Agencia Prensa Rural

Los derechos humanos en el país de los ‘falsos positivos'

Amira Armenta — 2010-02-08T20:08:27Z

No deja de causar admiración que en Colombia algunos se sorprendan cuando se habla de manera crítica sobre la situación de los derechos humanos en el país. El Gobierno y algunos sectores de la prensa están tan acostumbrados a repetir que bajo el régimen de la Seguridad Democrática, Colombia ha hecho enormes progresos en los asuntos de derechos humanos, que se escandalizan cuando aparecen voces que cuestionan el verdadero alcance de tales progresos.

De ese modo, han reaccionado escandalizados ante el último informe de Human Rights Watch que destaca la tolerancia de algunos sectores de la fuerza pública y funcionarios estatales con las nuevas bandas criminales aparecidas en los últimos años. Algo que se sabe desde hace tiempo, pues la única novedad es que ahora HRW lo ha documentado y fundamentado en su último reporte.

Pero si hay un caso emblemático de los pocos progresos que han hecho en realidad los DDHH en Colombia, éste es sin duda el de los llamados ‘falsos positivos'. Inicialmente quisieron negarlo y evadir la responsabilidad, pero al Presidente y su ministro de defensa de ese entonces – cuando ya no hubo modo de cubrir las evidencias – no les quedó más remedio que reconocer el delito y atribuir algunas culpas entre varios altos oficiales. El ministro Juan Manuel Santos dijo entonces que “habrá cero tolerancia con cualquier comportamiento (de la Fuerza Pública) que no esté ajustado al respeto por los derechos humanos”. Palabras huecas, como quedaría demostrado con el correr de los días.

La noticia de los ‘falsos positivos' se conoció en septiembre de 2008. Un año más tarde no solamente no se veían todavía resultados de la aplicación de la justicia a los militares implicados sino que las víctimas, las madres de los muchachos asesinados que seguían insistiendo en que se hiciera justicia, estaban recibiendo amenazas de muerte y ataques violentos directos. No habían recibido prácticamente ayuda gubernamental, el crimen seguía en la impunidad, y además las querían callar a la fuerza.

¿Qué habrá dicho el ministerio de Defensa en ese entonces? ¿Cómo se las arregló el Gobierno de Uribe para camuflar estas nuevas violaciones a personas que se cuentan entre las más pobres y más vulnerables del país? ¿Con qué cara pueden seguir hablando de los progresos en DDHH? ¿Cómo decirle a Europa y a EEUU que Colombia es un país respetuoso de sus ciudadanos, y por eso ya se pueden firmar tratados de libre comercio con los colombianos? Recordamos que esta es supuestamente la condición que ponen esos países para la firma del TLC.

Por esos días, diferentes medios de prensa destacaron la noticia de las amenazas a las madres de los ‘falsos positivos'. Pero, como suele suceder en Colombia, ésta terminó despareciendo al poco de la actualidad periodística. Solamente el periodista Felipe Zuleta, quien dedicó en esos días una columna en El Espectador a las amenazas contra estas pobres mujeres, siguió preocupado con el tema.

El resultado fue la realización de un impresionante video que, con la contundencia que suscitan las imágenes, revela la gravedad del problema, la hipocresía del Gobierno colombiano en los asuntos de DDHH, y lo solas que están las víctimas en Colombia, las cuales por lo general hacen parte de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, gente que vive en lugares como Soacha, o son indígenas en el Urabá antioqueño, y otros sitios por el estilo. El video se titula “La pobreza, un ‘crimen' que se paga con la muerte” y se puede ver abajo.

Como si este caso de los ‘falsos positivos' no hubiera llegado ya al extremo de lo que caracteriza la injusticia en un país como Colombia, en las últimas semanas se han conocido nuevos hechos que revelan una vez más lo que se puede esperar de la actuación de la ley en el país. Los militares vinculados al crimen no solamente han ido quedando en libertad “por vencimiento de términos”, sino que han sido premiados con sesiones de aromaterapia y fiestas con payasos.

Habiendo caído en tal nivel de cinismo, no es raro entonces que el Gobierno colombiano se sorprenda y se enfade cuando una entidad internacional destaca que Colombia no está cumpliendo con los compromisos de derechos humanos.

