La Zona de Desarrollo Integral del Sur de Bolívar:
"Sembradores de vida digna y desarrollo"

En el Sur de Bolívar, en medio de la guerra, las comunidades campesinas organizadas promueven una iniciativa de paz.

por César Jerez
Agencia Prensa Rural

20 de octubre de 2004

En la parte alta de los municipios de Cantagallo, San Pablo y Simití se viene adelantando un proceso de planificación participativa del desarrollo local denominado por las comunidades campesinas como "Zona de Desarrollo Integral del Sur de Bolívar".

En este proceso, las comunidades campesinas organizadas tienen como objetivo gestionar iniciativas sociales y comunitarias que permitan a los pobladores dignificar la vida y mantenerse en el territorio en medio del conflicto político, social y armado.

Se pretende arrancar y consolidar un proceso cuyo imperativo ético primordial es la vida misma, donde el desarrollo es un concepto incluyente en el que las comunidades locales puedan compartir realmente sus beneficios.

Después de realizar tres encuentros zonales en las veredas Alto San Juán, Alto Cañabraval y Aguas Lindas-Virgencita, representantes de 34 comunidades participantes del proceso se reunirán el próximo 22 de octubre en asamblea general para lanzar y legitimar comunitariamente la Zona de Desarrollo Integral del Sur de Bolívar.

En un primer ejercicio de planificación y priorización de proyectos fueron distribuidos ya 367 millones de pesos provenientes de la cooperación europea que buscan fortalecer los procesos productivos existentes y favorecer a los grupos más vulnerables, pues se trata de una zona empobrecida por el nulo nivel de inversión social, los impactos del conflicto armado y las fumigaciones indiscriminadas con glifosato sobre los cultivos de coca y el pancoger.

En esta zona los grupos paramilitares han quemado reiteradamente veredas y caseríos enteros como lo hicieron en Vallecito, El Diamante, El Paraíso y recientemente en El Jardín, donde a finales de mayo fueron quemadas 25 casas. La excusa para la barbarie fue la presencia de las FARC y el ELN, guerrillas de tradicional estadía en la zona.

El bloqueo alimentario y sanitario ejercido por el Estado a través de estrategias encubiertas, ahora bajo la forma de una tributación excesiva a los productos e insumos, hace casi inviable la economía y la vida campesina. Sólo la coca ha logrado resistir a una economía de guerra que la somete hasta cuatro tributaciones. En este contexto, hablar de alternativas suena casi como un mal chiste.

El Estado colombiano ha conjugado la fumigación con una política fracasada, corroída por la enorme capacidad de los carteles de la corrupción local, denominada "familias guardabosques", a los que la población en su humor negro y sabiduría ha denominado "familias sin coca y sin bosque", pues la mayoría de los "beneficiarios" de este programa en San Pablo no tienen nada que ver con la economía de la coca y ni siquiera viven en las zonas rurales.

Pero la coca no es el problema, la pretendida hipótesis de los expertos citadinos de la guerra sobre una disputa territorial por su control como forma de explicar los altos niveles de violencia se queda sin piso al descubrir la situación de mucha más violencia que se vive actualmente en el nordeste antioqueño, un territorio adyacente que no tiene cultivos de coca.

Basta ver el mal estado de las vías, las escuelas sin maestros, los "enfermos" puestos de salud sin dotación y sin promotores para entender la magnitud del desbordado conflicto social.

La Zona de Desarrollo Integral del Sur de Bolívar tiene el reto de frenar la espiral de sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al mismo tiempo generar condiciones de vida digna que procuren la permanencia del campesinado en el territorio. Requiere de procesos articulados de interlocución, acompañamiento y protección que hagan posible la seguridad alimentaria alrededor de la ganadería campesina de doble propósito, el arroz, la caña panelera, el fríjol, la yuca, el plátano y el cacao.

La zona de desarrollo integral del sur de Bolívar es una iniciativa de paz emprendida en un territorio que hace parte de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, es una apuesta compartida por 34 juntas de acción comunal, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, una apuesta que tiene el afán de mantener en medio de la guerra un espacio de mujeres y hombres "sembradores de vida digna y desarrollo".

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