Durante el primer semestre de 2006, la situación de derechos humanos continuó siendo crítica en el departamento de Arauca, considerado como un laboratorio de guerra y puntal de la política de “seguridad democrática”, cuya puesta en práctica se ha opuesto a principios y estándares básicos de derechos humanos como se señala a continuación:

Al lado de las constantes violaciones sistemáticas y generalizadas, no han cesado los casos de participación de tropas del ejército y la policía en acciones contra la población civil en decenas de veredas e incluso en varios municipios. Las detenciones masivas y arbitrarias se han repetido a lo largo del periodo.

La fuerza pública sigue utilizando su red de informantes y de reinsertados de los grupos armados ilegales, que involucran, sin prueba alguna y solo para obtener beneficios, a humildes ciudadanos en el conflicto armado, obstaculizando la aplicación de normas del derecho internacional humanitario (DIH).

Detenciones masivas

Entre enero y agosto de 2006, cerca de 1.600 personas fueron detenidas arbitrariamente, desconociéndose los derechos a la libertad personal y al debido proceso, en la mayoría de los casos con base en acusaciones falsas de reinsertados e informantes.

Las situaciones más graves se presentaron en Pueblo Nuevo, municipio de Tame, el domingo 5 de marzo, en Saravena el 6 de mayo, y en Fortul, el 13 de agosto.

En Pueblo Nuevo, tropas de la Móvil 5 del Ejército, al mando del mayor Rodríguez, reunieron a cerca de 1.500 pobladores en el Colegio Agropecuario de esa población. Allí se les anunció que se trataba de una operación de búsqueda de terroristas para lo cual se valen de tres reinsertados de la guerrilla que a dedo señalan a las víctimas de su atropello, en una clara violación de las disposiciones legales. De este lugar se llevan detenidos a 13 humildes pobladores. En el transcurso de los últimos meses fueron detenidos 11 personas más. Entre ellos Ricardo Sanabria, presidente de la junta de acción comunal, quien posteriormente fue dejado en libertad junto con nueve personas al ser demostrado el montaje a que se vieron expuestos. Así mismo, el 30 de julio fue detenido Gilberto Guzmán Diaz, ex alcalde del municipio de Fortul y directivo de la junta de accion comunal.

El 7 de mayo, en Saravena, tropas del Escuadrón de la motorizada del Ejercito, procedieron a detener a 25 personas, quienes fueron conducidas al Batallón Revéiz Pizarro; de las cuales 14 son judicializadas por el supuesto delito de rebelión y conducidas a la cárcel de Arauca (capital).

Y el 26 de mayo, en vísperas de la elección presidencial, en la vereda Panamá de Arauca, tropas de la Brigada XVIII sacan de sus casas y negocios a más de 100 pobladores sin ningún requerimiento judicial y conducidos a un lote alambrado. En ese lugar son fotografiados, reseñados y objeto de registros fílmicos, y solo dejados en libertad unas horas después con la advertencia de que “no debían votar en contra del presidente Uribe”.

La dirigencia social de Arauca fue objeto nuevamente de montajes judiciales. Esta vez ocurrió en el municipio de Fortul, el 12 de agosto, cuando en horas de la noche fueron arrestados varias decenas de ciudadanos por tropas pertenecientes al Grupo de caballería No 18 Reveiz Pizarro, al mando del mayor Salinas. Los dirigentes fueron llevados a la estación de policía, y 16 fueron judicializados, entre ellos están Esaud Moreno, miembro de la misión médica, Pedro Bueno, miembro del Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra, Abdón Goyeneche y Wiliam Sáenz, directivos de la Asociación de Educadores de Arauca, Nubia Chacón y Marina Rodríguez, dirigentes comunales, los hermanos Wilmer, Javier y Edwin Hinestroza, entre otros. En el transcurso de estos meses fueron arrestados otros cuatro líderes.

