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Crisis humanitaria en Guaviare por Jaime Gómez M. (Voz)
Con la presencia de entidades gubernamentales nacionales (Vicepresidencia, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo), Gobernación y las ONG nacionales se logró constatar una población que manifiesta temor por la profundización de la guerra y porque el Guaviare forma parte del centro militar del denominado Plan Patriota, que se adelanta en el sur del país contra las FARC-EP, con la consecuente militarización de su vida, que con orgullo los militares, policías y autoridades civiles presentan como el principal logro de su accionar. En este escenario un alto jerarca de la Iglesia señalaba que "primero llegan los militares y después los paramilitares"; las comunidades denuncian el control de los cascos urbanos, en una connivencia de fuerza pública y "paras" autodenominados "buitragueños" que explican las desapariciones y asesinatos sucedidos en los últimos meses. A pesar de este control, las ONG Reiniciar, Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, Colectivo de Abogados Alvear Restrepo y Fensuagro recibieron denuncias y al mismo tiempo adquirieron el compromiso de ponerlas en conocimiento de los entes gubernamentales y hacerles el correspondiente seguimiento. Existe una variación en la forma de operar de los paramilitares, se dice que hay un acuerdo para no perpetrar crímenes en los cascos urbanos y éstos se realizan en el área rural, especialmente en la vía terrestre (leáse trocha) que comunica al municipio de Calamar con el resto del país, hechos que tienen a sus pobladores en un confinamiento, como consecuencia de la estigmatización de ser un pueblo guerrillero, llevando a que muchos padres de familia prefieran no registrar a sus hijos. Fumigación letal Las fumigaciones con glifosato no han discriminado cultivos, generando pobreza con la consiguiente degradación humana y social. Sumado a esto, existe un control y racionamiento de alimentos por parte de las autoridades militares y de policía, combinado con las "vacunas" que vienen imponiendo los paramilitares a los transportistas y la quema de vehículos a quienes no acceden a sus extorsiones. Hay llamados de la comunidad para que cesen las fumigaciones, al mismo tiempo que lanza propuestas de sustitución en la producción de la hoja de coca, con proyectos alternativos, los cuales no han sido oídos, pues ya se anunció que en agosto próximo continuará el programa de erradicación forzosa con glifosato y que no se tiene otro plan alterno. El Gobierno todo lo centra en el argumento de asociar el conflicto armado interno con la lucha contra las drogas, sin importar la devastación de extensas zonas selváticas de la Amazonia, de los daños sociales y al ecosistema. Se olvida que la producción y tráfico de drogas ilícitas se adaptan de manera ágil a las condiciones que imponen la interdicción y el mercado a través de la demanda de los países consumidores. Algunas autoridades quieren simplificar el conflicto al señalar que "en el departamento se está ante una lucha por el control de la coca"; de allí las medidas que restringen el ingreso de personas, dinero y alimentos, causando como efecto el desplazamiento de la población flotante que soportaba la zona, especialmente en el municipio de Miraflores, a quienes la Red de Solidaridad Social les da un tratamiento de evacuación hacia las ciudades de Villavicencio y Bogotá, trasladando el problema fuera de su jurisdicción. Crisis económica La crisis económica por causa de la disminución del empleo y los altos costos de los productos de primera necesidad suman un cuadro de pobreza generalizada, que contrasta con la época de la bonanza cocalera de años pasados. El departamento del Guaviare forma parte geográfica del norte de la Amazonia, pero culturalmente es de la Orinoquia. Nace a partir de la confluencia de los ríos Ariari y Guayabero que dan nacimiento al río Guaviare y componen su nombre. Esta diversidad geográfica y ambiental, con la pluralidad cultural de una zona de colonización reciente, alimentan una riqueza inexplorada. Sus pobladores ya son concientes de su potencial y de la necesidad de ofrecer en el mercado los servicios ambientales, ya que éstos se encuentran en la mira de las transnacionales que están detrás de sus aguas y del genoma de su biodiversidad. Los efectos negativos en educación y salud son palpables. Según cifras de la gobernación, ha descendido el nivel de escolaridad en el departamento y las ARS no prestan el servicio. Hay alarma por el alto índice de personas afectadas con VIH. De acuerdo con los médicos del municipio del Retorno, se han detectado 60 casos de personas portadoras del virus, en un municipio de apenas 20 mil habitantes, a quienes no se les ofrece un tratamiento adecuado. La Comisión acordó que su visita debía ser propositiva y es así como la Vicepresidencia de la República se comprometió a presentar y concertar con las autoridades regionales y con la comunidad un plan integral en derechos humanos, que empezará a desarrollarse en el departamento en agosto próximo, con el que se espera el empoderamiento y prevención de su violación. El compromiso de las ONG es brindar el acompañamiento que las comunidades requieran. |
La
grave crisis humanitaria y de derechos humanos que soportan los pobladores
del departamento del Guaviare llevó a que la comunidad del municipio
de Calamar lanzara un SOS a las organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y, a éstas, a gestionar ante las entidades estatales
una visita de verificación sobre la violación a los derechos
humanos y al derecho internacional humanitario, la cual se llevó
a cabo del 13 al 17 de julio pasado, que abarcó los municipios
de Calamar, Retorno y San José del Guaviare, ofreciéndose
la oportunidad de interactuar con autoridades civiles, eclesiásticas,
militares, de policía y líderes de la comunidad.