El Alto Ariari, otro laboratorio paramilitar

La realidad de la situación en el Alto Ariari. Tres políticos muertos en oscuras circunstancias. La farsa del Premio Nacional de Paz.

por Hernando López
Semanario Voz

22 de septiembre de 2004

En oscuras circunstancias fueron asesinados Éuser Rondón Vargas, ex alcalde de El Dorado (Meta), ex candidato a la gobernación del mismo departamento y Premio Nacional de Paz 2002; Carlos Javier Sabogal, ex gobernador del Meta, ex alcalde de Villavicencio, ex vicerrector de la Universidad del Meta; y la diputada Nubia Sánchez. Los cuerpos fueron hallados sin vida, en la madrugada del martes 14 de septiembre, dentro de un vehículo Ford Festiva, cerca del parque Jaime Duque en el municipio de Briceño (Cundinamarca).

Aunque los tres dirigentes políticos actuaban en el departamento del Meta, los cadáveres fueron encontrados lejos de su jurisdicción, lo cual deja serias dudas sobre el origen de los asesinatos y de sus responsables.

Hace pocos días, en una larga sábana publicada en El Tiempo el domingo 22 de agosto (que se presume quién financió), los voceros de la Asociación de Municipios del Alto Ariari, entre ellos Éuser Rendón, responsabilizan a la guerrilla de forma exclusiva de la violencia en la región y aseguran que "la población civil le pidió mayoritariamente al Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia que iniciara acciones en el Alto Ariari".

En la misma publicidad pagada, los firmantes (también está suscrita por Harvey Martínez, alcalde de El Castillo; Freddy Díaz, alcalde de El Dorado; y Henry Beltrán, ex alcalde y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) justifican el exterminio de la izquierda con el argumento que "las FARC intentaron imponer en el país y en especial en el Ariari su movimiento Unión Patriótica amparado por el Partido Comunista". Es el mismo argumento con que las AUC han explicado el exterminio de más de cinco mil militantes de ambas organizaciones legales de la izquierda, de ellas casi mil sucedidas en el departamento de Meta.

Hipótesis de la responsabilidad

Sin embargo, los investigadores no consideran que se trate de ninguna retaliación de la guerrilla por la publicación de El Tiempo, sino más bien una especie de "ajuste de cuentas" entre los grupos paramilitares que se disputan la influencia y el poder en el Meta. En la publicidad de marras que promovió Rondón, se lee lo siguiente: "La articulación, coordinación, comunicación de las diferentes unidades de Autodefensas campesinas se hace urgente y necesaria, lo cual se logra de su desarrollo, presencia, crecimiento y corresponde escuchar la opinión de las propias autodefensas y en particular del Bloque Centauros".

El anterior argumento reveló la alineación de los firmantes junto al Bloque Centauros de Ramón Arroyave (el lunes 20 de septiembre se conoció la muerte de Arroyave en desarrollo de las pugnas internas), enfrentado a las AUC de Casanare de Martín Llanos. Esta razón puede explicar, según un investigador, el triple asesinato, aunque no se descarta también la participación de fuerzas políticas tradicionales enfrentadas, pues este grupo era crítico del gobierno departamental actual. Lo que sí está claro es la descomposición de las fuerzas políticas tradicionales del departamento, acostumbradas a zanjar sus diferencias mediante la violencia, naturalmente con el soporte de los paramilitares que actúan en la región sin ningún obstáculo.

El Premio de Paz

En el año de 2002 el Premio Nacional de Paz le fue otorgado a la Asociación de Municipios del Alto Ariari, conformada por El Castillo, El Dorado, Cubarral, Lejanías, San Martín y Fuente de Oro, municipios del departamento de Meta. Lo que nunca sospecharon los gestores del Premio Nacional de Paz es que estaban avalando un proceso de paramilitarización creciente, que cabalgó sobre el exterminio de la Unión Patriótica y del Partido Comunista en esta región del país. Fue casi como otorgarles el derecho de continuar liquidando a la izquierda, con el respaldo de ser declarada la región "territorio de paz". Como decirles, "matar comunistas no es un acto de violencia".

