El Pdpmm según la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra

por Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
Puerto Matilde, Zona de Reserva Campesina, 24 de abril de 2005

Francisco de Roux, director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Foto de Claudia Calvo para Prensa Rural.

En la actualidad se realiza la gira anual de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) por países europeos. Ante la propuesta de parte de varios sectores políticos, sociales y religiosos de la necesidad de publicar nuestra opinión frente al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (Pdpmm) y al Laboratorio de Paz financiado por la Unión Europea, procedemos a socializar parte del debate sostenido con el Pdpmm durante los últimos años.

1.Contexto

El Magdalena Medio durante los últimos 25 años ha pasado de constituir una región marginal caracterizada por la presencia estatal exclusivamente militar y de economías de enclave a constituirse en un territorio en el que el Estado tiene una definida pretensión de recuperar el monopolio de las armas y el control del territorio. El objetivo es articular este espacio regional a las necesidades del capital nacional y extranjero, a las demandas del modelo de desarrollo neoliberal adoptado desde comienzos de los años 80.

Una estrategia básica para lograr este propósito, que compromete tanto a los poderes económicos locales, al narcotráfico, así como al Estado, lo constituye el paramilitarismo, que resultó ser un "recurso eficiente" ante la ausencia del monopolio estatal de la fuerza y ante la inhabilidad del propio Estado para imponer orden en la jurisdicción que reclama. Los empresarios de la coerción --como definió un investigador a los paramilitares-- "surgen en este vacío de control"; su papel es el de ayudar en el establecimiento del orden económico, político y social y, paradójicamente, mantener los medios de violencia bajo el control del Estado.

El incentivo para los carteles paramilitares lo constituye la posibilidad de usufructuar actividades ilegales y delincuenciales como el robo de combustibles, el narcotráfico, el lavado de dólares, la expropiación de tierras, la siembra ilegal de palma africana, la corrupción en contrataciones públicas, la extorsión e incluso el secuestro, contando con la anuencia del Estado. Su objetivo militar fundamental: las organizaciones sociales y políticas que no están de acuerdo con el modelo excluyente impuesto.

La estrategia de guerra sucia paramilitar se complementa con la aplicación de políticas contrainsurgentes externas amparadas bajo el sofisma de la lucha contra las drogas y el narcotráfico: el Plan Colombia. En el Magdalena Medio este plan se concreta en la posibilidad de introducir grandes operaciones militares y de afectar la economía y la vida campesina mediante las fumigaciones indiscriminadas con glifosato. Estas actividades represivas no afectan de manera considerable a las guerrillas que operan en la región, pero si acentúan el desplazamiento forzado de las comunidades campesinas.

Finalmente, las políticas represivas encarnadas en el discurso y el accionar de la "seguridad democrática" necesariamente tienen que complementarse, desde el Estado, con la implementación de programas de desarrollo que permitan darle cierta apariencia de moralidad al status quo y al modelo de desarrollo impuesto. Esto explica por qué toda la filosofía del Pdpmm se basa en la pretendida "recuperación de la legitimidad del Estado", un contrasentido ético, si tenemos en cuenta la historia reciente de violencia política y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos ejercidas por el Estado colombiano sobre los pobladores del Magdalena Medio.

2. ¿Qué es el PDPMM según la ACVC?

El Pdpmm instrumentaliza un modelo de intervención política, económica y social que es fundamentalmente institucional estatal, pues influye y condiciona a organizaciones y movimientos que históricamente se han opuesto a las políticas del Estado, por represivas en lo político y por excluyentes y marginalizadoras en lo económico y social.

El Pdpmm obedece a un modelo de intervención regional estatal contrainsurgente, que reedita los esfuerzos anteriores del Estado por "cambiar" las condiciones objetivas de pobreza rural sin la suficiente inversión social estructural en regiones de histórica presencia de guerrillas, donde éstas se constituyen en un referente de control, de administración y de poder local y regional. Propuestas como el Desarrollo Rural Integrado (DRI) o el Plan de Nacional de Rehabilitación (PNR) son los predecesores fracasados de "modelos contrainsurgentes de desarrollo" en Colombia.

El Pdpmm articula las iniciativas de Estados, del sistema de Naciones Unidas, de organismos multilaterales y de agencias de cooperación que promueven un modelo de desarrollo dependiente y extractivo que perpetúa las desigualdades regionales y de clase.

