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Hacienda “La Chane”. Un acercamiento a las propuestas de reubicación de población desplazada en Norte de Santander
Freddy Ordóñez / Domingo 27 de enero de 2008
 

A las siete de la mañana fue la cita en la sede de Asofunorts en el barrio El Páramo, en la ciudad de Cúcuta. Algunos líderes de la población desplazada de Norte de Santander pretendían, hoy domingo 20 de enero, visitar una de las fincas adjudicadas por el Incoder a las familias desplazadas por la violencia en Norte de Santander. “¿Vos si eres bueno para caminar? Porque de pronto nos toca caminar algo más de una hora por trocha, ya que el camino puede estar feo” me dijo una de los líderes, con esa forma particular de “hablar - cantao” que tienen las personas oriundas de la provincia de Ocaña y que junto al “noseatoche” recuerda que se está en Norte de Santander. “¡Qué tochada!”, pensé, y (extrañando la falta de una botella de agua) respondí: “Sí”.

La finca era un predio llamado “La Chane”, en la vereda Pedregales, municipio de El Zulia, a algo más de 15 minutos después del casco urbano. El Zulia es famoso entre los cucuteños por los paseos con olla al río que lleva su mismo nombre, y “la rampuchada” (caldo hecho con un pescado llamado rampuche, pez típico del río), pero también por haber sido durante varios años uno de los municipios en los cuales se establecieron los paramilitares para ejercer el control de la capital nortesantandereana.

El Zulia es un municipio pequeño limítrofe con Cúcuta, cuya población es de 20.309 personas (según el censo de 2005), de las cuales 11.305 viven en la zona urbana, y 9.004 en la zona rural. Según Codhes, entre 1998 y el 2005, a El Zulia llegaron 2.091 personas desplazadas forzadamente, lo cual constituye un 10% de su población.

Los paramilitares encontraron muy estratégico posicionarse de este municipio, por su cercanía con Cúcuta y su paso obligado entre esta ciudad y los municipios de Sardinata y Tibú, completando así el control de una de las principales arterias viales del departamento y la entrada a la zona del Catatumbo: Cúcuta - El Zulia – La Y – Petróleo – Campo Dos – Tibú.

Por el camino mis acompañantes recordaban cómo algunos de los desplazados que vivían en El Zulia llegaban del Catatumbo, especialmente de La Gabarra, huyendo de las atrocidades cometidas allí por las AUC “para venir a caer en la boca del lobo”, dijo uno de ellos. “La zozobra diaria, el vivir escondidos, el acostarse y pensar que no se iba a ver el amanecer del día siguiente, son parte de lo que viví por cerca de cuatro años”, dijo una señora, quien prefirió mudarse a la capital nortesantandereana, añadiendo: “Todos sabían quiénes eran, dónde estaban, pero la Policía y el ejército no hacían nada”. “Es la misma afirmación que hacen en otras partes del país”, le dije, “con el agravante de que los comandantes paramilitares ya confesaron que pagaban a la administración y a la fuerza pública departamental para que fueran sus aliados, nómina paralela, le llamaban”. “A la salida de Cúcuta, en Cerro Pico, asesinaron mucha gente, de acá mismo de Cúcuta y de El Zulia, cuando no era que las mataban en otro lado y las tiraban ahí”, indicó mi acompañante.

Afortunadamente el camino no estaba tan malo (pues por estos días no ha hecho invierno, porque de por si la vía es pésima) y el famoso Renault 12, que circula a lo largo y ancho de este departamento, nos pudo llevar hasta nuestro destino. Una vez allí pudimos constatar que el estado no tiene realmente una política de reparación para la población desplazada.

Al llegar a la finca los habitantes nos dieron la bienvenida con un tinto, y de inmediato nos sentamos en la entrada de una de las casas para enterarnos un poco más de las irregularidades en la adquisición del bien y en el proceso de reubicación.

La Chane costó 275 millones de pesos, y tiene una extensión de 129 hectáreas, lo que da un precio de $2.131.783 por hectárea, un precio bastante elevado si se tiene en cuenta que en el mismo sector las mejores tierras se pagan a un millón por Ha. De las 129 hectáreas, los campesinos afirman únicamente son tierras trabajables 64, las otras 65 son en zona montañosa, con suelos áridos, llenos de piedras y alguna maleza (que al verla tenia características de vegetación de región semidesértica). Uno de los campesinos reubicados dijo que: “en esta parte uno roza y en tres días lo que siembra se le muere”.

