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Declaración de Valledupar
La restitución de tierras en el Cesar: Entre la esperanza y la frustración
Asociación Wayúu Alejia Wakuaipa / Jueves 13 de diciembre de 2012
 

1. A fin de realizar un análisis colectivo sobre las características que el despojo de tierras ha presentado en el Cesar, elaborar un preliminar balance del estado actual en que se encuentran los procesos de restitución que se están llevando a cabo, comprender los escenarios de riesgo que se han configurando entorno a algunos de estos procesos y avanzar en la construcción de una propuesta de fortalecimiento de las organizaciones y procesos colectivos de reclamación de restitución de tierras en el departamento, del 10 al 11 de diciembre de 2012, y por segunda vez, nos dimos cita en Valledupar (Cesar), alrededor de veinticinco líderes y lideresas reclamantes de restitución de tierras pertenecientes a los predios de Bellacruz (La Gloria, Pelaya y Tamalameque), El Prado y Mechoacán (corregimiento de Boquerón en La Jagua de Ibirico), El Toco (corregimiento de Los Brasiles en San Diego), Santafé y Manantiales (corregimiento de Estados Unidos en Becerril), La Concordia (corregimiento de Llerasca en Agustín Codazzi), San Miguel y Entre Ríos (El Copey), El Limón (corregimiento de La Mesa-Azúcarbuena), Buenavista (vereda Marquetalia del corregimiento de Villa Germania en Valledupar), La Libertad (corregimiento de La Mata en La Gloria) y Villa Oliva (San Martín), entre otros.

2. El fenómeno del despojo de tierras y territorios en el Cesar es de grandes proporciones y su dimensión real aún está lejos de ser establecida a pesar de la existencia de algunas cifras indicativas. De datos aportados el 3 de diciembre de 2012 por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, puede decirse que en el contexto de la región Caribe el Cesar ocupa el primer lugar en cuanto a hectáreas despojadas, con 169.729, y el segundo lugar en lo que respecta al número formal de solicitudes de restitución con 2.525, después de Bolívar que tiene 2.855; en tanto que a nivel nacional el Cesar ocupa el segundo lugar en lo referente a hectáreas despojadas, después de Antioquia que tiene 207.195, y el tercer lugar en lo que atañe al número formal de solicitudes después de Antioquia, que tiene 4.244 y Bolívar con la cifra antes mencionada.

3. Como se ha dicho los datos antes consignados son meramente indicativos y en modo alguno pueden ser tomados como definitivos o absolutos debido, entre otras, a las siguientes razones:

3.1. No todas las víctimas de despojo en el Cesar han declarado formalmente este hecho victimizante del que fueron objeto, sea por desconocimiento de la Ley de víctimas y restitución de tierras y sus procedimientos o, en la mayoría de los casos, por cuenta del temor y el miedo que las embarga y que las lleva a abstenerse de realizar cualquier solicitud.

3.2. Las cifras sólo expresan las solicitudes que formalmente han sido elevadas ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, por lo que no aparecen registrados los datos concernientes a algunos procesos de restitución de tierras, tales como El Prado, Mechoacán y Bellacruz, que se han realizado por fuera del marco normativo de la ya mencionada Ley de víctimas y restitución de tierras.

3.3. Sobre un mismo predio pueden presentarse diversas solicitudes, sobre todo cuando se da el caso de parcelas que tienen varios herederos.

3.4. No está demás decir que al igual que en otros departamentos de la región Caribe, el despojo de tierras y territorios no es un asunto del pasado reciente sino que es un fenómeno que, sobre todo en el contexto actual de la expansión de la megaminería y de la agroindustria, todavía se sigue presentando, aunque ciertamente bajo otros formas y modalidades que en todo caso no excluyen el uso sutil de la violencia.

4. Debe quedar claro que el despojo de tierras y territorios no fue producto del azar o de la casualidad sino que hizo parte de una verdadera empresa criminal organizada, estructurada y planeada en la que confluyeron, entre otros, los intereses de terratenientes y latifundistas, ganaderos, empresarios, redes políticas locales y regionales, funcionarios públicos corruptos y mandos paramilitares. Del análisis de los casos más emblemáticos de despojo escenificados en el Cesar, especialmente entre 2000 y 2004 se pueden esbozar las siguientes consideraciones:

4.1. Los despojos de tierras se dieron preferentemente sobre aquellos predios que especialmente entre 1985 y 1998 y en el contexto de amplias movilizaciones campesinas y una fuerte actividad de organizaciones agrarias, habían sido parcelados y adjudicados por el INCORA a campesinos sin tierra.