La cooperación internacional de la Unión Europea que intermedia el Pdpmm, englobada en el "Laboratorio de Paz del Magdalena Medio", no condiciona al Estado colombiano en materia de derechos humanos y de recomendaciones internacionales sobre la materia, garantizando la impunidad de los autores intelectuales, financiadores, promotores y ejecutores de las violaciones de derechos humanos.

La apuesta de desarrollo del Pdpmm no representa el acumulado de reivindicaciones y de propuestas de desarrollo de las comunidades campesinas y mineras del Magdalena Medio, expresadas en acuerdos firmados entre sucesivos gobiernos y organizaciones sociales. Los acuerdos logrados después de marchas y protestas que movilizaron a decenas de miles de habitantes del Magdalena Medio durante las últimas décadas han sido sistemáticamente incumplidos por los gobiernos. La mayoría de dirigentes sociales de estas movilizaciones han sido asesinados, desaparecidos o desplazados de la región.

El Pdpmm ha implementado iniciativas de desarrollo nocivas para el campesinado, contando con el dinero de la cooperación internacional, como el proyecto de palma aceitera, una iniciativa impuesta en Colombia por poderes industriales, latifundistas y narcotraficantes ligados al paramilitarismo que deja en el plano de pequeños productores de materia prima y de jornaleros a los campesinos, con el riesgo de perder las tierras frente a las presiones violentas de quienes promueven el cultivo o en manos de los usureros del sistema financiero.

3. ¿Cuál es la propuesta de la ACVC?

La ACVC considera que la cooperación internacional debe tener un imperativo ético frente al actuar del Estado colombiano.

La ACVC considera que la comunidad internacional:

Debe condicionar la inversión de recursos de financiamiento de proyectos de desarrollo al cumplimiento de convenios y protocolos internacionales en materia de derechos humanos por parte del Estado colombiano.

Debe condicionar la cooperación para el desarrollo a que ésta no complemente estrategias de guerra sucia como el paramilitarismo, o estrategias de guerra de intervención militar y política impuestas desde los Estados Unidos, como el Plan Colombia.

Debe condicionar la cooperación a que el Estado colombiano opte por la salida política al conflicto, político, social y armado regional y nacional.

Debe condicionar la cooperación al cumplimiento de los acuerdos firmados e incumplidos por el Estado colombiano con las organizaciones campesinas del Magdalena Medio.

Debe condicionar la cooperación a que no se criminalice a los miembros de la ACVC y de las organizaciones sociales por parte del Estado colombiano. En la actualidad cuatro dirigentes de nuestra organización tienen orden de captura por estar sindicados de rebelión en base a montajes judiciales.

La comunidad internacional no debe permitir que la cooperación internacional sea centralizada y controlada por el Estado colombiano en función de sus políticas represivas ("seguridad democrática") y de la implementación de modelos económicos lesivos para la sociedad colombiana (el neoliberalismo).

La propuesta de desarrollo de la ACVC está contenida en el Plan de desarrollo y de protección integral de los derechos humanos de Magdalena Medio y en el Plan de desarrollo sostenible de la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra. Estos planes hacen parte de los acuerdos del Éxodo Campesino del Magdalena Medio, firmados con el presidente Andrés Pastrana el 4 de octubre de 1998, hasta el momento incumplidos en su totalidad.

Los planes de desarrollo de la ACVC buscan la vigencia plena, la garantía y la satisfacción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los habitantes del Magdalena Medio. Estos planes representan el pago de la deuda histórica social del Estado colombiano hacia los pobladores de la región.

Mientras que el Estado colombiano no cumpla los acuerdos y mientras no se solucione el conflicto, la ACVC desarrollará una estrategia de organización comunitaria, de construcción de poder local, de seguridad alimentaría y de defensa de los derechos humanos del campesinado, buscando garantizar la permanencia de la gente en el territorio en medio de la guerra. Para nosotros este es el concepto de desarrollo por ahora.

4. ¿Cómo son las relaciones ACVC-Pdpmm?

La relación de la ACVC con el Pdpmm va a cumplir una década, pues se inició en el año 1996.

Desde un comienzo han sido unas relaciones de interlocución permanente, caracterizadas por el debate continuo. Se trata de discusiones políticas de antagonistas que pueden llegar a acuerdos.

La ACVC exige el dinero de la cooperación porque es dinero público. La ACVC no acepta condicionamientos de la Unión Europea, ni de las agencias de cooperación, ni del Pdpmm.

La ACVC es una organización civil de campesinos expropiados y desplazados que tiene una propuesta política y de desarrollo para la región del Magdalena Medio y para el país.