La Marcha Patriótica considera que el respeto, la garantía y protección de los Derechos humanos tiene que ser la primera obligación de todo Estado. Pero en Colombia no es así.

Desde que se hizo público el esperado inicio de diálogos por la paz en el país, tras el conflicto armado de más de 5 décadas sin vencedores ni vencidos, entre el Estado y las FARC-EP, los sectores de derecha que se oponen a una solución política del conflicto armado vienen ejerciendo una constante presión y sabotaje para que éste proceso no llegue a buen término, pues sienten que sus privilegios, crímenes y expropiación de tierras quedarían al descubierto.

Ya no es un secreto para el pueblo, a pesar de la distorsión y el falseamiento que de la realidad proyectan diariamente los grandes medios de comunicación, que detrás de las masacres de campesinos como el de Santa Rosa de Osos, el asesinato de líderes reclamantes de tierra, las amenazas de muerte contra los defensores de derechos humanos, líderes estudiantiles, indígenas, etc., están poderosos sectores políticos y económicos dominantes. Ni los grandes medios de comunicación pueden ya esconder la existencia de los llamados ejércitos de regeneración que buscan por medio del terror, masacres, asesinatos y amenazas de muerte contra las bases campesinas imponer los intereses de un sector terrateniente, ganadero y empresarial ligado a una derecha que ha declarado su abierta oposición al proceso de diálogos por la Paz que se inició. Por eso la masacre de 10 campesinos en Santa Rosa de Osos el pasado 8 de noviembre a manos de integrantes de una banda criminal heredera de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), debe entenderse como un acto bárbaro perpetrado por los mismos que en la pasada década sembraron de miles de fosas comunes los campos de Colombia.

Los municipios del norte de Antioquia como Remedios, Segovia y Zaragoza vienen siendo escenario de una guerra abierta por el control territorial, afianzamiento de las expropiaciones de tierras y de la producción y comercialización de los recursos auríferos. Dicha situación ha llevado a un ambiente de zozobra y confrontación donde la violación de derechos humanos es permanente. Es tal la magnitud del problema que la misma personería municipal de Segovia habla de un incremento del 200% en homicidios, estimando que desde enero hasta el 16 de octubre de 2012 se registraron 143 asesinatos. Solamente en el municipio de Remedios el número de muertos hasta hoy está en 114 homicidios y más de 250 desplazamientos forzados.

Además, en la región del Nordeste y Bajo Cauca, el ejército paramilitar viene ejerciendo control económico y sanitario por medio de retenes permanentes a la población negándoles el derecho a aprovisionarse de alimentos y demás bienes de consumo básico. Así mismo hay informes de un camión cargado de paramilitares que fueron llevados cerca de Remedios. Llegan, dicen los pobladores, para prestar apoyo a los paramilitares que ya están allí. Pero la verdad es que su objetivo es obligar a la población a desplazarse por medio del terror.

La masacre de Santa Rosa de Osos es un brutal ataque que se inscribe dentro de la nunca finalizada estrategia de someter las poblaciones y comunidades campesinas a una política de control, expropiación por despojo y represión impulsada por la banda de criminales conformada por el gran capital, las transnacionales en busca de riquezas minerales y el cartel de parapolíticos ligados a terratenientes y ganaderos.

Le asiste toda la razón a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuando condenó la horrorosa masacre de Santa Rosa de Osos. “Todos tienen la obligación de respetar los derechos humanos”, afirmó el representante en Colombia Todd Howland al explicar que “el Estado en quien tiene una obligación mayor, pues no solo es el primer responsable de respetar los derechos humanos, sino también de garantizarlos y protegerlos”.

Dada la gravedad de los hechos denunciados y previendo un mayor escalamiento tanto de la confrontación armada como de la violación de derechos humanos, desde Marcha Patriótica llamamos a las organizaciones sociales y políticas del país a mantener en alto las banderas de lucha por una paz verdadera fundamentada en la más amplia justicia social. Y a ganar apoyo, respaldo y garantías a través de la participación activa, la denuncia y la movilización para que los diálogos de paz no sean sólo una efímera aspiración, que es lo que quiere la derecha narco paramilitar, sino la más alta aspiración política del pueblo colombiano. Estar alertas ante la arremetida de las fuerzas opuestas a la solución política del conflicto, ante cualquier violación de derechos humanos que se cometa en el país, como sucede con la reciente desaparición del compañero MIGUEL ÁNGEL PABÓN PABÓN, de 36 años, padre de dos niñas y líder de Movimiento Social en defensa del Río Sogamoso, dedicado y destacado ambientalista, defensor de las comunidades de pescadores y defensor de las comunidades de pescadores y campesinos.

Marcha Patriótica Antioquia

Medellín, 10 de Noviembre del 2012