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La antesala funesta del estatuto
antiterrorista
El departamento de derechos humanos de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro-CUT) denunció en un reciente comunicado que, en desarrollo de la política de "seguridad democrática" adelantada por el presidente Álvaro Uribe Vélez, continúan implementándose procedimientos aberrantes y terroristas contra campesinos y dirigentes agrarios colombianos. "Tales procedimientos son el claro reflejo de lo que se avecina con la puesta en marcha del llamado estatuto antiterrorista que la clase politiquera enquistada en el Congreso de la República aprobará a pupitrazo limpio, a fin de legitimar y perpetuar los desmanes contra el pueblo y sus organizaciones", señaló la organización campesina. Según informaciones recibidas por la federación, provenientes de las víctimas y sobrevivientes, las comunidades de los Montes de Maria vienen siendo objeto de la más cruel persecución por parte de los organismos de seguridad del Estado, de la Policía Nacional y los miembros de las Fuerzas Militares y paramilitares, quienes se han dado a la tarea de estigmatizarlos y perseguirlos por el mero hecho de ser habitantes de una zona agobiada por el conflicto político-militar. Denuncias hechas por las comunidades atropelladas A continuación trascribimos algunas de las denuncias hechas por las comunidades de los Montes de Maria, en los departamentos de Sucre y Bolívar: Las comunidades de Sucre y Bolívar han vivido la experiencia del conflicto político-militar, así como la más rampante corrupción ejercida por algunos politiqueros de la región que se han adueñado de obras y dineros de la comunidad. Tales politiqueros han patrocinado al paramilitarismo, y como resultado de esto se ha asesinado a conductores, comerciantes, educadores y campesinos de la región; nos quieren someter a votar por lo ellos digan a causa de dinero y promesas falsas, Los candidatos electos por presión y dinero del 'gordo' García en complicidad con el Ejército y la Policía Nacional están haciendo que en nuestros municipios haya fuerzas oscuras creándole las condiciones al paramilitarismo para que vengan a hacer masacres a nuestros corregimiento y veredas. Han utilizado jóvenes para la red de informantes a través de corporaciones públicas en sus campañas desde el año 2000, debido a esto es la persecución de líderes de comités, JAC y sindicatos. Están impidiendo el desarrollo de la cultura de la región: en los Montes de Maria no hay presencia del Estado, en lo social sólo se ven los soldados campesinos y la vinculación de los muchos desempleados a la red de informantes del Ejército y la Policía Nacional. Permanentemente se hostiga a la población civil con ametrallamientos y bombardeos indiscriminados en nuestras comunidades y caseríos, además estamos padeciendo el bloqueo económico impuesto por los paramilitares en complicidad con la Fuerza Pública y los politiqueros de turno. Mientras se desarrolla la guerra inclemente contra las comunidades de esta región, la única presencia que se observa del Estado colombiano es la de los atropellos militares y paramilitares. En nuestros municipios y caseríos falta desde siempre: - No hay hogares de bienestar familiar. Los allanamientos indiscriminados, las capturas masivas de campesinos, docentes y comerciantes, así como el bloqueo económico son práctica diaria por parte de la Policía Nacional y la Infantería de Marina en alianza con los grupos paramilitares contra nuestras comunidades. De la misma manera como se ha implementado en otras regiones del país, cientos de ciudadanos han sido detenidos injustamente y se encuentran procesados por cuenta de montajes judiciales, donde se cuenta como prueba reina inaceptable los dichos de testigos profesionales (supuestos desertores de la insurgencia), quienes viven en las guarniciones militares planeando sus declaraciones temerarias a cambio de las dadivas económicas asignadas por los organismos estatales. Los anteriores hechos se constituyen en una clara violación a las garantías judiciales de estos compatriotas, que se traducen en violación al debido proceso, a una investigación imparcial, un juicio justo y sin dilaciones, al derecho de defensa contenidos en las normas del derecho penal nacional y en los tratados internacionales suscritos por Colombia. A lo anterior se le suman los continuos operativos militares que a su paso van robando gallinas, pavos, cerdos, etc.; acompañados de intensos bombardeos y ametrallamientos por aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea sin importarles para nada la población civil, ni los daños causados en cultivos agrícolas y en los pocos animales que nos quedan. * Tropas pertenecientes a la 1ª Brigada de Infantería de Marina y paramilitares de la misma brigada el día viernes 14 de noviembre de 2003, capturaron al señor Oswaldo Cantillo en la vereda Tejeda (Carmen de Bolívar). * Quemaron 15 viviendas, entre ellas el colegio de la Tejeda. En las veredas de La Sierra y El Carmen de Bolívar se robaron pavos, gallinas, burros y caballos. En desarrollo del operativo militar la Infantería de Marina asesinó a tres hermanos de apellidos Jaraba en la vereda El Floral en jurisdicción del Carmen de Bolívar. * El sábado 15 de noviembre capturaron al señor Deimer Torres en el corregimiento Chengue, jurisdicción de Ovejas (Sucre), lo sometieron a torturas psicológicas y físicas consistentes en golpes propinados en diversas partes del cuerpo. Estuvo detenido más de 72 horas. Las patrullas de la Infantería de Marina emplearon maltratos físicos y verbales contra la población en todos los caseríos, pueblos y veredas por donde pasaron. * Jueves 13 de noviembre de 2003, las patrullas militares capturaron y desaparecieron al joven Farid Padilla entre las veredas de Ojancito y Macayepo (Bolívar). Los responsables de estos operativos han sido: Comandante de la 1ª Brigada, José Leonidas Muñoz López, Comandante Bafim No 4 coronel de fragata Herrera Niño Benjamín, Comandante Bafim No 1 mayor Moreno, Comandante Bafim No 2 Agustín Vidal Lara y los paramilitares de la 1ª Brigada de Infantería de Marina en Bolívar y Sucre. |
