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Abusos de autoridad en La Herradura, El Porvenir, Nueva Unión, Puerto Colombia. Urgente protección a organizaciones y comunidades
Putumayo: Ejecuciones extrajudiciales de la Sexta División
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz / Jueves 24 de enero de 2008
 

“Líbranos de los perseguidores, del fondo de nuestras almas exigimos justicia, Escúchanos… Señor, son como leones listos a asaltarnos, nos van a despedazar sin que nadie nos salve”. Salmo 7, 1 y 2

Los líderes campesinos Hugo Armando Torres y Heyner Alexánder Guerrero Paredes fueron ejecutados por efectivos de las unidades militares de la Brigada Móvil 13 en el caserío Nueva Unión, corregimiento de Teteyé, municipio de Puerto Asís, el pasado domingo 20 de enero. Sus cuerpos sin vida fueron presentados el lunes 21 de enero como de guerrilleros muertos en combate.

A través de la emisora del ejército los militares se refirieron a ellos como los alias de “Turbino” y “El Caleño”, respectivamente. Los campesinos fueron enterrados luego como N.N. El martes los restos de Hugo Armando fueron exhumados y lograron ser recuperados por su familia. Hasta el día de hoy jueves se logró que los restos de Heyner fueran exhumados y entregados a su familia para una digna sepultura.

Estas dos ejecuciones se suman a las más de 17 que se han cometido en el último semestre en el departamento de Putumayo. Muchos de los casos se encuentran absolutamente silenciados y otros investigados por la Justicia Penal Militar.

A estos crímenes se suman los de Gabriel Rios ocurrido el 21 de enero y los de Juan Carlos Cortés Estacio, 30 años de edad, y John Jaime Silva Cortés el 23 de enero.

Los crímenes se realizan en medio de intimidaciones, amenazas de muerte, abusos de autoridad y diversos atropellos contra los pobladores de caseríos entre otros de Bajo Lorenzo, Puerto Colombia, y las zonas rurales de Orito y La Hormiga. En algunas ocasiones, los mismos militares han anunciado la actuación de los “Mochacabezas” y de las “Águilas Negras”. En los cascos urbanos de diversos municipios se constata la fuerte presencia de desmovilizados, ejerciendo actuaciones de control y cometiendo abusos sobre la población.

En medio de la ley del silencio, familiares de las víctimas y testigos han empezado a ejercer su derecho a la memoria y a la verdad. Las actuaciones contra insurgente financiadas en el marco del Plan Colombia están desconociendo los principios del derecho internacional de los derechos humanos, y los compromisos en materia de derechos humanos de la cooperación de Estados Unidos con Colombia.

¿Cómo se puede entender que en el departamento más militarizado de Colombia, con una aplicación integral de la política de seguridad y “estado comunitario”, con absoluta militarización, removilización de estructuras paramilitares, pago de recompensas, presencia de asesores de USA, repliegue de la guerrilla, se puedan presentar la ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Militares? ¿Cómo se pueden presentar amenazas de muerte sobre testigos o denunciantes de los crímenes de estado vía Fuerzas Militares o estructuras paramilitares, intimidaciones y señalamientos, si hay consolidación de un estado de derecho?

¿Cómo se puede comprender que dichos crímenes y toda la estratagema de represión y de control se dirigen sobre la población y no sobre estructuras criminales?

¿Cómo se puede entender que se legitime la protección y la seguridad de la inversión con la destrucción de la vida humana y de proyectos de vida comunitaria y colectiva, desconociendo el derecho de consulta, la participación de la población campesina y afrocolombiana, la destrucción ambiental y se estructure desde estos presupuestos la extracción permanente de recursos naturales, la implementación de agronegocios de palma por empresas privadas nacionales e internacionales, así como negocios de mafias vinculadas con el paramilitarismo?

Si estos son los otros resultados del Plan Colombia, ¿cuáles serán los del Plan de Consolidación?