Parte 1

Parte 2

Solidaridad con los compañeros del Catatumbo

Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra — 2010-02-08T16:15:00Z

Nuevamente el estado colombiano arremete contra los campesinos organizados, mediante la modalidad de persecución y detención. Esto con el fin de sabotear el proceso organizativo que como campesinos y clase explotada llevamos a cabo. Debemos saber que estos atropellos y violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario responden cabalmente a los intereses de las grandes multinacionales que con sus megaproyectos y con su aliado principal Álvaro Uribe Vélez, presidente de esta república que más bien parece una venta de remate, quieren desterrar a toda costa a nuestra gente de sus tierras, con el único propósito de poder explotar a sus anchas nuestros recursos naturales.

Por lo anterior, debemos resaltar el trabajo organizativo y de resistencia que hasta hoy ha llevado a cabo la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), que se ha convertido en la piedra en el zapato de este excluyente y malhechor sistema.

Esta persecución, que como ACVC hemos sufrido, hoy toca a nuestros hermanos, compañeros de lucha y resistencia, fieles a la causa social que con honor han persistido por el derecho a la vida y la tierra. Dicha persecución no es más que el fruto del esfuerzo que con esmero se ha llevado por la defensa del campesinado. Esto sólo puede ser sinónimo de que se han encaminado bien las cosas y que no le queda otra alternativa al Estado para intentar detener nuestra constante lucha, que detener y asesinar, amedrantando y estigmatizando nuestro proceder. Pero seguiremos resistiendo por la vida y el territorio en defensa de nuestro campesinado. Por lo tanto levantamos una voz de aliento, de apoyo y solidaridad con los compañeros injustamente retenidos por este régimen.

La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) nos solidarizamos con los compañeros detenidos en el Catatumbo y exigimos su inmediata liberación, por lo que hacemos responsables a la Brigada 30 y al Gobierno Nacional por la vida e integridad de los compañeros secuestrados por el régimen.

Informantes en las universidades: Una idea gubernamental no tan nueva

Freddy Ordóñez — 2010-02-08T11:25:00Z

El reciente planteamiento presidencial de constituir una “red de informantes” al interior del sector estudiantil de Medellín generó una gran controversia y a la vez un rechazo casi unísono de la sociedad colombiana.

La propuesta lanzada por Uribe consiste en pagar a mil estudiantes de la capital antioqueña la suma de cien mil pesos mensuales (poco más de 36 euros y menos de 50 dólares), a manera de bonificación, por entregar información a las autoridades sobre acciones delincuenciales en la ciudad. Como en otras propuestas, el Presidente señaló que la medida “no tiene reversa”, lo cual simplemente demuestra el tipo de “democracia” que existe en el país.

Realmente la idea gubernamental no es novedosa. Tampoco podría decirse que es una nueva arremetida contra la universidad pública. No es una iniciativa nueva porque simplemente es la confirmación del beneplácito y la satisfacción del mandatario nacional y el Gobierno con la actuación realizada al interior de los claustros educativos de sectores de la derecha afines al Gobierno (o con identidad política común) y cuya principal labor ha sido la identificación, seguimiento y eliminación del movimiento estudiantil, sindical y profesoral, y en general del pensamiento crítico y las voces disidentes al actual gobierno.

Un texto de los paramilitares rezaba hace unos años: “Muchas personas vinculadas a la Universidad como estudiantes, docentes y empleados reaccionamos conformando un grupo autónomo dedicado a recabar información de inteligencia sobre el origen y los autores de tales actos terroristas”. La anterior afirmación coincide con la del Presidente, en la necesidad de obtener información como forma de llegar a los “delincuentes”. Esta acción estaría orientada a la defensa de la vida (al igual que la propuesta gubernamental), más adelante continúa el texto: “Llamados a la acción en defensa de nuestra Universidad y de nuestras propias vidas y bienes, además de la del patrimonio del pueblo colombiano que paga sus impuestos, encontramos puntos de identidad con la organización político militar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ACCU”.

La cita es de un comunicado difundido por las Autodefensas de la Universidad de Antioquia, en la ciudad universitaria en junio 26 de 1999 [1]. Las coincidencias con la propuesta gubernamental simplemente saltan a la vista, y las trágicas consecuencias de este tipo de accionar son conocidas por todos: amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados.

Otro ejemplo que permite dimensionar las propuestas orientadas a las labores de inteligencia en las universidades salió a la luz en diciembre pasado, esta vez en la ciudad de Cúcuta. El ex comandante del Frente Fronteras de las AUC, Carlos Andrés Palencia, conocido también como “Andrés” o “Visaje”, en diligencia de “confesión de hechos”, declaró ante el fiscal 8 de la Unidad de Justicia y Paz que en la desaparición y muerte del estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander, Gerson Gallardo Niño, ocurrida el 3 de abril de 2003, participó de manera activa Oscar Andrés Delgado Gil (alcalde del municipio de Chinácota, Norte de Santander), quien acusó ante los comandantes paramilitares al estudiante de ser integrante de un grupo guerrillero [2].

