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Informe de la Comisión Humanitaria al Jiguamiandó por Comisión Intereclesial de Justicia y
Paz
I. Antecedentes Debido a la información recibida el 1 de abril a las 12:50 acerca de la retención o desaparición de cinco defensores de Derechos Humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el 2 y 3 de abril se desplazó a la región del Bajo Atrato, cuenca del Jiguamiandó, departamento del Chocó, una Comisión de Verificación. La Comisión contó con la participación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Proyecto Justicia y Vida, Justicia y Paz, un delegado de enlace de la Diócesis de Quibdo y la organización internacional Peace Brigades International. En la misma participaron la Vicepresidencia de la República y la Defensoría del Pueblo de Urabá. II. Observación Sábado 2 de abril. Hacia la 1:40 pm aproximadamente, en el sitio conocido como Barranquillita, donde se encuentra un peaje paramilitar, en la carretera que conduce de Chigorodó a Belén de Bajirá por la vía Panamericana, el conductor del vehículo en que se movilizaban algunos de los integrantes de la Comisión de Verificación tuvo que pagar cinco mil pesos (USD 2,50). Domingo 3 de abril. A las 7:00 am en el sitio conocido como Brisas, sobre el río Curvaradó, margen derecha, aguas arriba, se observó la presencia de aproximadamente 200 hombres pertenecientes a unidades regulares de la Brigada XVII. Los trabajadores que encontró la comisión en el lugar manifestaron que venían de San Pedro de Urabá, que habían recibido motosierras de "el patrón" para librarlas. 20 minutos después, en uno de los campamentos de las empresas palmicultoras, en el sitio conocido como Caño Claro se observó la presencia de un grupo de efectivos regulares de la Brigada XVII, al mando del capitán Zapata. En dirección hacia las Menas, Territorio Colectivo del Curvaradó, distante a 45 minutos a pie del lugar conocido como Caño Claro, se evidenciaron las actividades extractivas de recursos forestales, base de preparación de las siembras de palma aceitera. Desde el pie de la loma de Las Menas hasta su filo, se observó el control de los caminos por parte de las unidades militares de la Brigada XVII, al mando del teniente Zambrano, quien manifestó que la misión era "proteger los cultivos de la palma". La comisión no gubernamental constató que el camino es bastante transitado, a lo largo del cual se encontraron vestigios de bolsas de comida de uso exclusivo de las Fuerzas Militares. Hacia las 4:00 pm, aproximadamente, la Comisión llegó a la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza. En diálogo con los afrodescendientes y mestizos de este lugar humanitario, perfectamente visibilizado, éstos relataron que el 31 de marzo hacia las 6:30 am, un grupo armado de 20 hombres, que se identificó como de la guerrilla de las FARC, preguntó por los acompañantes nacionales. Reunió a todos los pobladores, manifestando que venían cumpliendo órdenes de llevárselos. Los armados manifestaron que quienes de ahora en adelante "quieran entrar deben pedir autorización nuestra". Los habitantes reaccionaron ante la presencia armada, exigieron respeto a su espacio humanitario y afirmaron su decisión de fortalecer sus mecanismos de defensa de la Vida y el Territorio. Los armados, luego de escuchar a los pobladores y no encontrar a ninguno de los defensores de derechos humanos, se retiraron de lugar A las 5:00 pm, la Comisión llegó a la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo. En el lugar humanitario, los afrodescendientes relataron que un grupo numeroso de hombres armados que se identificaron como guerrilleros de las FARC ingresaron a la Zona Humanitaria a las 7:00 am del 31 de marzo, quienes se movilizaron hacia la casa de los acompañantes y se llevaron consigo a Johana López y Fabio Ariza. La comunidad manifestó que más allá de las expresiones de las personas armadas, no existen otros datos sobre los mismos. De acuerdo con los relatos, los pobladores en Pueblo Nuevo se opusieron a la acción armada, exigieron que los dejaran en libertad y que se retiraran del lugar humanitario. Con relación a los miembros del equipo de Justicia y Paz, los armados manifestaron a la comunidad: "Venimos a llevarlos", "no se preocupen que no los vamos a matar". Igualmente, los habitantes de la zona humanitaria manifestaron a la Comisión sentirse atemorizados, en razón de que se observó en los días subsiguientes a