De la extensa finca afirmaron que “sólo nueve hectáreas son buenas para sembrar” y “únicamente tres y media hectáreas son las que tienen riego”.

La finca se adquirió en un principio para reubicar a ocho familias, pero el coordinador territorial del Incoder (coordinador que tiene bajo su jurisdicción los Santanderes) visitó el predio y subió el cupo a 15 familias (para aumentar las cifras de reubicación y mostrar resultados). Actualmente habitan allí 13, y la presencia permanente es de ocho familias, que son en promedio 60 personas, cuya mayoría vive allí desde el 10 de enero de 2007, fecha en que fueron reubicados. Los actuales habitantes consideran que no se pueden incluir en la Chane más familias.

La parte construida del bien son tres casas en adobe (agrietado) con techos en lámina de zinc (algunas de ellas levantadas y con goteras), dos de ellas sin servicio de sanitario y de agua potable, de dos alcobas, y espacio para cocina, las cuales se evaluaron en $12 y $8 millones. La otra casa que tiene servicio sanitario se evaluó en 18 millones de pesos. Ninguno de los inmuebles tiene luz eléctrica. Como no todas las familias pueden vivir en las tres viviendas, algunas han empezado a construir sus humildes casas en tabla y zinc.

Los costos evidentemente son muy altos para viviendas en condiciones tan precarias.

Pero mayor sorpresa fue conocer que un corral en madera no trabajada, piso en cemento deteriorado, con techo en lámina de zinc y con una extensión no mayor a cinco por tres metros, fue valorado en $8 millones.

El valor tan elevado de la parte construida, así como de las tierras hacen pensar en una serie de irregularidades en el proceso de adquisición del bien, lo cual el Incoder deberá aclarar.

Aparte de algunas herramientas, a las familias reubicadas no se les ha dado ningún otro tipo de ayuda, asistencia, capital inicial o “plan semilla” para poder empezar a desarrollar proyectos productivos y poner a producir la tierra que tanto anhelaban. Muchos de ellos todavía se consideran víctimas de la violencia en dos sentidos: en calidad de victimas de amenazas, asesinatos de familiares, o sobrevivientes de masacres (ante lo que no ha habido reparación), y en su calidad de desplazados forzados, pues no consideran hayan sido reparados, ni reubicados en condiciones de dignidad, simplemente creen que el gobierno, una vez más, los engañó.

Pasado el medio día salimos de la Chane con el propósito y la promesa de evidenciar las irregularidades en la adquisición de predios por parte del Incoder, y la difícil situación por la que atraviesan estas familias, así como las otras que han sido reubicadas en Norte de Santander.

“En cuanto a los procesos de reubicación se hace énfasis en que se han adelantado reubicaciones urbanas de manera desordenada y descoordinada […] En lo que atañe a la reubicación rural, señalamos que a pesar que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) menciona procesos de reubicación en los municipios de Sardinata, Tibú, Salazar de las Palmas, Cúcuta y Zulia, no se trata de verdaderos procesos de reubicación, pues las familias no cuentan con las garantías de seguridad y de restablecimiento y todas las disposiciones de ley, afirmación que corroboran todos y cada uno de los líderes delegados ante la Mesa de Fortalecimiento, pues en las entidades territoriales no existen partidas presupuestales para este componente especifico de atención, la adquisición de predios para reubicación no son sometidas a serios análisis de riesgo, por no decir que ni siquiera es un criterio para definir su compra, las familias no reciben apoyo y asistencia alimentaria y nutricional (algunas de la familias reubicadas han recibido un pequeño apoyo alimentario suministrado por Pastoral Social), mientras los proyectos productivos que, de igual forma no reciben, sean sostenibles y rentables para garantizar el sustento de las familias, y finalmente no hay seguimiento y observación para garantizar cesación de la condición de desplazamiento de cada una de las familias reubicadas, porque no se les ofrecen verdaderas soluciones a su problemática de desplazamiento. Algunas de las fincas no tienen las condiciones optimas ni para vivienda ni para la siembra.

