A propósito de la resistencia de Copacabana
La protesta pacífica en Colombia

Fredy Villa

Ley Espejo de muerte. Ilustración de Matiz para Prensa Rural.

La oposición y protesta social y política no es posible en Colombia, sólo a riesgo de ser calificada como terrorista en el paranoico discurso de Estado, con los peligrosos efectos que sobre la vida tienen. Copacabana y la protesta por el "peajito social" son un ejemplo de la característica arrogancia de palabra y acción de una concepción y ejercicio de gobierno. Sólo es explicable por el miedo y la ignorancia, entendido esto como epidemia psíquica y social.

Quiero contarles un poco sobre las novedades en Copacabana. Como han podido apreciar en las noticias nacionales y regionales, nuestro municipio viene siendo noticia. Es decir que se tornó un día en situación violenta, pues sólo lo violento es noticia rentable para nuestros medios de comunicación.

Copacabana, junto a las municipalidades de Girardota y Barbosa (ubicados al norte del valle de Aburrá) vienen en oposición a la forma de financiación de la doble calzada Bello-Hatillo, a través de un peaje por el cambio de categoría nacional a departamental. Muchas argumentaciones se han presentado ante las autoridades nacionales y departamentales, pero no han sido suficientes, pues los intereses políticos y sectoriales se constituyen en razones de mayor jerarquía.

En mi municipio se han presentado violentos choques entre la denominada fuerza pública y la población civil que se manifiesta en protesta. Imágenes de agresiones y heridos se pueden apreciar por los medios noticiosos. Es indignante ser testigo de la forma como la policía agrede, en unas condiciones de superioridad, a los ciudadanos que unos meses antes estaban protegiendo para acudir a las urnas y elegir a los administradores regionales que hoy no protegen los intereses de beneficio público o comunitario. Estos últimos en una clara discursividad llena de eufemismos (adornos y cambios de sentido de las palabras) hacen ver a la población como masa no pensante y hasta antipatriotas, que es el discurso que se viene imponiendo en las alocuciones presidenciales para referir a todo aquel que no comparta o acepte las decisiones de gobierno.

Entre el 18 y el 24 de mayo, se presentaron enfrentamientos violentos entre policía y ciudadanos; los comandantes que tienen acceso a los medios justifican sus violentas acciones como franca defensa; los administradores regionales y nacionales hacen lo propio y, en todos, los pobladores aparecen como bárbaros que se oponen al desarrollo regional y a la gobernabilidad.

En este desproporcionado choque de fuerzas no dejan de causarme indignación las creencias en las que se justifican estas violencias. Por ejemplo cuando el señor presidente, sus ministros y los legisladores burócratas utilizan un lenguaje cargado de metáforas y displicencias a través de las cuales se autodesignan patriotas en un heroico ejercicio de unos principios que superan el beneficio particular, cuando en realidad vemos las patrañas de venta y acuerdos de prebendas para aprobar la reelección inmediata, las negociaciones a mediano y largo plazo de la economía, la producción y la educación pública, mediados por inmediatos pagos de comisiones y beneficios burocráticos a nombre propio. También cuando intereses personales guerreristas se disfrazan de acción popular para llevar las protestas pacíficas a confrontaciones que distan mucho de los propósitos democráticos.

Los gobernantes regionales y nacionales acusan de violentos y terroristas a quienes no les ha quedado otro camino de expresión que la confrontación agresiva de palabra y de hecho, que van desde la eliminación del contradictor o atentar contra la infraestructura y los servicios, y, con discursos adornados en patriotismos y populismos, estos representantes de lo público, niegan el Estado de Derecho y la libre expresión; niegan con hechos concretos el uso de la palabra en la resolución de los conflictos. Desde la mentira adornada de beneficio comunitario en la administración de lo público, cada vez hacen menos ciudadanos y más soldados para la exitosa empresa de la guerra.

Claro que como ciudadanos debemos reconocer la lapidaria frase que dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. También hemos tenido responsabilidad en ello, pues dejamos de lado el compromiso comunitario y público para dejarlo en manos de los menos talentosos y más públicos en el uso de la palabra, los que bien se han hecho llamar políticos, con todo lo peyorativo que ello significa en el uso popular. Otros menos talentosos en el pensamiento y en el criterio de lo político pasan a la consagración de los héroes en la batalla, soldados al servicio de la patria en el cómodo monopolio de la fuerza y la violencia.

Eso es lo que veo en estos enfrentamientos: policías que se creen héroes, muchos de los cuales están allí porque esta cacareada sociedad no les ha dado otra opción diferente a hacerse pasar por incapaces para el conocimiento o el ejercicio ciudadano. Resolver el asunto de la manera menos difícil, donde sólo se obedecen órdenes y no se asume responsabilidad sobre los actos.

Claro que también veo a una población civil que no le ha quedado otra opción que las vías de hecho, pues su palabra no es escuchada. También hay que aclarar que el monopolio de la violencia (es decir la figura y el ejercicio de Estado Colombiano) no ha generado las condiciones de formar palabra pública con criterio ciudadano y democrático, con sus marginales políticas educativas y de promoción de la cultura.

¿Acuerdos de paz? No los veo aún en la distancia más remota; no veo compromisos reales en quienes detentan el monopolio de la fuerza, el Estado-Gobierno. Insisto en esta figura de Estado Gobierno como equivalente al monopolio de la violencia, pues es a lo que se ha reducido el supuesto acuerdo sociopolitico colombiano. No hay vocación de paz, se superponen los deseos primarios de la violencia en sus diferentes campos de batalla: el mercado, el consumo, los medios, la escuela, la administración pública. Todos a través de eficientes discursos cargados de imágenes de ficción y rodeos, tratando de desconocer el conflicto como condición humana y social; añorando un ser y estar en condiciones paradisiacas, sin esfuerzo; en promesas de paz celeste; en espera de un salvador foráneo que nos evite asumir las responsabilidades y los compromisos. Como dijo alguna vez Estanislao Zuleta: sólo un pueblo maduro para el conflicto merece la paz.

Les cuento queridos amigos y ciudadanos, que no solamente duele e indigna testificar esta especie de carnicería de la palabra y la razón, sino la tragicomedia en que nos degustamos la existencia en medio de la marginalidad.

Para mantener ideales y apariencias institucionales los generales, los ministros y los legisladores crecen en su capacidad discursiva, pero en lo real de la vida cotidiana distan mucho de la confianza que les fue depositada en el pacto social constitucional. Sólo se escuchan discursos arrogantes, justificativos y excluyentes desde el ministro del Transporte, del secretario de Gobierno departamental, en igual tono que los presidenciales. Que confusión con lo que unos y otros creemos como democracia y estado social de derecho, en una figura política de Estado-Gobierno equivalente a monopolio de la violencia.

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