4.2. Buena parte de los casos de despojo se cristalizaron en razón a que empresarios, terratenientes y políticos locales tuvieron acceso a información privilegiada que daba cuenta, por ejemplo, de las tendencias de la prospección y exploración minera y del rumbo de los megaproyectos agroindustriales, de tal manera que mucho antes que fuera del pleno dominio institucional y público, esta información ya había sido conocida por ellos.

4.3. Una vez legalizado el despojo de tierras y en la lógica de los intereses privados de los victimarios y sus aliados, sobrevino la conversión del uso del suelo el cual pasó a ser apto para la explotación minera, especialmente carbonífera, dejando atrás y para siempre su tradicional vocación agropecuaria y, en ese mismo sentido, se cambió la economía campesina y todo lo que ello representa no sólo en términos de relaciones sociales, de relaciones con el medio natural y la soberanía y seguridad alimentarias, para abrirle paso a la agroindustria de los biocombustibles.

4.4. En suma, el despojo de tierras y territorios terminó siendo funcional a un modelo de desarrollo extractivista y agroindustrial que, a la postre, terminó imponiéndose en el país, en detrimento de la economía campesina y poniendo en riesgo, como ya se dijo, la soberanía y seguridad alimentarias del país.

5. En el Cesar el despojo de tierras y territorios exhibió una gran variedad de situaciones y un amplio abanico de modalidades, entre las que se pueden relacionar, como las más relevantes, las siguientes:

5.1. Casos directamente asociados a la ampliación de la frontera de la megaminería transnacional tales como los de El Prado, Mechoacán y también Santafé.

5.2. Casos relacionados estrechamente con la expansión de la agroindustria de la palma aceitera como los de Bellacruz, Santafé y varios de los que tuvieron lugar en El Copey.

5.3. Casos de despojo de tierras fértiles y productivas que a la postre terminaron en las manos de familiares, amigos, aliados y testaferros de mandos paramilitares como ocurrió en El Toco, La Concordia, Entre Ríos, San Miguel, El Limón, Buenavista y La Libertad.

5.4. Sea como sea en casi todos estos casos los paramilitares y sus aliados apelaron a la combinación del ejercicio de la violencia y uso del terror con el despliegue de toda suerte de artilugios y estratagemas entre las que se pueden mencionar la compra de tierras a precios irrisorios, la falsificación de escrituras y documentos públicos, la caducidad irregular de las asignaciones de tierras para traspasárselas a terceras personas, los cambios en la vocación y uso del suelo, y la desaparición de pruebas sobre la ocurrencia de delitos como el desplazamiento forzado, etcétera, en los que estuvieron activamente involucrados algunos funcionarios del INCODER, de las oficinas de registro de instrumentos públicos, de notarías, de la fuerza pública y de las administraciones municipales.

6. La Ley de víctimas y restitución de tierras, sobre todo en este último componente, ha configurado una situación de una gran conflictividad social debido a que ha terminado contraponiendo las enormes y muchas veces desbordadas expectativas y esperanzas de los reclamantes de restitución ansiosos de que las tierras que les fueron arrebatadas por la violencia les sean devueltas en un tiempo prudencial, con los temores y rencores que se han despertado en los despojadores y sus aliados que se niegan a ver afectados sus intereses, todo ello en el contexto de una excesivamente lenta construcción y puesta en marcha de la infraestructura institucional requerida para garantizar adecuada y efectivamente el derecho de las víctimas del conflicto armado a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición. En este sentido los líderes y lideresas reclamantes de restitución de tierras del Cesar advertimos las siguientes preocupaciones:

6.1. Da la impresión que debido a la irritante lentitud con que desde la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas se ha abocado lo concerniente a su misión legal, los diez años de vigencia de la Ley de víctimas y restitución de tierras van a ser manifiestamente insuficientes para atender efectivamente todas las solicitudes que han recibido; en ese sentido las expectativas iniciales progresivamente han venido mutando en frustración.

6.2. El proyecto de Ley de tierras y desarrollo rural, que se supone iba a ser el complemento de la Ley de víctimas y restitución de tierras en lo referente a la democratización de la propiedad de la tierra, no sólo no ha sido adecuadamente socializada y discutida con las organizaciones sociales que impulsan y promueven procesos de restitución sino que contiene elementos que claramente le apuestan al modelo agroindustrial que erosiona profundamente las bases de la economía campesina y con ello de la soberanía y seguridad alimentarias tanto de los campesinos como de los pobladores urbanos.

