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Campesinos se declaran en rebeldía con la justicia colombiana por Nicole Karsin / Associated Press BOGOTA (AP). Varias comunidades rurales colombianas anunciaron no reconocer el sistema judicial colombiano al rechazar detenciones arbitrarias de ciudadanos acusados de colaborar con los grupos rebeldes. La desobediencia la llamaron "objeción de conciencia" en base al artículo 18 de la Constitución colombiana donde se afirma que "nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia". La red de campesinos, maestros y activistas de derechos humanos dijo que no cooperará con las autoridades en las investigaciones de quienes son señalados como sospechosos si han sido arrestados ilegalmente. "Rechazamos colaborar con la falsa justicia", dijo a The Associated Press el grupo organizador esta semana en la Defensoría del Pueblo en Bogotá. La iniciativa se lleva a cabo en las regiones del Urabá, el Magdalena Medio y Arauca, zonas al noroeste, centro y noreste del país. El Senado aprobó el pasado jueves una ley antiterrorista que permite los allanamientos, interceptaciones telefónicas y detención de sospechosos sin orden judicial. También otorga funciones de policía judicial a las Fuerzas Militares. Los opositores del Gobierno rechazaron la medida, que fue calificada como una amenaza a los derechos humanos. Sin embargo, el presidente Álvaro Uribe ha defendido la práctica del estatuto antiterrorista como una medida eficaz para combatir a los grupos ilegales que mantienen una guerra de más de cuatro décadas en este país. La guerrilla y los grupos paramilitares financian su guerra contra el Estado con el producto del tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión. "Algunos observadores nacionales e internacionales no tienen gusto por esta ley, pero con ella realmente se puede aislar a los terroristas", dijo Uribe el miércoles. En la instalación del Congreso Nacional Cafetero el miércoles, Uribe pidió a la Policía no "seguir con capturas masivas de 40 ó 50 todos los domingos, sino de 200, para acelerar el encarcelamiento de los terroristas y golpear estas organizaciones". Precisó, sin embargo, que "esas capturas han sido masivas, pero no arbitrarias. Ajustadas plenamente al ordenamiento jurídico". Gloria Cuartas, ex alcaldesa del municipio de Apartadó, en donde los activistas firmaron el polémico boicoteo al sistema jurídico, dijo que "es horrible que las cárceles estén llenas de hombres y mujeres que piensan diferente al Gobierno". Desde hace siete años los líderes comunales de esta región bananera al noroeste del país declararon sus localidades como "comunidades de paz" en un intento por impedir el ingreso de los grupos armados izquierdistas, los paramilitares y las tropas oficiales. Pero, a pesar de esa resistencia, más de 120 pobladores han sido masacrados por las facciones que operan en el área, dijo Wilson David, líder de la aldea San José de Apartadó, a unos 450 kilómetros al noroeste de Bogotá. Aseguró que eran muchos los residentes que fueron llevados a la cárcel a pesar de ser inocentes. El mismo David fue detenido temporalmente por el ejército el año pasado. El ex magistrado de la Corte Constitucional y senador colombiano Carlos Gaviria Díaz, también ha sido un fuerte crítico de las detenciones masivas. "Estas comunidades se han declarado neutrales al conflicto, sin embargo, les tratan como si estuvieran vinculadas con la guerrilla", indicó el legislador. El presidente del sindicato de trabajadores judiciales Asonal, Fernando Otálvaro, apoyó la iniciativa de los activistas señalando que se está "descuadernando la Constitución y es allí donde hay serias violaciones a los derechos humanos". El viernes la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su descontento con la norma contra el terrorismo, ya que esta "nueva ley podría abrir un camino a la arbitrariedad". Anteriormente había dicho que existen en el país suficientes herramientas constitucionales y legales para combatir el terrorismo. |