Solicitudes

A las organizaciones de los Estados Unidos por principios de humanidad y de solidaridad con las víctimas solicitamos realizar acciones en su país con el Senado y la Cámara de Representantes para:

- Intervenir inmediatamente sobre la Brigada Móvil 13 ante su evidente responsabilidad en la comisión de crímenes y de violaciones de derechos humanos, la suspensión temporal de los responsables en la comandancia y la dirección de la Brigada Móvil 13, hasta tanto no se modifiquen las conductas contra derecho de esta estructura militar, y sean sancionados los responsables intelectuales y materiales de los crímenes

- Exigir el conocimiento público de los nombres de cada una de los integrantes de las unidades militares de la Brigada Móvil 13 que actuaron en la comisión de los crímenes de los líderes Hugo Armando Torres y Heyner Alexánder Guerrero Paredes y de las actuaciones contra Reynel Guanga Vega, Neftalí Moreno, Marco Antonio Riascos, Jhonier Jiménez, Wilmer Guanga Vega.

- La adopción de medidas de respeto a la vida e integridad personal de cada uno de los integrantes y organizaciones mestizas, indígenas, afrocolombianas que afirman su derecho a la vida y al territorio.

Ante las autoridades colombianas

1. Francisco Santos, Vicepresidente de la República

Requerir a Álvaro Uribe Vélez, a fin de que ordene una intervención sobre la Brigada 27

Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la libertad de expresión, el derecho a la memoria, el derecho a la justicia y ordenar a las unidades militares que operan en el Putumayo, abstenerse de realizar actuaciones contra la vida e integridad personal de los habitantes de Nueva Unión, Puerto Colombia, La Herradura, San Lorenzo y del Valle del Guamués.

2. A Mario Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación,

La realización de un debido proceso, eficaz e imparcial a David Jiménez.

Adjunto Constancia y Censura Ética

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Brigadas adscritas a la Sexta División.

Bogotá, Enero 21 de 2007

Francisco Santos, vicepresidente de la República

Carlos Holguín Sardi, ministro del Interior y de Justicia

Mario iguarán Arana, Fiscal General de la Nación

Édgar Maya Villazón, Procurador General de la Nación

Vólmar Pérez, Defensor Nacional del Pueblo

Ref: Ejecuciones Extrajudiciales en Putumayo, agresiones Brigada 27

“Líbranos de los perseguidores, del fondo de nuestras almas exigimos justicia, Escúchanos….Señor, son como leones listos a asaltarnos, nos van a despedazar sin que nadie nos salve”. Salmo 7, 1 y 2

Reciban un respetuoso saludo.

Nuestra constancia histórica y censura moral ante los crímenes de los campesinos Hugo Armando Torres y Heyner Alexánder Guerrero Paredes cometidos por militares de la Brigada Móvil 13 en el caserío Nueva Unión, corregimiento de Teteyé, municipio de Puerto Asís.

Estos crímenes son el reflejo de una práctica que se viene desarrollando de modo sistemático contra habitantes del Putumayo, a quienes se les concibe como “terroristas”, “traficantes de drogas”, “milicianos” o “auxiliadores” de las guerrillas. Previa a la consumación de estos crímenes, como los cometidos en La Hormiga a manos de las Fuerzas Militares, se realizan operaciones de presión militar y psicológica que se dirigen sobre la población.

* Domingo 20 de enero, minutos antes de las 8:00 am al caserío Nueva Unión, corregimiento de Teteyé, municipio de Puerto Asís, ingresaron cinco militares con uniformes, encubriendo sus insignias sobre el entorno de las viviendas de tres familias, ubicadas sobre el río San Miguel.

Los militares abordaron a las tres familias. Dos de ellos se dirigieron al campesino Hugo Armando Torres, de 27 años de edad, que se encontraba departiendo con uno de sus vecinos, vestido con una pantaloneta morada del equipo de fútbol comunitario.

Otros efectivos regulares se dirigieron a una vivienda próxima de la cual obligaron a salir a sus tres habitantes, padre e hijos, uno de ellos menor de edad. Los militares les preguntaron si conocía a “ese tipo”, señalando a Hugo Armando. El cabeza de familia contestó que lo distinguía como un hombre trabajador y líder de la comunidad. Uno de los militares afirmó que se trataba de un “sapo guerrillero”.

A los campesinos les preguntaron por la presencia de la guerrilla, estos manifestaron como es de conocimiento institucional que desde hace más de 10 meses no se les ha visto circular por el lugar.