Esta infundada y mentirosa afirmación de Oscar Delgado fue causal de la desaparición forzada y posterior asesinato de Gerson, homicidio que sólo siete años después de haber sido cometido (y a cinco de la “desmovilización” del Bloque Catatumbo) es reconocido por los bárbaros asesinos de civiles, los criminales sedientos de sangre llamados AUC.

Los anteriores ejemplos del modo de operar de los paramilitares en la universidad colombiana nos permiten concluir que la propuesta de Uribe no es nueva. Los paramilitares la ejercieron (como AUC) y la ejercen (como Águilas Negras, ONG, Autodefensas Gaitanistas, Bloque Capital, etc) al igual que el actual gobierno la ha ejercido en las universidades, reconociéndolo implícitamente mediante el planteamiento presidencial [3].

A manera de ilustración de cómo funcionan actualmente las redes de informantes, tenemos que en la Universidad Nacional, según David Flórez (dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y representante estudiantil al CSU de la UNAL), se encuentran amenazados 66 estudiantes y 15 catedráticos [4]. Muchas de estas amenazas son resultado de esas “labores de inteligencia” de grupos al margen de la ley, las cuales han incluido seguimientos, fotografías, interceptaciones y filmaciones a activistas estudiantiles, las cuales después son usadas como “pruebas” en procesos judiciales y extrajudiciales.

Por todo lo referido es que repetimos que la propuesta no es novedosa y pareciera que pretende legalizar a personas y grupos de personas que de tiempo atrás realizan labores de inteligencia en las universidades para el Gobierno, para los paramilitares, para la derecha. Lo curioso es que ha sido lanzada en la misma universidad que sirvió de piloto para el experimento de infiltración paramilitar: En comunicados difundidos en las Universidades Nacional de Medellín, Universidad del Atlántico y la Universidad Industrial de Santander, durante el año 1999, los grupos de autodefensas indicaban que estaban “siguiendo el ejemplo de la Universidad de Antioquia” [5]. Ante esto surge la pregunta: ¿Se implementará la idea en otras universidades?

Ahora bien, no podemos señalar que esta es una nueva arremetida contra la universidad pública. Realmente ante lo que estamos es ante una expresión de una arremetida prolongada y sistemática contra la universidad y el estudiantado, que en anterior ocasión se expresó con el debate en torno a la precaria situación financiera de los claustros universitarios y la respuesta del Gobierno ante el incidente presentado entre el rector de la Universidad Nacional y un grupo de estudiantes el año anterior.

Esta arremetida prolongada ha tenido anteriormente también manifestaciones violatorias de los derechos humanos e infractoras del derecho internacional humanitario, como son el señalamiento de “guerrilleros” a los estudiantes hechos por integrantes del Gobierno. Las cifras hablan por sí mismas: en el periodo 2002-2004, según la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), fueron asesinados 47 estudiantes, amenazados 52 y detenidos de manera arbitraria 281 [6].

Tal continuidad de ultrajes contra los universitarios devela el interés del establecimiento por controlar tan importante sector social, lo que a su vez nos muestra el potencial transformador que guarda la universidad.

Frente a la propuesta presidencial se han hecho muchas observaciones y criticas, con las cuales coincidimos:

(i) La política de informantes inmiscuye a la población civil dentro del conflicto, lo que representa infracciones al derecho internacional humanitario y violaciones a los derechos humanos;

(ii) El Gobierno Nacional no tiene una política seria contra la criminalización urbana, el planteamiento presidencial refleja el desespero del mandatario por solucionar un problema que tiende al crecimiento, lo que demuestra la ineficacia de la política de "seguridad democrática";

(iii) Es una propuesta, al igual que la realizada en Cali (“red de informantes taxistas”), que en el momento político nacional tiene fines electorales, buscando comprar el voto de los universitarios a razón de $100.000;

(iv) La propuesta vincula a más jóvenes a la dinámica de guerra, alimentando la misma, y carece de sentido común al ser lanzada a los jóvenes que mediante el estudio, evitan caer en círculos del crimen;

(v) la idea llevará a la estigmatización y victimización del colectivo estudiantil, pues los grupos armados y delincuenciales reconocerán en ellos a sus “enemigos”; y

(vi) La política de recompensas no ha gozado de control, ni reglamentación seria, ha desbordado su finalidad, colocándole precio a la vida legalizando el crimen, por lo cual simplemente podrían esperarse “falsos positivos”, esta vez dentro de las universidades.