Cuando se entregó el Premio Nacional de Paz a los municipios del Alto Ariari, desde las páginas de Voz se llamó a no caer en la celada del paramilitarismo. Allí no había ningún territorio de paz sino la presencia de las AUC, respaldadas por los partidos tradicionales y por la Séptima Brigada. No hubo equivocación en esta apreciación. Lo comprueban los hechos: en la región continúan los asesinatos de comunistas, como también de líderes cívicos, agrarios y populares por fuera de la influencia de los partidos tradicionales. Lo grave de este proceso es que los incitadores de esta orgía de sangre lo hacen prevalidos de que recibieron el Premio Nacional de Paz y con esa aureola convocan al respaldo de los grupos paramilitares.

Los autores de la página de publicidad en El Tiempo responsabilizan del "retorno" de la violencia a la declaratoria de zona de distensión en el anterior gobierno, que abarcó a cuatro municipios del Meta. Aunque se conoce que por fuera de ella se continuaron los crímenes de los paramilitares contra los civiles y el avance de los mismos encubiertos con la presencia militar. Es curioso: ¡Un Premio Nacional de Paz que responsabiliza a un proceso de paz de los actos de violencia!

La guerra sucia

La guerra sucia en el Alto Ariari comenzó desde la década de los años 70 --y no sólo con la aparición de la Unión Patriótica-- porque los municipios de El Castillo, Lejanías, Mesetas y Uribe se convirtieron en fortines de la izquierda, en particular del Partido Comunista y sus aliados. Esta realidad no la pudieron aceptar los partidos tradicionales, que comenzaron a organizar el "Plan Retorno", igual que ocurrió después en Urabá y sucede ahora en Arauca. Toda presencia de la izquierda, por fuera del control bipartidista, la interpretan los caciques regionales del tradicionalismo político como "errores de la historia" que hay que modificar a como dé lugar.

Sin embargo, la contradicción más fuerte se da cuando surge la Unión Patriótica, en el primer lustro de los años 80 del siglo pasado, y ésta se afianza en el Alto y Bajo Ariari, en particular en el municipio de El Castillo. Desde El Dorado, municipio conservador, se promueven acciones vandálicas y criminales para exterminar a los alcaldes comunistas y de la UP. Tres de ellos fueron asesinados y otro obligado al exilio.

La violencia en el Alto Ariari viene de la intolerancia del bipartidismo. Desde los años 80, de la mano de la militarización de la región y bajo el amparo del Batallón 21 Vargas con sede en Granada y de la Séptima Brigada, irrumpieron fuerzas irregulares denominadas AUC, enviadas desde Urabá y otras organizadas en El Dorado, que se dedicaron a cazar a los comunistas y a sus aliados. La ola de muertos no se detuvo, porque aún continúa a pesar de la prédica de los que se engolosinan con el cuento del territorio de paz.

Nunca los sectores políticos tradicionales y la cúpula militar aceptaron el avance de la izquierda y ésta fue asociada a la presencia guerrillera. En un artículo de Sergio Ocampo Madrid, en El Tiempo del domingo 15 de agosto, dice para demostrar la relación de UP-PCC y FARC, que en el despacho del alcalde de El Castillo estaban las fotografías de Carlos Marx, Lenin y Bolívar, como si los tres fueran peligrosos guerrilleros.

Esta fue la lógica que aplicaron los paramilitares en la región. Los gestores de la Asociación de Municipios del Alto Ariari organizaron la movilización de buses con campesinos para aplaudir a Mancuso, 'Baez' e Isaza en el grotesco circo del Congreso de la República. Igualmente, los paramilitares obligaron a muchos campesinos a asistir al sepelio de Éuser Rondón.

 
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