Agencia Prensa Rural

Mesas Europeas de Paz: Innovando en participación ciudadana

Kristian Herbolzheimer — 2013-05-25T05:55:25Z

Este viernes terminaron las Mesas de Paz en Europa. A lo largo de seis intensos días una delegación de cinco miembros de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes ha visitado las ciudades de Londres, Bruselas, París y Barcelona. El objetivo principal ha sido invitar a la población colombiana en el exterior a dialogar y articular propuestas sobre el proceso de paz.

Legitimar la paz

En agosto del año pasado el Gobierno nacional y las Farc expresaron en el Acuerdo general para la terminación del conflicto que “la construcción de paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción”.

Efectivamente, la participación ciudadana es una condición imprescindible para cubrir de legitimidad las deliberaciones y las decisiones que se toman en una mesa de negociación. Al fin y al cabo, las negociaciones de paz son casi por definición elitistas, machistas y antidemocráticas, porque reúnen a un grupo reducido de personas, mayoritariamente varones, para tomar decisiones que afectan al conjunto de la sociedad.

La experiencia demuestra que sin un amplio sentimiento de apropiación y compromiso por parte de todos los actores sociales, económicos y políticos, los acuerdos de paz no se pueden implementar. Por eso la invitación del Gobierno y las Farc a la participación es tan importante.

Mecanismos de participación

Al mismo tiempo no deja de ser un gran reto llevar a la práctica esta invitación a la participación. Las partes han propuesto varios mecanismos, de los que destacan los Foros Temáticos, organizados por la Universidad Nacional y Naciones Unidas, y la posibilidad de que toda persona, en todo momento, envíe propuestas directamente a la Habana (vía internet o vía correo postal).

Estas dos opciones son importantes pero insuficientes. Por eso ha tenido tan buena acogida la iniciativa de las Comisiones de Paz de Cámara y Senado de realizar Mesas Regionales a lo largo y ancho del país. Una primera ronda tuvo lugar en el mes de noviembre; y en este mes de mayo ha iniciado una segunda tanda, con un enfoque sobre el eje temático de víctimas.

Inspiradas en las Mesas Regionales, el pasado mes de enero varias ONG europeas propusieron al Congreso realizar diálogos parecidos en Europa. La ciudadanía colombiana en el exterior se ha sentido históricamente marginada del debate político en Colombia y es importante que los millones de colombianos emigrantes –mucho de ellos exiliados- sientan que el país los tiene en cuenta en la construcción de un futuro incluyente.

Nació así la idea de las Mesas Europeas de Paz, que ahora se han hecho realidad. Una iniciativa que en sí misma es un indicador del ambiente de paz que van propiciando las negociaciones en la Habana. Hace sólo un año un evento de estas características habría sido impensable, debido a la polarización y la desconfianza política entre actores sociales e institucionales. Ahora, convocadas por un objetivo común, el Congreso y la sociedad civil, con el apoyo metodológico de Naciones Unidas, han logrado propiciar espacios de diálogo en cuatro ciudades europeas. Todo ello informando a los países garantes, Cuba y Noruega, y en colaboración con las cancillerías del Reino Unido y España, las instituciones de la Unión Europea, y las embajadas y consulados de Colombia en Londres, Bruselas, París y Barcelona.

La financiación de toda la iniciativa corría a cargo íntegramente de las organizaciones convocantes.

Participación abierta y plural

A las Mesas Europeas fueron convocadas toda persona colombiana residente en Europa preocupada y comprometida por el futuro de su país, independientemente de su ideología, y de su simpatía, escepticismo o crítica con las negociaciones de paz.

Algunas organizaciones aportaron propuestas que habían elaborado previamente, convocando a debates en varias ciudades con semanas de antelación a las Mesas Europeas. Destacaron las organizaciones de personas exiliadas, y las propuestas de la comunidad emigrante en sentido más amplio.

Pero la mayoría de las propuestas fueron el fruto del diálogo directo en las Mesas, donde coincidieron personas sin ningún vínculo previo, representativas de la diversidad de imaginarios y perspectivas políticas del país.

Valoraciones positivas

En total se presentaron unas doscientas propuestas, la inmensa mayoría aprobadas por consenso. Casi todas se refieren a los seis puntos de la agenda de negociación en La Habana. Una vez compiladas, las organizaciones convocantes en Europa harán llegar todas las relatorías e informes a las Comisiones de Paz del Congreso y a Naciones Unidas, para que las entreguen al Gobierno y las Farc vía los países garantes, Noruega y Cuba. Se presentaron también propuestas sobre otros aspectos de paz que no se discuten en Cuba. Este segundo bloque se anunciará a la opinión pública directamente por las organizaciones convocantes.

Sin embargo lo más importante tal vez no fueran las propuestas en sí, sino la posibilidad de escuchar y respetar a personas con opiniones diferentes y divergentes; de entender que la paz no es sólo un documento firmado por actores armados, sino una práctica cotidiana de reconciliación del conjunto de la sociedad.

La sensación predominante al final de los eventos fue de esperanza: “estamos empezando a imaginar otra Colombia”, comentó una de las participantes; “lo importante es el ejemplo que estamos dando al Gobierno, a la guerrilla y al país: que sí podemos ponernos de acuerdo”, resaltaba otra persona; “quedo con un sentimiento de orgullo por haber participado”, dijo una tercera voz.

Continuidad

Concluyen así las primeras mesas internacionales por la paz en Colombia. Un ejercicio innovador, incluso en relación a otros procesos de paz en el mundo. Ya hay peticiones para realizar foros parecidos en otros países con amplia presencia colombiana, tanto en Europa como en las Américas.

Muchas personas se comprometieron con darle continuidad a estos ‘diálogos entre diferentes' y enviar propuestas a través de la web habilitada por el Gobierno nacional y las Farc (www.mesadeconversaciones.com).

Los partidos políticos quedan con tareas. Los representantes Joaquín Camelo (liberal), Juan Carlos Martínez (U), Gloria Stella Díaz (Mira), Hernando Hernández (Polo) y Mercedes Rincón (Cambio Radical) mostraron un compromiso sin fisuras con la terminación pacífica del conflicto. Lo mismo habían expresado el senador Luis Eduardo Sierra (conservador) y el representante Carlos Amaya (Verde), que a última hora no pudieron viajar. Sin embargo, ese compromiso debe transcender lo personal para involucrar a los partidos en su conjunto. La sociedad les reclama claridad, compromiso y liderazgo en la construcción de paz.

* Tomado de El Tiempo

I Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres por la Dignidad y la Paz

Agencia Prensa Rural — 2013-05-24T18:25:06Z

Extracto del manifiesto de las mujeres: "Nosotras: Mujeres Colombianas, provenientes de todos los rincones de la geografía patria, reunidas en el primer encuentro nacional e internacional de mujeres por la dignidad y la paz que tuvo lugar en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, al que concurrimos más de 2000 mujeres, que sin distingos de ninguna naturaleza y desde la diversidad cultural, étnica, sexual y de género y en nuestra condición de protectoras, dadoras, actoras y constructoras de paz con justicia social; nos hemos convocado para aunar nuestras voces, nuestros saberes, nuestra indignación, pero sobre todo, nuestra decisión inquebrantable de poner fin a la guerra que nos ha arrebatado a nuestros hijos, nuestras chagras y nuestras tulpas, llenando de lágrimas, de duelo y despojo nuestros corazón y el corazón de la Pacha Mama, que anhelamos libre, soberana y en paz para legarla a los hijos e hijas de las presentes y futuras generaciones."

El blog de Google que alojaba la información del proceso de paz de las FARC fue eliminado y su información sustraída

Agencia Prensa Rural — 2013-05-24T15:05:01Z

El blog del proceso de paz de las FARC fue eliminado el 23 de mayo a las seis de la tarde.

El blog con dirección http://pazfarc-ep.blogspot.com.es/ fue abierto por las FARC al inicio del proceso de paz con el gobierno. Tenía la particularidad de publicar a diario las propuestas, los pronunciamientos y artículos de las FARC en el marco de las conversaciones de paz. El blog eliminado contenía toda la información producida por la organización guerrillera desde el inicio de los diálogos, representaba el diario del proceso escrito por la delegación de paz de las Farc.

En un comunicado dado a conocer esta tarde, las FARC denuncian el ataque a la libertad de prensa y expresión, pero no detallan si se trata de un acto unilateral de Google o de una acción de hackers (piratas cibernéticos).

Los lectores y lectoras que deseen tener acceso a todas las propuestas y pronunciamientos de las FARC lo pueden hacer en nuestro portal usando los buscadores de internet.

A continuación el texto completo del comunicado de las FARC:

La Habana, República de Cuba, sede de los diálogos por la paz con justicia social para Colombia. Mayo 24 de 2013.

DENUNCIA PÚBLICA

La Delegación de Paz de las FARC-EP denuncia los siguientes hechos:

1. Que el día 23 de mayo de 2013 hacia las 18:00 horas fue eliminado el blog de nuestra delegación que se encontraba alojado en el servidor de Google.

2. Que la información ubicada en él fue sustraída.

Estos hechos resultan violatorios del derecho a la libertad de expresión y atentan contra la creación de un ambiente democrático y participativo para la Mesa de Diálogos entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia.

La responsabilidad de estos actos solo puede recaer en los enemigos de la Paz y la reconciliación de los colombianos y las colombianas.

Alertamos sobre este suceso, que es conexo con los diversos intentos de sabotaje a blogs y páginas web de organizaciones sociales, populares y de oposición política; al tiempo que hacemos un llamado a la prensa alternativa a redoblar sus esfuerzos e interés en transmitir la información veraz y oportuna sobre la Mesa de Diálogos.

La Delegación de Paz de las FARC-EP seguirá haciendo su labor de resistencia al entramado asimétrico de los medios de comunicación. Prontamente estará disponible un nuevo portal para mantener informado al mundo entero sobre nuestras posiciones y propuestas.

El terrorismo cibernético no acallará la verdad del pueblo.

Delegación de Paz de las FARC-EP

Artículo relacionado: Las cien propuestas de desarrollo agrario integral con enfoque territorial de las FARC

Localidad de Sumapaz pide alcalde en propiedad

Semanario Voz — 2013-05-24T13:32:50Z

Entre el 14 y el 15 de mayo los campesinos y habitantes de la localidad 20 del Sumapaz se vieron obligados a tomarse las instalaciones de la alcaldía local. Luego de casi seis meses de espera de que la Alcaldía Mayor de Bogotá revisara la terna que la JAL de la zona presentó con el objetivo de tener lo más pronto posible su alcalde o alcaldesa, se cansaron del silencio de la Administración distrital y tuvieron que acudir a una protesta pacífica.

VOZ habló con Carlos Suárez, edil de la localidad de Sumapaz, quien hace parte de las organizaciones sociales y de la Asociación de Juntas de la localidad del Sumapaz y comentó sobre algunas de las peticiones:

“Hay varios temas que se han ido dilatando entre las problemáticas que no han sido atendidas directamente por la Secretaría de Gobierno al margen de unas peticiones, como el tema de la educación, el de derechos humanos, que es muy importante para la localidad teniendo en cuenta el contexto de la particularidad de la localidad en la cual el campesinado se siente, de alguna manera, desprotegido. Tal vez porque la política de derechos humanos no ha sido permanente”.

“Está el tema de las vías, que en la reciente visita del señor alcalde a la localidad se generaron algunas expectativas de inversión de recursos para la localidad, y una de esas responsabilidades corresponde al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Siempre hemos tenido que acudir a terceros para que se nos dé hasta una entrevista, para que las directivas del IDU nos atiendan y no lo hemos logrado. No hemos logrado que las secretarías tomen la función de mérito que se requiere para la localidad”.

La localidad en la actualidad tiene una alcaldesa encargada que es Martha Ruiz Zárate, pero los habitantes ven con preocupación la demora en el nombramiento de un alcalde o alcaldesa.

La terna presentada por la JAL de Sumapaz está conformada por Evelyn Donoso, William Santoyo y Nubia Esperanza Mejía.

Sin embargo, ante las peticiones de los habitantes del Sumapaz, la Alcaldía Mayor presentó una respuesta informal a los reclamos a través de la oficina asesora jurídica de la Secretaría de Gobierno, aunque la Alcaldía deberá presentar una respuesta oficial a la Junta Administradora Local de Sumapaz, informando si acepta o rechaza la terna.

Los voceros de la comunidad de la localidad del Sumapaz solicitaron a la Administración Distrital se formalice un nuevo encargo con una persona que conozca la localidad.

Por su parte la Administración Distrital se comprometió a evaluar la posibilidad de realizar un nuevo encargo para la localidad, es decir nombrar a otro alcalde o alcaldesa, mientras se resuelve el tema de la terna.

Al cierre de esta edición delegados del IDU y la Secretaría de Educación, así como de otras entidades, sostenían una reunión con miembros de la JAL de la localidad y otros voceros de los campesinos como el Sindicato Agrario del Sumapaz.

Paramilitares intentan asesinar a líder campesino en San José de Apartadó

Comisión de derechos humanos de San José de Apartadó — 2013-05-24T12:52:57Z

Nuevamente paramilitares provenientes de los antiguos bloques Bananeros y Helmer Cárdenas de las AUC, grupo muy conocido por oponerse a la restitución de tierra y responsable de varios asesinatos contra reclamantes, masacres, asesinatos selectivos, amenazas y desplazamiento de comunidades en la zona de Urabá, siguen sembrando el terror en San José de Apartadó.

El día 19 de mayo de 2013, en la plena vía que comunica a Apartadó con el corregimiento de San José, dos paramilitares de civil quienes se transportaban en una motocicleta, intentaron bajar del transporte público al señor Ucelio Graciano, líder e integrante de la junta de acción comunal de la vereda El Porvenir, hecho que notablemente puso en riesgo la vida y la integridad de dicho campesino. Gracias a la solidaridad de los tripulantes del vehículo y a la oportuna huída emprendida, se logró salvaguardar la vida y la integridad de este campesino.

Es necesario recordar que desde hace más de un año estamos denunciando acciones como estas emprendidas en varias veredas de nuestro corregimiento en las que este tipo de grupos ingresan con gran facilidad sin que hasta el momento las autoridades civiles y militares realicen eficazmente las labores necesarias para proteger a las comunidades.

Preocupa la falta de garantías y de protección por parte de las autoridades por la facilidad con que estos grupos ejercen el control no solo en las zonas rurales sino también en la urbana. Se desconocen acciones, medidas y comunicados de rechazo de parte de las autoridades frente a estos graves hechos.

Hacemos un llamado y responsabilizamos al estado de todo lo que allí suceda, pues en denuncias anteriores hemos dado a conocer hechos como este que nuevamente se repiten sin que se tomen las medidas eficaces. Exigimos de la presidencia de la República, la gobernación de Antioquia en cabeza de Sergio Fajardo, la secretaría de gobierno, el alcalde de Apartadó Luis Gonzalo Giraldo Aguirre, a la defensoría de pueblo, a la personería del pueblo y demás entes municipales garantes de los Derechos Humanos a que rechacen estas acciones, a que repudien públicamente los gravísimos hechos, a que tomen las medidas necesarias para proteger integralmente nuestros campesinos ante todos estas acciones que evidentemente ponen en peligro los derechos fundamentales y los derechos humanos de nuestros campesinos.

Hacemos un llamado a las Naciones Unidas, Alto Comisionado de la Naciones Unidas, a la Cruz Roja Internacional, a las Organizaciones Democráticas, a las Organizaciones defensoras de Derechos Humanos, a la comunidad nacional, a la comunidad internacional a que rechacen, se pronuncien y protejan a todos los campesinos de nuestro territorio.

Contribución de Dublín para la Mesa Europea de Paz celebrada en Londres el 19 de Mayo

Mesa Europea por la Paz de Colombia en Irlanda — 2013-05-24T11:55:33Z

Saludamos la realización de la Mesa Europea de Paz, la cual es un nuevo escenario para masificar e incorporar al conjunto de los colombianos al esfuerzo por repensar al país en paz y justicia social. Agradecemos el esfuerzo realizado por los organizadores de este encuentro y por la invitación que nos han hecho a contribuir en esta importante iniciativa.

Lo primero que nos interesa resaltar, es que el problema de la inmigración y su relación con el conflicto social y armado, es un problema amplio, que afecta en un primer nivel, a los refugiados y exiliados. Pero en un segundo nivel, entendiendo el carácter social del conflicto y cómo éste ha afectado a la sociedad colombiana, también la inmigración económica es causa de un país que ha negado oportunidades a sus hijas e hijos.

En Irlanda no existen refugiados políticos, lo cual no significa que la problemática del conflicto nos sea ajena. Pero también significa que hablamos desde una condición muy específica. Desde esa condición, consideramos que hay tres grandes ejes a tener en cuenta:

· Primero, el de las condiciones de retorno para aquellos colombianos que quieran hacerlo, en un eventual escenario de post-conflicto y qué rol pueden cumplir en él;

· Segundo, el del rol que han de cumplir desde a Europa, frente a una Colombia post-conflicto, aquellos colombianos que no quieran retornar;

· Tercero, qué rol juegan, desde este momento, los colombianos en Europa frente a la negociación de paz.

