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¿Cuál es la perspectiva de Colombia
en América del Sur?
Los departamentos de Arauca y Putumayo, y buena parte del Norte de Santander, así como la región del Magdalena Medio -que comprende la confluencia de territorios de Antioquia, Santander y Bolívar-, son quizá los lugares más peligrosos del mundo para un activista comprometido en la defensa efectiva de los derechos humanos. Las zonas mencionadas abarcan en conjunto algo más de 105 mil kilómetros cuadrados, hoy convertidos en sutiles campos de concentración para quienes cuestionan al Gobierno o integran organizaciones de derechos humanos, y peor para quienes hayan militado en partidos políticos de izquierda -coaliciones democráticas tipo A Luchar o Unión Patriótica-, y más grave aún, si se comprueba que han participado en movimientos rurales que luchan por la reforma agraria. En Colombia, si usted ha estado vinculado a las luchas del campesinado que clama tierra y justicia, es firme candidato a ser señalado como guerrillero y terrorista. Y no es que el resto del país esté al margen de las arbitrariedades del Gobierno que encabeza el presidente Uribe Vélez, ya que las detenciones masivas -o secuestros colectivos- de población civil en regiones apartadas, el desarraigo forzado, las amenazas, los bloqueos alimentarios a poblaciones sitiadas, y los crímenes selectivos contra líderes populares, se multiplican a lo largo y ancho del territorio nacional. Es una vergüenza para la humanidad que se sigan debatiendo sanciones morales contra los sucesivos gobiernos colombianos, que tienen por objeto condenar las elevadas tasas de violación a los derechos humanos, pero que no se tomen medidas concretas para detener los crímenes. Hoy continúan cayendo asesinados en Colombia decenas de sindicalistas indefensos, víctimas todos de la barbarie paramilitar y del terrorismo de Estado. El presidente Uribe, orgulloso privilegia el diálogo y la concertación con las bandas paramilitares -en verdad monólogo-, pero reserva la ira y el revanchismo con relación a la insurgencia guerrillera. Lo peor es que actitud similar asume contra casi todas las expresiones civiles y democráticas de la oposición política, con lo que clarifica sus supuestas intenciones de paz. Por último, y en un acto de desesperación e impotencia ante los pobres resultados contrainsurgentes, el Gobierno ha enfilado baterías contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a las que ha llegado a tildar, como "organizaciones de fachada cómplices del terrorismo". El rostro amable y casi romántico de estas canalladas es el flamante comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, conocido también como el 'doctor Ternura'. El comisionado ha reiterado insistentemente que "el Gobierno celebra la posibilidad de que las paramilitares AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) funden un partido y se integren a la vida política legal". Recordemos que en la primera semana de agosto de 1989, Acdegam, filial de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), que hoy preside el magnate Jorge Visbal Martelo, con el auspicio de quienes resultaron ser jefes del cartel de Medellín, lanzó entonces la misma propuesta, bautizada entonces con el nombre de Morena (Movimiento de Restauración Nacional). Y vaya casualidad... Numerosos políticos y socios del actual gobierno, la mayoría empresarios como el ministro de Justicia -Sabas Pretelt de la Vega-, terratenientes y parlamentarios, que festejaron con champán aquella aberración política, olorosa a crímenes de lesa humanidad, son los mismos que cantan y bailan con la posible fundación de un nuevo partido. Preparémonos porque camina lenta, pero segura y tranquila la impunidad. Entre tanto, el narcotráfico que por obra y gracia de la propaganda oficial aparece supuestamente debilitado, en realidad reorganiza aceleradamente sus viejas estructuras, mientras toma parte en el "diálogo" paramilitar. Los feroces conflictos que actualmente se viven entre facciones de los carteles, que se están resolviendo a punta de pistola, señalamientos y masacres, son una señal de su reacomodamiento interno. Una situación está clara: los que se quedaron por fuera del acuerdo con el Gobierno serán exterminados, encarcelados o extraditados a los Estados Unidos, según la conveniencia. Los demás serán beneficiarios de la ley de alternatividad penal, no serán extraditados, y obviamente integrarán el nuevo partido. La vieja idea de un partido de derechas ha tomado nuevos aires con el respaldo, por ahora sutil, de una treintena de parlamentarios ligados al mundo empresarial y latifundista. La representante por Antioquia Rocío Arias, junto al senador "independiente" y ex ministro de la Defensa Rafael Pardo Rueda, han dejado entrever los planes venideros. Arias fue enfática al afirmar el pasado 16 de enero en el diario El Tiempo: "Ya en las regiones donde operan estos grupos de autodefensa hemos aprendido a convivir con ellos de manera articulada (...) Estos grupos se han convertido en la tabla de salvación para esas regiones", dijo la congresista. La severa crisis humanitaria que padece Colombia se agrava ostensiblemente con el gobierno de Uribe Vélez, y en la medida que éste se convierte en el aliado principal de los Estados Unidos en la zona, la crisis tiende a convertirse en un problema de carácter regional. Lacras como la corrupción, el narcotráfico, el militarismo armamentista, la expansión de la pobreza, la ausencia de trabajo, el hambre, la violencia y el crimen, producto de los regímenes descompuestos que han patrocinado los gringos, son temas convertidos en pretexto intervencionista, mediante el llamado Plan Colombia. Y ahora, cuando los pueblos se levantan