Como se puede apreciar, la “recolección de información” a cambio de dinero no es una propuesta gubernamental nueva. Por el contrario, ha sido aplicada de tiempo atrás por la derecha en el país (cuya máxima expresión han sido los grupos paramilitares), cobrando la vida de inocentes. El actual gobierno también ha hecho uso de ella y pareciera que pretende legalizar actuaciones irregulares e ilegales dentro de los claustros universitarios, buscando silenciar el pensamiento crítico al interior de la Universidad y desconociendo las críticas que desde el discurso de los derechos humanos y del constitucionalismo tiene su planteamiento. Los informantes en las universidades demuestran ante todo el afloramiento de un estado cada vez más criminal.

[1] CASTAÑO, Carlos. Colombia siglo XXI. Las autodefensas y la paz. s.l., Colombia libre: 1999. p. 267.

[2] La Opinión, jueves 3 de diciembre de 2009, p. 6A.

[3] Una ocasión anterior donde se insinuó la iniciativa fue el ofrecimiento gubernamental de recompensa (hasta cinco millones de pesos) a universitarios que dieran información sobre los autores del “secuestro” del rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman. En esa ocasión, estudiantes de la UNAL rodearon durante varias horas el vehículo en el que se encontraba el profesor Wasserman dentro del campus universitario como una manera de presionarlo para que asistiera a una asamblea.

[4] Jóvenes informantes, medida sin reserva. El Espectador, 28 de enero de 2010. p. 2.

[5] CASTAÑO, Carlos. Op. cit. pp. 276 – 278.

[6] ACEU, ver web

Presas políticas exigen cierre de la Torre 9 de la cárcel de Valledupar

Agencia Prensa Rural — 2010-02-08T11:05:00Z

Publicamos el comunicado remitido por las presas políticas recluidas en la cárcel de Valledupar.

En la cárcel “La Tramacúa” de Valledupar, impulsar el cierre de la torre 9, basados en los siguientes criterios:

1. Es la única torre o pabellón de alta seguridad para mujeres construido en el país como anexo a las penitenciarias de hombres.

2. Se violan los derechos humanos, en cuanto somos mujeres detenidas regladas por un reglamento diseñado para penitenciarias de hombres. No nos permiten nuestros derechos como mujeres y se nos trata como a una minoría. No nos permiten, por ejemplo: usar aretes, maquillajes, espejos. Igual que a los hombres nos toca cargar agua todos los días para nuestro aseo y el de las celdas.

3. El 80% somos madre cabeza de familia y no nos permiten estar cerca de nuestros hijos.

4. Las fuentes de empleo son muy reducidas, casi inexistentes.

5. Entre todas las penitenciarias, ésta es la que soporta el régimen más injusto.

6. Existen muchas prisioneras enfermas, incluyendo pacientes psiquiátricas, y no se les dan los tratamientos requeridos.

7. No existe clasificación de ningún tipo de las prisioneras. Estamos mezcladas presas políticas, sociales y paramilitares; gente con conducta ejemplar y con conducta mala; así mismo condenada con sindicadas; con condenas grandes y pequeñas por todo tipo de delitos; jóvenes con mayores; y de mediana seguridad con de alta seguridad.

Exigencias

* El cierre inmediato de la torre o pabellón 9 de la cárcel de máxima seguridad de Tramacúa, Valledupar.

* Que a las prisioneras allí recluidas, el estado colombiano les garantice sus derechos humanos, incluyendo un enfoque diferencial de género.

* Se les reubique en una reclusión que les permita el ejercicio de sus derechos y dignidad humana.

Presas políticas recluidas en Valledupar

Favor enviar sus comunicados a las siguientes direcciones:

Sr. Álvaro Uribe Vélez, Presidencia de la República, carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Bogotá D.C, Fax (+57) (1) 5662071. Correo: auribe@presidencia.gov.co

Sr. Francisco Santos, Vicepresidencia de la República, correo: fsantos@presidencia.gov.co

Sr. Carlos Franco, Programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, calle 7 # 5-54 Bogotá D.C. tel.: (+57) (1) 3360311. Correo: cefranco@presidencia.gov.co

Sr. Volmar Antonio Pérez, Defensoría del Pueblo. Calle 55 # 10 -32 pbx: (+57) (1) 3147300. Correo: secretaria_privada@hotmail.com

Venezuela: Pandilla nazi asesina al activista antifascista y músico Luis "Rachel" Chirinos

RASH Los Caracas — 2010-02-07T19:50:00Z

En horas de la noche del viernes 5 de febrero, en la zona La Candelaria en el centro de Caracas (Venezuela), dos neonazis atacaron brutalmente a Luis “Rachel” Chirinos, activista antifascista y músico local, quien para el momento de la agresión se encontraba con su novia, la cual está embarazada.