Tomando en consideración esos tres grandes ejes y los seis temas de la agenda, y en base al “Encuentro europeo de solidaridad con las luchas agrarias y populares, y apoyo a los diálogos de paz con justicia social en Colombia” (realizado en Dublín los días 20 y 21 de Abril con la asistencia de refugiados de Suecia, Suiza, Bélgica, Estado Español), es que procederemos a desarrollar nuestras propuestas:

1. 1. Víctimas:

· - Pedimos un reconocimiento de la grave crisis humanitaria que se vive en las cárceles de Colombia, donde existen miles de presos políticos y de guerra en circunstancias que no cubren los mínimos requeridos por un ser humano. Esta circunstancia nos avergüenza como colombianas y colombianos en el extranjero.

· - Manifestamos nuestra preocupación por la persistencia e inclusive el escalamiento de la represión en contra de defensores de derechos humanos, activistas políticos de la oposición y movimientos que reclaman el derecho a una vida digna. Esta persecución ha sido particularmente fuerte en contra de los movimientos campesinos, en especial de reclamantes de tierras y las zonas de reserva campesina. Sostenemos que no puede hablarse de paz duradera y sostenible, mientras no se proteja el derecho a la vida de quienes son las fuerzas motrices en la construcción de una Colombia democrática, en paz e incluyente.

· — Que se establezcan programas de apoyo y asistencia a todos aquellos colombianos que han quedado minusválidos y discapacitados en el contexto del conflicto colombiano.

· - Colombia es uno de los países que más invierten en guerra. Por años se nos ha dicho que el país no progresa por culpa de la guerra, porque los recursos que el Estado podría invertir en educación y salud, son destinados al conflicto. Sin embargo, declaraciones sistemáticas de generales, del ministro de defensa y aún del propio presidente Santos, en el sentido de que no se tocaría el presupuesto de las fuerzas armadas en un contexto de paz, nos parecen aberrantes e inaceptables. Proponemos una reducción sustancial de este presupuesto y su destinación al apoyo a víctimas y programas productivos para los postergados de siempre.

· - Un tema que nos preocupa en particular, es la existencia de redes de inteligencia ligadas al gobierno colombiano que han continuado con la persecución y la represión más allá de las fronteras colombianas, violando no solamente, la soberanía de países europeos sino que el sagrado derecho al refugio político. Queremos que se aclare, caiga quien caiga, el escándalo de la Operación Europa, montada por el DAS hace unos años, y qué grado de participación ha habido en esas redes de las misiones diplomáticas colombianas. También nos preocupa que hay rumores bien fundados de estructuras ligadas al paramilitarismo en ciertos países europeos, entre ellos el Estado Español.

2. 2. Desarrollo agrario integral

· - Que tanto los colombianos inmigrantes como las misiones diplomáticas colombianas en Europa, den un apoyo real a las zonas de reserva campesina, a los reclamantes de tierras, a los colonos y comuneros pobres que subsisten de la tierra. No sirve que se garantice sencillamente el derecho a la tierra si ellos no tienen capacidad de comercializar sus productos y desde Europa podemos aportar con la promoción de los productos de los campesinos en este continente.

· - Nos parece vergonzoso que las embajadas han gastado recursos públicos ofrendando al país al mejor postor en base a Acuerdos de Libre Comercio y facilitando el ingreso de capitales extranjeros en actividades minero extractivas y otras formas de inversión extranjera directa, que solamente benefician a las multinacionales y sus aliados criollos, mas no así a la comunidad local. Creemos que se deben revisar estos tratados a la luz del concepto de desarrollo sostenible, desde las propias necesidades de las comunidades y la preservación del ambiente.

· - En lugar de gastar recursos para ofrendar al país al mejor postor con estos Acuerdos de Libre Comercio, proponemos que las misiones diplomáticas colombianas en Europa conviertan en una prioridad el apoyo a los reclamantes de tierras, colonos, comuneros y zonas de reservas campesinas, mediante la promoción y el apoyo material y técnico a la salida de sus productos al mercado europeo. Proponemos que, en virtud a la deuda histórica con el campesinado, los afros y los indígenas, se destine, al menos el 50% de los recursos de estas misiones para esta tarea, que constituye una manera real de aportar a la construcción de paz y justicia social.

· - Que se regule la actividad de las empresas multinacionales en el territorio colombiano para que no minen la capacidad productiva de los campesinos, su tejido social ni tengan un impacto pernicioso sobre el medio ambiente.

3. 3. Participación política

· - Nos parece un sin sentido que se hable de paz, mientras recrudece la persecución contra los campesinos organizados, contra los movimientos políticos alternativos como Marcha Patriótica, contra los defensores de derechos humanos. Denunciamos hechos aberrantes como la captura masiva de dirigentes de Astracatol en el Tolima recientemente, así como los montajes judiciales con los cuales se les mantiene por años en la cárcel.

· - Exigimos de parte del Estado gestos inequívocos de que habrán posibilidades de participación política para todas las ideas y proyectos de país sin el fantasma de la persecución oficial y paraestatal.

· - Desmonte efectivo del paramilitarismo, el cual bien se sabe, está asociado estrechamente a estamentos del Estado y a poderes económicos cercanos a los círculos del poder. Una política que se centre en la represión a los paramilitares rasos, está condenada al fracaso, porque quienes realmente controlan y alimentan este fenómeno permanecen en la impunidad. Siempre se podrá reclutar a los pobres y a los miserables para unirse a los ejércitos privados; hay que golpear el cerebro del monstruo y no su cuerpo. Se les conoce a quienes han promovido este fenómeno, exigimos que se limpien las instituciones, que se dé castigo ejemplar a los parapolíticos presentes y pasados, que se revisen las leyes que benefician a los sectores ligados al paramilitarismo, que se intervengan las estructuras sociales que han alimentado el paramilitarismo, como la concentración de tierras y las empresas agroindustriales.

· - Proponemos una política efectiva y real, elaborada por expertos en pedagogía en estrecha colaboración con profesionales y líderes comunitarios, de participación ciudadana para aprender a construir una democracia real, participativa, efectiva, inclusiva. Aceptamos que muchos años de democracia restringida, excluyente y vigilada nos ha atrofiado nuestro sentido democrático. Recuperarlo es una tarea de todos, una tarea que implica una empresa cultural de proporciones nunca antes vistas en Colombia. Esta política debería ser también extensiva a los colombianos en Europa, muchos de los cuales, han ido perdiendo el sentido de la pertenencia y de su cultura.

4. 4. Fin del conflicto

· - Creemos que desde ya es importante llamar a las partes al cese al fuego bilateral. Hoy en día, comprobamos que el principal enemigo de este proceso de diálogo es la persistencia del conflicto armado, que ocasiona nuevas víctimas y que enrarece el ambiente de confianza en el cual estas negociaciones deberían desarrollarse. Dado a que las FARC-EP ya han demostrado en la práctica su voluntad de sumarse a un cese al fuego, exigimos que el gobierno nacional tenga una actitud responsable y valiente y también, que se traduce en un cese al fuego bilateral.

· - Entendiendo que este conflicto tiene raíces profundamente sociales, creemos que para garantizar una paz duradera, es imprescindible que exista un respeto irrestricto a todas las posiciones políticas en el país y que se frene desde ya la persecución, la estigmatización y la represión. El gobierno debe ejercer un control real sobre las fuerzas armadas y desmontar las estructuras paramilitares como condición fundamental para que esto se cumpla.

· - En consecuencia del punto anterior, esperamos que se haga presión a la Unión Europea, para que levante el calificativo de terroristas para los grupos alzados en armas en Colombia, como son las FARC-EP y el ELN. Este calificativo, arbitrario y sin base jurídica, enrarece el diálogo político, refuerza las tendencias hacia el militarismo y mina los esfuerzos por abrir espacios políticos y democráticos, además de ser contradictorio con el hecho del desarrollo del diálogo directo en la Mesa.

· - Que se incorporen ya a las negociaciones de paz las otras expresiones insurgentes en Colombia: ELN y EPL.

5. 5. Solución al problema de las drogas ilícitas

· - Solicitamos que, como muestra del compromiso de la UE en respaldar el proceso de paz, exista un apoyo mediante los fondos de cooperación internacional, para estimular los programas de sustitución de cultivos ilícitos desde un enfoque de desarrollo alternativo integral y sostenible, con un enfoque también de derechos y no de represión.

·- - Pedimos que, para no caer en prácticas paternalistas por medio de las agencias de cooperación internacional, actitudes que terminan minando la propia organización de las comunidades, este apoyo sea hecho en cooperación estrecha con las asociaciones campesinas y comunitarias, tomando como eje central para la implementación y diseño de estos proyectos, la visión desde las propias comunidades, en lugar de imponer soluciones desde Europa.

· ----- Por último, llamamos a una revisión crítica de la política anti-drogas que ha sido implementada hasta ahora, la cual sólo ha traído muerte, desplazamiento y represión. Creemos que debe darse un debate abierto, sin tabúes y tomando como eje de la reflexión los derechos del ser humano.

6. 6. Implementación, verificación y refrendación

· - Nos hacemos eco del llamado a refrendar los acuerdos mediante una Asamblea Constituyente. Nos hacemos solidarios del movimiento de constituyentes por la paz que se están gestando en todo el territorio nacional. Creemos que en Europa este proceso también debería ser impulsado entre la población colombiana.

Otra propuesta, específica para los colombianos residentes en Europa, es que se haga un catastro de las habilidades y la educación que han adquirido los colombianos en este continente y ver cómo podrían ser de utilidad para el post-conflicto y la construcción de una Colombia justa, igualitaria, inclusiva, democrática en el sentido integral del término. Creemos que las habilidades y el conocimiento de los colombianos en Europa debería utilizarse tanto si estos colombianos quieren retornar, como si quieren quedarse acá.

Estas son nuestras posiciones como grupo de trabajo de la Mesa Europea por la Paz. Esperamos con ellas contribuir al proceso de ustedes en Londres, y sobre todo, a aportar nuestro granito de arena a la magna tarea de construir una Colombia en paz y justicia social, y reconciliada consigo misma después de más de medio siglo de conflagración.

Dublín (Baile Átha Cliath), República de Irlanda (Poblacht na hÉireann),

19 de Mayo, 2013

Mancuso confirma que financió reelección de Uribe y que Francisco Santos insistió en crear el Bloque Capital

Agencia Prensa Rural — 2013-05-24T09:29:00Z

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso confesó, en entrevista con Caracol Radio, que sí se reunió con el expresidente Álvaro Uribe pero es un tema que, según él, “prefiero no abordar”.

“Yo entiendo los intereses de saber, pero entiéndame que para mí es complicado contar todo esto por favor entiendan….”, manifestó.

Dijo que se le entregó dinero a Jairo Andrés Angarita, conocido con el alias de ‘comandante Andrés' para que contratara la logística para trasladar votantes y hacer publicidad a favor de la reelección de Álvaro Uribe en 2006.

“Yo a la reelección del presidente Uribe entregué aportes para que el comandante Andrés contratara buses para que hiciera propaganda y trasladara personas para la campaña del presidente Uribe”, explicó Mancuso.

El extraditado paramilitar manifestó que pese a sus revelaciones, no puede entregarlas a una autoridad judicial porque “no hay garantías ni seguridades jurídicas” para su familia y sus abogados.

Sobre la relación de Santiago Uribe, hermano del expresidente Uribe, con el paramilitarismo, se abstuvo de hacer cualquier pronunciamiento porque considera que lo que diga será tenido en cuenta como una venganza.

“Dios santo!! …no quiero referirme a estos temas, nuestras respuesta es considerada como una respuesta de venganza lo haría dentro de las diligencias judiciales”, manifestó.

Sostuvo que la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y José Miguel Narváez, sí tuvieron relación con los paramilitares y ellos fueron referenciados ante la justicia por Juan Carlos Sierra, alias "El Tuso".

Mancuso reveló que la exsenadora Piedad Córdoba lo visitó en la cárcel, como a otros paramilitares, ante su preocupación por el futuro de la paz.

“La senadora nos ha visitado preocupada por el futuro de la paz del país y los obstáculos en su construcción. Hemos hechos algunos análisis de cuál sería el camino para que estos hechos no se repitan”, comentó.

Otras revelaciones

'Luis Carlos Restrepo sabía de las falsas desmovilizaciones; claro que sabía', manifestó.

Dijo que es correcto decir que el general Montoya y Víctor Carranza tuvieron vínculos con las AUC.

'Francisco Santos insistió en la creación del bloque Capital de las Autodefensas'

'Nos pidieron pruebas, fotos, de las relaciones de los magistrados con Giorgio Sale'

'Francisco Santos insistió en la creación del bloque Capital de las Autodefensas'

"Un grupo de venezolanos buscó a las AUC para crear autodefensas en Venezuela y derrocar a Hugo Chávez"

"El gobierno anterior dispuso silenciarnos"

"Pedro Juan Moreno era un hombre que se identificaba con los conceptos de las autodefensas"

La justicia como arma contra los derechos humanos

semana.com — 2013-05-23T21:20:00Z

El polémico caso de Sigifredo López, señalado de participar en el secuestro de los exdiputados del Valle y el asesinato de un policía, y a quien el fiscal Eduardo Montealegre le pidió perdón tras derrumbarse las pruebas en su contra, es un ‘falso positivo' judicial, así lo calificó el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), en su informe sobre la situación de los derechos humanos en el país durante el 2012.

En la investigación se recordó que un desmovilizado de las FARC acusó al exdiputado porque la Fundación Nueva Esperanza le prometió beneficios si lo hacía.

Este mediático caso no es el único. El centro de estudios reveló otras siete historias sobre cómo los actores del conflicto han usado a la población civil con intereses particulares.

El padre Javier Giraldo, coordinador del banco de datos de derechos humanos del Cinep, aseguró que los ‘falsos positivos' judiciales, al igual que las denunciadas ejecuciones extrajudiciales, son “casos de ficción en los que las víctimas son presentadas como combatientes y agredidas para justificar sus capturas”.

El Cinep señaló que en un caso, ocurrido el 23 de mayo del 2012, “el Ejército de Venezuela capturó a cuatro compatriotas en la frontera, a quienes acusaron de atacar a militares colombianos en una zona rural de Maicao (…) Todos ellos, dedicados a negocios honestos, fueron sometidos a crueles torturas antes de ser dejados en libertad”.

Unas semanas después, el 9 de julio, el Ejército detuvo en la vereda La Batalla, ubicada en San Vicente del Caguán, en Caquetá, a tres hermanos a quienes “sindicaron de trabajar en cultivos ilícitos”. Los militares llegaron a la finca donde se encontraban, “los detuvieron, los esposaron y se los llevaron a un sector más lejano, donde había unas plantaciones de coca, allí los hicieron abrir unos huecos y les tomaron unas fotos”.

Como ocurre con las ejecuciones extrajudiciales, este caso fue defendido por un comandante ante sus subalternos, como la posibilidad de “ascender y tener vacaciones”. Los hermanos terminaron presos en la cárcel de Villavicencio, donde murió uno de ellos.

Las legítimas protestas en contra de megaproyectos hidroeléctricos también han terminado en casos de ‘falsos positivos' judiciales. Es el caso de 23 habitantes de Ituango, Antioquia, a quienes detuvo el Ejército y el CTI el pasado 26 de agosto. La razón: su participación en las manifestaciones. Las capturas fueron ordenadas por el fiscal 29 de Medellín.

Tiempo después, el 4 de septiembre, el Cinep indicó que fueron capturados cuatro miembros de Marcha Patriótica, “señalados por el director de la Policía, el general José Roberto León Riaño, de pertenecer al frente 36 de las FARC”.

Precisamente, otro hecho similar ocurrió un día después, en Villa Rica, Cauca. Allí, miembros de la Dijín y la Fiscalía detuvieron a una estudiante de Trabajo Social, “acusándola de pertenecer a las FARC”. Según relata el informe, en el 2001, la joven pertenecía a un grupo de danza, el cual, en una presentación cultural en Toribío, fue abordado por un grupo armado, que obligó a los bailarines a “diligenciar un formato con información personal y les tomaron fotografías”. Once años después, cuando la universitaria era madre de familia, fue capturada. “Los pobladores de Villa Rica exigieron su libertad”, asegura la investigación.

Horas después de la captura de la estudiante apareció otro ‘falso positivo' judicial. El Cinep relató que el 6 de septiembre, el CTI detuvo al presunto autor intelectual del atentado contra el exministro Fernando Londoño. “La directora del CTI entregó a los medios descripciones detalladas que resultaron falsas y la víctima tuvo que ser puesta en libertad días después”.

El último caso que documentó el centro de estudios ocurrió en la vereda Miravalle de Florida, en Valle. Allí, a medianoche, tropas del Ejército sacaron de su vivienda a un líder campesino. “Un soldado introdujo un paquete con estopines en el cielo raso para tener de qué acusarlo. Lo llevaron a la cárcel de Palmira en un helicóptero en el que llevaban a dos mujeres, un hombre y una niña. Aunque estas personas eran desconocidas para él, los militares presentaron ante la prensa a una de las mujeres como su compañera sentimental”. Al parecer, según indica el Cinep, este montaje fue la respuesta del Ejército ante la negativa del líder de convertirse en informante.

“El fenómeno de los ‘falsos positivos' persiste”

Aunque el Cinep reconoció la disminución de las ejecuciones extrajudiciales con relación a otros años, advirtió que durante el 2012 se presentaron 20 casos con 52 víctimas; y en el 2011, 17 con 85 víctimas. Entre las víctimas, el Cinep contempló muertos, heridos y detenidos arbitrariamente.

Los casos sucedieron en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Meta, Norte de Santander, Caquetá, Córdoba, Sucre, y Bogotá.

El documento también reveló con detalle cómo ocurrieron 58 casos de ‘falsos positivos' perpetrados entre 1992 y el 2011, los cuales fueron denunciados varios años después de ocurridos.

