Megaproyectos
Los páramos en la mira del imperio

No importa cómo ni a qué precio, lo cierto es que se busca eliminar todas las trabas que impidan tener vía libre para los megaproyectos de explotación del agua.

por Fernando Ruán
Octubre de 2005

Paisaje del páramo de Sumapaz. Foto de Camilo Gómez.

¿Qué se esconde detrás de las famosas declaratorias de zonas de páramo como reservas naturales de conservación y restauración? ¿Y del proyecto de ley forestal o de la ley de aguas, discutidos por los que algunos llaman honorables senadores y representantes?

Lo que realmente se quiere es afianzar el proyecto paramilitar fascista de Álvaro Uribe Vélez, apoyado y financiado por el imperialismo yanqui, que mira hacia los páramos como las reservas de agua más grandes del mundo, en previsión de un futuro desabastecimiento mundial, que las convierta en inmensas reservas del preciado líquido a disposición y manejo de grandes transnacionales norteamericanas. De allí el interés en la firma del tratado de libre comercio (TLC), bajo el supuesto de no quedarnos en el otro mundo.

El objetivo actual con los páramos apunta a la construcción de grandes megaproyectos de explotación del agua y al famoso ecoturismo que acarrearía inmensos beneficios para las trasnacionales. Cuando hablan de su conservación con fines ecológicos ocultan en realidad sus intereses estratégicos desde los puntos de vista económico y militar.

En el páramo de Sumapaz, que en su gran mayoría hace parte de la zona 20 de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional (CAR) viene desarrollando el proyecto de compra de tierras a objeto de despoblar esta zona. Así se viene cumpliendo en El Pilar, La Inspección, Quebradas, Juan Viejo, San Antonio, La Totuma y Laguna Verde, entre otras. De igual manera en las veredas altas de los municipios de San Bernardo y Arbeláez están comprando tierras a los campesinos con la advertencia de que en estas zonas de reserva natural no debe existir ningún tipo de cultivos o crías de ganado. La sentencia es contundente. O venden o se les expropia.

Las amenazas vienen acompañadas con grandes operativos militares que atemorizan a los campesinos. Las tropas cometen toda clase de abusos y atropellos, incluidos crímenes como el reciente caso del asesinato de tres jóvenes campesinos en San Juan del Sumapaz a quienes luego presentaron como guerrilleros abatidos en combate. Las detenciones masivas o mejor las pescas milagrosas de la política de seguridad, las torturas, las amenazas, la expulsión de familias a quienes se despacha bajo la sindicación de ser colaboradores de la guerrilla, así como el robo de ganado y de aves de corral, se han convertido en conductas absolutamente impunes que practica a diario el ejército oficial.

La creciente militarización es en realidad la punta de lanza para el desalojo del páramo. No importa cómo ni a qué precio, lo único cierto es con ella se busca eliminar todas las trabas que hagan posible tener vía libre para los megaproyectos de explotación del agua.

Con el manido argumento de que esos territorios son zonas de reserva natural, se desconoce de manera irracional que el poblamiento de las zonas de páramo es en realidad producto de la violencia histórica ejercida por el estado al servicio del latifundio, sobre miles de familias campesinas de otras regiones del país que fueron forzadas a desplazarse, sin ningún otro recurso que sus propias manos. Ante la falta de tierra y oportunidades, miles de campesinos se vieron obligados en el pasado a radicarse en estas áreas baldías. Allí consiguieron, a punta de sudor y privaciones, labrarse un sustento para ellos y su descendencia. Los cultivos de papa y las pocas cabezas de ganado conseguidas tras muchos años son actividades honestas y lícitas perseguidas hoy con saña por el gobierno de Uribe.

No contaron nunca con créditos oficiales, asistencia técnica o posibilidades de mercadeo de sus productos. Ellos solos construyeron con sus manos todo lo que hoy tienen. Ahora llega por fin el estado, pero no con programas de ayuda, sino a decirles que tienen que venderle a las buenas o a las malas sus posesiones. Y marcharse para otro lugar. Por si dudan de la seriedad del ultimátum, ahí están las tropas para recordárselo.

Los campesinos del Sumapaz no necesitan más violencias. Por varias generaciones, desde la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, las han padecido en abundancia. Y también las han enfrentado con coraje. Lo que necesitan es la mano tendida del estado para solucionar de verdad sus problemas. Antes que sacarlos a la brava de sus tierras, el estado debía asumir con toda seriedad la solución definitiva a los problemas del campo colombiano. Los miles de millones de dólares que hoy se destinan para la guerra serían un gran aporte para este propósito. Si se pensara más en la gente pobre de Colombia que en los intereses de ricos y potentados, beneficiarios únicos del TLC, otro país y otra situación muy distinta tendríamos.

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