Informe
Audiencia pública por la vida y la defensa de los derechos humanos en San Lorenzo, Cauca

por Asociación de Institutores del Cauca y Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia
Popayán, 15 de mayo del 2006

"Rechazamos la política de paz por sangre del campesino" ( pancarta de la comunidad)

La audiencia se realizó el 11 de mayo en el corregimiento de San Lorenzo, municipio de Bolívar --a unos 150 km de Popayán, que se convierten en cinco horas en un carro bueno debido al pésimo estado de la carretera entre Bolívar y San Lorenzo-- con motivo de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridas en las veredas del corregimiento en mención desde el año pasado.

Participó casi toda la comunidad adulta del pueblo, delegados de varias organizaciones sociales (Asoinca, CIMA, CRIC, ANUC-UR, Justicia y Paz, CUT), la Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia, y por parte del estado el delegado para el Macizo Colombiano del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia Hermedis Gutiérrez (con aire de pastor evangélico), el Defensor del Pueblo del Cauca Víctor Meléndez (con un discurso sorprendentemente crítico), la personera de Bolívar y el secretario de Gobierno municipal.

Brillaron por su ausencia representantes de la Fuerza Pública, a pesar de que fueron invitados oficialmente por el delegado de la Vicepresidencia.

Víctimas, familiares y amigos de víctimas denunciaron los siguientes atropellos:

- El jueves 6 de abril del 2006 fueron retenidos por el ejército los jóvenes Walter Alberto Imbachí Guaca y Rómulo Noguera, en la casa del último en la vereda Pradera Alta. Tres horas después fueron asesinados. Más tarde el Batallón Boyacá los presentó en el vecino municipio de San Pablo (Nariño) como miembros de la insurgencia caídos en combate. Según familiares y amigos, los dos jóvenes nunca tuvieron vínculos con la insurgencia.

- El lunes 10 de abril del 2006, en la vereda Pueblo Viejo, llegó una camioneta con hombres fuertemente armados a la casa de la familia Macías. Los hombres sacaron de la casa al joven Luis Antonio Macías Caicedo y lo asesinaron delante de su padre. Justificaron el asesinato acusando al joven de ser guerrillero y luego se llevaron su cadáver. Más tarde uniformados del ejército entregaron el muerto al hospital de la cabecera municipal de Bolívar, donde fue presentado como guerrillero dado de bajo en combate.

Luis Antonio Macías Caicedo había salido de la cárcel en diciembre del 2005, donde había pagado una pena por rebelión.

- El 29 de abril del 2006 el joven Jesús Arturo Bolaños fue retenido en un retén del ejército cerca de la escuela de Playa Alta (Nariño). Los soldados le quitaron la cédula y no la devolvieron. Le avisaron que él y su hermano tenían orden de captura y que tenían que presentarse ante el DAS en el vecino municipio de San Pablo (Nariño). Cuando Jesús Arturo Bolaños averiguó en la Policía, le dijeron que no tenía orden de captura. Se presentó varias veces, pero no le devolvieron la cédula. Incluso, el militar le dijo que sus hombres no tenían retén en esa zona. Hasta ahora no tiene su cédula. Por lo tanto no puede salir de su vereda y se siente como prisionero en la misma. Teme por lo que podrían hacer con su cédula, ya que el ejército la retiró arbitrariamente.

- El 29 de noviembre del 2005, el ejército llegó a la finca de la familia Buitrón y exigió allanarla, sin orden judicial. Como en ocasiones anteriores los soldados se habían comportado bien, madre e hija no veían inconveniente y los dejaron entrar. Esa vez, sin embargo, uno de los soldados intentó violar a la hija (que pidió no publicar su nombre), que sólo se salvó porque intentó defenderse con un azadón. No denunció ese atropello porque todavía se siente muy humillada.

Además de esos casos detallados, la comunidad comentó otros casos de allanamientos arbitrarios y robos, sobrevuelos de helicóptero que ponen nerviosos a los niños, extorsión a los dueños de cultivos de coca y cristalizaderos, señalamientos de ser guerrilleros, y en general un ambiente de tensión y zozobra por la presencia del ejército en las veredas.

Es de anotar que los tres asesinatos mencionados arriba significan más que la pérdida de tres vidas y el dolor de familiares y amigos. En los últimos meses, el ejército cometió asesinatos múltiples en Almaguer, La Sierra e Inzá (todos municipios del Cauca) y presentó a los civiles asesinados como guerrilleros dados de baja en combate. Esa táctica de “el fatídico tres” (como la llamó el Defensor del Pueblo), conocida también en otras regiones del país, obedece a la presión de mostrar éxitos en la lucha contrainsurgente; y también a la recompensa de días libres y plata extra por cada tres o más presuntos guerrilleros presuntamente caídos en combate. A los militares, para juntar sus tres muertos, ¿qué les importa si son campesinos, civiles, en vez de guerrilleros?

La táctica del ejército, luego de cometidos las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, para encubrir a los responsables, es sencilla: negar que operaron en la zona, confundir a los familiares y víctimas con jurisdicciones militares que cambian según la necesidad de encubrir atropellos contra la población civil.

Debido a la ausencia de la Fuerza Pública, que tenía que escuchar las denuncias y responder, se decidió convocar en un futuro no tan lejano una "gran asamblea regional" para tratar el tema de los asesinatos de civiles por el ejército. Asimismo se determinó traer a la jueza penal militar que lleva los casos de los tres asesinados mencionados arriba al corregimiento de San Lorenzo para escuchar de primera mano los testimonios de familiares y amigos.

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