Al igual que los ‘falsos positivos', el Cinep aseguró que el paramilitarismo también persiste y “se ha ido reactivando en varias regiones”. En su criterio, los paramilitares no han desaparecido, ya que son los actores del conflicto que presentan el mayor número de violaciones a los derechos humanos en el 2012, con 565 casos. Por su parte, se le atribuyen 268 casos a la Policía Nacional, y al Ejército, 187.

“Se ha dicho que el paramilitarismo ya no es el del pasado, pero todos los análisis de los casos indican que permanecen sus características y sus modalidades”, explicó Giraldo.

Las puyas al Gobierno

Giraldo criticó fuertemente el gobierno de Juan Manuel Santos, al que señaló de “aumentar ficticiamente el número de hechos en los que hay ventajas militares sobre la insurgencia, a través de supuestas detenciones”.

El sacerdote anotó que el gobierno “cubre con cierto manto de legalidad errores militares que terminan con las vidas de la población civil, y afecta a organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles y opositoras políticamente, con bajas que justifican como insurgentes o personas que atentan contra el Estado”.

Alejandro Angulo, coordinador del sistema de información del Cinep, fue más allá, y aseguró que “mucha gente en Colombia se dedica a inflar y agredir”, y por eso, “el informe denuncia públicamente estos crímenes”.

Con las graves denuncias que hoy hizo el Cinep, este reconocido centro de investigación puso a tambalear el futuro de los diálogos de paz, o por lo menos, así lo manifestó el padre Giraldo: “Es difícil que el diálogo sea sincero y llegue a terminar el conflicto armado”.

* Tomado de Revista Semana

Tres militares condenados a 28 años de cárcel y otros cuatro asegurados por falsos positivos en Norte de Santander y Boyacá

Agencia Prensa Rural — 2013-05-23T21:15:00Z

28 años de cárcel por falso positivo

Atendiendo la solicitud de la Fiscalía, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta revocó la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ocaña (Santander) y condenó a 28 años de prisión a tres militares como responsables del delito de homicidio agravado.

Los hechos ocurrieron el 21 de enero de 2007 en la vereda Palmitas municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), en donde fue hallado sin vida Sanín Álvarez Álvarez, quien fue reportado por tropas del Ejército como muerto en enfrentamientos, y presentado como integrante de la guerrilla del ELN que se encontraba extorsionando a un campesino de la región por un monto de 10 millones de pesos.

Los sentenciados por este hecho son el teniente, Alexander Obregón Hernández y los soldados Juan Isidro Caicedo Medrano y Noel Antonio Caicedo Guerrero, contra los cuales pesa una orden de captura para cumplir la condena.

Por asesinato de dos jóvenes encarcelados 4 militares

Por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, un juez de control de garantías de Tunja aseguró en establecimiento carcelario a cuatro militares, entre ellos un oficial.

La decisión se deriva de los hechos ocurridos el 13 de diciembre de 2007 en la vereda El Cedro del municipio de Caldas (Boyacá), a donde se trasladaron tropas de la Primera Brigada porque según informes de inteligencia había presencia de grupos armados al margen de la ley. Sin embargo, en extrañas circunstancias ese día aparecieron muertos los jóvenes Elkin de Jesús Álvarez Cardona y Diego Alberto Pérez Mejía, residentes en Montenegro (Quindío).

Las víctimas fueron presentadas como miembros de grupos ilegales que operaban en la zona, muertas en combate.

Los asegurados son el capitán del Ejército, Carlos Augusto Ardila Millán; el sargento retirado, Alberto Julio Charry Romero; el sargento, Eugenio Rafael Maestre y el soldado retirado, Faustino Cáceres Rodríguez.

* Con información de la Fiscalía

Falsos positivos y paramilitarismo son recurrentes en Colombia: Cinep

Colprensa — 2013-05-23T21:05:00Z

En 2012 se presentaron 20 casos de 'falsos positivos' con 52 víctimas y los paramilitares fueron los mayores violadores de derechos humanos, con 565 casos, e infractores al Derecho Internacional Humanitario (DIH), con 493 casos.

Estas cifras están relacionadas en el informe especial sobre la situación de derechos humanos y DIH en Colombia el año pasado, y que fue presentado este jueves por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), en Bogotá.

En el caso de las violaciones a los derechos humanos, el Cinep referencia su revista 'Noche y Niebla', en la que señala que después de los paramilitares, siguen la Policía (con 268 casos) y el Ejército, al que le atribuyen responsabilidad en 187 hechos.

En cuanto a las infracciones al DIH, después de los paramilitares están las Farc (347 casos), el Ejército (18 casos), combatientes (98 casos), la Policía (72 casos) y el ELN (48 casos).

Al detenerse en el tema de los 'falsos positivos', el padre Javier Giraldo, coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, aseguró que entre los 20 casos que se pudieron documentar el año pasado hay muertos, heridos y detenciones arbitrarias.

"En el 2012 conocimos la ocurrencia de 11 casos de ejecuciones extrajudiciales (10 perpetradas por el Ejército y una por la Policía), con doce víctimas, y ocho casos de detenciones arbitrarias. Los sectores sociales victimizados en los 'falsos positivos' son campesinos, obreros, estudiantes y opositores políticos", aseguró Giraldo.

De acuerdo con el informe, los hechos sucedieron en Cauca (6 casos), Antioquia (4 casos), Valle del Cauca (3 casos), y, con un caso: Meta, Bogotá, Norte de Santander, Caquetá, Córdoba y Sucre.

"Se siguen implementando métodos de victimización como amenazas, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos, detenciones arbitrarias, muertos y heridos por minas antipersona, y acciones de 'limpieza social', a nivel nacional", resalta en uno de sus aparte el informe del Cinep.

"El fenómeno de los 'falsos positivos' no ha desaparecido; se ha ido reactivando en todas las regiones del país", advirtió el padre Giraldo. "Ha tenido diversas motivaciones y ha respondido al esfuerzo del Gobierno de inflar o aumentar ficticiamente el número de hechos en que hay una ventaja militar del Estado sobre los insurgentes".

"El lenguaje utilizado por el presidente Juan Manuel Santos y por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tiene afán por mostrar ventajas militares. Hacen aparecer casos como muertes en combates", aseguró Giraldo, que estuvo acompañado por Luis Guillermo Guerrero, director general del Cinep, y el padre Alejandro Angulo, coordinador del Sistema de Información General de esa ONG.

El Cinep también reveló que conoció 58 nuevos casos de 'falsos positivos' perpetrados en períodos anteriores, entre el primero de junio de 1992 y el 20 de diciembre de 2011, que no habían sido reportados en publicaciones previas, ya que hasta 2012 fueron presentados y documentados.

Al respecto, el padre Giraldo aseguró: "Hemos visto que en casos de 'falsos positivos' hay unos que no se conocen en su momento, no son denunciados, tal vez por temor, sino varios años después. Por eso abrimos una sección de actualización".

Sobre el paramilitarismo, el clérigo sostuvo que si bien se dice que es un fenómeno del pasado y que ahora es delincuencia común y que no tiene motivación contrainsurgente ni política, y que no tiene vínculos con la Fuerza Pública ni el narcotráfico, "sin embargo, esas características permanecen".

En una rápida mirada sobre lo que ha sido el comportamiento de los 'falsos positivos' en Colombia en los últimos años, Giraldo aseguró que "el pico más alto, el momento en que fue más elevado el número de esos hechos, fue entre los años 2006 y 2008, cuando fue Ministro de Defensa Juan Manuel Santos. La justicia dirá en el futuro si tiene responsabilidad o no".

Organizaciones de todo el mundo se unirán a la Marcha contra Monsanto el 25 de mayo

Ocupa Monsanto — 2013-05-23T21:00:00Z

Recientemente, el Congreso de EE.UU. y el presidente Obama aprobó la ley H.R.933, más conocido como ¨Monsanto Protection Act¨ que, entre otras cosas, niega autoridad a las cortes federales para cesar la plantación y venta de cosechas transgénicas al margen de que representen un riesgo para la salud de los consumidores.

Por demasiado tiempo, Monsanto ha sido el benefactor de los subsidios a las empresas y el favoritismo político. Los agricultores orgánicos y productores pequeñas sufren pérdidas, mientras que Monsanto sigue forjando su monopolio sobre el suministro de alimentos del mundo, incluyendo exclusivos derechos de patentes sobre las semillas y composición genética.

Los productos de Monsanto son perjudiciales para el medio ambiente, por ejemplo, los científicos determinaron que las plantaciones GMO y sus pesticidas han causado la muerte masiva de abejas alrededor del mundo.

¿Cuáles son las soluciones que defendemos?

Votar con el dólar, comprando orgánico y boicoteando todos las empresas que utilizan transgénicos en sus productos.

Se etiqueten los productos transgénicos para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas.

Llamando para mas investigación científica sobre los efectos en la salud de los OMG.

La derogación de las disposiciones pertinentes de la ley “Monsanto Protection Act.” de los EEUU.

Responsabilizar a los ejecutivos de Monsanto y todos los políticos que apoyan Monsanto a través de la comunicación directa, periodismo, medios de comunicación, redes sociales, etc.

Informar al público acerca de los secretos de Monsanto y los benéficos de la agricultura biológico-dinámica, un modelo ya probado en la práctica, también conocido como Agricultura Ecológica, o Permacultura.

Tomando a la calle para mostrar al mundo y Monsanto que no vamos a tomar estas injusticias en voz baja.

Ejército pedirá perdón por asesinato de una de las víctimas de la masacre del 28 de febrero de 1999

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo — 2013-05-23T16:02:05Z

Perdón público pedirá el coronel Octaviano Bustillo Barraza, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, por el asesinato de Jesús Daniel Gil Mosquera, una de las doce víctimas de la masacre del 28 de febrero de 1999 ocurrida en la ciudad de Barrancabermeja. El alto oficial, entregará una placa a la familia de Jesús Daniel en su memoria. Esto, en cumplimiento de una medida de reparación simbólica ordenada por el Tribunal Administrativo de Santander, el pasado 26 de octubre de 2012.

La misma sentencia, ordena la publicación de apartes del fallo en todos los comandos del departamento de Santander por un período de seis meses, en la que se indique la responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados a las dos hijas de Jesús Daniel.

El evento se llevará a cabo, el próximo sábado 25 de mayo, a partir de las 10: 00 a.m. en la plazoleta de la Alcaldía de Barrancabermeja, y deberá contar con la participación de los familiares de las víctimas directas, y tener una amplia difusión en los medios de comunicación nacionales y regionales. Igualmente se espera la participación de familiares de las otras 11 víctimas de la masacre.

Por su parte, las hijas de Jesús Daniel leerán un poema y en su honor se entonará una canción, que es un clamor por la justicia aún ausente en este caso. En este momento los asistentes elevarán al aire 200 globos blancos, como un llamado colectivo a la esperanza y a la búsqueda de la paz.

Igualmente intervendrá Eduardo Carreño Wilches, integrante del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” organización que ha acompañado a las víctimas durante estos años de lucha por la justicia. Según la sentencia, el acto de perdón público ordenado obedece a la necesidad de resarcir a las víctimas, prevenir nuevos crímenes y servir de advertencia a los agentes públicos para que en el futuro hechos similares no se repitan.

Hagamos memoria

La tarde del 28 de febrero de 1999, un grupo paramilitar conformado por aproximadamente 15 hombres armados con pistolas, fusiles y subametralladoras que se transportaban en tres camionetas por los barrios Provivienda, La Esperanza, La Paz, de la ciudad de Barrancabermeja, asesinaron a su paso ocho personas, desaparecieron dos y dejaron heridas a otras dos. Entre las víctimas fatales, se encontraba Jesús Daniel Gil Mosquera, quien fuera ultimado cerca del Club Náutico de Ecopetrol.

La masacre se cometió según palabras del mismo Mario Jaimes Mejía alias “El panadero”, jefe paramilitar que comandaba a los hombres, con el fin de decirle a la guerrilla, que por esos lugares había pasado él.

Situación jurídica

Por estos hechos, sólo se ha sancionado disciplinariamente al sargento viceprimero José Manuel Cifuentes Tovar, quien siendo comandante de la base militar El Llanito, facilitó la huida de los paramilitares. Es de resaltar que éste funcionario solo fue investigado por omisión en la jurisdicción penal militar, en la que fue absuelto. A pesar de las declaraciones de alias El Panadero, Cifuentes Tovar aún no ha sido vinculado a la investigación penal en la Fiscalía, donde debe responder por los delitos de homicidio múltiple agravado y desaparición forzada.

En el proceso penal, han sido condenados los paramilitares Fremio Sánchez, Mario Jaimes Mejía alias el Panadero, Adalberto Galvis Pestana, José María García Arias alias Bebe, Jhon Alexander Vázques alias Pepol, Joaquin Morales alias Danilo, Javier Pumarejo Martínez alias Sandy, Pedro Mateo Hurtado Moreno y Henry Ricardo alias el Sordo, algunos de los cuales se acogieron a sentencia anticipada.

Se encuentra actualmente vinculado a la investigación, José Eduardo González Sánchez, jefe de seguridad de Ecopetrol para la época de la masacre, quien fue capitán del Ejército. La parte civil ha solicitado reiteradamente, la vinculación penal de otros responsables, entre ellos el capitán (r) Oswaldo Prada Escobar, jefe del B2 del Batallón Nueva Granada.

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” resalta la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Santander, que contribuye al establecimiento público de la responsabilidad del Ejército por estos hechos cometidos en connivencia con grupos paramilitares, responsables de innumerables crímenes y que siguen controlando y operando en la zona.

Asimismo, el Colectivo solicita a las autoridades judiciales que al conjunto de víctimas de esta masacre, cuyos procesos aún continúan vigentes, se les garanticen los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y garantías de no repetición que éstas merecen.

Protesta en la Universidad Nacional exigiendo la renuncia del rector

Agencia Prensa Universidad — 2013-05-23T15:06:46Z

El día de ayer, 22 de mayo, hubo enfrentamientos en la Universidad Nacional entre estudiantes y la policía en la entrada de la calle 26 por la exigencia de la renuncia de Ignacio Mantilla, rector de la institución.

Desde antes de las 11 de la mañana había movimiento de estudiantes encapuchados por todo el campus preparando la protesta. Mientras unos buscaban y acomodaban las barricadas, otros hablaban en la plaza Che tanto a la aglomeración grande que se concentraba en las escaleras de la biblioteca central para escuchar las razones como a pequeños grupos a los alrededores.

En un comunicado repartido por varias facultades, explicaban que el motivo era la exigencia de la renuncia del rector por los malos manejos del presupuesto que ha hecho para su favorecimiento personal en contra de las necesidades más urgentes de la institución y por el modelo que representa.

Los grupos que organizaron la acción fueron CARPO, el autodenominado "Estudiantes UN", el Frente Estudiantil Revolucionario-Sin Permiso y juventudes del M-19. Los de hoy han sido los mismos que han hecho una serie de acciones reivindicando la construcción de una Constituyente Universitaria a lo largo del semestre con hechos como la toma del auditorio León de Greiff que se convirtió en una asamblea-debate al interior del mismo, tras la cual el vicerrector Diego Hernández dio orden de desalojo en aquel momento.

Luego de la concentración en la plaza Che Guevara, se dirigieron a la calle 26 en la que por cerca de dos horas y media cientos de estudiantes se enfrentaron contra el ESMAD con piedras, papas bomba, bombas molotov y voladores contra gases lacrimógenos, chorros de agua y granadas aturdidoras.

Llama la atención que hacía varios años que un enfrentamiento contra la policía no tenía tanto respaldo de los estudiantes no organizados para la protesta, ya que no hoy sólo había masiva presencia de curiosos sino de quienes participaron directamente en el evento. Las pedreas venían perdiendo público últimamente porque muchas veces se hacen esas acciones con reivindicaciones alejadas de los intereses directos del estudiantado.

Esta vez no hubo orden de desalojo antes de la protesta y en vez de eso, por información de fuente confiable, hubo orden de presidencia de que entrara la policía hacia las 2 de la tarde que iba a ser ejecutada al tiempo de la orden de desalojo por parte de vicerrectoría de sede pero los enfrentamientos se acabaron en ese momento y por eso se dio el desalojo cuando ya todo estaba en calma, razón por la cual no ingresaron las decenas de motos de la fuerza pública que ya estaban listas en la calle 26 que hubieran podido causar una tragedia. Los buenos oficios de Personería y Defensoría del Pueblo evitaron el hecho.

Al final no se reportaron heridos ni detenidos y hasta el momento no ha llegado ningún comunicado de vicerrectoría de sede a pesar de que se efectuó la orden de desalojo luego de la protesta.

Domingo Emilio Pérez, alcalde de San Vicente del Caguán, en el tercer encuentro de Zonas de Reserva Campesina

Colectivo Brecha — 2013-05-23T13:06:01Z

Tercer Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina realizado en el Municipio de San Vicente del Caguán el pasado 22 y 23 de marzo donde el Colectivo Brecha estuvo presente acompañando a los mas de 50 procesos de constitución de Zonas de Reserva Campesina de todo el país. - Colombia / Lucha por la tierra, Movimiento campesino, Video

Chocó, abandonado por el gobierno central y a merced de la corrupción

Nelson Lombana Silva — 2013-05-23T12:45:58Z

El departamento de Chocó, único en darse el privilegio natural de tener costa en Atlántico y el Pacífico, es, como lo define bellamente el profesor Wilson Arboleda Asprilla, un “tapete verde”.