Los delincuentes fascistas abordaron al Rachel, increpándolo acerca de sus convicciones libertarias, golpeándole y atacándole con armas blancas, dejándolo tendido en el suelo y huyendo cobardemente. Rachel fue asistido y llevado a un centro asistencial pero ya era tarde, los asesinos habían segado su vida.

No debe tomarse esta agresión como una más. No se puede atribuir estos hechos al hampa común ni a una simple pelea. Se trata de una agresión fascista repudiable, vil y que no estamos dispuestos a pasar por alto.

Los hechos repudiables de este grupo que cada vez toma más adeptos (sobre todo en adolescentes descarrilados con ideas “nacionalistas trasnochadas”) deben llamarnos a la reflexión y encender nuestras alarmas. Hoy más que nunca es necesario que estemos alerta para frenar esta ola fascista que amenaza con inundar nuestras calles con sangre inocente y violencia reaccionaria.

Es muy probable que quienes realizaron tan cobarde acto tengan vinculación con algún poder económico o el padrinazgo de la pequeña burguesía. Por tanto hacemos un llamado a los colectivos e individuos, para que se unan y así poder frenar esta plaga que pretende ganar espacios en nuestras calles. Denunciando, ahí donde estuvieren, a estos grupos y desde cualquier punto de vista alejado de la realidad del país.

Nuestras más sentidas condolencias para su señora madre, su pareja, familiares y amigos. El vacío que deja Rachel es irreparable, pero su siembra debe ser un punto final a una historia de agresión que estos desfasados pretenden escribir.

Ni perdón ni olvido…

Luis “Rachel” Chirinos, ¡presente!

Detenciones masivas e incertidumbre en el Catatumbo

Asociación Campesina del Catatumbo — 2010-02-07T14:27:09Z

La Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT denuncia a la comunidad nacional e internacional que el día de ayer 6 de febrero, entre las 10 am y 1 pm un comando especial del Ejercito Nacional perteneciente a la Brigada 30, adelanto un operativo en zona rural del municipio de Teorama, Convención, y en el casco urbano del municipio del Tarra, donde procedieron a capturar a cerca de 16 campesinos y campesinas de la comunidad afiliados a nuestra Asociación. Según los testimonios de la comunidad fueron sacados de sus viviendas esposados y luego son llevados en helicópteros. Hasta el momento no se tiene información sobre el paradero ni el estado de estas personas.

Los campesinos detenidos son :

Gabriel Quintero quien es Inpector De Policia del corregimiento de San Pablo municipio de Teorama.

Aleida Angarita quien es Expresidente Junta de Accion Comunal de corregimiento de San Pablo municipio de Teorama

Diorgen Acosta quien pertenece a la Junta de Accion Comunal del corregimiento La Cecilia del municipio de Teorama

Olinto Salazar Pabon campesino trabajador del corregimiento del Aserrio municipio de Teorama.

Jesus Antonio Quintero Salazar campesino trabajador del corregimiento del Aserrio municipio de Teorama.

Jose Alberto Quintero Salazar campesino trebajador del corregimiento del Aserrio municipio de Teorama.

Roimar Carrascal campesino trabajador del corregimiento de La Trinidad en el municipio de Convecion

Jose De Dios Benites campesino trabajador del corregimiento de La Trinidad en el municipio de Convecion

Edilson Marquez campesino trabajador del corregimiento de La Trinidad en el municipio de Convecion

Además, fueron detenidas siete (7) personas más en el casco urbano del municipio del Tarra, de las cuales no se tiene ninguna información de su identificación ni de su paradero.

Tenemos mucha preocupación por la integridad y ubicación de los campesinos que injustamente han sido capturados y recurrimos a la solidaridad nacional e internacional para que intercedan ante las autoridades nacionales y locales con el fin de asegurar la vida e integridad de estas personas.

Hacemos un llamado a los organismos de control del Estado, Defensoría del Pueblo y Procuraduría para que intervengan ante el ejército nacional y se establezca de inmediato la situación física y la ubicación de los campesinos y de la misma manera, los motivos por los cuales estos campesinos han sido detenidos.

Cúcuta, 6 de febrero de 2.010.