6.3. Se pone de manifiesto una abierta contradicción entre las promesas gubernamentales ya no únicamente de restitución de tierras sino también de retornos y el lugar estratégico y privilegiado que ocupa la llamada locomotora minero-energética en el Plan Nacional de Desarrollo: 2010-2014 “Prosperidad para Todos” de la administración de Santos Calderón. En ese sentido y teniendo en cuenta que hoy por hoy una significativa parte del territorio del departamento del Cesar se encuentra bajo títulos, concesiones o solicitudes mineras, incluso sobre áreas protegidas y resguardos indígenas, constriñendo progresivamente las áreas para el desarrollo de las actividades agropecuarias y la economía campesina, es legítimo preguntar hasta dónde será posible la restitución de las tierras cuando buena parte de ellas está en poder, o lo van a estar en el inmediato futuro, de las transnacionales mineras.

6.4. Existen grandes riesgos de que la propuesta esgrimida por algunas instituciones y autoridades territoriales en el sentido de hacer sustracciones a las áreas de Reserva Forestal ubicadas en las partes medias y altas de la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta con el propósito de constituir Reservas Campesinas sobre las cuales llevar a cabo procesos de restitución, retorno o reubicación, termine de una u otra manera siendo funcional a los intereses privados de la megaminería y de la agroindustria las que, sin lugar a dudas, ya tienen sus ojos puestos allí. En ese contexto no sería para nada extraño que una vez materializadas las respectivas sustracciones, y dada la fragilidad, atomización y despolitización de las organizaciones campesinas y agrarias del departamento, las Reservas Campesinas que eventualmente se puedan constituir queden subordinadas a la agroindustria de los biocombustibles o, en el peor de los escenarios, abriendo el corte para la ulterior penetración de la explotación carbonífera.

6.5. Luego de casi un año de haber entrado en vigencia la normatividad referida a las víctimas y a la restitución de tierras se observa una gran descoordinación y dispersión en la intervención institucional que se expresa en la incapacidad para formular de manera conjunta planes de acción que permitan una atención oportuna, pertinente y adecuada en casos en donde las circunstancias así lo ameriten. En ese sentido, preocupa profundamente que, por ejemplo, la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas se haya mantenido al margen de los procesos de diálogo y concertación que el INCODER ha adelantado respecto de los casos de El Prado y Bellacruz a propósito de sentencias judiciales que ordenan adelantar procesos de restitución o de indemnización.

6.6. Lo referente a la restitución de tierras sigue ocupando lugares secundarios y marginales en las agendas de una gran parte de las entidades e instituciones territoriales y ello se expresa en que su abordaje se ha reducido a un recóndito subcomité de unos comités territoriales de justicia transicional que a la fecha se han mostrado ineficaces, toda vez que se han quedado en meras formalidades.

6.7. La restitución de tierras será a todas luces insuficiente si se mantiene incólume la impunidad sobre los hechos victimizantes cometidos en contra de las víctimas de despojo de tierras –entre ellos desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, violencia basada en género, homicidio en persona protegida, homicidios de configuración múltiple, ejecuciones extrajudiciales o sumarias, etcétera— y si exclusivamente se continúa conociendo y validando la verdad de los perpetradores y victimarios en desmedro de la verdad construida por las propias víctimas.

7. Además del riesgo que ya de por sí se configura en razón a la presencia de grupos armados ilegales sucesores y herederos de las AUC (GAI) —entre ellos Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Los Rastrojos— que actúan en aquellos municipios en donde están teniendo lugar procesos colectivos de restitución de tierras, el Cesar es uno de los departamentos en donde, principalmente desde diciembre de 2011, se ha venido hablando de manera cada vez más recurrente de la existencia de los que han sido dados en llamar Grupos Antirrestitución (GAR) y que no son otra cosa que la confluencia, en lo local, de poderosos intereses privados opuestos a la restitución de las tierras que acuden a una gran variedad de estrategias y dispositivos, entre los que la administración del miedo así como la vigilancia sutil ocupan un lugar central, dirigidos a configurar una atmósfera adversa a las demandas de restitución enarboladas por líderes y lideresas. Al respecto cabe anotar que según información aportada por la Defensoría del Pueblo Regional Cesar a la fecha tiene registrados a veintiocho reclamantes de restitución de tierras, entre ellos varios líderes y lideresas, que formalmente han manifestado ante ese despacho estar siendo objeto de amenazas o haber sido amenazados durante el año 2012. Sea originadas en los GAI o en los GAR o en grupos indeterminados e innominados, lo cierto es que los líderes y lideresas de los procesos de reclamación de restitución de tierras han sido amenazados a través de sufragios, llamadas telefónicas, correos electrónicos, envíos de mensajes de texto, recibo de recados de terceras personas, circulación de rumores, panfletos, hombres desconocidos merodeando por los lugares que frecuentan y movimientos esporádicos de pequeñas estructuras armadas, etcétera.