El militar los insultó diciéndoles: “Ustedes son una partida de h.p. alcahuetes”. Uno de los regulares reiteró preguntando por la presencia de la guerrilla en el caserío. Los campesinos al reiterar la verdad recibieron nuevos tratos verbales fuertes: “Esta comunidad está llena de h.p. alcahuetes”.

Otro de los militares al dueño de la casa donde se encontraba Hugo le expresó intimidatoriamente: “¿Usted no sabe que él es un miliciano?”. El campesino expresó que Hugo era un campesino conocido de la vereda, el militar entonces aseveró: “El es el h.p “Turbina”, es un miliciano, pero como ustedes son unos encubridores”. Los militares insistieron ante los campesinos en su señalamiento indicando: “El Hugo es el “Turbina”, es un h.p. miliciano”. Hugo en varias ocasiones afirmó que él era un integrante de la comunidad, un campesino. Uno de los militares increpó a Hugo: “Usted es un h.p acaparador y todos los de esta vereda son un parranda de h.p”. En similares términos otro soldado repitió las mismas expresiones

Aproximadamente, a las 8:15 am en la vereda se escucharon unos disparos de fusil, los cuales se sentían hacia el nororiente del caserío. Los militares que tenían rodeado a Hugo le expresaron a los campesinos: “Oigan, se están dando plomo, esos h.p. con el ejército”.

A eso de las 8:30 am, los militares condujeron a Hugo a la afueras del caserío. Media hora después, aproximadamente, se escucharon disparos de fusil y dos explosiones.

A los pocos minutos sobrevoló un helicóptero del ejército sobre el caserío desde el cuál en dos ocasiones dispararon a las tres familias, averiando con impactos de las balas las tres viviendas y algunos enseres. Al momento de las ráfagas en las viviendas se encontraban 13 personas, de las cuales ocho son menores de edad.

Luego de este ataque a los pobladores, el helicóptero se retiró.

Cerca de las 10:30 am regresaron dos helicópteros más, al parecer uno de los cuales aterrizó en cercanías de la casa de Heyner Alexánder Guerrero, donde se escucharon los disparos, y el segundo continúo el sobrevuelo por el caserío.

A las 12:30 pm, aproximadamente, los dos helicópteros sobrevolaron el caserío.

Algunas autoridades locales conocieron de la retención ilegal de Hugo. En horas de la tarde las autoridades militares le indicaron a las fuentes oficiales que en la zona de Teteyé, no se había realizado ninguna detención, pero si combates con miembros de la guerrilla de las FARC, en el cual dos “terroristas” habían sido dados de baja.

Ese mismo día, en la casa de habitación de Heyner Alexánder, que está a escasos dos minutos del lugar de aterrizaje de los helicópteros, a unos 40 minutos de donde se encontraba el campamento militar, se encontró violentado el candado que cerraba la puerta de su habitación.

Durante las acciones militares estos efectivos preguntaron por varios líderes de las comunidades de quienes se teme por su integridad física y personal.

* Lunes 21 de enero en horas de la mañana se conoció la versión oficial de que se había realizado el levantamiento de los cadáveres por la Sijín y entregados a la morgue de Puerto Asís.

Los cuerpos sin vida eran los de Hugo Armando Torres y Heyner Alexánder, a quiénes falsamente se les mostró como guerrilleros del frente 58 de las FARC “dados de baja” en combate.

La mayoría de los familiares y las comunidades lograron conocer de los crímenes a través de la emisora de las Fuerzas Militares en las que se divulga un reporte de la Brigada Móvil Nº 13, en la que se afirma que Heyner Alexánder Guerrero Paredes era un miliciano conocido con el alias de “el caleño” y a Hugo Armando Torres era el miliciano con el alias de “turbina”, milicianos del Frente 48 de las FARC-EP abatidos en combate. Los cadáveres fueron inhumados en el cementerio, y depositados como NN en una misma bóveda y sin ataúd.

De acuerdo con los relatos reunidos, los restos de Hugo presentaban señales de tortura o de haber sido golpeados brutalmente. Su cabeza desde el lado frontal se encontraba hundida, la zona de las costillas con quemaduras, la pierna derecha con ampollas, las dermis del brazo derecho se encontraba desgarrada, y otro de los impactos de bala salía por la parte superior del cráneo.