Asociación Campesina del Catatumbo

ASCAMCAT

La contracultura del encubrimiento

William Ospina — 2010-02-06T23:00:00Z

CUESTIONADO EN UN FORO DE LA Universidad Jorge Tadeo Lozano por su escandalosa propuesta de pagar a los estudiantes para que se conviertan en informantes de las Fuerzas Armadas, el presidente Álvaro Uribe respondió: “Yo sí prefiero tener un país con una cultura de cooperación con la Fuerza Pública, que un país con una contracultura de encubrimiento”.

Desafortunadamente, ese tipo de encuentros no permiten que los debates asuman sus verdaderas dimensiones, es fácil formular opiniones y juicios, pero es imposible ahondar en ellos, y con ocho años de práctica el presidente Uribe sabe ya que basta negar lo que el otro afirma, y cambiar de tema, para producir la sensación de que se ha respondido. Si lo acusan de haber sostenido en el Departamento Administrativo de Seguridad a un funcionario que se alió con delincuentes y proporcionó información oficial para que se perpetraran crímenes, a Uribe le basta responder que en esos tiempos él creía en su inocencia; si lo acusan de tener como aliados suyos a gente vecina al narcotráfico, el Presidente cree que desmiente la acusación declarando que “él no tiene rabo de paja”; si le dicen que el Ejército ha asesinado inocentes con toda intención para presentarlos como terroristas dados de baja, el Presidente responde que alguien intenta calumniar a la Fuerza Pública; si le dicen que miembros del Ejército han asesinado a mansalva a campesinos de San José de Apartadó, él responde que las Fuerzas Armadas le han dicho que esos campesinos eran guerrilleros o colaboradores de la guerrilla (y ni siquiera se detiene en el hecho de que dos de las víctimas fueran menores de diez años); si le dicen que el Ejército ha bombardeado a una comunidad indígena y ha matado a tres personas, él responde que el Ejército tiene mucho cuidado de no hacer eso cuando bombardea objetivos.

Ni siquiera siente que haya que dar explicaciones. No parece preocuparle que el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas se deteriore con cada justificación irresponsable, pero no debería ignorar que toda justificación de oficio por parte de los altos poderes equivale a una autorización. El Presidente habla de una “cultura de cooperación con la Fuerza Pública”, pero no vacila en llamar así su propuesta de pagar a los estudiantes por convertirse en colaboradores y en denunciantes. Pero una verdadera cultura de cooperación con la justicia, para merecer ese nombre, requiere por parte de los ciudadanos un compromiso profundo con las instituciones (compromiso que no puede tener ese carácter mercenario) y también una confianza muy profunda en la transparencia de esas instituciones.

Y es allí donde las crecientes acusaciones de que el Estado cohonesta con el delito y con la corrupción, de que la Fuerza Pública comete delitos que deterioran su imagen y vulneran su credibilidad, de que hay funcionarios beneficiándose inmoralmente de las políticas públicas y de que el propio Presidente de la República se alza de hombros ante un cúmulo creciente de evidencias, alcanzan toda su gravedad. El presidente Uribe esgrime como una prueba de su autoridad moral el haber sido capaz de extraditar a Estados Unidos a los jefes paramilitares. Con esa misma lógica podría asumir como prueba de su autoridad moral el haber extraditado al hombre que estafó a cientos de miles de inversionistas, que entregaron sus ahorros estimulados por el silencio cómplice de funcionarios de todos los niveles que no ignoraban la ilegalidad de aquel negocio y lo dejaron crecer por años. Pero ya muchos analistas han demostrado que esas polémicas extradiciones satisfacen a la justicia norteamericana a trueque de defraudar escandalosamente la nuestra. Esas extradiciones sólo demuestran que para nuestro gobierno el más grave delito de los paramilitares no fue haber asesinado a decenas de miles de colombianos, sino haber traficado con droga hacia el norte, y el más grave delito de David Murcia es la sospecha de haber lavado activos y no el haber arruinado a millones de colombianos. Qué extrañas pruebas de autoridad moral. Y qué débil resultaría esa defensa si hubiera de verdad un escenario donde se pudiera controvertir con argumentos y a fondo.

El Presidente llama “cultura de cooperación con la Fuerza Pública” a convertir a los estudiantes en delatores mercenarios, en un país donde, por ganar prebendas, hasta la Fuerza Pública ha visto vacilar sus principios, y miembros de ella han traicionado sus más sagrados deberes con la comunidad. Y habla con dedo acusador de una “contracultura del encubrimiento”. Pero quien tenga ojos para ver sentirá que más bien esa “contracultura del encubrimiento” parece estarse aclimatando en los más altos niveles del poder, allá donde alguna vez creímos que sólo llegaban las conciencias más respetables.

