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La Coordinadora Europea Vía Campesina presenta sus propuestas por una PAC en el marco de la soberanía alimentaria

Martes 26 de enero de 2010.

Coincidiendo con la primera reunión del Consejo de Ministros de Agricultura presidido por la ministra del estado español, Elena Espinosa, y último de Mariann Fischer como comisaria, celebrada el 18 de enero, la Coordinadora Vía Campesina dio a conocer públicamente sus propuestas por una Política Agraria Común (PAC) en el marco de la soberanía alimentaria. La claridad y coherencia de sus propuestas contrastan con las contradictoria prioridades manifestadas por la presidenta del Consejo para su mandato de seis meses.

Elena Espinosa destacó entre sus prioridades avanzar en el debate sobre la PAC, la competitividad de la agricultura y la industria agroalimentaria y el reforzamiento del papel de la mujer en el medido rural. También dijo que abordarán la crisis láctea, la simplificación de la PAC, las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC)... mayor transparencia y equidad en la cadena agroalimentaria,.. cambio climático... La enumeración de prioridades parece un cóctel de todo un poco, pero sin ningún hilo conductor, con lo cual pierde credibilidad.

La Coordinadora Europea Vía Campesina, en cambio, tiene muy claro el camino a seguir, por la vía de la Soberanía Alimentaria. Sí coincide con la ministra en que el 2010 debe ser el año de un amplio debate público dentro de la UE sobre las prioridades de la política agrícola y alimentaria más allá del 2013, antes de que se decidan los presupuestos de la UE para ese periodo. A su juicio, hay que acabar con la actual política neoliberal, que sólo ha traído perjuicios para las y los agricultores y consumidores, y construir una PAC que garantice el acceso al alimento para todas y todos a través de la agricultura campesina, responda al reto del empleo, disminuya el calentamiento global y mantenga la biodiversidad. Esto implica poner freno a la industrialización de la producción agrícola y ganadera.

Soberanía alimentaria

La soberanía alimentaria permite abordar estos retos. Otorga a los pueblos y a la UE el derecho a definir su política agrícola y alimentaria a partir de las necesidades de la población y su medio ambiente, y no a partir de las reglas del comercio internacional inscritas en la ideología del libre comercio. Por ejemplo, le corresponde a la UE prohibir el cultivo y la importación de transgénicos (la ciudadanía no los quiere), así como pasar del actual déficit del 75% en las proteínas vegetales –para alimentar a su ganado– a la autonomía.

La soberanía alimentaria establece para la agricultura la prioridad de producir para alimentar a la población, en lugar de producir para el comercio internacional. La UE, que se ha convertido en el mayor importador y a la vez el principal exportador de productos alimentarios, debe por tanto revisar a fondo sus prioridades, según la Coordinadora campesina. "Exportar leche en polvo a la vez que se importa soja para alimentar a las vacas, producir frutas y verduras -incluso las ecológicas- en países del Sur porque la mano de obra allí es más barata... todo ello lleva al callejón sin salida social y medioambiental actual. La soberanía alimentaria, por el contrario, vuelve a situar la producción agrícola cerca de los consumidores", afirma.

La soberanía alimentaria, al situar a los campesinos en un rol central en la alimentación de la gente de su región, les otorga un sentido y una legitimidad social que la PAC actual a menudo les ha negado, y se opone a la concentración actual del poder alimentario en manos de la industria y las grandes distribuidoras. Implica regular la producción, los mercados y la distribución teniendo en cuenta a todos los actores de la cadena alimentaria, así como fomentar fórmulas de comercialización más directa y adaptar las normas sanitarias, hoy industriales, a los productos elaborados en las explotaciones agrarias.

No hay que confundir soberanía alimentaria con autarquía, ni cierre de la fronteras, pero sí significa que la alimentación básica debe ser producida localmente, siempre que sea posible. Cada región debe por tanto tener el derecho de protegerse de las importaciones a bajo precio que arruinen su propia producción.

Conlleva también la prohibición de todo dumping, es decir, toda ayuda o práctica que permita exportar a un precio inferior al coste de producción y está vinculada a un modelo de producción campesino, que disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero y favorece la biodiversidad y la salud.

Objetivos propuestos por la Coordinadora Europea Vía Campesina

- Mantener y desarrollar una agricultura campesina social y sostenible que alimenta la población, preserva el medio ambiente, la salud y mantenga paisajes rurales vivos. Para eso los campesinos deben poder vivir principalmente de la venta de sus productos, gracias a unos precios agrícolas estables y remuneradores. Es una condición indispensable para su reconocimiento económico, y para así atraer a los jóvenes a esta profesión.

- Apoyo público a los métodos de producción y a las explotaciones que son beneficiosas para el empleo y el medio ambiente.

- Relocalizar lo más posible la alimentación y cortar el dominio de la gran distribución y la industria sobre la cadena alimentaria

Prioridades:

1. Precios agrícolas remuneradores y estables: control de la producción y la regulación de los mercados agrícolas, transparencia a lo largo de toda la cadena alimentaria, y la limitación de los márgenes de beneficios de la transformación y de la distribución. Se establecen precios agrícolas mínimos para hacer frente a los excedentes de producción que puedan derivarse de la variaciones climáticas.

Derecho a protegerse de las importaciones a precios bajos, incluidos los piensos animales, así como acabar con el dumping para la exportación, con todas sus formas actuales. El nivel variable de protección arancelaria debe estar ligado al coste de producción europeo.

Pagos directos, con máximos por activo agrícola, para las pequeñas explotaciones que justifican un papel social y medio ambiental y las explotaciones sostenibles de las regiones desfavorecidas agroclimáticamente, que tienen gastos de producción más elevados.

Los asalariados agrícolas, europeos o migrantes deben beneficiarse de los mismos derechos, con un salario mínimo fijado por los estados.

2. Medio ambiente: Todas las explotaciones deben respetar normas de producción que economicen energía, insumos químicos, agua, emisiones de carbono y que favorezcan la biodiversidad y la salud. Deben otorgarse primas a las explotaciones que vayan más allá de las normas a nivel medioambiental y social (p.ej. la pequeña agroecología). Por ejemplo, las prácticas agronómicas que aumentan la tasa de materia orgánica en el suelo, que retienen carbono y permiten la fertilidad a largo plazo deben promoverse y apoyarse. La investigación y la formación han de orientarse en este sentido.

3. Medidas a nivel europeo y nacional para facilitar el acceso a la tierra y las nuevas instalaciones de jóvenes, acabando con la concentración y la urbanización de las tierras agrícolas.

4. Debe establecerse una política de desarrollo rural que complemente las medidas anteriores. Tal política debe dar prioridad al empleo rural, al reequilibrio geográfico de las producciones, al comercio local y a los servicios de proximidad.

5. Las reglas actuales del comercio agrícola internacional (acuerdo de la OMC de 1994) deben cuestionarse. La Ronda de Doha de la OMC y los acuerdos de “libre” comercio de la UE con países terceros deben abandonarse. Se impone la necesidad de nuevas reglas de comercio internacional, basadas en la soberanía alimentaria y el derecho al alimento.

6. Prohibición de la producción o importación de transgénicos en agricultura y alimentación y fomento de la utilización, el intercambio y la reproducción de semillas campesinas.

7. La UE debe dejar de apoyar el uso y el cultivo de los agrocombustibles industriales. Su huella energética es demasiado deficiente, y su producción compite con las superficies agrícolas dedicadas a la alimentación. Sí que pude reforzarse la autonomía energética de las explotaciones utilizando aceite pura obtenido a través del prensado de plantas oleaginosas cultivadas en la misma granja o en la vecina.


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