El cuerpo Heyner presentaba hematomas y golpes; la cabeza un hundimiento en la parte izquierda de la frente y el ojo izquierdo afuera.

Hugo Armando era integrante de Gestión de la junta de acción comunal y Heyner Alexánder vicepresidente de la junta, ambos integrantes de la Corporación Campesina del Cordón Fronterizo del Putumayo.

Estas dos ejecuciones extrajudiciales se encuentran radicadas en el Juzgado 70 Penal Militar con sede en Santana, Puerto Asís.

* Miércoles 23 de enero a eso de las 5:30 am por la emisora del Ejército Nacional se informó que dos subversivos fueron dados de baja el día 20 de enero en la vereda La Unión. De acuerdo con versiones ciudadanas un militar expresó por la radio dirigiéndose a los habitantes del caserío que a los narcotraficantes de las FARC que están en la vereda Nueva Unión, el presidente Uribe no dará tregua.

Igualmente se ha conocido en diversas zonas del departamento, que campesinos por temor a las represalias de los militares responsables de un sin número de abusos se han abstenido de denunciar.

Los campesinos han sido sacados a la fuerza de sus casas de habitación o de sus sitios de trabajo, se les ha restringido la libre movilización. A algunos campesinos se les ha obligado a vestirse con prendas de uso privativo de la fuerza pública o a colocarse una boina para simular que se trata de guerrilleros, o los obligan a cargar un fusil. A otros que se han negado a vestirse de de camuflado y portar armamento se les ha torturado.

En el caserío de Puerto Colombia, corregimiento de Teteyé se han cometido dos ejecuciones extrajudiciales: Alberto Trujillo, 27 de octubre de 2005; y Jesús Alirio Bastidas, 6 de julio de 2007.

En la zona montañosa de este sector se han presentado enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y la guerrilla de las FARC, los que han generado una profunda zozobra en la población, y las reacciones intimidatorias y amenazantes de los militares contra los campesinos.

Estos mismos efectivos, en junio de 2007 anunciaron la presencia de “Águilas Negras”. Algunos de los supuestos integrantes de estas estructuras paramilitares se encontraban con los militares, pero vestidos de negro y con un águila negra pintada en el brazo de la camisa. Igualmente, los militares han anunciado la comisión de crímenes expresando: “nosotros venimos en el día, en la noche vienen los mochabezas”.

El ingreso al corregimiento de Teteyé cuenta con el control de dos retenes militares en los que se realiza un estricto control y registro con los datos personales como nombre completo, documento de identidad, ocupación y oficio, la labor que se va a realizar, el tiempo de permanencia.

* Lunes 21 de enero a eso de las 9:00 am en el caserío El Porvenir, corregimiento La Carmelita, municipio de Puerto Asís, ubicada a 60 minutos de Puerto Vega, se escucharon varios disparos de fusil.

En la tarde se constató que de dos habitantes del caserío no se conocía su paradero: Gabriel Ríos, de 19 años de edad; y David Jiménez, afiliado a la junta de acción comunal no se encontraban en el lugar.

* Martes 22 de enero hacia las 10:00 am se conoció la versión de que a 30 minutos caminando unidades, militares dieron de baja a dos personas.

Posteriormente se logró confirmar que Gabriel había sido muerto con armas de fuego de las unidades militares y David Jiménez había sido puesto a disposición de la Sijín.

Un efectivo regular del Batallón de Contraguerrilla Nº 11 indicó a la comunidad que estaban defendiendo a las comunidades de unos delincuentes, agregando que la persona ejecutada tenía un arma y se encontraba encapuchado. Indicaron que el ejército había recibido información de un ganadero que se encontraba extorsionado, y montaron un operativo militar.

Al parecer los militares pretendieron capturar a los responsables por eso estos diseñaron un operativo. En desarrollo del mismo cuando observaron a Gabriel y a David en el camino les ordenaron detenerse. Gabriel reaccionó agachándose y de inmediato fue abaleado y David fue capturado.

