Uribe desafía sentencia de la Corte y amenaza a Comunidad de Paz y PBI

27 de mayo de 2004

"No soy yo cuando me enojo".

El presidente Alvaro Uribe Vélez instó hoy a las fuerzas armadas a detener a los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y deportar a los extranjeros en las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y otras ONG. La declaración de Uribe es un abierto desafío a la sentencia T-230 de 2004 de la Corte Constitucional y a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los poco más de mil habitantes de este poblado se declararon, el 23 de marzo de 1997, como "Comunidad de Paz" y asumieron desde entonces los principios de neutralidad, de no participación en ninguna forma en la guerra y de no entregar información a ninguna de las partes.

Entre otros puntos la Corte Constitucional dispuso que:

-- "El Comandante de la Brigada XVII del Ejército, o quien haga sus veces, ordenará al personal bajo su mando, otorgar un tratamiento de especial cuidado y protección cuando se trate de requisas en retenes y estén de por medio los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, los habitantes de este municipio, los conductores de transporte público o las personas vinculadas al servicio con esta Comunidad. La información allí obtenida sólo puede servir para los fines definidos en la ley y no puede ser utilizada para fines distintos, ni mucho menos, podrá ser suministrada a terceros".

-- "El Comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional, o quien haga sus veces, asume bajo su responsabilidad, la garantía y protección de los derechos fundamentales que adelante se indican, de los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de las personas que tienen vínculos con ella. Para tal efecto, debe adoptar las decisiones que sean necesarias para garantizar su seguridad personal. Bajo su responsabilidad tiene la protección de los derechos a la vida, integridad personal, seguridad personal, libertad de locomoción, a la privacidad del domicilio y a la intimidad de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de quienes tienen vínculos de servicio con la Comunidad, dándole cumplimiento, en todo caso, a las órdenes judiciales. Para el cabal cumplimiento de lo ordenado, el Comandante de la Brigada XVII del Ejército, o quien haga sus veces, elaborará los manuales operativos o manuales de instrucciones al personal bajo su mando, con el fin de asegurar que se ejecute estrictamente lo ordenado en esta sentencia. De estos manuales enviará copia a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo, en un término no mayor a 30 días".

Uribe hizo los ataques a la Comunidad de Paz tras la reunión del consejo de seguridad de Apartadó, poco antes de viajar a la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe en la ciudad mexicana de Guadalajara. Según él, directivos de la comunidad obstruyen la justicia y las labores de la Fiscalía. Dijo que, según la denuncia de la propia Fiscalía, cuando este organismo llega a esa comunidad para cualquier diligencia, algunos de sus directivos no permiten declaraciones de los habitantes.

"Eso es obstrucción de justicia", insistió Uribe y advirtió que si esta situación sigue presentándose, las autoridades llevarán "a la cárcel a quienes lo hagan". "Nosotros estamos dispuestos a apoyar a la Fiscalía con nuestro Ejército y con nuestra Policía, para que la Fiscalía pueda administrar justicia en San José de Apartadó, donde se sigue presentando un corredor de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)", denunció el gobernante. Insistió en que "si la autoridad tiene que llevar a la cárcel a alguno de estos directivos por obstrucción de justicia, que los lleve a la cárcel".

Uribe recalcó que "los extranjeros que estén obstruyendo la administración de justicia en Colombia" no cuentan con inmunidad alguna, pues aclaró que "aquí los colombianos y los extranjeros tenemos que cumplir con la Constitución y las leyes". Y advirtió que si es necesario deportar a quienes no cumplan, así lo hará.

"Es muy claro: le reitero la sugerencia al DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, policía secreta) y a la Policía, respetuosa, de que si estas personas vuelven a obstruir la justicia, los metan a la cárcel y si hay que deportarlos, se deportan", remarcó.

Es decir que Uribe se pone en total contradicción total con la decisión de la Corte Constitucional: con una orden a sus subordinados del DAS, la Policía y el Ejército, cuyos comandantes en la región estaban allí presentes, convierte a los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó de merecedores de tratamiento de especial cuidado y protección, en mercedores de ser apresados y, a los cooperantes pacifistas que tienen vínculos con ellos los coloca a las puertas de la deportación.

San José está situado a unos diez kilómetros de Apartadó, y el año pasado, tras el apoyo internacional de acompañamiento, obtuvo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiera al Estado colombiano "brindar una protección especial" a los integrantes de PBI y ordenara medidas cautelares en favor de los líderes y la Comunidad de Paz.

Precisamente la Corte Constitucional ordenó al Comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional "cumplir, en el ámbito territorial de competencia de la Brigada, los requerimientos impuestos al Estado colombiano por la Resolución de la CIDH de 18 de junio de 2002, sobre 'Medidas Provisionales solicitadas por la CIDH respecto de Colombia - Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó', en beneficio de las personas que fueron objeto de medidas cautelares por la mencionada Corte, es decir, los miembros de la Comunidad de Paz y las personas que tengan un vínculo de servicio con esta Comunidad".

Con los mismos pretextos de quienes siempre han perseguido y agredido a la comunidad, Uribe es ahora quien obstruye la administración de la justicia, tanto nacional (Corte Constitucional) como las decisiones de una instancia internacional a cuya jurisdicción se ha sometido Colombia por tratados de derecho público, cual es la CIDH.

El presidente no solamente obstaculiza el cumplimiento de las decisiones judiciales, sino que públicamente ha dado órdenes en abierta contradicción con ellas.

es.geocities.com/dhcolombia/documentos/SentenciaT32704.htm

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