Se implementan proyectos agroindustriales ilegales en el Cacarica

por Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
7 de abril de 2005

"Están devastando el territorio, están destrozando las higueras: lo están pelando todo, lo están derribando, y sus ramas están quedando en el suelo"
Joel 1, 7

Resumen

Una nueva advertencia de incursión paramilitar expresaron unidades militares de la Brigada XVII a los pobladores afrodescendientes del Cacarica. Las expresiones de unidad regular fueron proferidas el pasado 4 de abril en Bocas de El Limón, distante 10 minutos de la Zona Humanitaria Nueva Esperanza: "nosotros nos vamos a retirar de la región", advirtiendo que al salir ingresarían los paramilitares.

La advertencia militar ocurre cuando desde hace dos años de la presencia permanente en el Cacarica no ha enfrentado a las estructuras paramilitares que se encuentran en La Balsa, Río Sucio, La Honda y cuando, de acuerdo con relatos de pobladores, en momentos en que se adelanta una deforestación mecanizada de los cativales entre los poblados de Cirilo, La Balsa --donde se encuentra una base paramilitar--, San José de Balsa, como parte de la estrategia de implementación de proyectos agroindustriales de plátano, de banano, la extensión ganadera y la palma.

Solicitudes

A. Dirigir comunicaciones a Francisco Santos, vicepresidente de la República, exigiendo:

1. dar respuesta a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

2. convocar a la Subcomisión de Protección de la Comisión Mixta de Verificación,

3. adoptar las medidas administrativas respecto a las omisiones o actuaciones de servidores públicos con estructuras paramilitares,

4. adoptar medidas administrativas a través del Incoder a fin de evitar y de que cese la deforestación y la implementación agroindustrial ilegal.

B. Dirigir comunicaciones al ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, a través de Minorías Étnicas a fin de:

1. adoptar las medidas urgentes y necesarias para que cese la deforestación ilegal y la implementación de proyectos agroindustriales ilegales dentro del Territorio Colectivo del Cacarica.

C. Dirigir comunicaciones a Vólmar Pérez, Defensor Nacional del Pueblo exigiendo:

1. Ratificar la presencia permanente de un Defensor Comunitario en las Zonas Humanitarias Nueva Vida y La Nueva Esperanza en Dios en el Cacarica.

2. Actuar de acuerdo con su mandato constitucional a fin de tomar las medidas necesarias a fin de evitar la destrucción y arrasamiento forestal y los daños al ecosistema por la implementación de proyectos agroindustriales.

Hechos en detalle

* Viernes 1 de abril, a las 7:30 pm, pobladores del río Cirilo, ubicado dentro del Territorio Colectivo del Cacarica, ante la ausencia del Defensor Comunitario, relataron acerca de la deforestación de cativales y de los recursos forestales desde El Cirilo y tres poblados más, entre ellos San José de Balsa, La Balsa --donde se encuentra una base paramilitar--, Varsovia.

Los afectados por la implementación ilegal afirmaron que se ha ido constituyendo asociaciones de campesinos y cooperativas por parte de empresarios bananeros con personas que no son nativos del Cacarica. Las acciones de la agroindustria con transplante de población y destrucción del ecosistema se desarrollan en los lugares donde existe un absoluto control de efectivos de la estrategia paramilitar.

* Sábado 2 de abril, se ha logrado constatar la siembra de coca dentro del Territorio Colectivo en medio de presencias y de recorridos de los militares de la Brigada XVII a menos de una hora de las Zonas Humanitarias.

* Lunes 4 de abril, a las 9:30 am un grupo de afrodescendientes que se dirigía de la Zona Humanitaria La Nueva Esperanza en Dios fue abordado por unidades militares de la Brigada XVII en los límites del caserío Bocas del Limón, informándoles que las unidades profesionales saldrían de la región, pues ya había cumplido su trabajo y advirtió: "Vamos a salir pronto de aquí, y ustedes saben quiénes van a venir... y ahí sí, pues no vale nada".

Líneas de interpretación

El tipo de advertencia militar no es nueva. Desde 1996 en la región en desarrollo de la estrategia de guerra sucia se realizaron actuaciones combinadas de estrategias militares con irregulares, usando como una de las técnicas y de los mecanismos la advertencia, la intimidación y la amenaza.

En la región todos saben que estas expresiones son parte de una operación psicológica que anuncia, que preconiza lo que va a suceder, tarde o temprano, salvo que el Estado colombiano tenga la voluntad de cumplir las recomendaciones en materia de derechos humanos.

La advertencia no es nueva. Durante los dos últimos años las operaciones psicológicas contra los pobladores del Cacarica han estado acompañadas de señalamientos, amenazas de muerte, presión para montajes judiciales, ofrecimiento de dinero a niños, tiroteos y abaleos indiscriminados, operaciones de "inteligencia" para ubicación de líderes que puedan ser señalados como guerrilleros.

Hoy lo novedoso posee dos componentes. En lo militar la advertencia se realiza en el marco de un proceso de institucionalización paramilitar o desmovilización de "civiles" armados de la estrategia paramilitar de Urabá y del reacomodamiento y división funcional de dos estructuras armadas de la estrategia paramilitar a través del Bloque Darién y el Bloque Élmer Cárdenas para operaciones armadas, en este caso, como se desarrolla desde la base paramilitar de La Balsa, dentro del Territorio Colectivo. La advertencia corrobora no sólo la existencia de vínculo encubierto sino el desarrollo de una estrategia dual en lo militar --lo regular y lo irregular-- y en segundo lugar, que la militarización de las espacios de las experiencias que afirman la paz en la región, anunciada por el ministro de Defensa y el presidente Uribe está orientada contra la población civil.

En lo político, lo social y económico, la advertencia pretendería desestructurar el proceso colectivo de los Consejos Comunitarios asociados en Cavida, que desarrolla un proyecto alternativo ambiental, que se enfrenta la agroindustria de caucho, de banano y plátano y de coca que se implementa en el entorno de las Zonas Humanitarias, y en los poblados donde existe un absoluto control paramilitar. Parte de la estrategia de control se viene implementando con el transplante de población. Habitantes de Córdoba y Urabá han sido instalados por los paramilitares, quienes han entregado tierras usurpadas ilegalemente a los afrodescendientes.

La situación territorial en el Cacarica es absolutamente grave. Las conquistas y los derechos consagrados a los afrodescendientes son de papel. Los habitantes afrodescendientes del Cacarica se encuentran sometidos a la cualificación de una estrategia de terror y de control parainstitucional debido al derrumbamiento del Estado de Derecho. Se está imponiendo el Estado de Hecho y la Sociedad Comunitaria Corporativa.

 
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