Es rico en oro, platino, maderas, pescas, agua, oxígeno, agricultura y minería. Sin embargo, es uno de los departamentos más pobres de Colombia. Empezando porque no tiene una carretera que le permita comunicarse con los océanos. Como bien lo dice el docente: “Estamos de espaldas al mar”.

Es cierto. Su belleza natural, exótica, contrasta con la política capitalista neoliberal, la cual se caracteriza por la depredación del medio ambiente, la corrupción, la violencia y la explotación del hombre por el hombre.

Sus estadísticas son dramáticas. Por ejemplo, en menos de una década ha tenido este departamento seis gobernadores; en tres meses se ha originado el asesinato de 80 jóvenes en su capital Quibdó. El paramilitarismo al parecer se mueve como Pedro por su casa con la complicidad de la Fuerza Pública. Las multinacionales y transnacionales vienen haciendo presencia tomando tierras a la fuerza, sin contar con la opinión del campesino, dueño supuestamente de su territorio.

El profesor Wilson Arboleda Asprilla, dirigente de izquierda, hombre comprometido con los cambios estructurales y la justicia social, nos habla en este reportaje exclusivo de las páginas web www.pacocol.org y www.semanariovoz.com sobre la realidad de este departamento poblado principalmente por afrodescendientes, indígenas y mulatos, alejados de la mesa del rico Epulón.

Es la versión que esconde e ignoran los medios masivos de comunicación, pero que el profesor Arboleda cuenta con crudeza y, como buen comunista, llama a su pueblo a organizarse para hacer justicia social y apoyar los diálogos de La Habana (Cuba) entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP y el gobierno timorato de Santos.

Es un reportaje dramático y patético:

—Profesor Wilson Arboleda Asprilla: ¿Cómo es el departamento de Chocó?

—El Chocó es un pueblo (departamento) habitado por afrodescendientes e indígenas; más o menos un 80% de afrodescendientes, un 15% de indígenas y el resto mulatos.

Es un pueblo originario, sus principales actividades son la minería y la agricultura. Está dividido en varias regiones, fundamentalmente por los ríos. El río San Juan, se dice entonces la región de San Juan; el río Atrato, la región del Atrato; el río Baudó, la región del Baudó. Son los tres ríos principales. Incluso, al río Atrato se le compara con el río Nilo; es una región rica en biodiversidad, rica en productividad, especialmente en productos agrícolas.

La gente siempre ha resistido en su territorio. Siempre ha mirado su finca, su tierra como ese aposento donde está su esperanza, su vida, porque de ahí es que saca su sustento diario para él y su familia, tanto afrodescendientes, indígenas y mulatos.

Esa relación armónica que ha existido entre afrodescendientes, indígenas y mulatos, le ha permitido conservar esa rica naturaleza. Usted cuando llega al Chocó mira es un tapete verde. Allí, al interior de la selva, ahí vive o se multiplica esa vida biológica, esa vida genética que todavía está por descubrir.

—Una riqueza tan evidente como usted lo señala, pero las estadísticas son dramáticas en el terreno social. ¿Cuál es esa realidad?

—El Chocó tiene más o menos unos 480 mil habitantes. Es una población relativamente joven, promedio de 30 a 50 años más o menos. Lo principal –como ya te dije– es la agricultura, la minería y la pesca. Pero, lastimosamente a pesar de esa biodiversidad, de esa riqueza biodiversa que nosotros la llamamos la mayor riqueza del planeta, lastimosamente su población vive en condiciones deprimente, en condiciones infrahumanas, en condiciones de abandono.

La voracidad de los empresarios y las multinacionales la ha convertido en el foco del huracán. Allí, a través del gobierno se están concediendo títulos mineros sin contar con la población, sin contar con los verdaderos dueños de la tierra. Desde Bogotá se vienen asignando esos títulos mineros. Incluso, esos títulos mineros se están ubicando en territorios ancestrales, por ejemplo en cementerios, en poblaciones enteras. No entendemos esa política del gobierno con la población chocoana.

—¿Maneja usted datos estadísticos sobre la realidad actual del departamento de Chocó?

—Sí, por ejemplo, decíamos que el Chocó continúa en inseguridad jurídica. En menos de diez años ha tenido seis gobernadores. Eso no permite que el departamento despegue en su desarrollo, en la solución de los problemas de vieja data. Ha sido también caldo de cultivo de las bandas criminales. Por ejemplo, en este año, en menos de tres meses, han asesinado en la capital (Quibdó) más de 80 personas, fundamentalmente jóvenes. Las autoridades no dicen quiénes son los que están en esa tétrica actividad.

Nosotros rechazamos, desde nuestra posición de educador, esa criminalidad que se ha entronizado en el departamento de Chocó. El Chocó ha sido una tierra tradicionalmente pacífica, pero lastimosamente se ha entronizado la “cultura de la muerte”. Ese tiene a la gente en zozobra, en desplazamiento permanente, incluso, en su misma capital. Personas de un barrio tienen que salir para otro barrio, porque las amenazas son permanentes.

—En esas condiciones tan dramáticas que vive el Chocó, ¿cómo se desarrolla la izquierda?

—El desarrollo de la izquierda es bastante difícil. Ahí nos mantenemos resistiendo, manejando nuestra propia seguridad. Pero hacemos vida partidaria, tenemos nuestros organismos, nuestra dirección departamental y en los municipios que podemos hacemos vida partidaria y actividad política. Actuamos en la vida sindical, somos afiliados a la Unión de Maestros del Chocó, tenemos una compañera que está haciendo un trabajo importante y en algunos municipios cercanos a la capital también tenemos organismos que nos permiten avanzar.

Realmente no ha sido fácil, pues el Chocó desde 1995, cuando las comunidades comenzaron a organizarse a través de los consejos comunitarios, entró el proyecto paramilitar con el objetivo de sacar a los campesinos de sus tierras, de su territorio, de su terruño, sacarlos a la capital para convertirlos en caldo de cultivo de la informalidad, mano de obra barata y todas las limitaciones que se le pueda presentar a una persona desplazada. Eso es caldo de cultivo de la prostitución, el vicio, la drogadicción, etc., que todos conocemos.

—Se dice que por estos territorios entra y sale el narcotráfico, tráfico de armas, etc. ¿Qué hay de cierto?

—Sí, porque fundamentalmente la costa chocoana, dicho sea de paso, es el único departamento que tiene costas sobre los dos océanos (Atlántico y Pacífico). Sin embargo, a pesar de tener semejante posibilidades, realmente el pueblo está de espaldas a esas costas. Son unas costas que están sin desarrollo y, como hay ausencia de Estado, se convierte en caldo de cultivo de diversas organizaciones, como organizaciones armadas de narcotraficantes, paramilitares, que transitan por la zona como Pedro por su casa, sin contratiempos de ninguna naturaleza.

—En medio de la incomunicación de los medios sobre los diálogos de La Habana entre las FARC-EP y el Gobierno Santos, ¿qué piensa el pueblo chocoano?

—Sí, nosotros creemos que es una situación importante. No hay que desconocer que la guerrilla de las FARC ha tenido también su asiento, su epicentro, su actividad en el departamento de Chocó. Así que, de lograrse en La Habana un marco de acuerdo, de solución política negociada del conflicto social y armado que vive el país, pues naturalmente que va a llegar la paz también a nuestro territorio y se pondrá fin a este período de inseguridad y aparecerá un momento especial para hablar propiamente del desarrollo de nuestro departamento.

Es importante que los chocoanos, los habitantes de las diferentes regiones de este departamento, estemos atentos a lo que se está desarrollando en La Habana y, por supuesto, participar de las diferentes actividades del orden nacional que se están dando: los encuentros, las movilizaciones a favor de la paz, una paz pero con justicia social, que realmente esos millones de recursos que se gastan en la guerra, pues se inviertan en las obras que por años hemos padecido los chocoanos. Necesitamos acueductos, alcantarillados, vías, fuentes de trabajo.

En este año, en Quibdó, la capital, es la capital con mayor índice de desempleo a nivel nacional. Ojalá se termine la guerra y esos recursos sirvan para aclimatar el bienestar para la población. Es más, no solamente el pueblo chocoano, sino el país en general.

—¿Qué están haciendo los comunistas y la izquierda en general en este departamento para ayudar a visibilizar los diálogos de La Habana (Cuba)?

—La idea es emprender acciones de socialización de esos temas que se están desarrollando en La Habana (Cuba), para que la población pueda asimilarlos y no estar de manera expectante, sino que de manera propositiva también esté dando sus aportes a esa construcción de la paz que todos anhelamos.

—Ese tapete verde chocoano, ¿cómo lo están destruyendo las multinacionales y transnacionales?

—Sí, le decía inicialmente que el Chocó es rico en minerales: oro, platino. Como en todo el país cunde el desempleo, la gente busca la forma de ayudarse. En estos últimos diez años ha habido una avalancha de maquinaria pesada para explotar el oro y el platino en el Chocó. Lo hacen de una manera despiadada porque no hay una mitigación de esa minería desbocada. A pesar de que hay una entidad, la Corporación para el Desarrollo de Chocó, que tiene la autoridad para limitar esa actividad, pero realmente mucha se desarrolla sin el control adecuado y eso hace que peligre la biodiversidad que tenemos en el Chocó.

—¿Hay mucha corrupción el departamento de Chocó?

—Da risa… porque eso es lo que cunde pues, no solamente en el país sino en el departamento de Chocó. Hace varios años se nos tildó como el departamento más corrupto del país. Naturalmente que rechazamos ese epíteto porque comparado con la corrupción que hay a nivel nacional, es muy pírrica en nuestro departamento. Pero eso no es óbice para que nosotros aceptemos la corrupción. Es que esos recursos que se apropian particulares, deben servir para aliviar las necesidades que padece el departamento.

Además, como revolucionarios y comunistas, rechazamos la corrupción; hay que manejar la ética profesional, el manejo pulcro de los recursos en la administración pública para que realmente le lleguen esos recursos a quien realmente los necesita.

—¿Se sienten los chocoanos desplazados de la mesa del rico Epulón?

—Por supuesto que sí. Siempre nos dan migajas, a pesar del aporte que hemos hecho los afrodescendientes, los indígenas y los mulatos a la construcción del país. Lo que se nos revierte es muy pírrico para lo que se nos debería dar.

—¿Cuál es la capacidad de resistencia del pueblo chocoano?

—Pues la gente está ahí, la gente ha resistido. Por ejemplo, hemos hecho paros cívicos en torno a nuestras angustias y necesidades, pero es poco lo que hemos recibido del gobierno nacional.

—Me gustaría que usted dirigiera unas palabras a la comunidad nacional e internacional…

—Sí, a la comunidad nacional e internacional, pues que miren al Chocó, que respalden sus luchas, sus aspiraciones. Allí, hay una población que trabaja, hay unos niños, hay unos jóvenes, unos adultos que anhelamos el desarrollo, que anhelamos superar las deficiencias, superar la corrupción y emprender el camino del desarrollo. Hace más de 500 años estamos esperando una carretera al mar. A pesar de que vivimos en el Chocó no tenemos acceso al mar, a las dos costas que tenemos. Ojalá que la comunidad internacional y nacional nos miren y nos ayuden a lograr estas inquietudes que todos anhelamos y queremos.

¿Quién controla a Barrancabermeja?

Observatorio de Paz Integral –OPI — 2013-05-23T12:08:49Z

Desde comienzos de 2013, en las comunas de Barrancabermeja, se viene librando una guerra a muerte por la disputa del territorio. ¿Quiénes son los que están detrás de esta guerra? A esta pregunta las autoridades, tienen como respuesta el accionar de grupos delincuenciales denominados Bandas Criminales (Bacrim), pero otra respuesta es la que tienen las comunidades, quienes son las que tienen que afrontar el rigor de la guerra. Para ellos son: los paramilitares.

Dicha respuesta se fundamenta en varias razones: estos grupos son llamados ‘grupos paramilitares' porque tienen repartidas las comunas para su control; cada comuna tiene su comandante, cada comandante impone el miedo y el terror por medio de los asesinatos, las amenazas individuales y/o colectivas y por medio de la desaparición forzada. Estas violaciones a los derechos humanos, hace que de la memoria colectiva de los pobladores de las Comunas, surja el recuerdo del accionar de los paramilitares, que en apariencia se sometieron a un proceso de desmovilización hacia el 2003. Frente a esto, el Observatorio de Paz Integral (OPI), en su ejercicio diario de análisis de la situación social, política y económica, en el marco de conflicto armado, realizó una investigación en terreno para tratar de identificar, cuales son los grupos de tipo paramilitar y sus respectivos jefes y hombres, que tienen en ‘jaque' a la población civil de Barrancabermeja, y a las autoridades civiles y militares, quienes no han sido capaces de desarticularlas.

En dicho estudio, se pudo establecer que entre el 2012 y lo corrido del 2013, la guerra territorial ha sido desarrollada entre cuatro grandes estructuras, a lo que se suman nueve ‘sub-estructuras', al servicio de esas grandes estructuras de tipo paramilitar. Esta guerra territorial, no sólo se presenta en el casco urbano. También se ha extendido a la zona rural. Dichas estructuras de tipo paramilitar son: ‘Los Rastrojos', ‘Los Urabeños o Gaitanistas', ‘Los Botalones', y ‘Las Autodefensas Unidad de Medellín'.

Mientras que las ‘sub-estructuras', están repartidas por comunas y ubicadas en barrios estratégicos, en donde por años la guerra se ha marcado entre sus habitantes. Estos barrios son: 22 de Marzo, San Silvestre, La Paz, Invasión San Silvestre (Comuna 3) hasta el corregimiento El Llanito; Primero de Mayo, La Candelaria, Miraflores (Comuna 5); Nariño (Comuna 6); Cuatro Muros y Sector de Pozo 7 (Comuna 7). Estos grupos de jóvenes que oscilan entre los 15 a 25 años, están al servicio de las grandes estructuras, quienes les encargan ciertas actividades para ejercer control territorial. Desafortunadamente, la falta de políticas públicas en materia de Derechos Humanos, y una acción más decisiva por parte de la Fuerza Pública, hace que una parte de nuestra juventud, se esté involucrando día a día, en el rol de la guerra.

La Ley del más fuerte

La puesta en marcha de acciones sólo represivas y no de índole social, está contribuyendo a que la guerra se siga enquistando en nuestra sociedad. Esto, a pesar que la Policía Nacional a finales de febrero del presente año, reportó la captura de 27 hombres al servicio de ‘Los Rastrojos', bajo el mando de alias ‘Choco' y ‘Bagre', quienes estarían detrás de múltiples acciones en la zona Nororiental de la ciudad. Con esta acción policial, las autoridades pensaron que había llegado el fin a las agresiones contra la población civil.

Sucedió todo lo contrario. Esto llevó a una nueva reorganización en la división del territorio, ya que las zonas copadas por ‘Los Rastrojos', quedaban a merced de las otras estructuras. Al igual que las sub-estructuras que trabajaban para ellos. Fue así como ‘Los Urabeños o Gaitanistas', con sus hombres, empezaron una guerra para cooptar a esas ‘sub-estructuras', y llevarlas a sus filas. La mayoría de ellas, no tuvieron otra opción, que integrarse a la fuerza con ‘Los Urabeños o Gaitanistas', ya que algunos de sus hombres fueron asesinados o heridos con arma de fuego. Como una forma de presión.

Cómo operan en las comunas

Hoy, se puede hablar que la estructura paramilitar ‘Los Urabeños o Gaitanistas', tiene el control del 60 por ciento de la ciudad, y el 40 por ciento restante entre las otras estructuras. Esto lo han logrado a través de sus estructuras armadas, que desarrollan asesinatos selectivos para debilitar a su adversario y doblegarlo.

Según la investigación, los comandantes son: alias ‘Barranquilla' comandante político y alias ‘Platino', comandante militar. Ellos serían los grandes jefes de la estructura de ‘Los Urabeños o Gaitanistas', y no sólo tendrían injerencia en Barrancabermeja, sino en otros municipios circunvecinos, como Puerto Wilches y Sabana de Torres. De estas dos personas reciben órdenes las ‘sub-estructuras', que están bajo su servicio y las que pertenecieron a ‘Los Rastrojos'. Hay una estructura que no se unió, y está siendo objeto de agresiones armadas. A las cuales también ha respondido.

Cada una de las estructuras paramilitares, tiene entre 30 y 40 hombres, y están asentados en los barrios que tienen controlados. Los cuales portan armamento de diferente calibre como lo son revólveres calibre 38, pistolas calibre 9 milímetros, y hasta se habla de fusiles AK-47. Lo cual quedó evidenciado el año anterior cuando la Fuerza Pública, decomiso de dos estas armas en los barrios Nororientales.

En esa identificación de las estructuras se logró recopilar algunos alias o apodos, de algunos de sus integrantes:

Comuna 1

Según la investigación, allí habría una estructura que le dice a la comunidad que son de la guerrilla. Cuando se les ha preguntado de cual, han dicho que son integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). No se tiene certeza, realmente si pertenecen o no a esta guerrilla. Esta estructura operaría sobre los barrios a orillas del río Magdalena, ubicados en la Comuna 1. Según conoció el OPI algunos de sus alias serían: ‘Ponche', ‘Pochoco', ‘Licuará', ‘Richard', ‘Negrito Charra', ‘Caleño', ‘Niche', ‘Kike', y ‘Carlos'.