Existen versiones de que el escenario del crimen fue modificado. Según la versión del ejército Gabriel y David se encontraban armados y encapuchados, sin embargo, estos campesinos nunca portaban armas. Igualmente el cuerpo de Gabriel se encontraba lleno de sangre y este apareció con una pañoleta azul en la cabeza y una pañoleta roja con blanco atada al cuello sin que tuvieran manchas de sangre.

* Miércoles 23 de enero la prensa local reportó que en jurisdicción de Puerto Caicedo, Juan Carlos Cortés Estacio, 30 años de edad, y John Jaimen Silva Cortés, reconocidos futbolistas, de acuerdo con sus familiares fueron ejecutados extrajudicialmente por militares adscritos a la Brigada 27 Selva del Putumayo.

*Domingo 25 de noviembre de 2007, en el caserío Bajo Lorenzo, corregimiento de La Perla Amazónica, municipio de Puerto Asís, Putumayo, un grupo de niños que se encontraba jugando cerca del caserío descubrió un cableado que provenía del otro lado de la carretera que conduce al caserío de El Porvenir.

* Martes 27 de noviembre de 2007 un grupo de integrantes de las Fuerzas Militares acordonaron la zona del cableado, retiraron los cables y al parecer desactivaron un artefacto explosivo instalado allí por la guerrilla.

Posteriormente los militares informaron a la comunidad que con los cables había una pipeta de gas, aunque ninguno de la comunidad la había observado. Según expresaron las unidades militares, el artefacto se pretendía hacer detonar en una casa en donde habitualmente ellos se instalan. Luego, los militares acusaron a la comunidad de tener conocimiento de lo que iba a hacer la guerrilla, de ser cómplices de la guerrilla.

* Domingo 13 de enero en horas de la mañana, el ejército sometió a un interrogatorio a dos menores de edad habitantes del caserío de Puerto Lorenzo, una niña de 13 años y a un niño de 9 años, en donde les preguntaron por los miembros de la comunidad, las casas de habitación donde se escondían los guerrilleros y sus armas.

* Martes 8 de enero en el caserío La Herradura, inspección de Guadualito, Valle del Guamués, cinco campesinos de la comunidad, entre ellos Reynel Guanga Vega, Neftalí Moreno, Marco Antonio Riascos, Jhonier Jiménez, Wilmer Guanga Vega, menor de edad, fueron obligados por cerca de 50 unidades militares de la Brigada Móvil 13 de a servirles de guía.

*Miércoles 9 de enero en cercanías de Guadualito este grupo de campesinos se negó a seguir caminando, para poder quedar en libertad fueron obligados atravesar un caño. A pesar de la objeción de un teniente, al parecer de apellido López, para dejarlos en libertad, hicieron firmar un papel a los campesinos en los que les tomaron huellas del índice derecho con tinta de lapicero y los registraron fotográficamente. Antes de dejarlos marchar les advirtieron que no podían decir a nadie que estaban con ellos.

Nuestra constancia histórica ante estos nuevos crímenes en medio de una, si no, la región más altamente militarizada de Colombia. Los presupuestos de los crímenes se sustentan en los cánones de la Doctrina de la Seguridad Nacional que concibe a la población civil como soportes de la guerrilla, que niega las diferencias y la distinción entre civiles y combatientes. Crímenes aquí cometidos, en los que a pesar de la inexistencia de la guerrilla en el momento de las ejecuciones o del repliegue en que estas se encuentran, han definido a la población civil como objetivo de destrucción. El deber constitucional del estado de combatir y de enfrentar militarmente ha derivado en criminalidad institucional con el absoluto desprecio de la vida humana, de la vida de los mestizos, indígenas, y afrocolombianos sometidos a una persecución indiscriminada y desbordada, por fuera de cualquier principio de humanidad.

Nuestra censura ética ante la lógica cuantitativa y mortal de los resultados militares. Los abusos graves, permanentes y sistemáticos sobre las comunidades, que habitan en territorios donde se sobrevive de la coca o donde se desarrollan proyectos de extracción de recursos naturales o se proyectan agronegocios de palma entre otros, culminan con el crimen de estado a través de los muertos. Las víctimas de la población civil indefensa son reportadas como guerrilleros muertos en combate. La muerte violenta es el culmen de una serie de mecanismos de terror, que se inician con la presencia militar, que pasa a la amenaza, a la ocupación de bienes, a la intimidación, a la simulación de combates, a la judicialización, al soborno, a la presión psicológica hasta culminar en la muerte ejemplarizante. Nuestra censura ética ante las actuaciones institucionales que pretenden justificar los crímenes, como parte de las acciones de guerra, las que en realidad reflejan la negación absoluta de los principios de la dignidad humana, del honor militar, del honor en la guerra, que se debe dirigir contra blancos legítimos.

