Matones del medio ambiente

por Daniel Samper Pizano
1 de junio de 2005

Varios proyectos plantean una escabechina en parques, selva, bosques y aguas.

En carta al columnista de El Tiempo Andrés Hurtado, el vicepresidente Francisco Santos ratifica que el Gobierno se propone fumigar con glifosato los parques nacionales. Pacho esgrime el argumento de que son más dañinos los cocales y plantaciones de amapola que el veneno, y que el país perdió en los últimos 11 años casi un millón y medio de hectáreas de bosque por los cultivos ilícitos. Alega que los narcotraficantes "organizan migraciones de campesinos muy pobres, que llegan a destruir selva para sembrar coca o bosques andinos para sembrar amapola". Y cierra la carta con la cacareada advertencia según la cual oponerse a las fumigaciones "beneficia a las organizaciones del narcotráfico".

La carta es desoladora. Ella revela que, después de seis semanas de debates sobre la posible fumigación de parques, el Gobierno aún no se ha enterado de lo que está en juego, ni parece darse cuenta de que sus argumentos, antes que fortalecer la causa del glifosato, debilitan la política represiva que se aplica sin éxito contra los cultivos ilegales. Ni una sola alusión al estudio alcahueta en el que el Consejo Nacional de Estupefacientes sustenta su campaña de fumigaciones. Ni una refutación de las razones que aporta la comunidad científica contra el glifosato (la última señala que este pesticida ha aumentado los casos de malformaciones en niños de la Sierra Nevada de Santa Marta). Ni una reflexión sobre el hecho evidente de que la aspersión de cultivos provoca esas migraciones campesinas que acaban destruyendo más selva y más bosque. Con lo cual al arrasamiento del glifosato en el medio ambiente hay que agregar el que generan los colonos: pero el primero no evita el segundo y, por el contrario, lo fomenta. Finalmente ni una sola mención al remedio que recomiendan los especialistas: erradicación manual de plantaciones.

Tristemente, recae el vicepresidente, como lo han hecho otros miembros del Gobierno, en la absurda sindicación de que oponerse a la política oficial de fumigaciones es beneficiar a los narcotraficantes. Hay muchas cosas indispensables para el país que también benefician a los narcos, qué le vamos a hacer: carreteras, acueductos, alcantarillado, internet, el hábeas corpus, los baños termales. ¿Quieren que destruyamos todo esto? Como dije en anterior columna, es deber de las autoridades imaginar métodos que alivien los piojos el apestado, pero sin quitarle la cabeza. Precisa Santos que en este momento quien debe tomar la decisión de si se fumiga o no los parques es el propio Uribe.

Esperaremos a ver si en el "Estado comunitario" que dibuja la filosofía política del Presidente vale más la opinión de los ciudadanos y los científicos que la de la DEA.

¿Qué le ocurre a este gobierno con los problemas ecológicos? ¿Es sordo? ¿Autista? ¿Soberbio? ¿Ignorante? ¿Sometido a los dictados de Washington? ¿Todo lo anterior junto? No lo sé. Pero resulta unánime la idea de que el retroceso en materia ambiental durante la actual administración ha sido escandaloso.

Ahora circula en el Congreso un proyecto de ley que el Gobierno haría bien en atacar con la vehemencia con que se ha opuesto a otras iniciativas legisladoras. Es una norma que entrega la explotación comercial de los recursos madereros a grandes empresas multinacionales, y desconoce los derechos de las comunidades indígenas y campesinas que viven en las regiones boscosas y extraen de ellas su alimento.

Según denuncia formulada por 14 entidades que agrupan a cabildos indígenas, coordinadoraas campesinas y palenques afrocolombianos, el proyecto de ley nace de la intención positiva de ordenar el caos jurídico existente en asuntos madereros, pero su aplicación podría ser nefasta.

En primer lugar, porque no vincula la explotación a los ecosistemas silvestres; segundo, porque "sobrepone el interés comercial a la protección del ambiente"; tercero, porque "viola los derechos territoriales de las comunidades". Y, además, porque perjudica a las pequeñas empresas, pone en peligro la propiedad tradicional de los colonos en las zonas maderables y omite toda participación de las comunidades de base.

Según el ex ministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez, "leyes similares a este proyecto generaron el arrasamiento e irreparable destrucción de enormes extensiones de selva tropical en el sudeste asiático por parte de las grandes multinacionales madereras en corto período de tiempo".

Como si faltaran invitados a la escabechina ambiental, el senador Jorge Enrique Robledo denuncia una Ley de Páramos que perjudicará a miles de familias campesinas, un proyecto de privatización de agua que la convertirá en artículo de lujo y otro que entrega a los particulares la explotación de los parques nacionales.

Es posible que el sistema político sobreviva a la reelección presidencial, e incluso que los menoscabados partidos logren superar la ineptitud de sus líderes. Pero no me atrevo a augurar lo mismo al más valioso tesoro del país, su naturaleza, si el Gobierno se empecina en actuar como un matón del medio ambiente.

 
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