El pasado 17 de marzo, el referendo por el agua reinició actividades en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. En mora de cuatro debates, 2.100.000 firmas pudieran ser burladas, tomando en cuenta la relevancia que viene dando el Congreso de la República a otros paquetes legislativos –ejemplo de ello, el referendo de la reelección presidencial–, además de la culminación del período legislativo el próximo 20 de junio. La iniciativa popular se puede empantanar, de no ser tomada en cuenta por el Legislativo. Sin embargo, se respira allí un espíritu privatizador. Varios de los senadores y congresistas, en su mayoría de la bancada uribista, privilegian también para el caso del agua la intervención privada sobre la pública. La utopía: que el preciado líquido sea reconocida como un mínimo vital y, por tanto, como un derecho fundamental para quienes habitan en Colombia.

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