La ACVC sobre la violación de DDHH en Colombia. Entrevista a Óscar Duque

Tas-Tas Irratia — 2010-02-06T21:51:31Z

Seguimos hablando de la violación de Derechos Humanos en Colombia. Gorka Andraka, de Tas-Tas Irratia, de Bilbao, conversa con Oscar Duque, fundador de la Asociación Campesina del Valle Cimitarra, en Colombia. Duque estuvo desde julio hasta enero refugiado en Catalunya gracias al Programa de Defensores de los Derechos Humanos impulsado por el Gobierno catalán con el fin de ofrecer protección a activistas sociales amenazados y perseguidos en sus países de origen. El líder campesino pide a los organismos internacionales competentes que investiguen la vulneración de los derechos humanos en Colombia.

Audio publicado en Más Voces : www.masvoces.org

Familia de Miguel Ángel Beltrán pide veeduría internacional en juicio

Fermín Romero — 2010-02-06T12:54:02Z

Las irregularidades en la detención y en el proceso judicial en contra del profesor de la facultad de sociología de la Universidad Nacional de Colombia, han llevado a la familia a pedir que organizaciones internacionales de juristas, se hagan presentes en el juicio que se realizará entre el 17 y el 22 de febrero del presente año, y que se sumen al seguimiento que se le ha hecho al proceso en países como Argentina, Bolivia y México. Entre las anormalidades que han ocurrido durante las audiencias preliminares al juicio, se encuentran violaciones de DDHH, la continua violación al debido proceso, amenazas, persecución y seguimiento a la familia. Además, fueron aceptadas en el juicio de manera sorpresiva supuestas víctimas del profesor Beltrán provenientes de Medellín. Para profesores y estudiantes de la Universidad Nacional, la persecución de la que es objeto el profesor es una amenaza que se envía a la comunidad académica y a la libertad del pensamiento crítico en Colombia.

La detención de Miguel Ángel, se ocasiona por una petición de captura y extradición de Colombia a las autoridades mexicanas. La solicitud fue acogida por el gobierno del país centroamericano, que procedió a esperar a que Miguel Ángel se presentara el 22 de mayo para solicitar una prorroga de su visa, para continuar con sus estudios pos doctorales, y notificarle que estaba acusado de ”conductas delictivas en el extranjero”. Inmediatamente procedieron a arrestarlo, y se vió poco tiempo después enfermo y volando hacia Colombia, esposado y con una capucha en su cabeza.

A su llegada a Colombia, las autoridades colombianas lo pusieron a disposición del juez de garantías, que no vió problema en la forma como fue detenido, y procedió a realizar las audiencias cuando Miguel Ángel estaba enfermo e incapacitado por los médicos que le recibieron en el aeropuerto, además, aceptó las pruebas que la fiscalía presenta y que provienen del computador que sobrevivió el bombardeo en donde murió Raúl Reyes en Ecuador. De esta manera, el juicio busca determinar si Miguel Ángel Beltrán es o no alias Jaime Cienfuegos, según la fiscalía, miembro del frente internacional de las FARC, con quien Raúl Reyes tenía contacto.

De igual manera ha procedido el juez de segunda instancia de control de garantías y el juez de conocimiento, juez al que la defensa le presento siete nulidades que anularían el proceso que se le seguía a Miguel Ángel Beltrán. Entre las acciones que invalidarían el proceso, se encuentra la tortura, crimen de lesa humanidad que sufrió el profesor Miguel Ángel al momento de su detención y extradición irregular a Colombia; otros motivos de nulidad son: las faltas al debido proceso, como obligar a Miguel Ángel a presentarse enfermo a las audiencias, pasando por encima de la valoración médica que le incapacito varios días, y aceptar pruebas aportadas por la fiscalía en las que ha habido irregularidades en la cadena de custodia. Sin embargo, todas los argumentos han sido negados y de acuerdo a Gustavo Gallardo, abogado defensor de Miguel Ángel, los jueces han omitido su labor constitucional de defensa y protección de derechos elementales y expresa consternación al describir como se lleva el caso: la segunda instancia de la juez especializada de Bogotá negó las siete nulidades de un día para otro, cuando este tipo de decisiones se notifican pasados quince o treinta días después de presentadas por el estudio que requieren.