[…] respecto a la adjudicación de predios rurales en los municipios, [esta sólo se ha dado] en los municipios de Sardinata (1), en Salazar (1), Tibú (3), Cúcuta (2) y El Zulia (1), en donde se han desarrollado procesos de compra de bienes, que presentan las siguientes irregularidades: No se tiene en cuenta la participación de la población para la cual es destinada el predio; el valor del mismo en relación con las hectáreas resulta excesivamente alto y desproporcionado y, se presenta frecuentemente que los predios destinados a la reubicación de familias desplazadas tienen un gran porcentaje de tierra que no tiene las calidades necesarias para ser cultivada, es decir, inservible al propósito principal de la reubicación. Ejemplo: Finca la Banqueada en el municipio de Sardinata, destinada para la reubicación de 23 familias, el costo fue de 468 millones de pesos aproximadamente, que resultan desproporcionados para 307 hectáreas que la componen, teniendo en cuenta que 70 de las mismas resultan improductivas.

En los procesos de adjudicación de estos predios, y en virtud de dar cumplimiento a la fase de estabilización socioeconómica, a las familias se le debía garantizar subsidios de vivienda, desarrollo de proyectos productivos, saneamiento básico, y sobre todo el apoyo alimentario, pero la realidad es que todas las familias fueron reubicadas pero los inmuebles entregados carecían de condiciones para que las familias se autoabastecieran mientras los proyectos productivos que no fueron tampoco garantizados dieran frutos. Similares condiciones se dieron en el derecho a la vivienda de estas familias que tuvieron que levantar, al igual que en la urbes, cambuches con telas, con plásticos y con tablas, desechables, etc.

Los líderes de las asociaciones reubicadas exponen que desde el primer momento han presentado muchas dificultades. En Tibú, por ejemplo, se expone que no hay estabilidad para las familias, que los terrenos no son fértiles, no hay condiciones de seguridad alimentaria, no hay posibilidades de generación de ingresos y esto genera muchos problemas comunitarios; en Salazar de las Palmas, expone similares situaciones pero que al paso del tiempo se han ido liberando las cargas; En Cúcuta y Sardinata, agregan a lo anterior que las familias no se trasladan a los predios.

Debido a estas dificultades y a las condiciones infrahumanas a las que debieron someterse las familias, muchas decidieron no reubicarse en esos terrenos hasta tanto no se dieran las condiciones dignas para habitar e iniciar sus proyectos de vida, sin embargo, esa decisión les costó caro, en el sentido que perdieron su derecho a ser reubicados en sus fincas y de manera arbitraria, a pesar del derecho adquirido fueron retirados del listado de beneficiarios y reemplazados por otras familias que sí quisieran someterse a vivir en las condiciones de indignidad propuestas por el Incoder.

Es así como las familias se sienten solos y se les recarga el desarrollo comunitario a los líderes y a su capacidad de gestión; al día de hoy, estas asociaciones cuentan con el apoyo de ONG, de Pastoral Social, algunos de sus administraciones municipales y del propio desarrollo comunitario, y en esa medida han logrado obtener bienestar en algunas necesidades, pero este compromiso implica mucho trabajo e inversión personal, y a esto se le suma que las familias no reciben subsidios para el desarrollo de proyectos productivos sino que se les habla de créditos, lo que los somete a endeudarse con el sistema financiero [1] ”.

Mesa Departamental de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada de Norte de Santander, apartes del Informe preliminar de seguimiento a las políticas públicas de atención integral a la población desplazada asentada en Norte de Santander presentado a la Gobernación de Norte de Santander / Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada, Cúcuta, agosto 15 de 2007.

[1Con los pequeños créditos obtenidos (máximo de $7’700.000), algunas familias han optado por comprar reses (entre cinco y siete animales). En este tipo de créditos las familias a los 6 meses deben pagar $470.000 de intereses, al año deben pagar $2.100.000 (capital e intereses). Para poder estar al día con el préstamo (pues no han sido beneficiarios de proyectos productivos), las familias han empezado a vender los animales comprados.