Organizando los paramilitares en Venezuela

Por: Adriana Rivas
Caracas, 26 de abril 2004

En Colombia estos grupos armados llevan alrededor de 37 años arrasando con las comunidades más humildes de ese país, haciendo de eso un terrorismo de Estado con operaciones clandestinas entre las Fuerzas Armadas y paramilitares, en su mayoría organizados en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según sus propias declaraciones son alrededor de 20 mil. Investigadores estiman su número en alrededor de 13 mil.


Colmillos en la frontera. Ilustración de Matiz para Prensa Rural.

El terrorismo de estado se consolido en los años 90; bien sea como paramilitares o sicariato, este ha sido su modo operandi. Para esta época estos grupos de exterminio asesinaron y desaparecieron alrededor de 25 mil personas de pensamientos progresistas o de izquierda, considerándolos como subversivos a la nación.

El partido Unión Patriótica, construido por el Partido Comunista, también fue victima de estos atropellos. Para esa misma década los paramilitares asesinaron por lo menos a tres mil hombres y mujeres entre los que estaban alcaldes, parlamentarios y hasta candidatos presidenciales. Esto llevó a meter una demanda ante la OEA por genocidio político. También hay que destacar que una organización de derechos humanos entregó un informe donde demostraba la participación de la CIA y el Pentágono en la reorganización de los sistemas de inteligencia que crearon redes asesinas de identificación, que mataban a civiles sospechosos de ayudar a la guerrilla.

¿Convivir? ¿Una asociación comunitaria de seguridad rural…?

Convivir era una supuesta red comunitaria cuyo trabajo fundamental debía ser detectar a los insurgentes, denunciarlos y evitar sus acciones rebeldes, pero la realidad de dicha asociación era la de legalizar redes de sicarios al servicio de ganaderos y terratenientes.

Durante la primera mitad de los años 90, el hoy presidente Álvaro Uribe, en ese entonces gobernador de Antioquia, apoyó con la campaña "bienestar, progreso y paz" a las Convivir. Las arremetidas durante su gobierno regional desplazaron a más de 200 mil personas y asesinaron a miles. Las violaciones de derechos humanos por parte de las Convivir fueron tan brutales que hasta el Estado colombiano se vio obligado a prohibirlas a finales de 1997. Las Convivir simplemente se juntaron a los paramilitares de Carlos Castaño.

¿Paramilitares legales y constitucionales...? Sus acciones en contra de familias inocentes de comunidades campesinas, entre otras organizaciones populares, deja en claro su ilegalidad; y eso da mucho que pensar de la capacidad que tiene el gobierno colombiano de gestionar acuerdos de paz cuando él es el primero que está de acuerdo con las acciones paramilitares. Además las legaliza, aun cuando éstos matan a hombres y mujeres que luchan por una causa justa dentro de un país donde el sistema político es intolerable y lleno de violaciones a los derechos humanos.

¿Quién dijo que los ganaderos o terratenientes son del todo honestos? Habrá sus excepciones, pero en estas políticas de guerra como que no existen. Estos son los primeros en financiar y apoyar a estos grupos de exterminio no sólo en Colombia sino en toda Latinoamérica. A la fiscalía de Córdoba entregaron pruebas concretas de las relaciones entre los ganaderos de la zona y los paramilitares, donde quedaron al descubierto las reuniones y citas que tenían Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, jefes de las AUC, con ganaderos y hacendados para manifestar su apoyo tanto físico como económico. Esto se venía denunciando hace alrededor de 10 años y sin ninguna respuesta clara, y bien cierto es que, por el mismo poder económico que tienen Fedegan y Gancor, los culpables están en las calles de Colombia.

¿Autodefensas Unidas de Venezuela...? "Paramilitares en Venezuela''

El año 1997, Carlos Castaño, líder de los paramilitares de Colombia, afirmó en una oportunidad haberse reunido con 140 empresarios y ganaderos de los estados Barinas y Zulia para negociar la creación del grupo de Autodefensas Unidas por Venezuela, o sea paramilitares. Ya en diciembre de ese año capturan a siete colombianos sospechosos de ser paramilitares y culpables de participar en varios secuestros. Aun cuando el general de la GN Medina Gómez ratificó que no existen paramilitares dentro del país, a estos colombianos les decomisan armas de guerra, mapas de la zona y una lista con nombres de ganaderos y hacendados dispuestos a colaborar económicamente con este grupo. En el interrogatorio estos declararon haber sido contratados por el mismo general Enrique Medina Gómez por el monto de 75 millones de pesos con el fin de llevar acabo acciones paramilitares, y lo más curioso es que a pesar de esto, a los siete días estos colombianos son puestos en libertad por orden del general Medina Gómez. Esto fue en el estado de Apure. Dos meses máas tarde es sorprendido uno de estos colombianos por el jefe de la policía del Amparo (estado Apure), Ismael Hinnauy, quien a su vez fue obligado a renunciar después de este hecho; el colombiano cargaba un salvoconducto firmado por el general Medina Gómez.