indignados ante la pobreza, el sometimiento y la injusticia, entonces los gringos entran en escena a defender la democracia y contener al terrorismo. Sin temor a equivocarme puedo señalar a mi país como la futura cabeza de playa, o como el instrumento para una grave intervención de los Estados Unidos en América del Sur. Obviamente el primer objetivo es la derrota de las guerrillas colombianas, ya que las insurgentes FARC-EP y ELN tienden a convertirse en emblemas de la rebeldía regional. Los mensajes pausados y de innegable realismo político del legendario comandante Manuel Marulanda, y la expansión silenciosa del Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia, definitivamente trasnochan a los estrategas del Pentágono. Los EU, ante el evidente temor de que Uribe no termine su mandato -somos muchos los que pensamos que su gobierno no tendrá un final feliz-, y que la guerra civil colombiana se salga de sus manos, se adelantan a regionalizar el conflicto para garantizar su presencia. La intromisión en el conflicto interno, so pretexto de combatir el narcotráfico y defender la "democracia" local, apunta también a intervenir en países vecinos. El epicentro de la estrategia, en principio, será la República Bolivariana de Venezuela, que a su vez ha de convertirse en la advertencia a otros pueblos del área que, acosados por el hambre y la injusticia, hoy reclaman democracia y soberanía para resolver sus problemas sociales y políticos. No perdamos de vista que el gobierno colombiano saca pecho como principal aliado del imperialismo, incluyendo su deshonroso apoyo a la intervención en Iraq, mientras los norteamericanos sacan partido de la maltrecha y corrompida institucionalidad de Colombia, genuflexa y acostumbrada al traicionero papel de “caín de América”. Es un sofisma de distracción hacer pensar que los arsenales instalados día a día en Colombia estén únicamente orientados a aniquilar a la legendaria oposición guerrillera. Colombia ha sido dotada por sus patrocinadores de una moderna flotilla aérea compuesta por 79 helicópteros de última generación, todos artillados y dotados de misiles; de nueve aviones tipo radar para espionaje -dos de ellos derribados por la insurgencia-, y ha renovado aceleradamente su equipo de bombarderos. Esto acontece a la par de la llamada reingeniería o profesionalización del ejército de tierra, iniciada durante el gobierno anterior -Andrés Pastrana-, actualmente entrenado por "asesores" británicos e israelíes y de EU principalmente. A lo anterior hay que sumarle el inusitado incremento del pie de fuerza, ya que se han adicionado 78 mil hombres durante los últimos 27 meses, sin contabilizar los dos logros y orgullo máximo del presidente Álvaro Uribe: los soldados "campesinos", que la prensa nacional ha destacado en un número cercano a los 23 mil, y un millón de sapos, candorosamente llamados "informantes". Son bandas peores que las funestas rondas campesinas del Perú. Los llamados soldados "campesinos" son en apariencia una estrategia pública, al menos en áreas de control absoluto de las Fuerzas Militares y paramilitares, mientras que los segundos son diseminados o contratados secretamente a lo largo y ancho del país, pero principalmente en el área fronteriza con Venezuela, entre los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Cesar. ¿Cuántas armas poseen las bandas de "informantes"? Nadie lo sabe, y menos aún las cifras millonarias que controlan. Parte del botín sale de las inexpugnables cuentas secretas del Ministerio de Defensa, ahora bien alimentadas con el Plan Colombia, y sólo mencionadas gracias a los desafueros y corrupción de las Fuerzas Armadas y de Policía. Por parte la Policía que de tiempo atrás perdió su calidad de ente cívico, ha venido transformándose en un poderoso ejército de ocupación en los cascos urbanos de los pequeños municipios. La misión de la Policía es reprimir sin consideración alguna a la población civil y sus expresiones organizativas de oposición al régimen, con lo que las tropas del Ejército pueden dedicarse por completo a las áreas rurales y particularmente a las zonas de frontera. Mientras tanto, y como para ir aceitando un desafío de alto calibre contra Venezuela, tenebrosos personajes como los generales del Ejército Iván Ospina y Martín Orlando Carreño, así como empresarios de la "rancia oligarquía"’, como el millonario accionista del periódico El Tiempo de Bogotá, ex ministro de Estado y ex candidato presidencial Juan Manuel Santos, socio y protector del golpista Carmona, han iniciado una campaña de provocaciones, cuyo propósito es ligar al gobierno venezolano con las acciones y desarrollo de las FARC-EP, como si las guerrillas hubieran nacido ayer, o como si estas no contaran con base social y respaldo popular interno. Por lo pronto sólo nos queda seguir insistiendo en el diálogo "entre contrarios", es decir, por un lado el Estado encabezado por el Gobierno y sus aliados, y del otro la insurgencia, diálogo en el que tendrá que incluirse de forma independiente, al amplio y multifacético movimiento civil de oposición, que para dolor de Uribe y sus aliados, siempre ha sido fiel a la solución política del conflicto, y siempre estará comprometido con la búsqueda de la paz. * Luis Alberto Matta, autor del libro "Poder
capitalista y violencia política en Colombia", que trata
sobre el genocidio contra el movimiento político Unión
Patriótica, es un destacado activista por la paz y en la actualidad
se encuentra como refugiado político. El presente artículo
fue escrito en enero 19 de 2004 para la Agencia de Prensa Rural con
sede en en el Magdalena Medio colombiano, y para el periódico
Resumen Latinoamericano, cuya distribución principal es en Bolivia,
Venezuela, Argentina y España. |