8. En lo que concierne específicamente a a las medidas de protección que desde la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional de Colombia (PNC) se han definido para atender el caso de aquellos reclamantes de restitución de tierras que han sido amenazados, hay que manifestar nuestra preocupación e insatisfacción, por las razones que a continuación se esbozan:

8.1. Se advierte la poca celeridad en la respuesta dada por las instituciones concernidas ante los casos de amenaza que le son puestos en conocimiento. Es así como el tiempo que transcurre entre el momento en que se contacta formalmente a la persona amenazada y el momento en que se le hace el correspondiente estudio de riesgo suele ser demasiado prolongado; así mismo el tiempo que pasa entre la realización del estudio de riesgo y la materialización de las medidas a veces es tan amplio que entre uno y otro se han presentado nuevos hechos que no quedan incorporados en el estudio de riesgo y consecuentemente no son tenidos en cuenta a la hora de definir las medidas otorgadas.

8.2. La entrega de un chaleco antibalas y de un medio de comunicación (teléfono móvil), al igual que la asignación de escoltas y vehículos, no deja de ser un asunto bastante problemático para la gran mayoría de líderes y lideresas amenazados por cuanto de una parte ven enormemente limitado el trabajo organizativo que adelantan, pero por la otra, se sienten indefensos y desprotegidos cuando las medidas de protección le son retiradas. Es por ello que se requiere con urgencia la definición de dispositivos y medidas de protección colectivas en las que se aborde no sólo al individuo sino a su familia, a su organización y a su comunidad.

8.3. En la mayoría de los casos el llamado Plan Padrino de la Policía nacional, más allá de que en muchas ocasiones no se realiza con el rigor y la periodicidad acordados, es considerado como ineficaz para prevenir hechos victimizantes en contra de líderes y lideresas que han adquirido cierta visibilidad y notoriedad.

8.4. Pese a que en diferentes oportunidades y por distintos medios se le ha solicitado expresamente a la Unidad Nacional de Protección que realice en Valledupar una sesión especial del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) a la fecha ha primado un silencio desconcertante y no se ha obtenido ninguna respuesta.

9. En vista de este panorama que se ha presentado, los líderes y lideresas de las organizaciones sociales participantes en este significativo encuentro hemos tomado la firme decisión de desplegar lo mejor de nuestras capacidades creativas e inventivas dirigidas a articular un trabajo en red que le apueste a la creación y consolidación de un escenario plural, horizontal y democrático en el que confluyan todos y cada una de los procesos de reclamación de restitución de tierras que están teniendo lugar en el departamento del Cesar, en la perspectiva de unificar criterios, construir consensos y hablar con una sola voz. En ese contexto el compromiso que adquirimos las organizaciones sociales participantes en este histórico encuentro es que la red y el escenario que se han configurado a partir de esta declaración se conviertan en un interlocutor válido y legítimo para adelantar el diálogo y la concertación con la institucionalidad en todos sus niveles en materia de prevención y protección de los reclamantes de restitución que han estado siendo amenazados y, en general, en los asuntos concernidos a la restitución de las tierras y territorios despojados en el Cesar.

Valledupar (Cesar), a 11 de diciembre de 2012

ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE EL PRADO (ASOVIPRA)

ASOCIACIÓN COLOMBIANA HORIZONTE DE POBLACIÓN DESPLAZADA (ASOCOL)

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA NUEVA CONCORDIA (APROANCO)

ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS VÍCTIMAS DE LAS RIVERAS DEL RÍO ARIGUANÍ (ASOCAMURA)

FUNDACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS DEL SUR DEL CESAR (FUNDIVINSUR)

ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN COLOMBIA RADICADOS EN EL CESAR (ADVICCESAR)

ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DESPLAZADOS DE EL TOCO (ASOCOMPARTA)
ASOCIACIÓN MULTIACTIVA DE VÍCTIMAS DESPLAZADAS POR EL CONFLICTO ARMADO DE LA VEREDA VILLA OLIVA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN (ASODEVO)

ONG COLOMBIA PROGRESISTA

ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS ALMA DE ROBLE

ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS (ANUC) – SECCIONAL CESAR

ASOCIACIÓN WAYÚU ALEJIA WAKUAIPA