En un video que salió el pasado 26 junio del 2002, quedó demostrado que las Autodefensas Unidas de Venezuela están operando en los estados Táchira, Apure y Zulia y que este grupo cuenta con 2.200 militantes. Además el 'comandante Antonio' declaró que el propósito de sus hombres es cambiar el panorama político del país, ratificando que el sr. presidente Hugo Rafael Chávez Frías es objetivo militar.

Carlos Castaño, jefe político de las AUC, según el periódico colombiano El Tiempo del 29 de junio de 2002, declaró que envió instructores a las Autodefensas Unidas por Venezuela.

El asesino de Antonio García, dirigente campesino ultimado en su casa el 19 de septiembre del 2002 por vía del sicariato, está detenido en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), y el mismo declaró que le ofrecieron 23 millones para que planificara la muerte de tres hombres que le hacen sombra a los ganaderos. Según sus afirmaciones en enero de ese año, Omar Contreras Barbosa lo contrató para asesinar al dr. Pedro Dorian, médico cirujano y causante de que a muchos campesinos se les entregaran sus cartas agrarias; para esto estaban destinados ocho millones de bolívares y para matar al sr. Armando García eran Bs. 7.500.000.

El joven sicario de 24 años y de nombre Antonio Peña Luzardo fue el asesino material de García y es un testigo potencial que pone en descubierto a los autores intelectuales de estos hechos de violencia. De más está decir que los ganaderos están metidos hasta el cuello en esto, lamentable es el gran poder que tienen, porque hoy en día los autores intelectuales están en libertad. Esto pone en tela de juicio a algunas instituciones del país.

Hay más de 89 muertes en el movimiento campesino desde que se creó la nueva Ley de Tierra, y hay denuncias contundentes de que los ganaderos y terratenientes son los que pagan para matar. Además los principales culpables son: José Luis Betancour, presidente de Fedenaga y sus afiliados, Felipe Rodríguez alias 'el Cuervo', golpista, jefe de seguridad de Placia Francia, prófugo de la justicia y que tiene lazos estrechos con Salvatore Mancuso, jefe militar de las AUC; Antonio del Billar, presunto líder de las AUV; el comandante Antonio Enrique Medina Gómez; Carlos Castaño, entre otros. Afortunadamente la voluntad y la esperanza de nuestros hermanos campesinos es más fuerte que el poder y el dinero de estos asesinos, pero es que a pesar de que Venezuela está pasando por un momento histórico lleno de grandes logros y de triunfos, esto se ve empañado por la incompetencia de la Fiscalía General de la República que a cuatro años de algunos asesinatos aún no hay respuesta de los mismos, los casos se han quedado ahí almacenados como "coroto viejo". Y no sólo eso: ¿La justicia interior de Venezuela qué hace? ¿O es que acaso después de que estamos muertos nuestras vidas pierden valor? Pues no, nuestra lucha continúa aun después de muertos y serán otros los que disfrutarán nuestros triunfos.

Esta lucha es de:

Jorge Nieves, asesinado el 26 de abril 2003 en Guasdalito (estado Apure).
Wilmer Avedaño, asesinado el 02 de febrero del 2002 en El Vigia (estado Mérida).
Licino Lago, asesinado el 30 de octubre del 2001 en Santa Cruz del Zulia.
Luis Mora Durán, asesinado el 10 de enero del 2002 en la frontera de Mérida y Zulia.
Dr. Pedro Dorian Castillo, asesinado el 25 de agosto del 2002 en San José de Perijá.
Armando García, asesinado el 19 de septiembre del 2002 en el Zulia.
Ramón Antonio Camargo, asesinado el 30 de agosto del 2002 en el sector El Chaparral (Barinas).

Y otros campesinos más y a sus familias que también son víctimas del poder incontrolable de una elite.

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