Comuna 3

Barrios 22 de Marzo, San Silvestre, y La Paz

Existe un grupo de hombres, que tiene intimidada a la comunidad y se hacen llamar con los alias: ‘El Bizco', ‘El Negro Juancho', comandante del ala militar, encargado de ordenar muertes y amenazas. Además de tener injerencia en estos barrios, su accionar se extendería hasta el corregimiento El Llanito y Puerto Wilches. También operarían en esta estructura, alias ‘Jagua' y alias ‘Pueblo'.

Comuna 5

Barrios Primero de Mayo, La Candelaria y Miraflores Hacen presencia en estos barrios personas que usan los siguientes alias: Barrio Primero de Mayo: ́Mono Pres', ‘El Mello', ‘Yeo', ‘Vlachito', ‘El Chivo' y ‘Andrés'.

Barrio La Candelaria: “El Barney', ‘El Negro', ‘El Denis' y ‘Ramiro'. Comuna 6 Barrio Nariño Hacen presencia en este barrio personas que usan los siguientes alias: Nariño: Aquí operan: alias ‘Marlon', ‘Wilson', ‘Pedro', ‘Sebastián o Masamorro'.

Comuna 7

Sector conocido como ‘Cuatro Muros'. Hacen presencia en este sector personas que usan los siguientes alias: ‘Culebro', ‘Gregorio', ‘Guajiro o Negro'.

Hacen presencia en la zona rural personas que usan los siguientes alias: Corregimiento El Centro: ‘Los Botalones' con los alias ‘Camilo', ‘Gallero' y ‘Ruiz', ‘Chileno', ‘Paco' y las ‘Autodefensas Unidas de Medellín'.

La juventud en riesgo por el poder de las armas y el dinero fácil

La mayoría de estas sub-estructuras barriales, están conformadas por jóvenes entre los 17 y 25 años de edad, que vienen siendo usados por las grandes estructuras, para cometer agresiones en contra de la población civil. Esto con el único fin de desviar cualquier responsabilidad frente a los hechos, y hacer pasar sus acciones como si hubieran sido cometidas por grupos de delincuencia común. Cuando en el fondo lo que hay es una gran y fuerte estructura paramilitar compartimentalizada o subdividida, que desarrolla acciones de control social entre las comunidades.

Dichas acciones van desde asesinatos selectivos, desplazamiento forzado, desapariciones, amenazas individuales y colectivas, características de los grupos paramilitares que operaron en un pasado, pero que hoy en día, siguen siendo empleadas por estos grupos, que heredaron estas formas de violencia. Todo esto sucede junto a una serie de actividades ilegales que las realizan para el sostenimiento de dichas estructuras, que van desde la extorsión a tiendas, micromercados, establecimientos nocturnos, prestamistas ‘gota a gota' o paga diario, hasta la comercialización de estupefacientes a grandes cantidades o el microtráfico.

Las sumas de las extorsiones van desde los 300 mil pesos hasta los 5 millones de pesos. Las mismas son pactadas dependiendo el tipo de negocio o actividad desarrollada. Estas, algunas veces son pagadas por los afectados, ante el temor de ser objeto de alguna represalia, que involucre a su familia. También se está presentando la retención de motocicletas empleadas por personas para recoger los dividendos de los préstamos, las cuales son regresadas a sus propietarios bajo el pago aproximado de un millón de pesos. Ese monopolio de las armas y el control territorial, se vive en los barrios 22 de Marzo, Invasión San Silvestre y barrios aledaños (Comuna 3), alias ‘El Bizco', viene sembrando el miedo y terror. “Él (‘El Bizco'), obliga a la comunidad a que tiene que encerrarse en las casas antes de las 9 de la noche, porque no quiere ver gente después de esa hora. A los pela'os los tiene amenazados y algunos se han ido del barrio. Todo por el tema de la droga. Es más el prohibió, que las familias saquen parlantes a la calle. La gente por aquí tiene mucho miedo, y no saben qué hacer”, dice uno de los testimonios recopilados en el trabajo de campo.

Salidas a la problemática

Esto evidencia, el reto que tienen las autoridades civiles, militares, la sociedad civil y la familia, a la hora de hacer frente a esta amenaza que busca tomar a la juventud para involucrarla en el conflicto armado. La sociedad toda en el Magdalena Medio, debe aunar esfuerzos con el fin de detener las siguientes acciones: 1- el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos ligados al negocio del tráfico de estupefacientes; 2- La expansión de la `cultura narco' en la región; 3- La expansión de la creencia que con acciones violentas o armadas se solucionan los problemas. Detener, limitar o poner freno a estas acciones implica que desde la familia, la escuela, el colegio, la universidad, las iglesias, los gremios de la producción y el comercio, las organizaciones sociales, los partidos políticos, y las instituciones estatales, orienten buena parte de su acción a formular y poner en marcha acciones que tiendan a concretar el cambio de conciencia para poner freno a situaciones de dualidad de poder en la ciudad y en la región.

Por ello, se requiere que las anteriores instancias y entidades concreten estrategias pedagógicas y comunicativas que generen la cultura del diálogo y la conversación en la familia, la empresa y la sociedad; recalcar de manera cotidiana la necesidad de llevar a la práctica el discurso de la defensa de la vida, como valor supremo de la especie humana; fortalecer los escenarios para que las organizaciones sociales y de derechos humanos, incidan políticamente, en los planes trazados por la administración municipal en el tema de los Derechos Humanos; incidir para que las instituciones estatales, como la Fiscalía y la rama Judicial, encargadas de velar por la justicia, tengan los recursos humanos y técnicos para ejercer su actividad; reactivar espacios válidos de interlocución entre las autoridades civiles y militares con la sociedad civil, como lo es el Consejo Municipal de Paz.

Lo anterior debe ir acompañado de una inversión social que fomente claramente la inclusión de la población, sobre todo, aquella que hace referencia al acceso de los jóvenes bachilleres a la educación superior, y la manera como con los excedentes de la industria petrolera y agroindustrial, podemos lograr el financiamiento de las actividades económicas que generan empleo tanto en el campo como en la ciudad.

El día de hoy, registramos otra tragedia en Barrancabermeja. Una masacre que al momento de completar este informe ha generado cinco víctimas. Se trata personas residentes en el corregimiento de ‘El Centro' en Barrancabermeja y llevadas a un lugar en la carretera que se dirige a San Vicente de Chucurí, donde fueron abandonadas, después de haberles disparado. Cuatro de ellas lamentablemente ya fallecieron. Una más ha quedado herida. Con ello levantamos de nuevo la pregunta sobre porque en una región donde se quiere tanto la vida, debemos registrar hechos tan dolorosos como una nueva masacre.

Barrancabermeja, 21 de mayo de 2013

Inmigrantes y exiliados colombianos debatieron en mesas de paz en Bruselas, Bélgica

Pedro Nolasco Présiga — 2013-05-23T11:50:23Z

Intenso, franco y abierto debate realizaron los inmigrantes y exiliados colombianos en torno a las mesa de diálogo por la paz que tuvo lugar el día 21 de Mayo en la Universidad Libre en Bruselas-Bélgica.

El evento en Bélgica es continuación de la Mesa de Paz que se realizó en Londres, y preámbulo de las Mesas que se realizarán en París y Barcelona.

El evento se realizó con el auspicio del congreso colombiano, y la organización OIDHACO.

El acto contó con la participación de una amplia y representativa delegación del congreso colombiano integrada por: Gloria Estela Díaz Ortiz- del Partido Mira. Mercedes Rincón Espinel-Cambio Radical. Hernando Hernández Tapasco-Polo Democrático Alternativo (C.E. Indígena). José Joaquín Camelo Ramos-Partido Liberal-. Juan Carlos Martínez Gutiérrez-Partido de la U.-Alberto Almonacid-Secretario de la Comisión de Paz.

La Instalación estuvo a cargo de Vincent Vallies, portavoz de Oidhaco, quien hizo un llamado a los asistentes a realizar un debate con franqueza, pero con altura y respeto por la opiniones de cada uno de los participantes, buscando puntos de encuentro en las conclusiones y propuestas, dentro del espíritu unitario de aportar al diálogo y la salida política al conflicto social y armado que vive Colombia.

Después de que los asistentes entonaran en coro las notas del himno nacional, intervinieron todos los delegados del parlamento Colombiano, quienes expresaron su optimismo y su confianza en que esta vez, si habrá una salida política al conflicto social y armado que por más de 65 años desangra al país. Los parlamentarios expresaron la necesidad de que se produzcan reformas sociales, económicas y políticas, que tengan en cuenta la posibilidad de un retorno digno y decoroso para la población colombiana que se encuentra en el exterior por razones del conflicto armado.

Igualmente los parlamentarios les pidieron a la Unión Europea, a la ONU, y a la comunidad internacional el apoyo y acompañamiento a Colombia en los diálogos de paz, así como en la reconstrucción económica y social en el futuro pos-conflicto.

El congresista Hernando Hernández Tapasco del Polo democrático alternativo enfatizó en su intervención la solidaridad con los inmigrantes y los exiliados políticos y urgió a parar la política minero-energética, los asesinatos contra los dirigentes y luchadores por la tierra, la reforma agraria y las reivindicaciones de los campesinos, a la vez que clamó por la libertad de los prisioneros políticos y el respeto de su dignidad y sus derechos; denunció la falta de garantías para los defensores de los derechos humanos, los dirigentes y activistas sindicales, y la violación de los derechos ancestrales de las comunidades indígenas.

La concentración de la tierra, la falta de reforma agraria, las pensiones, las remesas que envían a sus familias, el desconocimiento de los estudios y conocimientos adquiridos en Colombia, las condiciones desiguales, discriminatorias y en muchos casos humillantes y degradantes, en las cuales tienen que realizar su trabajo en los países de acogida, el desarraigo y separación de su familia, la explotación desmedida e irracional de los recursos naturales y el daño al medio ambiente, el abandono a que son sometidos por las representaciones diplomáticas y consulares colombianas, fueron temas de debate por los asistentes a la mesa por la paz.

Los asistentes se dividieron en mesas de trabajo cuyas conclusiones fueron luego leídas en la plenaria final del evento.

En las conclusiones finales del evento que le serán enviadas a la mesa de diálogo del gobierno colombiano y las Farc, en la Habana-Cuba, va explicita, igualmente, la exigencia unánime de que no se paren de la mesa hasta no lograr un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto político, social y armado que vive el país, y la necesidad urgente de un inmediato y bilateral alto al fuego que pare el derramamiento de sangre y evite más daños de guerra innecesarios.

Al terminar la plenaria final del acto, los participantes firmaron las conclusiones y propuestas, que fueron luego entregadas a la delegación del congreso colombiano. Un mapa de Colombia elaborado en cartulina, que fue expuesto en un costado de la tribuna central del acto fue llenado con las firmas de los asistentes, mediantes las cuales refrendaban sus sueños, anhelos, y esperanzas en una Colombia digna, prospera, en paz y con justicia social.

En el acto fue leído por Patricia Quintero Y Henry Espinoza, un manifiesto llamado Clamor de los Colombianos en Bélgica Por la Paz.

CLAMOR DE LOS COLOMBIANOS EN BÉLGICA POR LA PAZ

Hoy nos hemos dado cita en esta mesa europea por la paz de Colombia, los que soñamos y creemos que la paz es posible, los que creemos en una Colombia más social, los que creemos que una participación política es posible; los que hacemos parte de esos que han esperado más de 65 años para ver hecha realidad la tan anhelada paz en nuestro país.

Somos parte de los inmigrantes que soñamos un día regresar a nuestra patria grande, en paz, y con justicia social

Qué bueno es soñar una Colombia en paz, justa y convivial, donde nuestros hijos puedan crecer felices, con toda seguridad, y puedan desarrollar todas sus potencialidades, donde ninguno se vea forzado a emigrar.

Como migrantes y refugiados políticos, nos consideramos víctimas directas del conflicto colombiano, porque la emigración es una herida abierta que no deja de sangrar, pues siguen emigrando compatriotas, huyendo de las balas y las persecuciones de sus vidas y sus ideas políticas. Otros huyendo de la miseria y de la falta de condiciones necesarias para llevar una vida digna.

Emigrar nos es salir de vacaciones a disfrutar de la buena vida en los países ricos de acogida, porque además del dolor de la separación de la familia, de los amigos queridos, de la tierra, de nuestras costumbres, gran parte de los migrantes apenas sobreviven, teniendo que aceptar trabajos mal pagados, peligrosos, humillantes, y degradantes. En estos últimos años, con el pretexto de la crisis, se ha intensificado el racismo, la xenofobia, la discriminación y la marginalización. Por eso anhelamos la paz para nuestra patria, donde todos los colombianos tengamos derecho a una educación gratuita, al empleo en condiciones dignas, a vivienda, a salud, a la pensión; porque solo esos derechos básicos harán posible que un pueblo pueda caminar hacia la paz.

Pedimos fervorosamente, tanto al gobierno, como a las FARC, que no defraudan las esperanzas de paz de la inmensa mayoría de nosotros los colombianos.

Que se aproveche esta ocasión para terminar con la guerra, y para poner unas bases sólidas a nivel económico y social, para llegar a ver una Colombia en paz, verdaderamente democrática, donde todos podamos participar, donde se respeten los derechos fundamentales de cada colombiano y se implante la justicia social.

Una Colombia que acoja de nuevo en sus seno, con plenas garantías, a sus hijos inmigrantes, refugiados que de tantos países del mundo por eso estamos acá, para aportar desde nuestras orillas, propuestas de construcción de país, propuestas que esperamos serán tomadas en cuenta en los diálogos de la habana.

Esperamos que este espacio sea un inicio de un proceso dinámico de construcción entre todas y todos los migrantes colombianos en Europa. Hoy nuestra voz cuenta, esperamos que no sea solo para hoy.

Y como muestra de buena voluntad les rogamos encarecidamente, al gobierno, y a las Farc, que se imponga en ambos bandos, un alto al fuego inmediato, y que cese toda acción de guerra.

Las Farc manifiestan que no están apoyando la reelección de Santos

Agencia Prensa Rural — 2013-05-22T20:42:52Z

Las Farc manifestaron hoy desde La Habana que "cualquiera de los candidatos sería bienvenido si estableciera un compromiso definitivo en proseguir la búsqueda de la reconciliación, a partir de un tratado de paz que le brinde bienestar a todos" al tiempo que negaron estar apoyando la eventual reelección de Santos.

El pronunciamiento se da en momentos en que santistas y uribistas iniciaron la campaña presidencial con fuertes señalamientos mutuos sobre nexos con el crimen organizado y la corrupción.

El siguiente es el texto completo del pronunciamiento de las Farc:

Un gobierno para la paz

Estamos dispuestos a entendernos con cualquier presidente que tenga el propósito de sacar adelante el proceso de paz.

Esta semana algunos medios de comunicación, no de mala fe, quizás por malas interpretaciones o falta de comunicación, han dicho que desde las FARC-EP se admitió que estaríamos apoyando la candidatura presidencial de Juan Manuel Santos. Pero no; lo que hemos dicho es que el presidente está en su derecho de presentar su candidatura, y que lo más importante es que exista continuidad del proceso de paz.

En reiteradas ocasiones expresamos que por el compromiso que tenemos de sacar adelante un proceso de diálogos serio, que conduzca a la paz, nuestro papel es llevar a la mesa un proyecto de país inspirados en los anhelos de las pobrerías de Colombia. Así ha sido durante la discusión del primer punto de la Agenda del Acuerdo General de la Habana. Siempre actuando a la luz del preámbulo que invita a reflexionar sobre los profundos problemas y causas socio-históricas que generaron la confrontación.

De esta forma, nuestras cien primeras propuestas para el Desarrollo Rural y Agrario para la Democratización y la Paz con Justicia Social para Colombia, recogen nuestros lineamientos históricos en defensa del campesinado colombiano, de las poblaciones rurales marginadas, y las reivindicaciones de las organizaciones sociales y políticas que han sido presentadas en los diversos foros y encuentros programados desde la Mesa de la Habana o a iniciativa ciudadana.

Ahora nos aprestamos a complementar este proyecto con las propuestas referidas al segundo punto de la agenda que tiene que ver con la participación política ciudadana, con la democracia en general y otros aspectos nodales para sostener un mundo en condiciones de justicia y libertad.

En todo caso, desde antes y más ahora, frente a los desenvolvimientos que van teniendo las actividades del parlamento y el proceso electoral, hemos guardado distancia más que suficiente diciendo que un entendimiento de paz no puede supeditarse a presiones de tiempos legislativos ni mucho menos a campañas electorales. Para nosotros, el proceso de paz debe constituir un propósito nacional superior, incluyente, cuyo actor principal sea el pueblo colombiano, con sus sueños y sus esperanzas. A eso no se le puede negar tiempo.

Reiteramos la necesidad de mantener los diálogos, contra viento y marea, aspirando obviamente a que en vez de que en Colombia se desarrolle un proceso electoral en el que los candidatos se sacan “los trapos al sol” brindando espectáculos que se despreocupan de la miseria y el atraso que padecen las mayorías, surjan las iniciativas y los programas de cambio que requiere nuestro país para comenzar a andar la senda de la justicia y la verdadera democracia.

Bien es sabido que nosotros cuestionamos el sistema político colombiano, y dentro de él, la corrompida y excluyente mecánica electoral. Precisamente de esos asuntos y de la necesidad de instaurar la verdadera democracia en Colombia, es que trata el segundo punto de la Agenda que estamos ad portas de abordar. No obstante, cualquiera de los candidatos sería bienvenido si estableciera un compromiso definitivo en proseguir la búsqueda de la reconciliación, a partir de un tratado de paz que le brinde bienestar a todos.

