|
|
|
Amenazada por paramilitares la Navidad en el Sur de Bolívar por Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena
Medio
Los hechos Santa Rosa del Sur y la Zona Minera: Desde el pasado mes de noviembre las comunidades de la zona minera del Sur de Bolívar, se vieron afectadas por la orden del grupo ilegal AUC-BCB de realizar un censo detallado de habitantes de las minas, de cortar las comunicaciones y la prohibición de toda actividad de denuncia pública de los hechos. Esta situación fue puesta oportunamente en conocimiento del Estado colombiano y desde la Mesa de Santafé de Ralito se manifestó tanto el desconocimiento de tal orden como la intención de revocar estas medidas. En esos mismos días, la comunidad de Canelos (corregimiento de Santa Rosa) llevó a acabo una valerosa acción de resistencia, independencia y libertad frente a la presencia de este grupo ilegal en su caserío, lo que generó una amenaza de retaliación. El lunes 13 de diciembre se cumplió la amenaza con una nueva incursión del grupo ilegal. Personas de la comunidad reaccionaron defensivamente y causaron un muerto y dos heridos a los paramilitares, lo que generó el desplazamiento forzado de varios de sus habitantes. A raíz de este hecho, el grupo ilegal reforzó los anuncios de acciones cruentas contra esta comunidad. Esto ha provocado la zozobra de la comunidad y se teme un desplazamiento masivo. Al día siguiente se produjo el intento de secuestro contra un reconocido dirigente social de la zona minera en el casco urbano de Santa Rosa, acción que fue impedida por las comunidades. En los últimos días se ha presentado el incremento en la movilización de las AUC-BCB en la zona y vías que desde Santa Rosa conducen a la zona minera. Estas situaciones han incrementado el temor de las comunidades que pueden ser objeto, en el corto plazo, de una incursión cruenta en momentos en que se prepara una asamblea conmemorativa de las comunidades mineras en el corregimiento de San Pedro Frío, prevista para los días 18 y 19 de diciembre. Como se ha informado reiteradamente, el 31 de diciembre de este año se vencen los plazos previstos en el decreto de legalización 2390 del Ministerio de Minas del 23 de abril de 2002 para presentar solicitudes de legalización y titulación de predios mineros y se ha constatado la presencia de compañías multinacionales que inician labores de posicionamiento en las comunidades del Sur de Bolívar y que aspiran a quedarse con extensiones que superan el millón de hectáreas, según información proporcionada por las comunidades y por funcionarios públicos. San Pablo (Bolívar): Según versiones recogidas por el Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio, se ha registrado un notorio incremento de las acciones violentas en zonas rurales y el casco urbano de esta población, dejando un alto saldo de civiles muertos, heridos y desaparecidos, incursiones a corregimientos y aumento del patrullaje de grupos ilegales en el casco urbano. En el último mes se han registrado por lo menos 14 homicidios, 4 desapariciones forzadas, 2 amenazas individuales y 1 colectiva. Entre los hechos se encuentra el asesinato a principios de diciembre de un pescador en el sitio denominado como Quiebrapatas sobre la vía que conduce de San Pablo al corregimiento Alto San Juan; así mismo, el 10 de diciembre, sobre la vía que conduce de San Pablo a Simití en el sitio Las Ahuyamas fue encontrado el cuerpo de Iván Algarrín, quien al parecer fue asesinado junto a otras diez personas cuyos cuerpos fueron arrojados al río. En el casco urbano, el 10 de diciembre fueron asesinadas dos mujeres de quienes se dice se dedicaban a la prostitución, y cuyos cuerpos igualmente fueron arrojados al río. Ese mismo día fue desaparecido el joven Horacio Tarazona Pacheco, de 18 años, quien fue embarcado en un taxi hacia las 8:00 pm y conducido, al parecer, al sitio conocido como La Sierra. También se conoció la desaparición de otro joven ocurrida el 28 de noviembre llamado John Alexánder Martínez. Otros hechos registrados en el casco urbano de San Pablo son los intentos de desaparición de una comerciante de pescado conocida como 'La negra', y del joven Fernando Cáceres. En ambos casos la comunidad impidió que los paramilitares cometieran su objetivo, pero lanzaron amenazas de muerte contra el joven. También se conocieron amenazas de muerte contra la coordinadora de la Casa de la Mujer de la Organización Femenina Popular (OFP) en Cantagallo, y hostigamientos contra el trabajo que viene realizando esta organización femenina en San Pablo, donde amenazaron con instalar una bomba en su sede. Asimismo, los letreros alusivos a una de sus campañas contra la violencia y una valla metálica instalada a la orilla del río Magdalena, fueron arrancados del sitio donde fueron ubicados y arrojados al río. Sumado a lo anterior, se ha visto en San Pablo la presencia masiva de los paramilitares, quienes caminan por el pueblo, con sus uniformes militares (sin distintivos) y con sus armas, y sin ningún tipo de control por parte de las autoridades locales. Frente a esto, se rumora que la guerrilla podría estar planeando una toma a este municipio. Por la forma en que han ocurrido estos hechos, las autoridades civiles y militares han expresado desconocer las situaciones antes mencionadas. Comunidades de Campo Capote (Puerto Parra) y de las veredas de Ñeques y Florida del corregimiento de Ciénaga del Opón (Barrancabermeja) en el departamento de Santander, han denunciado el incremento en el acciones similares, lo que se presenta como el anticipo de una navidad de temor y acciones violentas. Acción urgente de prevención y protección En previsión a un agravamiento de la situación y en consideración a los graves hechos anteriormente planteados, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio solicita a las autoridades correspondientes y a los organismos estatales de protección: Realizar urgentes visitas de verificación de los graves hechos denunciados por las comunidades. Poner en marcha de manera inmediata un conjunto de acciones orientadas a impedir las incursiones anunciadas, a brindar las garantías de protección a la vida y la tranquilidad de las comunidades, al respeto por sus bienes, a prevenir el desplazamiento forzado y la expropiación indebida de predios rurales como tierras, minas y viviendas. Hacer un exhaustivo seguimiento a través de las autoridades locales de los problemas que se están presentando en estas zonas, ofreciendo a las comunidades las garantías para que puedan hacer las denuncias correspondientes, sin que corran el riesgo de ser objeto de ataques por parte de estos grupos ilegales. Disponer los medios necesarios para una adecuada reacción (transporte, comunicaciones, acompañamiento humanitario) ante la eventualidad de un ataque o ante el incremento de las amenazas y las acciones, aparentemente aisladas. Solicitamos a las entidades internacionales y las organizaciones de derechos humanos que brinden su respaldo y acompañamiento a estas comunidades, tal como fue acordado en Santa Rosa del Sur el pasado 17 de noviembre, manteniendo una alerta activa durante la temporada de fin de año, a fin de prevenir la comisión de ataques contra la población civil más vulnerable en el Magdalena Medio. Con tal fin se realizará una Misión Humanitaria de Acompañamiento el martes 21 de diciembre a la comunidad de Canelos, que aprovechará para presentar la situación ante las autoridades presentes en el área. |
