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Marcha por la dignidad arrocera se tomó a Bogotá

Miércoles 4 de agosto de 2010.

El gobierno tiene la obligación constitucional de proteger la producción nacional de alimentos, dicen los gremios.

Tras desfilar durante dos horas por la Carrera Séptima de Bogotá, cuatro mil arroceros de Casanare, Arauca, Meta, Tolima y Huila se concentraron hoy frente al Ministerio de Agricultura, cuya entrada atascaron con decenas de bultos de cascarilla. La protesta, a la que los gremios convocantes dieron el nombre de “Marcha por la dignidad arrocera”, reclamó del gobierno garantizar un precio rentable y equitativo para la próxima cosecha, detener el contrabando y las importaciones y buscar reglamentaciones justas en los estándares de calidad. Los productores demandaron además la ayuda del Estado en investigación y tecnología para hacer frente a las plagas que están causando graves pérdidas en la meseta tolimense.

La movilización fue organizada por Usocoello, Usolsaldaña, Asorrecio, Asoprado, Usoguamo, Usoalfonso, Asoporvenir, Asojuncal. Agameta, el Grupo de los 30 de Casanare y agricultores araucanos y estuvo respaldada por Salvación Agropecuaria y otros gremios. Se sumaron a ella congresistas de distintos partidos, entre ellos, los senadores Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático Alternativo, Jorge Geschen, del Partido de la U, y Maritza Martínez, de Cambio Radical.

En la concentración hicieron uso de la palabra Ángel María Caballero, presidente de Salvación Agropecuaria, y Eudoro Álvarez, director ejecutivo de Agameta. Ambos puntualizaron que no son suficientes las medidas acordadas en el Consejo Nacional del Arroz y denunciaron además que el monopolio molinero está incumpliéndolas. Destacaron finalmente que la unidad y la movilización civilizada son la mejor arma para sacar adelante la defensa del precio y las demás reivindicaciones.

En la cadena del arroz, básica para la seguridad alimentaria del país, hay 30 mil productores en 17 departamentos y 210 municipios y de ella dependen directa e indirectamente más de un millón de colombianos. Los gremios convocantes suscribieron una declaración en la que les exigen tanto al gobierno saliente como al entrante cumplir el mandato constitucional que los obliga a proteger la producción de alimentos, lo cual implica defender el mercado interno.

Oficina de Prensa, Senador Jorge Enrique Robledo


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