El domingo 1 de octubre, en Arauquita, y en la inspección Panamá de esta ciudad del departamento de Arauca, ocurrió otra detención masiva ilegal cuando tropas de la Brigada XVIII detuvieron a 16 personas, 10 de las cuales fueron trasladas a la capital, Arauca. Entre los detenidos figura Miguel Rodríguez, destacado dirigente del Polo Democrático Alternativo de la región y líder del sector del transporte. La lista parcial de los detenidos, a quienes se les judicializó por el delito de rebelión, es la siguiente: Miguel Rodríguez, Miguelina Roa, enfermera del hospital San Lorenzo de Arauquita, Rodolfo Páez, Gelmon Castilla, Manuel Cruces, Luis Duarte, Catalino González, Jhon Fernández Rojas, Henry Meneses, Pablo Alfonso Quiroga, Héctor Giraldo, Hamiht Londoño y Luisa Veleño.

La persecusión política y estigmatizacion en contra del movimiento social y campesino por parte del estado y más concretamente de sus fuerzas militares que obra en conjunto con la Fiscalia, Unidad Estructura de Apoyo, que opera dentro de la Brigada XVIII de Arauca. Durante este año hacen que los líderes sociales campesinos tengan que soportar una persecución judicial, que busca además de intimidar a la comunidad, privar a las organizaciones de sus mejores dirigentes, campesinos que han sido detenidos por el delito de rebelión, utilizando para ello a supuestos reinsertados, el poder de las fuerzas militares y la falta de independencia de la Fiscalía Unidad de Estructura de Apoyo que realiza las investigaciones.

Los atropellos contra la población civil

En el mismo periodo, fueron asesinadas por el Ejército Nacional cinco personas: Orlando Santos, de 18 años, jornalero, cuyo cadáver apareciera con señales de tortura en la zona rural de Saravena, el 6 de marzo. El 26 de febrero éste joven había sido retenido ilegalmente por el ejército acusado de ser guerrillero, maltratado física y psicológicamente y dejado en libertad pocas horas después y reportado como guerrillero muerto en combate por miembros del batallón Revéiz Pizarro. Este caso es similar al de Ismael Flórez Gauta de 40 años, asesinado el 1 de abril de 2006 en el sector rural de Tame, por miembros de la brigada movil 5; al del joven Carlos Alberto Moyano, muerto el 30 de abril en el municipio de Fortul, al de Edilia Peña, madre de cuatro niñas, acribillada por el ejército el 14 de mayo, en cercanías de la inspección Panamá de Arauca y presentada ante los medios como “subversiva dada de baja en combate”. Al de Aníbal Florez Becerra, ejecutado el 19 de agosto de 2006 en inmediaciones del puente de Banadia II, sector rural de Saravena, por miembros de Batallón Revéiz Pizarro.

En el mismo lapso, las tropas, en una flagrante violación al DIH que prohíbe la ocupación de escuelas como lugares de operaciones de guerra, se tomaron cuatro centros educativos, sin contar el Colegio Agropecuario de Pueblo Nuevo, ya señalado: el 21 de enero, la escuela El Cóndor, vereda Caño Verde, Tame, por parte de la Móvil 5; el 18 de julio, soldados del Batallón Héroes de Pisba, las escuelas de las veredas El Oasis, Fundación y Brisas del Caranal, donde permanecen por espacio de una semana.

En su afán por militarizar la vida de todos los ciudadanos, a quienes se sigue considerando equivocadamente como afines a los grupos armados ilegales, han ocupado decenas de veredas y corregimientos involucrándolos en el conflicto. Así, en estos ocho meses, la Móvil 5 se ha tomado poblaciones como El Botalón, Puente Tabla, Puerto Miranda, Nápoles, jurisdicción de Tame, y Vista Hermosa, Los Fundadores, Los Colonos, de la inspección Panamá de Arauca. Allí se han tomado las casas de los moradores, pernoctando en pasillos, alcobas y baños, poniendo en riesgo a la población en medio del conflicto, lo cual se opone a la función esencial del estado de garantizar y proteger los derechos y libertades de todos.

