Ante el exterminio en Arauca, Verdad y Justicia por Comisión Intereclesial de Justicia y
Paz
Dos años se cumplen de la "seguridad democrática", mañana 7 de agosto. El desarrollo de una estrategia contrainsurgente en Arauca ha significado la parainstitucionalización con el fortalecimiento de presencia militar. A sangre y fuego se afirma la presencia militar del Estado, al tiempo que se desdibuja la autoridad dando paso al autoritarismo y a la polarización armada. Judicializaciones, asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento forzoso de pobladores civiles. Montajes judiciales, estigmatizaciones, señalamientos, compra de falsos testigos... la muerte sin fórmula de juicio, la muerte indigna justificada oficialmente, como el asesinato de "terroristas" o de combatientes. No es nuevo. Así fue en Trujillo, así ocurre diariamente en el campo donde a las víctimas se les colocan uniformes para hacerlos pasar por guerrilleros. Lo nuevo es que ante el perfil de los asesinados y de los detenidos se debe imponer la verdad oficial. No es nuevo. El presidente en septiembre lo expresó explicitamente. Lo dicho, dicho está. Y ahí están los nuevos asesinados. Ahí están los nuevos detenidos. No es nuevo y vendrán más... pero ellos y ellas son sujetos de dignidad, ellas y ellos merecen más que la verdad, la justicia y el pueblo de Arauca la reparación. Un primer paso, la posibilidad de estar allí, de escudriñar la verdad, de dejarla ver, de sacarla a la luz. Esta es la carta de las organizaciones sociales, comunitarias y de derechos humanos al presidente Álvaro Uribe Vélez: Bogotá, 6 de agosto de 2004 Señor Cordial saludo, Sr. Presidente: las organizaciones abajo firmantes hemos tenido conocimiento --según fuentes de toda solvencia y de toda credibilidad-- de que el Ejército ejecutó extrajudicialmente ayer por la mañana, en el caserío de Caño Seco (municipio de Fortul, Arauca), a tres líderes históricos del departamento: Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto, quienes gozaban de medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se habían desempeñado durante décadas como reconocidos líderes sociales, campesinos y sindicales. Nos preocupa enormemente la versión oficial de su gobierno según la cual estos líderes sociales dispararon a unidades militares, lo que provocó su muerte, así como que la competencia de la investigación sea asumida por la jurisdicción penal militar. Y nos preocupa porque ya son múltiples los casos en Colombia --y especialmente en Arauca-- en los que autoridades militares manipulan las pruebas para ocultar su responsabilidad e inculpar a las víctimas. Por esta razón, y en nuestra condición de organismos defensores de derechos humanos, campesinas y sindicales solicitamos su intervención para que se conforme con carácter urgente una comisión investigadora conformada por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que se traslade al lugar de los hechos con el fin de garantizar la protección del material probatorio y con ello garantizar a su vez una investigación eficiente, eficaz e imparcial que lleve a la verdad, la justicia y la reparación de este execrable crimen. Adicionalmente le solicitamos, Sr. Presidente, que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia y otras organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales sean invitadas a formar parte de esta comisión. Cordialmente, - CUT Nacional
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