DELEGACION DE PAZ DE LAS FARC-EP

Mesa Europea de paz en Barcelona

Taula Catalana per la Pau i els DDHH a Colòmbia — 2013-05-22T16:35:33Z

PROGRAMA:

Primera parte: jueves 23 de mayo en la Universitat de Barcelona (4pm a 8pm)

(Plaça Universitat: Gran Vía Corts Catalanes, 585. Metro: "Universitat" L.1, L.2)

Presentación de la metodología y diálogo para grupos de trabajo en torno a 3 ejes:

Víctimas, reconciliación y construcción de paz

Condiciones de regreso a Colombia

Otros temas tratados en los diálogos de La Habana

Segunda parte: viernes 24 de mayo en el Parlament de Catalunya (3.30pm a 7.30pm)

(Parque de la Ciutadella. Metro: "Arc de triomf" L.1, L.4 y "Barceloneta" L.4

Síntesis y presentación pública de las conclusiones de los grupos de trabajo en la delegación de congresistas de las Comisiones de Paz del Congreso de Colombia.

Las organizaciones convocantes harán la síntesis de las conclusiones de los grupos de trabajo. Los documentos resultantes serán públicos, se enviarán a las Comisiones de Paz del Congreso, en Colombia, y ellas las harán llegar oficialmente a las partes que dialogan en La Habana: guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano.

ES IMPRESCINDIBLE LA INSCRIPCIÓN PREVIA: jornades.taula@pangea.org

¿POR QUÉ CELEBRAMOS LAS MESAS EUROPEAS DE PAZ?

Ante el éxito de las Mesas Regionales en Colombia, organizadas por las Comisiones de Paz del Congreso, varias organizaciones europeas de apoyo a la paz y los derechos humanos en Colombia han propuestos a las mismas, que realicen unas de estas mesas en Europa. Se celebrarán mesas en Londres, Bruselas y Barcelona.

Objetivo general

Ofrecer una oportunidad a la amplia población colombiana emigrada y exiliada de ser partícipe del proceso de paz, con dos enfoques:

1. Aportar propuestas a las negociaciones de paz entre Gobierno y FARC, en el marco de las Mesas Regionales para contribuir al fin del conflicto, promovidas por las Comisiones de Paz del Congreso.

2. Identificar opciones de participación ciudadana en la construcción de paz con un horizonte más allá de la terminación del conflicto (fase 3), independientemente de las negociaciones en la Habana.

Las propuestas que se produzcan serán sistematizadas por las organizaciones europeas convocantes, en colaboración con Naciones Unidas. El documento final con sus conclusiones, que incluya todas las propuestas presentadas, será entregado a la Naciones Unidas y a las Comisiones de Paz del Congreso, para que lo hagan llegar a la Mesa de Negociaciones a través de Cuba y Noruega, países garantes. El documento será público y podrá ser distribuido libremente por las organizaciones convocantes.

Objetivos específicos

Promover el diálogo y la reconciliación entre los diversos sectores de la población colombiana.

Promover diálogo interinstitucional para incrementar el apoyo de parlamentos y gobiernos europeos al proceso de negociación.

Incrementar la visibilidad del proceso de negociación a través de los medios de comunicación.

Participantes

Las Mesas Europeas están pensadas para toda persona colombiana residente en Europa preocupada y comprometida por el futuro de su país, independientemente de sus opciones ideológicas, y de su simpatía, escepticismo o crítica con las negociaciones de paz. La participación requiere de inscripción previa en la mesa más cercana o en la que se quiera participar. Solo podrán participar colombianos, los funcionarios colombianos no podrán participar en la discusión de los grupos de trabajo ni presentar propuestas.

Las organizaciones convocantes actuaran en calidad de garantes.

Temas a tratar:

La temática de los Foros públicos se centrará en aquellos aspectos que puedan ser más relevantes para la población colombiana del exterior:

Víctimas, reconciliación y construcción de paz

Condiciones de retorno a Colombia

Otros temas tratados

Metodología

El día previo a la Mesa se realizará una jornada preparatoria de medio día

Día 23 de mayo: sesión inicial Mesa Europea de Paz

Bienvenida de las organizaciones convocantes:

Presentación de la metodología.

Presentación deI trabajo, objetivos, explicación de resultados esperados, explicación de la metodología de trabajo.

Trabajo en grupos:

Se conformarán grupos de no más de 35 personas para cada una de las 2 temáticas. Las organizaciones convocantes designarán una persona moderadora y otra relatora para cada grupo.

Guión de trabajo:

Ronda de presentación de cada participante

Diálogo en grupo ¿Cuál es la problemática? ¿Cuáles son las propuestas concretas y a quien van dirigidas? ¿Cuáles son los compromisos de futuro?

Plenaria de sintésis

Clausura de la sesión

Día 24 de mayo. Sesión final Mesa Europea de Paz

Es el día de presentación y socialización de las propuestas elaboradas en la jornada del día anterior:

Inauguración

Acto simbólico inaugural

Exposición por parte de los voceros de las relatorías del día anterior ante una delegación de congresistas colombianos. Cada grupo presentará sus propuestas

Presentación de propuestas de plataformas que no estuvieron el día anterior: Previa inscripción representantes de plataformas que no hayan participado en la jornada del día anterior, dispondrán de unos minutos para presentar sus propuestas sobre el tema

Cierre de la sesión

Convocantes:

Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia

Comisiones de Paz del Congreso de la República de Colombia

Institut Català Internacional per la Pau

Escola de Cultura de Pau

Organizaciones que apoyan:

Ayuntamiento de Barcelona

Diputació de Barcelona

Universitat de Barcelona

Parlament de Catalunya

Entrevista a Miguel Cifuentes, dirigente de la ACVC

Véala y Origen Común — 2013-05-22T16:07:21Z

Miguel Cifuentes es miembro de la Junta directiva de la ACVC en la región del Magdalena Medio, perteneciente al Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

¿Cómo llegó a Marcha Patriótica?

Llegué a Marcha Patriótica a través del proceso social y político en el que la ACVC decide ser parte y decide también fortalecer desde el Magdalena Medio. Y desde hace dos años, a partir del 20 de julio de 2010 que llegamos a Bogotá con una delegación del Magdalena Medio hemos venido participando en la construcción de todo el ejercicio de lo que significa el movimiento social y político Marcha Patriótica. En ese sentido, la ACVC destacó algunas personas desde su interior para hacer parte y contribuir a la dinamización regional y nacional del Movimiento Marcha Patriótica.

¿Cómo considera usted la situación del campesinado a nivel nacional y enfáticamente en la región del Magdalena Medio?

El Magdalena Medio no es ajeno a la política del gobierno y los “fenómenos” que se han realizado en el país de contra-reforma agraria. Sabemos que en este país hay casi cinco millones de desplazados, producto de los intereses del gran capital transnacional, del narcotráfico y que hace además parte de una estrategia de Estado en términos de desplazar grandes masas campesinas, indígenas, afros de grandes territorios, para entregar estos territorios a las multinacionales o a la inversión extranjera.

En el Magdalena Medio, tenemos la particularidad de que es una región estratégica, ubicada geopolíticamente porque está casi en el centro del país y además está el tema minero-energético; está la principal refinería del petróleo del país, los principales campos petroleros también se encuentran allí y el tema de la minería de oro en la Serranía de San Lucas; el tema del monocultivo de la palma africana en el Magdalena Medio, el tema del transporte de adaptar esta región a las exigencias del TLC con Estados Unidos, con Europa, el términos que allí tenemos vía férrea, vía acuática, aeropuerto, vía terrestre. Entonces hay todo un intercambio de materias primas que deben salir a los puertos en el occidente, en el Pacífico, en el Atlántico y también hacia la frontera con Venezuela y Panamá.

Entonces allí está el cruce de varios temas bien importantes para el desarrollo que el gobierno piensa. El tema de las tierras, en la medida que el gobierno tenga el control sobre la tierra puede entregárselas a las multinacionales. Esta región se ha caracterizado por ser de economía campesina, históricamente ha sido colonizada por todos los desplazados que produjo la violencia de los años cincuenta, de la violencia política liberal-conservadora y a partir de allí se empezó a colonizar todo este territorio. Esa misma lógica que se ha desarrollado en el Magdalena Medio, es la misma lógica que se ha desarrollado en el país donde llegan los colonos, civilizan la tierra y después llegan los grandes terratenientes, latifundistas, con grupos armados, desplazan la gente, se quedan con la tierra civilizada y hacen ganadería extensiva. Esa misma lógica es la que se ha aplicado en todo el territorio nacional.

Para el gobierno, para la política gubernamental nunca la economía campesina fue tenida en cuenta como un aspecto importante en el tema del desarrollo rural y siempre ha sido estigmatizada, nunca se ha fortalecido, nunca se le ha implementado, como se hace con la agricultura comercial a la cual tienen incentivos, tienen subsidios por parte del Estado todas las garantías y ese sector “puede” desarrollar la agricultura en Colombia. A la economía campesina han intentado desaparecerla y convertir a todo el campesinado en mano de obra barata de los emporios grandes de las empresas de palma africana o trabajadores de la minería, de lo que hoy necesita el gobierno en su locomotora minera.

Nosotros nos resistimos a que la economía campesina desaparezca porque es la que le da casi el cien por ciento la autonomía alimentaria a este país viene de la producción de la economía campesina; a pesar de que no tiene el respaldo del Estado, no tiene le respaldo del gobierno, tiene la capacidad de resistir, sobrevivir, en medio de todo el embate del modelo neoliberal, del modelo de desarrollo económico que se desarrolla en país y de la persecución porque al campesinado siempre se le ha tildado o estigmatizado que apoya a la insurgencia y en ese sentido se justifican permanente para judicializar, para ilegalizar las organizaciones, los líderes, los territorios precisamente con el objetivo de entregarlo, de una u otra manera. Se utilizó la estrategia paramilitar en un tiempo que fue bastante dura contra el campesinado, porque hubo masacres, desplazamientos, asesinatos, desapariciones de comunidades enteras y a pesar de esa arremetida paramilitar que hizo mucho daño, la gente pudo resistir, el campesinado pudo resistir en le Valle del Río Cimitarra y mantener la bandera, por ejemplo, de la Zona de Reserva Campesina que es la única figura jurídica en la legislación colombiana que de alguna manera reconoce al campesino como un sujeto social y político y que tiene derecho a planificar su territorio.

Por analogía, debiera haber una ley así como la tienen las comunidades afrodescendientes y la comunidad indígena. El campesinado tiene una figura dentro de un capítulo, dentro de una ley y no somos reconocidos ni en la Constitución Nacional cuando nos dan la categoría de trabajador agrario. Pero al menos esa figura de Zona de Reserva Campesina permite hacer un ordenamiento del territorio y plantearnos la visión de desarrollo que nosotros consideramos que se debe plantear desde el campesinado y no la visión de desarrollo impuesta desde el establecimiento y en ese sentido esa es la bandera y es la que estamos hoy desarrollando en la región del Valle del Río Cimitarra.

En la medida que esa figura, para nosotros, es un mecanismo de prevención al desplazamiento, es un mecanismo que protege la tierra para el campesino, protege el territorio, permite que la cultura, las tradiciones que han caracterizado a la economía campesina se mantengan, o sea que podemos preservar una forma de ver el mundo y una visión del desarrollo ya que el campesinado colombiano nunca se ha pensado en que es una economía para el enriquecimiento. No se trata de enriquecerse en una finca de unas pocas hectáreas, con unos cultivos de pancoger, con unas especies menores: unas vacas para la leche. La filosofía de la economía campesina es una filosofía de la producción y reproducción de la familia, lo importante allí en ese pedazo de tierra es reproducir un hogar, es la prioridad; no llenarse de plata o la renta a través de lo que plantea el desarrollo convencional, en el marco de la agricultura comercial que es apoyada por el gobierno.

¿Por qué toda esa lucha campesina no está representada en la mesa de diálogos de paz en la Habana? ¿La mesa está coja?

Primero, porque si vemos la composición de la mesa, el establecimiento está bien representado: están los gremios, el gobierno, los militares, los policías y eso está bien desde el punto de vista del establecimiento. Desde el punto de vista de la insurgencia, ellos se representan con toda su filosofía, toda su concepción del mundo, con todos sus planteamientos que los llevaron a que existiera el conflicto armado y también es un avance que las voluntades por parte del establecimiento y la insurgencia se acerquen a dialogar.

Consideramos que el movimiento popular no está representado, ni por gobierno, ni por la insurgencia y en ese sentido sí es importante que el movimiento popular, no solamente el campesinado sino también los afrodescendientes, los indígenas, los desempleados, los obreros, las amas de cama, la comunicación alternativa, los trabajadores de la cultura… en síntesis: las víctimas del modelo de desarrollo económico tenemos que estar en esa mesa porque no somos otra cosa sino las víctimas del modelo de desarrollo. ¿Dónde se refleja la representación del modelo de desarrollo? En la comisión que ha destacado el gobierno y ¿quién está en contra? La insurgencia.

Pero las víctimas del modelo, no aparecemos por ningún lado: los campesinos, los afros, los indígenas que luchan por la tierra, el Estado se la está quitando a través del modelo, de la locomotora minera. Los obreros que luchan por sus reivindicaciones laborales, cada vez hay más flexibilización laboral, más temas que ponen en riesgo la posibilidad real de la pensión, por ejemplo. El tema de la salud, el tema de la vivienda, en fin. Hay una cantidad de víctimas con muchos matices, pero que a la larga todos somos del conjunto: víctimas del modelo de desarrollo rural.

Entonces ese movimiento popular, tiene que estar representado por personas que tengan la legitimidad. El gobierno ha planteado la idea del Consejo Nacional de Paz pero en Marcha consideramos que el Consejo Nacional de Paz, primero, de los veinte años que lleva ha sido totalmente inoperante y segundo, no es el escenario que no representa. Allí pueden haber personas muy válidas que pueden representar sus intereses pero a la larga es un escenario controlado por le gobierno y por lo tanto está intermediando la participación del movimiento social y popular y nosotros consideramos que nuestra participación en esa mesa de diálogo no puede ser intermediada por el gobierno, porque estaría sesgada a unos intereses y en ese sentido, sí consideramos que hablamos de una tercera pata a esa mesa, y esa tercera pata es el movimiento social y popular.

¿Qué propuestas de paz por parte del campesinado existen desde el movimiento popular?

Desafortunadamente son las figuras institucionales las que permiten de alguna manera que el Estado se vincule “obligatoriamente”. Nosotros tenemos muchas propuestas desde el movimiento popular: la propuesta de ley alternativa de tierras, por ejemplo, que recoge la visión del movimiento campesino, indígena, afro de este país donde hay varias plataformas que respaldamos esa ley alternativa. Pero esa ley no va atener posibilidades en el Congreso debido a que no hay una correlación de fuerza que permita que se apruebe esa ley.

Tenemos propuestas que están recogidas dentro de la ley alternativa que son los territorios inter-étnicos y eso se observa mucho en el Cauca, en el Valle del Cauca donde tenemos indígenas, afrodescendientes, campesinos compartiendo un mismo territorio. Así que no se puede hegemonizar ninguna de las figuras institucionales en el momento, como los resguardos, como las comunidades afros o las zonas de reserva campesina. Habría que pensarse una figura jurídica que contemple esa diversidad étnica y que pueda responder a esa realidad, esa es la propuesta: que se desarrolle desde la legislación una figura acorde a la realidad de estas regiones y desde luego, eso tiene que ser vinculante con el Estado y eso se resuelve a través del Congreso. Entonces, siempre y cuando no haya una correlación de fuerzas que permitan en el legislativo, avanzar, pues difícilmente.

Ahora la idea es romper esquemas porque hoy, por ejemplo, hay un código minero que está planteando la minería en el país y está llevándose por delante la minería artesanal, la minería que llevaba siglos en este país desarrollándose y que las comunidades llevan décadas beneficiándose, sobreviviendo de una forma de extraer un metal como el oro y que hoy una multinacional llega y lo puede sacar en dos, tres, cuatro, cinco años, mientras que las comunidades podrían continuar extrayéndolo durante otro siglo u otros dos siglos de una manera sostenible e realidad, sin impactar negativamente el medio. Nosotros estamos por un código minero alternativo, pero no tenemos el poder para que se desarrolle, se resuelva y se regule y, en ese sentido, lo que busca Marcha es poner en los diversos temas álgidos del país, propuestas para discutir, para desarrollar con la gente y que esperemos en la medida que este proceso avance poder hacer incidencia política y que puedan tener cabida desde las realidades cotidianas en el legislativo para que se puedan cumplir.

¿Cómo es la propuesta de Constituyentes por la Paz y cómo se contrasta con las Mesas Regionales de Paz?

En el 2011 hicimos un Encuentro por la Tierra y la Paz de Colombia en Barrancabermeja donde asistieron más de treinta mil personas y en su manifiesto, uno de sus puntos gruesos, además de que el gobierno se sentara a dialogar, que de hecho está sentado, era convocar al constituyente primario que discuta sobre el tema de la paz y en esa propuesta quedó consignada que se deben hacer constituyentes municipales, departamentales y llegar a una gran constituyente nacional para exigirle a las partes del conflicto que se sienten a dialogar pero que se entienda que la paz es un derecho y es un deber del Estado garantizarla.