personas vestidas con uniforme militar en cercanías de las Zonas Humanitarias. En Nueva Esperanza, los pobladores informaron que Enrique Chimonja, Mónica Suárez y Edwin Mosquera fueron llevados de la Zona Humanitaria Bella Flor Remacho ese mismo 31 de marzo a las 7:30 am por el mismo grupo armado. Hacia las 6:00 am del lunes 4 de abril, de regreso a Belén de Bajirá, la Comisión observó en plena actividad la maquinaria pesada en arrasamiento forestal primario en Caño Claro, abriendo carretera en dirección hacia la Zona Humanitaria Nueva Esperanza, por el sitio denominado Las Menas. Numerosas hectáreas de bosque recientemente talado, la mayoría de ellas en toda la orilla del río. Al mismo tiempo, la ampliación de la siembra ilegal de palma aceitera dentro de los territorios colectivos, y el uso de un significativo número de motosierras en el arrasamiento forestal. Se observaron en zonas boscosas primarias de Las Menas, recursos forestales marcados para ser destruidos. Debajo de la espesura se encontraron zonas preparadas para la extracción. Hacia la 1:30 se observó la presencia de unidades militares en Caño Claro, en el campamento de las empresas palmicultoras, lugar donde se encontraba el capitán Zambrano. Los integrantes no gubernamentales nacionales de derechos humanos, a partir de su presencia en las Zonas Humanitarias de Pueblo Nuevo y Nueva Esperanza, expresan su profunda preocupación por la imposibilidad de conocer con plena certeza los responsables de la acción armada contra los defensores de derechos humanos. III. Solicitudes A las FARC - Al secretariado de las FARC, que con carácter urgente a través de los medios electrónicos, exprese a la opinión nacional e internacional si ellos son los responsables de esta actuación contra cinco defensores de derechos humanos de Justicia y Paz. Si son los responsables, respeten la integridad física y personal de los defensores y los dejen en libertad inmediata. Al Gobierno Nacional 1. A través de la Oficina del Alto Comisionado de Paz exprese a las organizaciones de derechos humanos si la estructuras paramilitares que se encuentran en Santa Fe de Ralito son o no los responsables de la retención o de la desaparición de los cinco defensores de derechos humanos 2. Informar por escrito qué actuaciones han realizado a través de las Fuerzas Militares desde el 26 de marzo en el río Jiguamiandó y Curvaradó frente a la movilidad de tipo paramilitar del Bloque Élmer Cardenas hacia las zonas humanitarias, y los abaleos que se produjeron en el entorno de las zonas humanitarias. 3. Se abstenga de realizar operaciones militares de rescate que pongan en riesgo la vida y la integridad personal de los defensores de derechos humanos. 4. Respete el carácter de las zonas humanitarias y se abstenga de militarizar las comunidades de Bella Flor Remacho, Pueblo Nuevo y Nueva Esperanza. 5. Ordenar de modo inmediato la suspensión de la destrucción forestal en los territorios colectivos y de la ampliación de las siembras de palma aceditera, como lo recomienda el informe del Incoder de marzo pasado y lo han constatado diversas organizaciones de derechos humanos. Al Comité Internacional de la Cruz Roja Solicitamos con carácter urgente realizar todas las actuaciones necesarias en el marco de su mandato, para establecer los responsables de los hechos y realizar en lo posible las gestiones humanitarias para su liberación. A la comunidad internacional - A los grupos de solidaridad y de apoyo internacional solicitar al gobierno colombiano a través de sus direcciones electrónicas para que se pronuncie sobre su responsabilidad en los hechos; se abstenga de realizar operaciones militares que pongan en riesgo la vida e integridad personal de los defensores de derechos humanos; se abstenga de militarizar las zonas humanitarias, que se encuentran en aislamiento, incomunicación y en un alto grado de vulnerabilidad; e informe sobre las actuaciones que han realizado contra estructuras paramilitares que han amenazado a testigos de la siembra ilegal de palma y la contrarreforma agraria con aparatos armados que se realiza en el Curvaradó y Jiguamiandó. - A los grupos de solidaridad y de apoyo internacional pedir a las FARC a través de sus direcciones electrónicas pronunciarse sobre su responsabilidad o no en este hecho contra los defensores de derechos humanos y que otorguen libertad inmediata a los defensores de derechos humanos si se encuentran en su poder. Proyecto Justicia y Vida |
