En Bogotá el ejército apunta a los activistas

Desvelado un plan de las Fuerzas Armadas para matar a 85 exponentes de la izquierda colombiana El silencio de Uribe: ninguna reacción del Presidente frente a la revelación. Entre las víctimas designadas también el popular alcalde de la capital Lucho Garzón

por Guido Piccoli
www.ilmanifesto.it
1 de septiembre de 2004

Santos son los que asesinan la nación. Ilustración de Matiz para Prensa Rural.

No era un mitómano. Los dirigentes del sindicato de Emcali lo entendieron cuando leyeron los documentos "reservados" del servicio secreto militar, contenidos en un CD que les entregó un hombre que no quiso identificarse cuando se presentó en la sede de Emcali el martes 24 de agosto.

El presidente de Sintraemcali Luis Hernández Monroy y la activista de derechos humanos y consultora sindical Berenice Celeyta Alayón descubrieron estar entre las víctimas designadas de la Operación Dragón, un plan de exterminio de exponentes políticos, sindicalistas, activistas humanitarios y periodistas, organizado desde el interior de las Fuerzas Armadas.

Entre los 85 nombres que aparecen en los documentos, están todos los lideres del Polo Democrático y del Frente Social y Político, es decir los dos mayores movimientos de la izquierda colombiana, entre los cuales destacan el alcalde de Bogotá Lucho Garzón, el ex magistrado Carlos Gaviria y el gobernador de la región del Valle Angelino Garzón. Para los nombres escritos en rojo, considerados como colaboradores o integrantes de las formaciones guerrilleras, se propone una lúgubre, pero clara "medida drástica".

Según los documentos contenidos en el CD, la Operación Dragón involucra, además de la Tercera Brigada del Ejército ubicada en Cali, los mandos locales y nacionales de varias policías secretas, el Ministerio de la Defensa y, también, la Superintendencia de los Servicios Públicos y los vértices de Emcali, empeñados en un proceso de privatización hasta ahora bloqueado por una fortísima resistencia sindical.

Visto que en los documentos "top secret" se indicaban otros centros operativos del plan criminal, los dirigentes sindicales han logrado imponer a un juez una serie de interceptaciones y allanamientos en varias ciudades colombianas (no revelando su preciosa fuente definida impiadosamente "un muerto que camina").

En un allanamiento realizado en Cali ha caído uno de los hombres clave del asunto, Julián Villate, al mismo tiempo teniente coronel en servicio y empleado de unas de las mayores sociedades de consultoría empresarial del continente, la CIL (Consultoría Integral Latinoamericana), empeñada en los procesos de liquidación de gran parte de las empresas públicas colombianas.

Según indiscreciones, el oficial abría declarado trabajar en la búsqueda de una "solución de los conflictos sindicales", sobre todo en Emcali, en cuya vertencia está involucrado desde hace años el presidente Álvaro Uribe: el más decidido promotor de la receta neoliberal ha participado personalmente una docena de veces en las candentes negociaciones sindicales.

"Si nos pasa algo, sabemos que el responsable es Uribe", afirmó en una rueda de prensa Wilson Borja, diputado del Frente Social y Político gravemente herido cuando era dirigente sindical, en un atentado realizado por militares y paramilitares en el diciembre del 2000. El único signo de reacción gubernamental frente al escándalo ha sido el fortalecimiento de las escoltas de algunos exponentes políticos amenazados de muerte.

Sin embargo, algunos, como Berenice Celeyta, han preferido hacerse proteger por los "escudos humanos" de la organización Peace Brigades. No cabe duda de que Uribe intentará trabar la investigación con la complicidad de una administración judicial que, a partir del vértice de una fiscalía infiltrada por los paramilitares, ha renunciado hace tiempo a cualquier principio ético para justificar cualquier barbaridad, hecha en nombre de la llamada "lucha al terrorismo".

El escándalo estallado demuestra la voluntad de seguir con el exterminio de los sindicalistas, que ha quedado hasta ahora en la plena impunidad: según un informe de la comisión interamericana por los derechos del trabajo, con sede en Washington, se ha logrado justicia sólo para cinco de los cuatro mil homicidios de sindicalistas realizados en Colombia entre el 1986 y el 2002. Pero recuerda sobre todo que el homicidio sigue siendo la opción favorita del Estado colombiano para impedir cualquier posibilidad de cambio social y político en el país. Si es cierto que, como ha afirmado el alcalde de Bogotá Lucho Garzón, "no hay nada nuevo en este plan criminal", es significativo que amenace con exterminar todo el frente empeñado en obstaculizar la posibilidad de reelección de Álvaro Uribe.

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