Es la propuesta de Marcha Patriótica de constituyentes el escenario donde vamos a exigir nuestra participación como movimiento popular, como parte de esa tercera pata sin la intermediación del gobierno, directamente reclamamos nuestra participación. Las Constituyentes por la paz son una iniciativa de Marcha, con otros sectores que se vienen adelantando y no es una propuesta organizativa si no es una propuesta para que haya discusión sobre los diversas temas que generan conflicto en los municipios y que se plantee la resolución de los mismo; con todas las fuerzas vivas, los gremios, las instituciones que existan en este municipio o departamento.

Pero también hay otras iniciativas, como el Congreso de Paz que está adelantando el Congreso de los Pueblos, que es bien importante; que también reclama la participación directa. Hoy el Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica y COMOSOC tenemos una propuesta conjunta que se llama La Ruta Común Social para la Paz y es donde estamos incorporando las Constituyentes, el Congreso de Paz… todas las iniciativas del movimiento popular en la exigencia de participar directamente en esa mesa de diálogo.

Como ya mencionábamos, está la propuesta del gobierno que son los Consejos Regionales de Paz y que nos queda muy difícil permitir que una de las partes del conflicto intermedie nuestra participación ante la mesa de diálogo porque va a estar muy sesgada y va a estar controlada y esta parte, que en este caso es el gobierno, va a definir de acuerdo a sus intereses qué conclusiones se resuelven en los Consejos Regionales de Paz. No tiene sentido entonces que nosotros nos dejemos intermediar por una de las partes del conflicto; es como si fuera la insurgencia que planteaba también algo similar.

Hidroituango: motor de despojo y desplazamiento

Kogoró — 2013-05-22T16:00:40Z

Desde el 10 de marzo familias provenientes del norte y occidente de Antioquia (Sabanalarga, Peque, Liborina, Valdivia, Briceño, Toledo, Ituango y San Andres de Cuerquia), están asentadas en la Universidad de Antioquia como medida de protesta ante los desalojos y propuestas de negociación de la Gobernación y EPM (Empresas Públicas de Medellín) en la construcción del megaproyecto Hidroituango. A pesar de los esfuerzos de los afectados para propiciar un diálogo y llegar a un acuerdo, los funcionarios (...) - Gran Antioquia / Derechos humanos, Derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, Movimiento campesino, Video

La gente de Crucito en Tierralta quiere justicia, vida, tierra y dignidad

Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú –ASODECAS — 2013-05-22T14:08:07Z

Cronica documental realizada en el marco de la Primera Acción Humanitaria "Por el derecho a la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio" realizada en el municipio de Tierralta — Departamento de Córdoba, Alto Sinú los días 26 y 27 de abril de 2013; cuyo objetivo fue denunciar y divulgar la crisis humanitaria que viven las comunidades del Alto Sinú en el Sur de Córdoba, a partir de las frecuentes violaciones de derechos humanos, expresadas en fumigaciones indiscriminadas que afectan los cultivos de pan coger, la fuerte presencia paramilitar que hay en la zona y los frecuentes señalamientos, hostigamientos y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas militares y en particular, la persecución, estigmatización y criminalización contra la organización campesina del Alto Sinú ASODECAS.

Foro de Participación Política en el marco de las conversaciones de paz

Agencia Prensa Rural — 2013-05-22T13:01:50Z

La Marcha TV trata sobre el Foro de Participación Política en el marco de los acuerdos de paz, expectativas y visiones de este proceso, además el columnista Alfredo Molano y el líder histórico Gerardo González hablaron para nosotros acerca de las ZRC y su importancia para el mundo rural y agrario del país. Esto y mucho más en la Marcha TV.

"La tecnología no puede entenderse aislada de la política"

Rafael Rico Ríos — 2013-05-22T12:58:55Z

Carlos Eduardo Parra Falcón es Jefe de Operaciones del Proyecto Canaima en el Centro Nacional de Tecnologías de Información, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación en la República Bolivariana de Venezuela.

Pero, por encima de este cargo público coyuntural, Carlos Parra es activista de la comunidad de Software Libre. Para Carlos, en cualquier actividad profesional, hay una orientación política que le da sentido a todo lo que hace. Es de los que piensa que la tecnología tiene una poderosa carga política que muchos se empeñan en "neutralizar".

Actualmente, tiene la responsabilidad de liderar el Proyecto Canaima, el sistema operativo GNU/Linux del Estado venezolano, y trata de aportar su orientación política en este proyecto técnico. Es consciente que a muchos políticos les cuesta ver la importancia del Software Libre, en una sociedad donde cada vez más todos los procesos son controlados por software. Pero, al menos en su ámbito de acción, trata que su modelo de gestión logre crear conciencia en los técnicos sobre las implicaciones políticas de la tecnología en la llamada Sociedad del Conocimiento.

No es nada fácil romper con el control de los monopolios tecnológicos pero el contexto revolucionario que vive Venezuela, una comunidad de Software Libre muy activa y crítica y unos dirigentes que escuchan a estas comunidades, ha permitido alcanzar logros como el mismo Proyecto Canaima o el alto porcentaje de penetración del Software Libre en toda la administración pública venezolana.

A Carlos, con su mirada caribe, alma rebelde y pensamiento comunista, le encanta cantar Oh Bella Chao, hablar de tecnología y, sobretodo, de política. En esta entrevista nos explica cómo el Proyecto Canaima va mucho más allá que un proyecto tecnológico. Reflexiona sobre el Conocimiento Libre, Software Libre y Socialismo y cómo se relaciona la creación de software con la propiedad de los medios de producción.

Para situarnos, ¿qué es Canaima y cuál es su objetivo?

Canaima nació como un producto tecnológico, una distribución Software Libre desarrollada en estándares abiertos, en cumplimiento con el Decreto Presidencial N° 3.390 firmado por el presidente Hugo Chávez el 23 de diciembre de 2004 y su objetivo inicial era facilitar la migración a Software Libre en las estaciones de trabajo de las instituciones, órganos y entes de la Administración Pública (AP) venezolana.

El tiempo y su dinámica han convertido a Canaima en mucho más que un producto tecnológico, actualmente lo concebimos como un Proyecto Socio-Tecnológico que pretende generar instrumentos, mecanismos, herramientas, procesos, tanto tecnológicos como sociales y políticos que logren colocar a la tecnología al servicio de la sociedad; de ahí su definición socio-tecnológica. Esta concepción ha dado nacimiento a proyectos tan importantes como Canaima Educativo, desarrollado también desde el Gobierno Bolivariano, y otros no menos importantes como Canaima Comunal, Canaima Universitario, Canaima Colibrí y Canaima Forense, desarrollados éstos por comunidades organizadas.

Uno de los conceptos más difundidos del Proyecto Canaima esboza entre sus objetivos la generación de capacidades nacionales, desarrollo endógeno, apropiación y promoción del libre conocimiento, para la construcción de una nación venezolana tecnológicamente preparada.

El Proyecto Canaima es actualmente, de hecho, una política pública del Gobierno Bolivariano.

Actualmente, existen infinidad de distribuciones de sistemas operativos en Software Libre, ¿por qué desarrollar y mantener Canaima? ¿por qué no usar distribuciones libres que ya existen?

¿Por qué Canaima? Por muchas razones, una de ellas: por la oportunidad que representa para nuestros talentos nacionales apoderarse de un proyecto nacional y darle un sentido social y político adaptado a nuestras realidades; porque adaptar un Software Libre pasa necesariamente por investigar, estudiar, adquirir conocimiento, multiplicarlo, socializarlo y ese proceso deja en el camino mucho más que un sistema de operación libre, deja muchos proyectos, deja muchas ideas, deja mucha curiosidad por saciar, deja mucho emprendimiento propio que surge casi automáticamente cuando varias personas se unen para completar un objetivo y esa unión es solidaria, se basa en compartir y complementar, en apoyar y ayudar.

Hay muchos proyectos que pueden considerarse de máxima prioridad para una sociedad con grandes desigualdades, ¿consideras que un sistema operativo libre es un proyecto de relevancia para el Estado?

Sin duda es relevante, por todo lo que hemos conversado aquí y mucho más; eso no quiere decir que sea lo único relevante para el Estado. Hay necesidades sensibles de la población que son más concretas, palpables y que la gente está más sensibilizada hacia ellas porque dejan huella todos los días al salir de casa. Por ejemplo, un vecino que sale de su casa y nota que el camión del aseo tiene tres días que no pasa a recoger los desperdicios, tiene una necesidad muy sensible y un sistema operativo libre no le va a resolver eso el cuarto día para que el sistema de saneamiento urbano recoja los desperdicios en su barrio; hay problemas cotidianos, pero muchos de los problemas cotidianos no son problemas coyunturales, sino estructurales, sistémicos, y los problemas estructurales no se resuelven con medidas coyunturales, las medidas coyunturales pueden paliar la situación, pueden servir para aminorar los efectos del problema, pero la solución real pasa por buscar las causas al problema y solucionarlas desde el punto en que nacen.

Ahí es donde se ve el carácter relevante que tiene un sistema operativo libre, un proyecto del Estado que impulse el uso y apropiación de la tecnología para ponerla al servicio de la sociedad conlleva, tal vez no en un corto plazo, pero sí en un mediano plazo, a una nación con un nivel de desarrollo científico-técnico autosustentable capaz de dar soluciones mediadas por la tecnología a los problemas cotidianos de la gente.

En Venezuela hay mucha actividad y participación política de las Comunidades de Software Libre, ¿por qué consideran que tiene tanta importancia el Software Libre en la sociedad actual?

El Software Libre le abre las puertas al desarrollo, a la sociedad, a los pueblos, a las naciones y esto lo hace gracias a que respeta el principio de la libertad del conocimiento. Una sociedad sin conocimiento es una sociedad a oscuras, un pueblo sin futuro, una nación dependiente sin capacidad para caminar con sus propios pasos y trazarse su propio destino. Socializar el conocimiento se traduce en regar muchas semillas plantadas a lo largo y ancho del territorio nacional, esas semillas que son hombres y mujeres, estudiantes, niñas y niños, el futuro de la sociedad.

Una sociedad que pretenda desarrollarse de manera autónoma, sostenible y sustentable debe generar sus propias herramientas tecnológicas y apropiarse de ellas, al contrario, una sociedad que viva de importar tecnología para ser usada por sus ciudadanos será simplemente consumidora de productos tecnológicos, objetos del mercado global de la tecnología.

Dices que que el Proyecto Canaima es un proyecto Socio-Tecnológico, ¿consideras entonces que la tecnología tiene un carácter político?

Desde un sentido amplio, todo lo que hacemos en sociedad tiene un carácter político, la tecnología tiene un carácter político, sin duda. Mirando más a lo concreto, en el día a día de la nación venezolana que está empeñada en ser libre, independiente, soberana y socialista, la tecnología no puede entenderse aislada de la política, más allá del quehacer en sociedad, el accionar de la política va de la mano con el accionar de la tecnología y la forma como nos apropiemos de ella, o la forma como la usemos.

La tecnología nace para cumplir un objetivo, desde que se piensa en hacerla hasta que se materializa, por lo tanto, la tecnología que usamos está fabricada para un fin y nosotros se lo damos al usarla. Pero más allá, cuando tenemos el poder de hacer nosotros mismos la tecnología podemos hacerla para cumplir los objetivos que nos tracemos, objetivos sociales, políticos, humanistas, por ejemplo, hacer tecnologías libres cumple un fin, primario o subyacente, que es liberar conocimiento, socializarlo, colocarlo en manos de todas y todos. Eso es un fin humanista, social, político, filosófico.

Fíjate qué tan ligada es la tecnología a la política que, por ejemplo, cuando usas software privativo estás cumpliendo, sin quererlo o no, con el objetivo de generar acumulación de capital en unos pocos, eso responde a una concepción política de la vida en sociedad y, cuando usas Software Libre, estás, queriéndolo o no, difundiendo conocimiento, socializando la tecnología, estás practicando el socialismo.

Entrando en conceptos como soberanía e independencia tecnológica, ¿puede un país obtener desarrollo científico-técnico usando tecnologías importadas?

Depende, si la importación de esa tecnología viene acompañada de transferencia tecnológica pues claro que puede, porque gracias a esa transferencia logrará desarrollo endógeno, apropiación de la tecnología y de los procesos que intervienen en su producción. La clave para lograr desarrollo científico-técnico propio y sostenible con tecnologías importadas es que no generen dependencia. Hay que tener mucha precaución con eso, yo puedo importar tecnología con un convenio de transferencia tecnológica, pero si esa transferencia es para dar soporte únicamente, seguiré atado porque la tecnología se volverá obsoleta y la transferencia no me habrá incluido la actualización o generación de nuevas tecnologías. Otro error puede ser que, aunque haya transferencia completa, el país no se dedique a desarrollar talentos y masificar los procesos de producción y socialización, que no haga re-transferencia, que no forme o capacite, ahí se perderá el esfuerzo y la inversión.

Finalmente, el desarrollo científico-técnico nacional sostenible puede iniciarse con importación de tecnologías, pero pasa necesariamente por procesos de transferencia tecnológica, de formación aguas abajo, de investigación y prospectiva, de articulación, de inversión en infraestructura, de inclusión de las instituciones de educación pública en el proceso y otro tanto más que seguramente se me escapa en este momento.

¿Y el Software Libre basta para lograr la independencia tecnológica?

No basta, es sumamente importante pero no basta. El software libre que produzcamos tenemos que instalarlo en equipos y si esos equipos son cerrados, no son libres ni documentados tendremos la otra mitad del camino empedrado. Necesitamos mayores esfuerzos para estimular la producción e investigación en torno al hardware libre, debemos documentar el hardware que produzcamos nacionalmente. Si estamos sólo ensamblando, pues es necesario documentar el ensamblaje de los equipos para ir apropiándonos de esos procesos; cuando fabriquemos tarjetas, circuitos integrados, chips, memorias, discos ... entonces documentaremos todo, el conocimiento es libre.

Para entender Venezuela, siempre es bueno recordar que por tener la mayor reserva petrolera del mundo es codiciada por las grandes multinacionales y los países dominantes. Como consecuencia de esto, la industria petrolera venezolana ha sufrido múltiples sabotajes tecnológicos, por parte de la derecha nacional e internacional, y los políticos venezolanos saben de la importancia de la soberanía tecnológica, ¿y los desarrolladores?

Los conceptos de soberanía e independencia tecnológica son conceptos políticos, por eso los políticos lo captan más fácilmente. En líneas generales un desarrollador conoce muy bien las ventajas técnicas de los lenguajes de programación libres, de los entornos de desarrollo, de la estabilidad, de las librerías y hasta del modelo de producción colectivo del Software Libre, donde todos los desarrolladores se unen en determinados escenarios para ayudarse.

No todo desarrollador o desarrolladora de SL tiene claros los conceptos de independencia y soberanía, pero todo político debería tenerlo claro. Es ideal que los desarrolladores también tengan esa claridad; un cercano ejemplo es la Oficina de Operaciones del Proyecto Canaima en el CNTI, que cuenta con un equipo de desarrolladores y desarrolladoras y los temas políticos están presentes en casi todas nuestras discusiones, porque el Proyecto Canaima es un proyecto político, nacido en revolución, bajo la pluma y el ideario del Presidente Hugo Chávez, con una clara concepción socialista; no entendernos así en nuestra esencia sería perdernos, nuestros objetivos no son tecnológicos, son políticos, nuestro accionar está enmarcado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, mejor conocido como Plan de la Patria o II Plan Socialista de la Nación. El Proyecto Canaima es una de las tantas siembras que hizo el Comandante Hugo Chávez en esta Patria de Bolívar; esa semilla ha crecido, ha generado millones de frutos y actualmente sigue madurando.

En su modelo de gestión trata de incorporar la política aunque se trate de un proyecto tecnológico, ¿cómo se trabaja con desarrolladores internamente un proyecto tecnológico con visión política?

Los desarrolladores no somos autómatas, somos entes sociales, somos entes políticos como todos, nos montamos en un transporte público o en nuestro carro en las mañanas y en el camino vemos las desigualdades sociales, vemos a algunos en su Audi, vemos a otros en la ventana de un edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela, vemos las inequidades y vemos los cambios políticos que se dan actualmente en nuestro País. El Proyecto Canaima es más que un proyecto tecnológico, la tecnología es una herramienta, no es el fin, el fin es la soberanía nacional, la libertad, la independencia, el fin más preciado, como lo indica el primer gran objetivo histórico del Plan de la Patria. Esa es la visión y estamos conscientes de ella, así que más allá de nuestro rol en el proyecto, todos y todas entendemos nuestro papel para lograr fines políticos y día a día asumimos eso en nuestras actividades y nuestras discusiones en el permanente proceso de revisión, rectificación y reimpulso del proyecto.

Se habla de la neutralidad tecnológica, ¿Lo comparte?

Primero quiero aclarar que lo que algunos especialistas denominan neutralidad tecnológica refiriéndose a la garantía de acceso e intercambio de datos entre sistemas y ciudadanos, no es a lo que yo me refiero cuando utilizo ese término. En ese sentido prefiero usar el término “interoperable” en lugar de “neutro”.

No creo que la tecnología sea neutra, la tecnología siempre responde a los intereses de quien la hace, la tecnología no nace de la nada, la hacemos hombres y mujeres, que vivimos en sociedad y que tenemos intereses colectivos o individuales, pero intereses al fin.

Si la tecnología no es neutra políticamente, ¿puede hablarse entonces de una tecnología capitalista y una tecnología socialista?

