Yondó (Antioquia), personas extrañas ingresaron en horas de la madrugada a la casa del señor José Brand y de Gustavo Hernández y procedieron a requisar todo. Al no encontrar nada de su interés, se fueron del lugar. En la región solo se veía la presencia de tropas del Ejército Nacional, que patrullan con mucha frecuencia y llevan consigo a un desmovilizado como guía, conocido como Jairo. Este sujeto fue el causante de la muerte del presidente de la junta acción comunal de la vereda La Unión, Cruz Aldelio Brand, quien fue asesinado por el Ejército Nacional el pasado mes de junio. Este desmovilizado hizo señalamientos falsos e injustos sobre Cruz Aldelio y se prestó para realizar el montaje para presentarlo como caído en combate, siendo el más reciente "falso positivo" en la región. Estos hechos han causado que los campesinos, llenos de temor, se desplacen de sus parcelas para proteger su vida y la de su familia. La comunidad está preocupada por estos hechos que se están presentando en la región y exige al gobierno nacional seguridad y garantías para permanecer en sus tierras, así como el respeto de sus vidas y pertenecías.

26 de septiembre: a las diez de la noche, en la vereda Muribá, del municipio de Cantagallo, Sur de Bolívar, soldados del Ejército Nacional que se encontraban encapuchados, bajo el mando del teniente Mahecha, llegaron a la finca del señor Salvador Martínez, preguntando que dónde tenía la plata y las armas, que dijera donde se encontraba la guerrilla. Después prosiguieron a maltratar e insultar a las personas que se encontraban en la casa. A los obreros los tiraron boca abajo y los encerraron en un cuarto. Los soldados robaron al señor salvador 5.080.000 pesos. Este dinero lo tenía el señor Salvador para invertirlo en la finca en siembra de pasto y cultivos de pancoger, y para pagar los jornales de los obreros que se encontraban trabajando en su parcela.

29 de septiembre: En la vereda El Cagüí, en la ciénaga de San Lorenzo, zona rural del municipio de Cantagallo (sur de Bolívar) fueron detenidos por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Andrés Gil, Evaristo Mena y Óscar Duque, miembros de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), quienes se encontraban en una reunión con la comunidad. Ante la oposición de los campesinos, los agentes realizaron disparos al aire. Andrés y Óscar son fundadores de la ACVC y actualmente hacen parte de la junta directiva de la asociación. Ya el 5 de octubre de 2006, Óscar había sido detenido arbitrariamente por el ejército, siendo liberado en días posteriores. Así mismo, en la ciudad de Barrancabermeja, las autoridades allanaron el apartamento de la ACVC, ubicada en el edificio La Tora. Al lugar arribaron a las cuatro de la tarde cerca de 50 soldados junto a agentes del DAS. También en Barrancabermeja fue detenido en su residencia Mario Martínez, directivo de la ACVC.

1ro. de octubre: es allanada la oficina regional de la ACVC, ubicada en Barrancabermeja. Son decomisados CPU, documentación y archivos de la asociación.

4 de octubre: a las seis de la mañana, en el municipio de Cantagallo fue allanada la residencia del señor Ambrosio Santiago Ardila por agentes que se identificaron como miembros de la Sijín sin presentar orden de allanamiento con el argumento que desde Bogotá habían recibido la información de que desde su número celular personal se habrían realizado llamadas extorsivas. Ambrosio Santiago Ardila es un dirigente popular y comunitario quien además es el presidente del Polo Democrático Alternativo en Cantagallo (Sur de Bolívar). Esta situación por demás irregular y claramente violatoria de la dignidad humana y los derechos humanos nos hace pensar que podría tratarse de un nuevo “falso positivo” cuyo único fin sería estigmatizar y judicializar sin pruebas, mediante montajes a los militantes del PDA en una maniobra encaminada a impedir el democrático ejercicio electoral de esta organización política y de sus militantes.

23 de noviembre: en la vereda Alto San Juan, de la zona rural del municipio de San Pablo (sur de Bolívar), tropas del Ejército Nacional detuvieron arbitrariamente durante una hora, aproximadamente, a un campesino de la región y a miembros del equipo de campo de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC). Según los soldados, el motivo de la detención fue el hecho de portar ejemplares del boletín La Marcha, de la ACVC, que serían repartidos entre la comunidad de la vereda Muribá. Los uniformados afirmaron que los boletines "los saca la guerrilla", y acusaron a los miembros de la ACVC de ser sus colaboradores. También les fueron requisados los documentos de identidad, teléfonos celulares y un avantel de dotación de la asociación. Fueron pedidos los números de los equipos, encendidos y revisados. Después de una hora, los equipos fueron devueltos y permitido el paso. En las horas de la noche, los soldados ingresaron a la finca de una campesina de la misma región, robaron dos cadenas, unos aretes de oro y dos millones pesos en efectivo. Adicionalmente, la amenazaron y obligaron a firmar un documento de "buen trato".

28 de diciembre: A las cinco de la mañana tropas bajo el mando del teniente Páez y adscritas al Batallón Calibío de la 14a. Brigada de la Séptima División del Ejército Nacional se llevaron al señor Parmenio Manuel Hernández Anaya, de 42 años de edad, poblador de la Zona de Reserva Campesina, quien se encontraba en su vivienda ubicada en la vereda La Poza, zona rural del municipio de Cantagallo (Bolívar). Cinco días después, en Barrancabermeja, su cuerpo sin vida es presentado a su familia con un tiro en la espalda y vestido de camuflado.