Acerca de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en Medellín

Por Matilde del Mar

El 25 de noviembre del 2003 se desmovilizaron 855 integrantes del grupo paramilitar Bloque Cacique Nutibara en la ciudad de Medellín, en un acto "público" transmitido por la televisión. El Bloque Cacique Nutibara cuenta con unos cuatro mil hombres en total y llegó a la ciudad en julio del 2002.

Después de la entrega de armas y uniformes, los desmovilizados fueron trasladados al municipio de La Ceja (Oriente cercano), donde quedarán tres semanas en un centro recreacional que ahora se llama "centro de convivencia y paz". Allí entran en un proceso de "reeducación" para la convivencia pacífica.

Una vez "reeducados", los desmovilizados regresarán a sus familias y sus barrios donde empezarán la segunda fase del proceso (que durará dos o tres años), o sea terminar sus estudios de primaria y secundaria, aprender una carrera técnica o trabajar. Están previstos para ellos créditos blandos de 3,5 millones de pesos. La alcaldía ofrecerá 800 puestos de trabajo con contratos a un año y prorrogables; de estos empleos 200 están previstos oficialmente en Metroseguridad, la coordinadora de los diferentes servicios de seguridad en la ciudad.

A diferencia de procesos de paz en otros países, por ejemplo en América Central donde la desmovilización fue consecuencia de un proceso de negociación y de compromisos firmados por las partes involucradas, en Medellín la desmovilización fue el paso previo a negociaciones.

Otra característica poco común es que los paramilitares, quienes se definen como contrainsurgentes, se desmovilizan mientras que la guerrilla, su presunta razón de ser, ni siquiera piensa en eso.

Uno puede criticar la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara (BCN) en especial y el proceso de negociación con los paramilitares a nivel nacional en general porque es como la negociación del padre (del Estado) con su hijo (el paramilitarismo) donde el primero le quita el arma al segundo y le manda ser buena persona y seguir haciendo lo mismo pero de otra manera. A través de las negociaciones el Gobierno implícitamente reconoce a los paramilitares como actores políticos independientes y armados, mientras que en las negociaciones ni siquiera se discuten temas políticos, simplemente porque los paramilitares "defienden" el Estado contra los grupos insurgentes y no luchan por otro modelo de sociedad. Esa hipocresía del Gobierno es motivada por la pérdida de legitimidad ante la comunidad internacional crítica.

Y uno puede criticar los dos procesos en base a las dudas e inquietudes que despiertan.

La desmovilización en Medellín se enmarca dentro del "Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz en Colombia", firmado del 15 de julio de este año por el gobierno de Álvaro Uribe y los paramilitares de las AUC. Este acuerdo tiene como objetivo "el logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado" y prevé la desmovilización total de las AUC (cuentan con unos 12 mil hombres) para el 31 de diciembre del 2005, en un proceso gradual que empezó con el espectáculo del 25 de noviembre.

Este acuerdo no menciona ningún proceso de justicia, ni siquiera para crímenes de lesa humanidad, sino que más bien el Gobierno presentó un proyecto de alternatividad penal que prevé que el presidente de la República tendrá la posibilidad de solicitar a un juez que suspenda la ejecución de una sentencia privativa de la libertad y la convierta en una pena alternativa, por ejemplo reparación a las víctimas en forma de indemnización, prestación de servicios sociales, donaciones a instituciones que se dedican a la reparación social de víctimas, manifestación público de arrepentimiento y aporte de informaciones sobre los grupos armados, pues, trabajo de sapo.

El proyecto de alternatividad penal no garantiza el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral (económica y moral) ni a la reconstrucción de la memoria individual y colectiva para las víctimas y sus familiares, sino que los imposibilita. La reconciliación es un asunto tan complejo que requiere de una extensa discusión en la sociedad; perdón y olvido corresponden a las víctimas y sus familiares, el Gobierno no los puede decretar.

Hasta hoy el proyecto todavía no ha sido aprobado, de manera que no queda claro qué pasará con los desmovilizados que tengan cuentas pendientes con la justicia.

Tampoco queda claro cómo tratar el tema del narcotráfico, una de las fuentes de ingreso también del BCN, al igual que el robo de combustibles directamente del tubo. En ese contexto hay que mencionar que alias Adolfo Paz o Don Berna, jefe del BCN y uno de los miembros del estado mayor de las AUC es una de las cabezas del narcotráfico en el país y tuvo vínculos con el cartel de Medellín. Referente al tema el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, explicó que el narcotráfico no es tema de negociación en el proceso de desmovilización, porque en el "Acuerdo de Santa Fe de Ralito" las AUC dijeron que apoyarían acciones contra las drogas. Hasta ahora no se nota nada de tal compromiso.

