Combates, retenciones y torturas a campesinos en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra

por Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
27 de octubre de 2004

El día sábado 23 de octubre a las 2:00 pm se registraron combates durante media hora entre miembros del Ejército Nacional y guerrilleros de las FARC-EP y el ELN, en un lugar ubicado entre las veredas Puerto Matilde (a una hora del caserío) y Hueco Frío. Se reportó la muerte de un soldado, otro fue herido.

El mismo día y en el mismo sitio, después de los combates, fue detenida, torturada y amenazada Luz Imelda Vanegas, 23 años, bajo la acusación de ser guerrillera. En los mismos hechos fue detenido el niño Luis Ángel Vargas López, 8 años, quien también fue amenazado y torturado. Una de sus cejas fue cortada con la navaja de uno de los soldados.

Igualmente fueron retenidos durante cuatro días arbitrariamente por el Ejército Ciro Antonio González Aguilar y Mirta Quiroga Barrera, así como cinco raspadores de hoja de coca, sin identificar, que trabajaban en su finca.

Los batallones del Ejército que presuntamente son responsables por estos hechos son el Plan Vial y Energético Nº 7 y el Bomboná.

El Ejército Nacional continúa desconociendo sistemáticamente el principio de distinción al detener y someter a otras prácticas violatorias a campesinos, por el solo hecho de vivir y trabajar en zonas de operaciones militares y guerrilleras.

El Ejército Nacional está recurriendo a la degradante violación que representa la tortura para obligar a las víctimas civiles a "reconocer" su pertenencia a organizaciones insurgentes.

El Estado colombiano es responsable por las violaciones a los derechos humanos aquí descritas. Las víctimas de estas agresiones viven en una región cobijada con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Con el gobierno actual de AUV y su política de "seguridad democrática", las violaciones a los derechos humanos han aumentado en el Magdalena Medio, situación que se ha visto agravada con el desconocimiento y el no acatamiento por parte del Estado de las recomendaciones internacionales sobre derechos humanos emitidas por organismos como la ONU, la CIDH y otros mecanismos de protección a los derechos humanos.

 
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