Otra de las modalidades puestas en práctica, ilegal y violatoria de las normas constitucionales, ha sido el empadronamiento. El caso más flagrante ha tenido lugar en el municipio de Arauquita. Allí los ciudadanos que han protestado ante la Defensoría del Pueblo por la serie de empadronamientos ilegales que viene realizando la policía en el Banco Agrario de la ciudad desde el 22 de mayo a todas las personas que se acercan a realizar sus transacciones. La operación incluye datos de los vehículos y negocios. Citan por ejemplo, el caso de más de 400 madres cabezas de familia que el 5 de junio, cuando se dirigían a cobrar el auxilio de Familias en Acción, programa de la Presidencia de la República, tuvieron que soportar horas de cola mientras varios agentes anotaban en una planilla todos los datos de identificación.

No han faltado otros hechos graves de las tropas como el acceso carnal violento que sufriera una mujer campesina el 4 de marzo a manos de un soldado del Batallón Plan Especial Energético y Vial, en Fortul, acto cometido en medio de dos garitas de la misma guarnición.

O los disparos que sufrieran los ocupantes del vehículo conducido por el ciudadano Ignacio Cárdenas, en la vía Aguachica-Chorros, municipio de Arauquita, el 29 de abril a las 5:30 de la tarde, y que dejaron como resultado las graves heridas a la niña Patricia Rosero Ramírez de 16 años, causadas por tropas del Batallón Héroes de Saraguro. Del 4 hasta el 24 de septiembre del presente año, una patrulla del ejercito de la Móvil No 5, Batallón No 11, al mando del teniente de apellido Ospina, y el sargento de apellido Torres, se acantonó en la casa de habitación del señor Alfredo Hernández y sus alrededores, ubicada en la vereda Caño Limón, municipio de Tame. El domingo 24 de septiembre a la 1:00 p.m se presentó un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla; en el fuego cruzado y el bombardeo que realizó la fuerza aérea, resultaron heridos el señor Hernández y su hija de siete años.

Homicidios y conflicto armado

La política de seguridad implementada por el gobierno nacional en el departamento busca contrarrestar la vulnerabilidad a la que está sometida la población araucana. Sin embargo, a pesar de que el departamento es uno de los más militarizados del país, donde los controles y presencia de la fuerza publica son excesivos, las desapariciones y homicidios aumentaron sustancialmente este año. Así, se han presentado más de 35 homicidios.

El 5 de marzo, Juan Bermúdez Rodríguez, fue asesinado por una organización armada ilegal en la reserva indígena de la etnia Guahibo Makaguan de Caño Claro, municipio de Tame. EL 6 de marzo su eposa, la maestra e idigena Luz Miriam Farina Rodríguez, trataba de trasladar el cuerpo de su esposo para sepultarlo. Fue retenida por el mismo grupo armado y el 7 de marzo apareció muerta.

El 13 de septiembre de 2006, a las 6:30 de la tarde, en el barrio Bulevar de la Ceiba, de la ciudad de Arauca, fue asesinado el docente Gregorio Izquierdo Meléndez, integrante de la Junta Departamental del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y presidente del sindicato de Empresas Públicas de Arauca. Este crimen sucedió a pocos metros de donde fuera asesinado el profesor Germán Eduardo Solano, socio de la Asociación de Educadores de Arauca. Gregorio Izquierdo había sido objeto de amenazas por parte de grupos paramilitares y gozaba de medidas cautelares desde febrero de 2004 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Otra situación que agudiza la problemática de la región es el conflicto que se presenta actualmente entre los grupos armados Ejército Nacional de Liberación y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, donde los más afectados son las organizaciones sociales y campesinas, y la población civil en general.