Tampoco queda claro cómo tratar el tema de las demandas de extradición por parte de EU de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, jefes político y militar respectivamente de las AUC, y que en Colombia tienen causas pendientes por crímenes atroces.

Castaño propuso al Gobierno un convenio que impida que integrantes de las AUC sean juzgados en el exterior, parecido al acuerdo entre Colombia y EU que impide que durante siete años funcionarios estadounidenses (incluyendo personal militar) que hayan cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad sean juzgados ante la Corte Penal internacional y que sólo pueden ser juzgados en EU. De esa manera se evitaría que los crímenes de lesa humanidad cometidos por paramilitares sean tratados ante la CPI.

Con respecto a la desmovilización en Medellín, según un acta firmada por el alto comisionado para la paz, el alcalde saliente Luis Pérez Gutiérrez y el alcalde electo Sergio Fajardo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz asume la responsabilidad en el proceso de desmovilización y reincorporación del BCN. Pero si uno mira con más detalle, queda obvia la falta de claridad en todo el proceso y la prisa con que fue llevado a cabo.

Human Rights Watch cuestiona "la estrategia del Gobierno al autorizar que paramilitares rasos se desmovilicen mientras se deja a sus líderes libres para que sigan reclutando más miembros y cometiendo más crímenes" (El Tiempo, 25 de noviembre 2003).

Hay muchas dudas de que todos los desmovilizados realmente sean paramilitares del BCN. Amnistía Internacional recibió denuncias de habitantes de algunos barrios de Medellín donde personas llegaron a preguntar quién quería "desmovilizarse", sin importar si realmente tenía vínculos con los paramilitares, para llegar a la cantidad estipulada de presuntos combatientes.

¿Qué hacer con los integrantes de bandas delincuenciales que fueron cooptadas por los paramilitares o colaboran con éstos? Según un decreto al respecto, no pueden disfrutar de amnistía o indulto quienes pertenecían a grupos de delincuencia común aun si colaboraban con o trabajaban para los paramilitares. Sin embargo, el BCN logró incorporar ex milicianos de las FARC, del ELN, del Bloque Metro y trabajan con él varias bandas que operan en Medellín.

Frente a estas dudas, el asesor de Asuntos Políticos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz asegura que los desmovilizados en su totalidad son integrantes de las AUC y no de bandas de delincuencia común. Llega a esa afirmación porque cree en la palabra de los comandantes de las AUC, "porque dentro de un proceso de paz es necesaria la buena fe" (El Colombiano, 24 de noviembre 2003) y en una entrevista realizada por el DANE a 694 desmovilizables antes de ser desmovilizados. El comandante "R" del BCN aclaró en una entrevista que no todos de los desmovilizados cumplían funciones militares, sino que un 40% serían "promotores de desarrollo social" en sus barrios (El Tiempo, 24 de noviembre 2003).

Sólo ya después de entregar las armas y empezar el proceso de reeducación y capacitación, el DAS y la Fiscalía van a investigar la situación social y jurídica de cada desmovilizado.

Esta falta de verificación se nota en otros aspectos también. En la ceremonia, los 855 desmovilizados entregaron 510 armas de fuego de largo y corto alcance, "pero ahí hay muchas cosas viejas que ya ni siquiera sirven", según un funcionario de un organismo de seguridad. "No creo que eso fuera todo lo que tenían" (El Colombiano, 26 de noviembre 2003).

Para la primera fase, la de la "reeducación", la veeduría corresponde a la "Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia". Pero hasta ahora no está claro quién dará el seguimiento en la segunda fase, ni cuáles son los costos de los programas de reeducación y de la siguiente capacitación laboral, de la asistencia social y sicológica y quién los asumirá, tomado en cuenta que cada desmovilizado cuesta más o menos un millón de pesos al mes. Tampoco queda claro a cuáles beneficios tendrán derecho los familiares en esta segunda fase.

Tampoco queda claro cómo controlar que después de tres semanas - que por sí son irrisorias para "reeducar" y aprender a convivir pacíficamente - los desmovilizados no se reintegrarán de nuevo a los grupos paramilitares o asumirán funciones parecidas, sobre todo tomando en cuenta que regresarán a los mismos barrios. Todos saben que el Gobierno no tiene la capacidad de mantener con fuerza pública legal el control en todos los territorios y barrios donde los paramilitares dominan actualmente - una de las razones de su creación por parte del Estado. Amnistía Internacional advierte del peligro de un "reciclaje del paramilitarismo", o sea que los desmovilizados aparezcan en las redes de informantes, en las cooperativas de vigilancia y las "zonas seguras" (en las "zonas seguras" personal de vigilancia privada asume servicio de policía; según Metroseguridad, las "zonas seguras" representan un programa de seguridad preventiva para reforzar la labor de inteligencia). En zonas rurales van aparecer como soldados campesinos.

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