Como comentaba anteriormente, la tecnología siempre responderá a intereses, los intereses de quien la hace, de quien la construye, fabrica o desarrolla; ahora bien, cuando los intereses colectivos prevalecen sobre los intereses individuales entonces estamos en presencia de fines que propician el bien colectivo, políticamente hablando dejamos el individualismo para abrazar la solidaridad, dejamos la acumulación para hablar de socialización. Hay ahí al menos dos modelos políticos claramente identificables; lo tomo de la formulación de tu pregunta, hablamos de capitalismo y hablamos de socialismo.

Pero, ¿estos dos modelos políticos de la tecnología son desde el punto de vista de los usuarios o en el fin para la cual la usan?

Ni en los usuarios ni en el fin para el cual la usan, más bien en el fin para el cual se hace. Esto lo podemos ver más claramente si nos vamos a la esencia del modelo, me refiero al modelo productivo, el modelo que se usa para hacer Software Libre no es el mismo modelo que se usa para hacer software privativo.

Analiza lo siguiente, si haces un sistema administrativo de forma cerrada, bajo el modelo privativo y haces un sistema administrativo en Software Libre, una visión superficial puede afirmar que los dos sistemas aunque hechos con modelos de producción distintos están hechos para el mismo fin: automatizar la administración de una organización; pues no, quien ha hecho el sistema administrativo privativo lo ha hecho para acumular capital, no para administrar bienes y recursos de una organización, ¿lo ves? Y en el modelo de construcción que se utilizó para el sistema privativo se contrató trabajadores y trabajadoras, a quienes se les pagó un sueldo, a quienes se les impidió apropiarse del sistema administrativo en ninguna de sus partes, con los cuales se generó plusvalía de la cual se apropió el dueño de una empresa y el producto que se generó no es más que una mercancía objeto del trabajo de una clase que no es dueña del medio de producción, ni ha incidido directamente en la determinación del modo de producción.

El sistema administrativo hecho en Software Libre utilizó otro modelo, uno en el cual la construcción es colectiva, la plusvalía, al menos en la fase de producción, es conocimiento y ese conocimiento es socializado, es decir, nadie se apropia la plusvalía, ésta es socializada y beneficia al colectivo, quien a su vez la retorna al producto y los multiplica bajo el mismo modelo de producción ¿ves la diferencia?

Finalmente, ambos sistemas, el libre y el privativo, pueden usarse como sistemas administrativos en una organización, pero el modelo de producción usado en cada uno es completamente distinto y genera efectos distintos en la sociedad y en los seres humanos que intervienen.

Entonces, lo que determina lo socialista o capitalista de una tecnología es su modelo de producción y éste es reconocible enseguida, es único.

Según esto, ¿podríamos afirmar que el Software Libre es socialista?

Sin duda, el Software Libre es socialista, ¿por qué? Pues por su modelo de producción, principalmente; es probable que otras variables incidan pero diferenciarlo por el modelo de producción es inequívoco.

El modelo de producción en el socialismo se caracteriza entre otros por:

– el medio de producción es propiedad social

– la planificación y organización son colectivas

Quienes hacemos Software Libre para un Estado o no, para un Gobierno o no, lo hacemos así, el medio de producción es de todos los que intervienen en la producción y tanto la planificación como la organización y toma de decisiones son colectivas.

Pero puede haber explotación en una empresa desarrollando Software Libre.

Puede haberla, depende del modelo de producción que adopte la empresa. El modelo de producción determinará si la empresa explota o no.

El tema, insisto, radica en el modelo, si una empresa se dedica a hacer Software Libre socializando los medios de producción, generando propiedad colectiva, redistribuyendo la plusvalía, la explotación capitalista no existirá.

Pero una empresa puede hacer software contratando o subcontratando trabajadores, pagándoles un sueldo, apropiándose de la plusvalía y luego liberando el producto final, un software licenciado libre. Es un modelo capitalista de producción de software libre, pero el producto es liberado luego y el modelo de producción que se usó inicialmente no es un modelo socialista.

La licencia CopyFarLeft obliga a que el software, además de que cumpla las 4 libertades del Software Libre, se desarrolle en organizaciones con medios de producción colectivos. Han aparecido iniciativas interesantes como el Manifiesto TeleComunista que reflexiona sobre la propiedad de los medios de producción en el desarrollo del software, ¿qué opinas de estas propuestas?

Esas propuestas vienen a llenar los vacíos que existen en cuanto al modelo de producción utilizado para crear software libre. Me parecen propuestas muy revolucionarias.

Crear una licencia que garantice que los trabajadores (desarrolladores y desarrolladoras) sean dueños de los medios de producción mediante los cuales producen las obras (sistemas, en este caso) es un blindaje contra la explotación. Gracias a estas propuestas será posible que los trabajadores compartan libremente conservando el valor del producto de su trabajo (la plusvalía). Creo que hacia allá debe apuntar el futuro.

Denuncian juicio indígena injusto en el Cauca

2013-05-22T12:05:15Z

Sobre las declaraciones realizadas y lo contenido en los comunicados emitidos por el CRIC, la ACIN y la ONIC en el marco de la llamada "Asamblea de las Comunidades Indígenas Del Norte Del Cauca" realizada en el territorio ancestral de Toribío en el Departamento del Cauca, el día 29 de abril 2013, en donde entre otros se expresó que "el juicio que hoy se va a dar es para castigar comuneros", "pero no demoran en sacar un comunicado diciendo que el cabildo viola los derechos humanos (...) y hasta esta ONG defensora de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, diciendo eso es violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario", y haciendo referencia a las FARC se dijo "Preparan política y militarmente a sus unidades para enfrentar al movimiento indígena, generando y auspiciando al interior de las comunidades, grupos organizados denominados AVELINOS, RESERVAS CAMPESINAS, entre otros. Los cuales tiene como único fin el dominio territorial, ideológico, político y hegemónico para obstruir el desarrollo de nuestras organizaciones propias".

Luego del despliegue mediático que se presentó con el hecho, nos dimos a la tarea de realizar un trabajo de campo e indagar en el terreno, no con los círculos de poder de la ACIN, el CRIC o los indígenas de otros municipios que llegaron, puesto que ya lo habíamos recogido de sus pronunciamientos y declaraciones. Lo hicimos con el indígena de a pie de Toribío, los verdaderos indígenas de los resguardos de San Francisco, Toribío y Tacueyó, con los estudiantes del colegio y obviamente con las familias de los señalados y de los condenados, obteniendo además los audios y videos de la audiencia.

Teniendo como base lo anterior La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, nos vemos obligados ética y moralmente a escribir estas letras:

Tenía razón el dirigente Alcibíades Escue al señalar en medio de la audiencia que nos íbamos a pronunciar sobre el tema. Y cómo no hacerlo si en diferentes escenarios hemos identificado claros abusos de poder y la violación de derechos fundamentales que se viene presentando en ejercicio de la llamada Jurisdicción Especial indígena por parte de los administradores de justicia indígenas y las violaciones de los derechos humanos de los cuales es responsable el Estado colombiano al permitir este tipo de vejámenes.

En el caso particular de Toribío, en diferentes espacios académicos y sociales y ante instituciones estatales hemos señalado el carácter sistemático de represión ideológica y de persecución política que se ha presentado en ejercicio de la "justicia indígena" y pretende justificar bajo la bandera del respeto a los usos y costumbres.

¿Acaso es respeto a los derechos humanos el herir, torturar, confinar en calabozos y no suministrar agua y alimentos, o privar de visitas de familiares y amigos a seres humanos sin distingo de si son hombres, mujeres y niños, los cuales han tenido en común que han sido objeto de la aplicación de la llamada justicia indígena?.

Al igual que académicos, la Defensoría del Pueblo y algunos medios de comunicación hemos propuesto el debate sobre los límites que debe tener la aplicación de la Jurisdicción especial indígena y la urgencia y necesaria actuación estatal en ejercicio de la inspección, vigilancia y control en pro de la protección del acceso a la justicia para los comuneros indígenas, máxime si la justicia es un pilar de todo estado social y democrático de derecho.

Y lo hemos señalado básicamente porque: hemos conocido casos de víctimas de la "justicia indígena" en los que se les violan los derechos a un debido proceso, a la presunción de inocencia y se anula el principio de legalidad, puesto que, no hay claridad sobre los tipos "penales" sancionatorios y los procedimientos y las penas no están preestablecidas, y antes de iniciar el "juicio" el "tribunal" tiene preestablecida la necesidad de condenar e inclusive días antes ha definido la pena.

A lo anterior se le suma que en la práctica muchos de los indígenas son condenados a penas excesivas, no obtienen rebajas de pena por trabajo o buena conducta, no hay eximentes de responsabilidad, ni tienen acceso a libertad condicional y se los abandona a su suerte en una cárcel común. A no ser que sea "amigo" de la cúpula de poder que gobierna, constituyéndose lo anterior en un foco de corrupción.

Es necesario recordar que en la cárcel de San Isidro se presentan casos como, que:

Un indígena pagó casi 4 años por haber empujado al gobernador del resguardo.

Un profesor está pagando 40 años por abusar sexualmente de una niña, aun cuando cuenta con un examen de Medicina Legal que dice que la supuesta víctima es virgen.

Por el hurto de una gallina y unas ollas viejas, un indígena paga una pena de 20 años.

Tres indígenas fueron condenados a sendas penas de 60 años por el asesinato de un gobernador. Ellos, además de alegar su inocencia, se quejan de la severidad del castigo.

Jesús Eduardo Mestizo, fue condenado a 8 años por el presunto delito de armar desorden en la comunidad por el simple hecho de contradecir a las autoridades de la época.

Nuevamente las organizaciones indígenas de forma irresponsable insisten en tildar, negar y señalar procesos sociales campesinos e indígenas del Departamento, los cuales dicho sea de paso son legítimos y legalmente constituidos.

Desde antaño algunos dirigentes indígenas de la ACIN y el CRIC han buscado ocultar, desinformar, dividir, confundir, manipular y negar derechos de quienes dicen representar. El argumento siempre es el mismo el señalar a organizaciones y dirigentes que contradicen los círculos empotrados en el poder sobre los pueblos indígenas, inventar supuestos "planes de división y exterminio" y buscar relacionar a civiles con la insurgencia armada de las FARC-EP.

Una estrategia que día a día a pesar de sus esfuerzos sale a la luz pública: Por un lado se victimizan, mientras desconocen a los demás sectores sociales u organizaciones de su mismo sector en el departamento que contradiga su proyecto político y económico, y a su vez evaden sus responsabilidades históricas.

El contexto que actualmente padecen las comunidades indígenas con énfasis en los municipios de Toribío y Jambaló lejos de ser situaciones aisladas tienen su origen en las crecientes diferencias y tensiones internas por el manejo de la salud, la educación, la distribución de tierras y la aplicación de la jurisdicción especial indígena que se sostienen al interior de las comunidades que dicen representar algunos directivos de las organizaciones indígenas CRIC y ACIN.

Frente a la supuesta garantía al debido proceso y a el respeto a los usos y costumbres en el caso particular de los retenidos, señalados y condenados es importante señalar:

El día 26 de abril de 2013, la Guardia indígena retienen a seis comuneros indígenas que son señalados públicamente por parte de la dirigencia de la ACIN y el CRIC, como integrantes de las FARC-EP. A través de los medios masivos de comunicación se difunde la información que son los responsables de la muerte del señor Venancio Taquinas.

Los días sábado 27 y domingo 28 de abril de 2013, los detenidos son trasladados a las instalaciones del colegio CECIDIC del Municipio de Toribío con el objeto de realizar la asamblea de juzgamiento y condena. Los miembros de la ACIN convocan a los comuneros a asamblea, pero la comunidad no acude. Sería importante indagar ¿porqué la comunidad indígena de Toribío siendo la competente para discutir el tema no asiste? El día lunes 29 de abril de 2013, arriban a Toribío los gobernadores de diecinueve cabildos que integran la ACIN con una pequeña delegación. Por lo cual se decide realizar una asamblea indígena del norte del Cauca, integrada con los gobernadores y su comitiva, la guardia indígena y con algunos alumnos de bachillerato acelerado de los colegios de Toribío.

La Asamblea se realiza en un salón, con una capacidad restringida, sobre el cual se despliegan cinco anillos de seguridad de la Guardia Indígena.

La guardia indígena no permite el ingreso de la mayoría de comuneros de los resguardos indígenas de San Francisco y de Toribío, pero si entran las delegaciones de los demás cabildos. A las familias de los retenidos se les restringe el ingreso.

Los asistentes a la asamblea indígena del norte del Cauca sumaban aproximadamente ochocientas (800) personas, no cuatro mil (4000) como lo han dicho en los medios de comunicación.

En el desarrollo de la Asamblea intervienen el señor Nelson Lemos quien la coordina, junto con Alcibiades Escue, Jesus Chávez, consejero mayor del CRIC, Danilo Secue, consejero mayor de la ACIN, y otros dirigentes, que con los gobernadores conforman el "Tribunal Indígena". Señalan que para garantizar a los detenidos el derecho de defensa, les permiten que cada uno haga sus descargos durante tres minutos y un familiar de cada uno de los detenidos también durante tres minutos. Pero antes el señor Leonardo Escue, quien tiene el cargo de jurídico de la ACIN, ha manifestado que las pruebas que tienen indican que son culpables, que no había que dudar de la investigación que habían realizado. Alcibiades Escue habla de castigos.

Civilino Ul públicamente admite ser miliciano de las FARC, aclara que nunca ha atentado contra la población civil pero que él sí sabe quiénes son los responsables de la muerte de Alfredo Ríos, dirigente campesino asesinado el día 23 de julio de 2011, cuando era candidato al Consejo Municipal de Toribío. Inmediatamente le arrebataron el micrófono e impidieron que siguiera hablando.

Los acusadores se limitaron a manifestar que tenían los elementos probatorios pero no aparecieron los testigos de cargos, no se escucharon. Algunos de los integrantes de la comunidad que pudieron ingresar al salón y pidieron que les permitieran intervenir, les negaron ese derecho.

Finalmente el tribunal indígena señala que de los seis retenidos, contra cuatro de ellos no tienen pruebas para condenarlos y se los entregan a sus familias, quedan solo Civilino Il Secue Y Jhon Jairo Mayorga Suárez. De las pruebas que dicen tener en su contra, para Civilino alguna persona dice haberlo visto en una motocicleta el día de los hechos, cerca al sitio pero no atienden a lo dicho por el acusado que manifiesta en su intervención que ese día y hora estaba en su casa laborando, los trabajadores que lo acompañaron en ese momento, tienen temor de hablar, pero que si les garantizan seguridad para ello, están dispuestos a declarar lo que saben.

De Jhon Jairo lo señalan porque ese día a las dos de la tarde, alguien lo vio acompañado del señor Fabio Opocue, que estaba embarrado y con el trasero con barro, la razón para ello que da Jhon Jairo, es que ese día estuvo laborando en un cultivo de papa apolcando, que llovió y por eso estaba embarrado.

Ya con la acusación, es Jesus Chávez, consejero del CRIC, quien toma la palabra y manifiesta a la asamblea que a cuantos años quieren que los condenen, que si a 10 o 20 o 30 o 40, fueron los integrantes de la guardia indígena y los gobernadores y un pequeño grupo de comuneros quienes gritaron que a 40 años de condena.

Los familiares de los acusados sufrieron agresiones por parte de la guardia indígena y les causaron lesiones en su cuerpo a la señora Yesica Shirley Mayorga, que estando embarazada con 7 meses de gestación, fue golpeada y debió acudir al hospital, Silvana Lucía Ul, lesionada, Rosa Julicué, anciana mayor de 70 años, que fue golpeada en la cabeza, Darvin Uriel Ul, también lesionado en varias partes del cuerpo.

Pese al proceso "legal" en ciernes, a la presunción de inocencia, y las afectaciones en derechos fundamentales como la libertad, la honra y reputación que han debido padecer este grupo de comuneros indígenas, las autoridades indígenas insisten en desarrollar procesos amañados, desconociendo los usos y costumbres.

Responsabilizando a las organizaciones indígenas CRIC, ACIN y ONIC y al Estado Colombiano por los derechos a la vida, la seguridad e integridad personal, la dignidad humana, la honra y reputación y la libertad de los integrantes de las organizaciones campesinas e indígenas señaladas.

Ante la gravedad de lo descrito anteriormente solicitamos al estado colombiano:

Que se cumpla realmente con la función de inspección, vigilancia y control en la aplicación de la jurisdicción especial indígena de manera tal que se garanticen los derechos fundamentales de nacionales que independiente de su pertenencia étnica son ciudadanos colombianos y están viendo afectados sus derechos.

Que se adelante un proceso de reglamentación normativa que ponga al centro la garantía de pilares fundamentales tales como el de legalidad, debido proceso, libertad, dignidad, igualdad y presunción de inocencia, los cuales están siendo afectados en aplicación de la jurisdicción especial indígena y de paso que se ponga límites y controle el ejercicio del poder jurisdiccional sobre las autoridades indígenas.

Que se adelante un proceso exhaustivo de revisión de las sentencias dictadas por los tribunales indígenas en el Departamento del Cauca.

Que se la jurisdicción ordinaria asuma la investigación de la muerte del señor ALFREDO RIOS, dirigente campesino asesinado el día 23 de julio de 2011, cuando era candidato al Consejo Municipal de Toribio. Y que en dicho proceso investigativo se llame a rendir testimonio al señor Civilino Ul.

Que se reglamente todo lo relacionado con los recursos de las transferencias que, de los impuestos de todos los colombianos, se hacen a entidades indígenas de derecho público especial.