Nuestra censura ética ante las presiones indebidas a los familiares de las víctimas, quienes han tenido que afrontar, además de la pérdida de sus seres queridos, la ausencia de condiciones de seguridad y protección, ya sea de modo directo por las presiones militares o por las actuaciones que ellos anuncian de las “Águilas Negras” o por las actuaciones de las estructuras de tipo paramilitar que se han “desmovilizado”.

Hoy las comunidades en medio de la experiencia del dolor por los crímenes de estado y el desmoronamiento de lo que se conoce como estado de derecho, continúan siendo sometidas a la persecución, a la victimización y a la posibilidad de la consumación y de la repetición de nuevos crímenes. Los organismos de control y de justicia parecen convidados de piedras frente a esta destrucción de vidas humanas.

Uno y otro crimen, una y otra conducta de estructuras estatales, es el sustento de la repetición de otras más, de la cualificación de los mecanismos para destruir en vez de proteger. Hoy cada uno de los habitantes de los poblados de Puerto Asís, es presa del terror, de la desesperanza y de la ilusión de que cese algún día tanto daño y destrucción de la vida.

Los familiares deben sortear numerosos obstáculos para conservar la memoria, para acceder al sistema de justicia, encontrado allí, el frío tenebroso de la impunidad, incluso, luego, de soportar los abusos en el inicio y el desarrollo de los procesos penales. Enfoques de investigación que no se realizan con el fin de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, sino a sostener la tesis del ocultamiento de los crímenes. De su justificación, modificando el escenario y las motivaciones de los crímenes, como es carrera en la Justicia Penal Militar. La persistencia de mantener en manos de los militares los procesos de violaciones de derechos humanos demuestra su falta de interés en la realización de la justicia y es una clara muestra del favorecimiento del estado hacia los responsables de las ejecuciones extrajudiciales.

Nuestra censura ética ante la destrucción de vidas humanas con recursos que pretenden servir a la humanidad, que buscan reconstruir el estado de derecho, realidad que no se refleja para los pueblos originarios, ni para los pobres y excluidos en la consecución de bienestar. Por el contrario, esa ayuda internacional ha derivado en graves destrucciones de la vida humana y de la destrucción ambiental. El crimen no se combate con crimen contra quienes han sido las víctimas.

Ante la grave situación de Nueva Unión, Puerto Colombia, Herradura, en nombre de esos gritos de dolor, en esas expresiones contra el terror, en las que claman cese a tanta destrucción, les pedimos, conforme a sus deberes constitucionales, y a los derechos a la información, a la protección, a la vida e integridad personal, y a la supervivencia de los pueblos indígenas, a intervenir inmediatamente sobre la Brigada Móvil 13 ante su evidente responsabilidad en la comisión de crímenes y de violaciones de derechos humanos; la suspensión temporal de los responsables en la comandancia y la dirección de la Brigada Móvil 13, hasta tanto no se modifiquen las conductas contra derecho de esta estructura militar, y sean sancionados los responsables intelectuales y materiales de los crímenes y los abusos aquí contenidos; a darnos a conocer los nombres de cada una de los integrantes de las unidades militares de la Brigada Móvil 13 que actuaron en la comisión de los crímenes de los líderes Hugo Armando Torres y Heyner Alexánder Guerrero Paredes y de las agresiones a las comunidades y que cese todo ataque y agresión contra la libertad de expresión, el derecho a la memoria, el derecho a la justicia ordenando a las unidades militares que operan en el Putumayo, abstenerse de realizar actuaciones contra la vida e integridad personal de los habitantes de Nueva Unión, Puerto Colombia, La Herradura, San Lorenzo, pues de lo contrario desde ya, están siendo responsables de la comisión de nuevos crímenes.