En este momento, el proceso esta en manos del Juzgado Cuarto de Descongestión de Bogotá, que ha incluido en el juicio a supuestas víctimas de Miguel Ángel. Las personas que vienen de Medellín y dicen ser victimas del profesor, se presentan como miembros de la Asociación de Victimas de la Guerrilla Colombiana, y son representados por Jaime Arturo Restrepo Restrepo, que plantea que estas personas al ser victimas de las FARC, son víctimas de Miguel Ángel por estar acusadode ser alias Jaime Cienfuegos. La inclusión de estas personas en el juicio, para la familia de Miguel Ángel, es otra de las razones para exigir claridad en el juicio y que se respeten los derechos constitucionales del acusado.

Para la familia también ha sido difícil la acusación que se le hace a Miguel Ángel, y expresan que sienten impotencia y miedo desde que fue detenido, y no solo por la captura y proceso del padre, hijo y hermano; también han sufrido hostigamientos y amedrentamientos mediante seguimientos, acoso y la intervención de los teléfonos celulares y fijos. De esta manera, han soportado como personas toman fotos de la casa y que desde que fue detenido, indigentes duerman al frente de la casa de la familia; a tal punto han llegado los atropellos, que le esta siendo negada el tomar una beca ganada previamente en España, a un familiar que no tiene ningún grado de consaguinidad con Miguel Ángel. De igual manera, han tenido que soportar correos intimidatorios y que en Facebook hayan sido injuriados y amenazados de muerte.

Las últimas afrentas que han tenido que superar, son las acusaciones de las que son objeto por parte de las supuestas víctimas de Beltrán, y denuncian que los miembros de la Asociación de Víctimas de la Guerrilla Colombiana, presentes en las audiencias, acusan a familiares de Miguel Ángel de ser guerrilleros. Sin embargo, las acciones de esta asociación van más allá, de acuerdo a miembros del movimiento en solidaridad con el profesor Beltrán, las supuestas víctimas, acusan a los observadores internacionales, Brigadas de Paz, PBI, de ser auxiliadores de la guerrilla en el Urabá. Además, organizaciones sociales temen que los miembros de dicha asociación, sean reinsertados bajo la dirección de Jaime Arturo Restrepo Restrepo, y que en las audiencias, sean un tipo de cuerpo de choque contra el Movimiento de Solidaridad con Miguel Ángel Beltrán.

El abogado defensor de Miguel Ángel asegura que su defendido entiende el proceso y juicio que enfrenta como una persecución política y que a pesar de ser acusado y tratado como prisionero de máxima seguridad, gestionó y logró que se abriera una biblioteca en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel nacional Modelo, antes de ser trasladado de manera imprevista al pabellón de máxima seguridad de la cárcel Picota.

Para los familiares, amigos y allegados a Miguel Ángel, el profesor es un académico excelente y un critico del establecimiento, y aseguran que el profesor es una victima del gobierno, que en cabeza de Álvaro Uribe, ha convertido en delito estar en oposición académica, intelectual, política y civil al Estado y a la Seguridad Democrática.

Fumigación con glifosato en zona de Parque Natural

Agencia Prensa Rural — 2010-02-05T13:45:00Z

Publicamos el comunicado remitido por los Comité de Derechos Humanos de las veredas Santa Lucía y El Danubio, en Puerto Rico (Meta).

Hoy 5 de febrero de 2010 a las 6:30 am, en zona comprendida entre las veredas de Santa Lucia y El Danubio jurisdicción de Puerto Rico (Meta), zona reserva ambiental y Parque Natural, tres aviones, de los cuales no pudo ser identificado su origen, iniciaron aspersión de glifosato, sin que allí existan cultivos ilícitos o siembras que pudieran provocar dicha fumigación.

Lo anormal en esta fumigación es que, según versiones de los campesinos, cuando se pretende fumigar cultivos ilícitos se hacen las aspersiones muy bajas, y en este caso la fumigación se está realizando desde una muy elevada altura, al punto que no se pudo identificar el origen de las avionetas.

Es preocupante para la comunidad que hechos como éste se presenten en pleno verano, ya que por la condición especial del clima, inmediatamente el veneno toca el bosque o las plantaciones, que se secan en muy poco tiempo, afectando no sólo la reserva natural sino a la población civil que habita en esa zona.

Esperamos que no sea una más de las estrategias del estado colombiano para seguir generando desplazamientos en la zona, y recordamos que la mayor parte de los riachuelos que corren por el Parque Natural suministran de agua a las comunidades que se ven expuestas a consumir el veneno que baja por los ríos.

Comités de Derechos Humanos de las veredas Santa Lucia y El Danubio